Esta Recomendación derivó de la queja que presentara el C. RICARDO RODRÍGUEZ GARCÍA, en contra del comandante de la policía preventiva municipal de Mante, Tamaulipas, radicándose bajo el número 065/2002-7.

Una vez analizadas las constancias allegadas a este Organismo, se pudo advertir que se encuentra plenamente acreditado en autos, que efectivamente como lo refiere el quejoso, el citado comandante cometió irregularidades en su actuar, al agredirlo físicamente a raíz del percance vial en que se vieran involucrados los agentes de la patrulla número 09, y el vehículo del C. RODRÍGUEZ GARCÍA.

Por lo anterior, se deduce que la conducta asumida por dicho servidor público fue ilícita, motivo por el cual se emitió Recomendación al Presidente Municipal de Mante, Tamaulipas, para que valore la actuación del Comandante EVERARDO COCA GARCÍA.

Mediante oficio número 102/2004, de fecha 21 de abril de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Mante, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

La Recomendación señalada al rubro, se originó de la queja 144/2002-T, que presentara el C. FRANCISCO MIGUEL LUGO CORONADO, en contra de elementos de la policía preventiva del municipio de Tampico, Tamaulipas.

La queja interpuesta por el C. LUGO CORONADO se hizo consistir en amenazas, detención arbitraria y hostigamiento, imputable a los servidores públicos en mención.

Analizados los medios probatorios recabados en autos, se encuentra acreditado el dicho del quejoso, quien refirió que los agentes que lo aprehendieron, lo empujaron y sujetaron de manera violenta, robusteciendo su dicho lo declarado por la C. MÍRIAM VALADEZ VILCHIS, quien señaló haber observado como los elementos de la policía preventiva municipal efectuaron la detención del quejoso, “lo esposaron de manera violenta, aventándolo a la caja de la camioneta”, declaraciones que constituyen indicios suficientes para acreditar que los elementos policiales en mención, en el momento en que realizaron dicha detención, reflejaron un trato inadecuado al efectuar la misma con violencia.

Ahora bien, en lo que respecta a la detención arbitraria, amenazas y hostigamiento, denunciadas por el promovente, se emitió acuerdo de no responsabilidad, considerando la carencia de medios de convicción que permitan establecer de manera contundente las violaciones referidas.

Por las consideraciones expuestas, se recomendó al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, instruya a quien corresponda la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias correspondientes, por lo que se refiere a las agresiones sufridas por FRANCISCO MIGUEL LUGO CORONADO, en el momento de su detención.

Mediante oficio número 000501 de fecha 10 de febrero de 2004, el Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, notificó la no aceptación de la Recomendación 002/2004, expresando en síntesis que su rechazo obedecía a la prescripción de sus facultades para sancionar a los servidores públicos, pues de acuerdo al artículo 43 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado, se establece un término de 90 días para hacerlo.

Cabe señalar que este argumento se repetiría en buena parte de las Recomendaciones rechazadas por la Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, dicho lo cual, aprovecharemos este espacio para explicar la postura de la CODHET al respecto:

El artículo 43 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado, cuyo texto nos permitimos reproducir, señala:

Es menester anotar que comúnmente, las investigaciones realizadas a conciencia dentro del procedimiento de la Comisión, abarcan más de 90 días; argumenta, entonces, el Alcalde de Tampico, que cuando le son notificadas nuestras resoluciones, se ha rebasado el término señalado por el precitado Reglamento, y por lo tanto no puede sujetar a un procedimiento de responsabilidades la conducta de los policías preventivos. Tal como en el planteamiento anterior, esta Comisión ha solicitado caso por caso al Presidente Municipal que reconsidere su postura, haciéndole notar lo erróneo de su criterio y los riesgos de ponerlo en práctica, por no beneficiar en nada a la pretensión de que los miembros de los cuerpos de seguridad pública sean respetuosos de la legalidad. Al respecto, le hemos expresado razones como las que ahora detallamos:

El artículo 155 último párrafo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, correlativo del artículo 114 de la Constitución Pública Federal, establece:

Las violaciones a derechos humanos se han catalogado como actos u omisiones graves para los efectos de establecer la prescripción de la responsabilidad administrativa por el Poder Judicial Federal, de acuerdo a la interpretación por analogía de la tesis que enseguida se anota:

Además, numerosos casos que han sido materia de Recomendaciones, son posteriores a las reformas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado, de 22 de mayo de 2003, que la Autoridad ha ignorado. El artículo 78 fracción III de dicho ordenamiento, para precisar la prescripción de conductas violatorias a derechos humanos, establece:

En las Recomendaciones emitidas por la Comisión, debido a actuaciones irregulares o ilícitas de elementos de la policía preventiva de Tampico, ha quedado acreditado que los servidores públicos de referencia han incurrido en violaciones a derechos fundamentales calificadas como DETENCIÓN ARBITRARIA, LESIONES, ALLANAMIENTO DE MORADA e ILÍCITOS CONTRA EL HONOR EN SU MODALIDAD DE GOLPES Y OTRAS VEJACIONES, las cuales, sin lugar a dudas, deben considerarse como graves, toda vez que constituyen la antítesis del respeto irrestricto a la dignidad de todo individuo, procediendo, entonces, la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Ahora bien, resulta oportuno reflexionar sobre lo siguiente: la negativa de la Autoridad pretende ser fundada en el artículo 43 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado, el cual ya hemos revisado textualmente.

Es menester anotar que dicho Reglamento es producto del cumplimiento de la obligación impuesta al titular del Poder Ejecutivo, en el artículo segundo transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, expedida mediante Decreto número 178, de fecha 29 de marzo del año 2000, y publicada en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario número 2, del 6 de abril de ese mismo año, en el sentido de emitir el Reglamento necesario para la satisfacción de los fines de esa Ley. Precisando, la Ley de Seguridad Pública tiene por objeto, de acuerdo a su artículo 1º:

Como puede apreciarse, la norma en comento se limita a procurar orden y cohesión hacia el interior de las corporaciones que conforman el Sistema Estatal de Seguridad Pública, y en todo caso, las sanciones ahí contempladas, serán fijadas únicamente por trasgresión a sus preceptos o los de su Reglamento; lo cual explicaría que las facultades de los Consejos de Honor y Justicia para castigar una conducta del elemento que vulnere la Ley o el Reglamento aquí precisados, prescriban en el término de 90 días, pues se deduce que son precisamente los superiores jerárquicos quienes normalmente advertirán la infracción. En otras palabras, las faltas de las que hablan los precitados ordenamientos jurídicos, son principalmente aquellas que atentan contra la disciplina como característica inherente a la función de policía, con absoluta independencia de que esas mismas faltas puedan ser sancionadas a la luz de la responsabilidad exclusivamente administrativa o incluso de la responsabilidad penal, cuando se vulneren derechos de los gobernados. Sirve para fortalecer nuestro criterio el propio artículo 96 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado:

Es evidente que la argumentación de la Presidencia Municipal de Tampico fue infundada e injustificable, al sostener que nada podía hacer para dar cumplimiento a lo recomendado. La autoridad confundió las atribuciones para sancionar meras faltas a la disciplina policial, cuyo conocimiento lo tiene en forma directa el superior jerárquico, con su facultad constitucional y legal de turnar los casos a la contraloría municipal para que se investigue la posible existencia de responsabilidad administrativa en el actuar de los policías, e incluso, dada la naturaleza de los hechos, y advirtiendo el cúmulo de evidencias que en cada uno de los asuntos deja a su consideración la CODHET, el órgano de control podría actuar conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado, dando vista o denunciando ante el Ministerio Público la comisión de hechos delictivos.

En otras palabras, la interpretación que hizo el Presidente Municipal del ya citado artículo 43 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas, al rechazar las Recomendaciones de mérito, desvirtúa evidentemente la pretensión principal de la Ley que le da origen: profesionalizar, mediante la consolidación de una nueva cultura policial de calidad y respetuosa de los derechos humanos, a los funcionarios encargados de la seguridad pública. Con dicha interpretación, la autoridad pervirtió los altos fines de la Norma y la transformó en una excusa para renunciar a su papel de custodio de los intereses de su comunidad; se erigió, con un argumento reglamentoide, como defensor oficioso de servidores públicos cuyo desconocimiento de la Ley lacera a la sociedad, y fomenta la impunidad al negarse a ordenar la incoación de un procedimiento de responsabilidad administrativa, perfectamente procedente en los casos que nos ocupan.

Abundando, es necesario recordar ahora que un reglamento, lejos de contradecir a la ley que busca explicar y detallar, debe concretarse a crear los cauces en que aquella va a cobrar vigencia. Es decir, la finalidad del reglamento no es otra que tomar el mandato previsto por la ley y desarrollarlo, concretizándolo cuanto sea necesario, para hacer efectivos los mandatos de aquélla. En esa tesitura, tomar como válido el ya analizado criterio de la Recomendada respecto del artículo 43 del Reglamento de la Corporaciones Policiales Preventivas, equivaldría a conceder que dicho Reglamento puede rebasar, en una interpretación equivocada, los objetivos de la Ley de Seguridad Pública para el Estado que le da vida y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en la Entidad.

Es de destacarse que en igual sentido, se pronunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al resolver el recurso de impugnación planteado por la quejosa MINERVA LÓPEZ HERNÁNDEZ, dentro de nuestra Recomendación 73/2004 ante el rechazo de la misma. Efectivamente, la C.N.D.H., giró su Recomendación 40/2004 al Ayuntamiento de Tampico.

Esta resolución tuvo su origen en la queja formulada por los CC. GUADALUPE y ALEJANDRO de apellidos GUERRA MORENO, en contra de elementos de la policía municipal preventiva de Victoria, iniciándose así el expediente 304/2002.

Los quejosos denunciaron esencialmente que los elementos policiales al momento de su detención los golpearon y gasearon, para posteriormente volver a golpearlos ya estando en las celdas de la delegación policíaca, circunstancia que fue corroborada con las declaraciones de las CC. ORALIA y CRISTINA JALOMO PÉREZ, además de que las lesiones de que se dolieran los promoventes, se lograron acreditar con el dictamen médico realizado por el Médico Forense adscrito a esta Comisión.

Por lo anterior, es menester señalar que si bien la detención de los aquí agraviados, se dio dentro del marco de la legalidad al transgredir con su actuar lo establecido por el Bando de Policía y Buen Gobierno, ello no disculpa la actitud asumida por los servidores públicos, al realizar la detención con violencia física, atropellando con ello las garantías de seguridad jurídica de los gobernados.

En consecuencia, se emitió acuerdo de no responsabilidad a favor de los agentes policiales en lo que respecta a la detención arbitraria denunciada, y por lo que se refiere a las lesiones, se recomendó al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, valore la conducta desplegada de los elementos de la policía preventiva involucrados, y en su caso, aplique las medidas correctivas y disciplinarias procedentes.

Mediante oficio sin número, de fecha 16 de febrero de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

La C. MARÍA SANTOS GONZÁLEZ VILLANUEVA, motivó la queja 03/2003-L, precisando que cuando circulaba por la carretera a Anáhuac, a la altura de la calle Sámano, fue detenida por la C. XITLÁLIC TOREN CHABOYA, agente de tránsito municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aduciendo ésta que había violado varias disposiciones del Reglamento de Tránsito, procediendo a retenerle el vehículo para garantizar el pago de la infracción impuesta.

Realizado un exhaustivo análisis de las probanzas, se advirtió que si bien es cierto, la quejosa no contaba con la tarjeta de circulación correspondiente, lo idóneo era haber impedido que siguiera circulando el vehículo, y ponerlo a disposición de la Dirección de Tránsito, sin embargo, no debemos pasar por alto, que de la boleta de infracción que elaborara la citada servidora pública, aunado a la declaración de la misma, se desprende que el vehículo fue retenido en garantía de pago por las infracciones de tránsito cometidas por la C. SANTOS GONZÁLEZ, además de que en dicha boleta se omite marcar el rubro correspondiente a la falta de tarjeta de circulación, lo que comprueba que la agente vial violentó con su actuar los derechos humanos de la aquí agraviada, transgrediendo lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas.

Se recomendó entonces al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en su carácter de superior jerárquico, instruya a quien corresponda la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias para el efecto de que los agentes de tránsito de ese Municipio realicen las funciones con estricto apego a derecho.

Esta resolución fue aceptada mediante oficio número CM-0424/2004, firmado por el C.P. ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO ROJAS, Contralor Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el cual informó a este Organismo la radicación del procedimiento administrativo 028/2004, instaurado en contra de XITLÁLIC TOREN CHABOYA, agente de tránsito municipal. Posteriormente, mediante oficio número CM-1197/2004, hizo llegar copia de la resolución dictada dentro del citado procedimiento, en la cual se acreditó que se sancionó al C. XITLALIC TOREN CHABOYA con una AMONESTACIÓN PRIVADA, en virtud a lo anterior, mediante acuerdo de fecha 14 de junio del presente año, se tuvo por CUMPLIDA TOTALMENTE la Recomendación número 004/2004.

Esta resolución tuvo su origen en la queja formulada por el señor PASCUAL REYES RAMOS, el cual se dolió de actos calificados como detención arbitraria, tortura y falsa acusación en perjuicio de su hijo VÍCTOR MANUEL REYES RUÍZ, por parte de elementos de la policía ministerial del Estado, con destacamento en Victoria, iniciándose así el expediente de queja 051/2003.

Realizadas las investigaciones de rigor, se concluyó que efectivamente, el aquí agraviado fue detenido arbitrariamente, bajo el conocido esquema de “sembrarle” arma prohibida para simular la flagrancia, además de que, para lograr su detención allanaron un domicilio. Así mismo, se obtuvieron diversas probanzas que demostraron que el C. REYES RUÍZ, fue agredido física y moralmente, con la intención de que admitiera su responsabilidad en un ilícito. Cabe hacer mención que posteriormente el doliente fue dejado en libertad por falta de elementos para procesar, una vez que fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, por el delito de portación de arma prohibida.

Por tal motivo se recomendó al Procurador General de Justicia en el Estado, instruya ante quien corresponda el inicio, trámite y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa y criminal, en contra de los agentes de la policía ministerial implicados en el presente sumario.

Mediante el oficio número DJ/DH/000675, de fecha 28 de enero de 2004, el Procurador General de Justicia del Estado comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Se recibió además copia del oficio número DJ/DH/00676, de 29 de enero de 2004, por el cual se turnó copia de la resolución a la Contraloría Interna a efecto de instaurar el correspondiente procedimiento de responsabilidad administrativa. Se nos comunicaría entonces el inicio del procedimiento número DC-PGJE/006/2004, seguido en contra de los policías CARLOS GARCÍA FLORES y MANUEL HERNÁNDEZ ROJAS, con destacamento en Victoria en la época de los hechos.

A la fecha, esta Recomendación se considera como CUMPLIDA PARCIALMENTE.

Esta resolución derivó de la queja 061/2003, que interpusieran algunas internas, en contra del Director del Centro de Readaptación Social de Victoria.

Agotado el análisis del expediente en cita, se logró advertir que el referido Director penitenciario, restringió las salidas de las internas del módulo femenil además de que señaló en forma amenazante que podía trasladarlas a algún otro Centro de Readaptación Social. Si bien, dicho funcionario, en la remisión que hiciera de su informe ante este Organismo, niega estar facultado para realizar traslados injustificados, ello no implica que no haya hecho tal manifestación, lo que conlleva a un acto de intimidación a la población penitenciaria, transgrediendo con su conducta irregular lo instituido en el artículo 19 de nuestra Carta Magna.

En esta tesitura, se emitió Recomendación al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, gire las instrucciones correspondientes para que los Directores de los CERESOS, se abstengan de realizar actos intimidatorios y todo aquel tipo de vejaciones en agravio de la población penitenciaria, independientemente de que sea valorada la conducta del servidor público implicado, y en su caso, se apliquen las medidas disciplinarias procedentes.

Se recibieron en copia los oficios 1771 y 1772, dirigidos originalmente a los CC. Licenciado JOSÉ AMADO JIMÉNEZ ESTRADA, Director del CERESO Victoria y a los directores de los Centros de Readaptación Social y Reclusorios Preventivos del Estado de Tamaulipas, fechados el 8 de febrero de 2004, firmados por el titular de la Dirección General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social, instruyéndolos para que se abstuvieran en el futuro de realizar actos intimidatorios en contra de la población penitenciaria. En atención a ello se tuvo por aceptada la resolución de mérito.

Se nos comunicó además por parte del Órgano de Control de la Secretaría General de Gobierno, el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa número DC-SGG/006/2004 en contra del Licenciado JOSÉ AMADO JIMÉNEZ ESTRADA.

A la fecha esta Recomendación se tiene como CUMPLIDA PARCIALMENTE.

Esta Recomendación tuvo su origen en la queja 273/02-R, instaurada con motivo de la denuncia formulada por el C. JESÚS ALBERTO ROJAS HERNÁNDEZ, consistente en detención arbitraria, incomunicación y lesiones en su persona, por parte de policías preventivos municipales de Reynosa, Tamaulipas.

Del estudio minucioso realizado a las constancias que obran en el presente sumario, se acreditó que los servidores públicos implicados, cometieron irregularidades en su proceder al haber privado de su libertad al C. ROJAS HERNÁNDEZ, sin que se hubiese justificado la legalidad de la detención, violentando con ello las garantías de seguridad jurídica, consagradas en el artículo 16 Constitucional.

En lo que respecta a la incomunicación y lesiones de que se doliera el promovente, se dictó un acuerdo de no responsabilidad, a favor de los agentes policiales, en virtud de que no se lograron acreditar fehacientemente las conductas referidas.

En tales circunstancias, se envió Recomendación al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, a efecto de que girara instrucciones por escrito al Director de Seguridad Pública Municipal, a fin de que ordene a los elementos de esa corporación, se abstengan de practicar detenciones contrarias a lo dispuesto por el Bando de Policía y Buen Gobierno de esa localidad. Así mismo, para que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias conforme a derecho, a los agentes involucrados en los hechos materia de la queja.

Mediante oficio número 057/04, el C.P. VICTOR M. OLVERA DE SANTIAGO, Contralor Municipal de Reynosa, Tamaulipas, comunicó la aceptación de la presente recomendación; posteriormente mediante oficio 088/04, se remitió copia de la resolución dictada por la Dirección de Seguridad Pública, en la cual se determinó imponer una sanción consistente en AMONESTACIÓN PRIVADA al policía preventivo SOCORRO JUÁREZ VILLANUEVA; por lo que hace al C. VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, éste causó BAJA como servidor público. En tal virtud, mediante acuerdo de fecha 9 de marzo del 2004, se tuvo por CUMPLIDA TOTALMENTE la Recomendación 007/2004.

La Recomendación citada al rubro, derivó de la queja presentada por el señor FIDEL HUMBERTO OCHOA MONTALVO, en contra del personal y presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Reynosa, Tamaulipas, radicándose bajo el número 010/02-R.

El señor OCHOA MONTALVO, manifestó que en diversas ocasiones tanto él como su abogado han acudido a la Junta Especial número 7, a solicitar los expedientes laborales 304/96 y 437/97, derivados de las demandas que él interpusiera, negándosele el acceso a los mismos, arguyendo el personal de esa Institución que no se localizaba el expediente, que estaba perdido, situación que a la fecha perdura, sin que se hayan hecho las gestiones necesarias para su localización, a pesar de la insistencia del aquí agraviado.

Analizado el sumario, se logró establecer, que si bien es cierto, de las constancias existentes en autos no existen suficientes probanzas que acrediten tanto la dilación como la negativa en dar acceso a los expedientes laborales y el extravío de los mismos, esta Comisión reprochó la conducta del Licenciado JORGE DOSAL HERNÁNDEZ, al ser omiso en proporcionar informes en su calidad de presidente de la Junta Especial número 7, lo que entorpeciera la labor de investigación de este Organismo.

Así las cosas, se recomendó al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, gire instrucciones al Licenciado JORGE DOSAL HERNÁNDEZ, Presidente de la Junta Especial número 7 en Reynosa, Tamaulipas, para que en caso de estar extraviados, a la brevedad posible se proceda a la búsqueda y localización de los expedientes laborales 304/96, y 437/97, y se brinde acceso de los mismos al actor FIDEL HUMBERTO OCHOA MONTALVO, así como a su representante legal y se determine si a la fecha ya fueron resueltos y en caso contrario, se resuelvan conforme a derecho. Así mismo, se instruya al servidor público de referencia, para que en lo subsecuente rinda los informes y demás documentación que se le solicite con motivo de las quejas que se interpongan ante este Organismo en contra de actos de esa autoridad.

Con el oficio número 601/595, de fecha 2 de febrero de 2004, el Licenciado RODOLFO B. SZYMANSKI GÓMEZ, Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, comunicó a este Organismo la aceptación de la Recomendación 008/2004; así mismo, remitió copia de la recomendación a la LIC. ELODIA MARLENE ORTEGA DOMÍNGUEZ, actual Presidente de la Junta Especial citada, en donde fue instruida conforme lo establece la presente resolución, adjuntando además copia de tres actas levantadas por el Auxiliar Jurídico del Órgano de Control en la Secretaría General de Gobierno, en donde se le hacen efectivas las sanciones de destitución del cargo de Presidente de la citada Junta. Posteriormente, mediante acuerdo de fecha 21 de septiembre del 2004, esta Comisión tuvo por CUMPLIDA TOTALMENTE la Recomendación 008/2004.

Mediante esta resolución, se puso fin a la integración y estudio de los procedimientos de quejas 035/02-R, 017/03-R, 099/03-R y 165/03-R, instaurados con motivo de las denuncias que formularan diversos internos del Centro de Readaptación Social No. 2 de Reynosa, Tamaulipas, en contra del personal de esa Institución, por violación a los derechos de los reclusos o internos y negativa de atención médica.

Estudiados los medios de prueba, se advirtió que si bien es cierto a los reclusos GREGORIO ARROYO GUTIÉRREZ, VICENTE ZARCO ÁLVAREZ y WILFREDO CORTEZ, en varias ocasiones no se les proporcionó el medicamento adecuado para su padecimiento, fue porque no se contaba con los medios necesarios para ello. Sin embargo, es menester señalar, que se logró acreditar que los médicos adscritos a esa Institución, han valorado el estado de salud de los internos, emitiendo en cada caso particular, dictámenes médicos en los que se determina que éstos deben ser excarcelados para su valoración a segundo nivel especialista, además de requerir con carácter de urgencia tratamiento médico para sus respectivos padecimientos. Cabe citar que los referidos quejosos tienen la calidad de internos sentenciados por delitos del fuero federal y se encuentran a disposición de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, siendo dicha instancia federal a quien le corresponde proporcionar la atención médica requerida.

Por lo anterior, se procedió a emitir acuerdo de no responsabilidad a favor del Director y demás personal del CERESO No. 2 de Reynosa, por la violación a los derechos de los reclusos y negativa de atención médica que les fuera imputada.

En las anteriores condiciones se emitió Recomendación al Director de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, únicamente a efecto de que gestione con carácter de urgente la tramitación de la atención médica de segundo nivel que requieren los quejosos ante la instancia federal correspondiente.

Esta Recomendación se tuvo por CUMPLIDA TOTALMENTE, toda vez que este Organismo recibió diversas constancias relativas a su satisfacción; en específico, copia de los oficios número 00780 y 00782, dirigidos, el primero de ellos, al Licenciado JOSÉ AMADO JIMÉNEZ ESTRADA, Director del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual se le solicita comunicar al interno GREGORIO ARROYO GUTIÉRREZ, envíe una solicitud de beneficio de libertad anticipada a la Dirección General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública; y el segundo oficio, dirigido al LIC. GUILLERMO CASTAÑO HERRERA, Director de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual se le remite copia de nuestra resolución, a fin de que sea valorada y canalizada para que surta los efectos a que haya lugar.

El C. GOMEL ERUBEY CASTILLO, originó la queja 050/2002-7, al manifestar que cuando él se dirigía a una tienda cercana a su casa, fue interceptado por agentes de la policía preventiva de Mante, Tamaulipas, quienes le expresaron que tenían que hacerle una revisión de rutina, a lo que él accedió, pero al intentar revisar la mochila que llevaba consigo, éste se inconformó, ya que su cartera se encontraba dentro de la misma, lo cual causó molestia a los agentes policiales, procediendo con lujo de violencia a esposarlo, para posteriormente tratar de introducirlo a la patrulla, no logrando su cometido, ya que los vecinos intervinieron en su ayuda.

Examinadas que fueron las probanzas allegadas a los presentes autos, se llegó a la determinación de que la conducta de los servidores públicos implicados fue contraria a derecho, en virtud de que el aquí agraviado no había cometido falta alguna de las establecidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno, mucho menos se encontraba en flagrancia delictiva, además de que aunado a ello, no existe dato alguno respecto a los hechos cometidos en contra del quejoso, circunstancia que pone de manifiesto su conducta irregular al ser omisos en dejar asentado dicho acontecimiento, vulnerando con su actuar las garantías de seguridad jurídica del aquí agraviado.

Luego entonces, se emitió Recomendación al Presidente Municipal de Mante, Tamaulipas, a fin de que valore la actuación de los servidores públicos responsables, y en su caso, aplique las sanciones conducentes.

Mediante oficio número 100/2004, de fecha 21 de abril de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Mante, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

Se emitió la Recomendación en cita, en virtud de la denuncia presentada por el recluso MARCO CANO PÉREZ, quien denunció irregularidades en la defensoría de oficio por parte de la defensora de oficio adscrita al Juzgado Menor de Reynosa, Tamaulipas, radicándose bajo el número de queja 007/03-R.

Cabe hacer mención que la servidora pública de referencia fue omisa a la solicitud de informe que le requiriera este Organismo, contraviniendo con ello lo estipulado en los artículos 58 fracción I, materializándose la hipótesis prevista en el numeral 61, de la Ley que rige a esta Comisión, circunstancia por la cual se determinara la presunción de ser ciertos lo hechos imputados.

Ahora bien, del estudio minucioso de las constancias que integran el proceso penal 693/2002, seguido en contra del señor CANO PÉREZ, se desprende que efectivamente la defensora de oficio no promovió ninguna diligencia que demostrara la inocencia argüida por el procesado al rendir sus declaraciones, o en su caso, para reducir la penalidad probablemente aplicable al resolver en definitiva la causa penal en cita, circunstancias que dejaron al procesado en estado de indefensión, violentando así la garantía de defensa consagrada en el artículo 20 fracción IX de nuestra Carta Magna.

Por lo anterior, se procedió a emitir Recomendación al Director de la Defensoría de Oficio, a efecto de que gire instrucciones a la Licenciada MARÍA ANTONIETA RUÍZ SALDAÑA, Defensora de Oficio Adscrita al Juzgado Menor de Reynosa, Tamaulipas, para que en lo subsecuente rinda los informes y demás documentación que se le solicite con motivo de las quejas que se interpongan en su contra ante esta Comisión; así mismo, gestione las medidas correctivas y disciplinarias, por las irregularidades en que incurriera durante la defensa del aquí quejoso.

Mediante oficio número 830, de fecha 12 de marzo de 2004, el Director de la Defensoría de Oficio del Estado, comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito, anexando a tal documento constancia de haber instruido a la servidora pública en los términos solicitados.

Posteriormente se nos informaría de la radicación del procedimiento de responsabilidad administrativa número DC-SGG/008/2004, seguido en contra de la Licenciada MARÍA ANTONIETA RUÍZ SALDAÑA.

A la fecha esta Recomendación se tiene como CUMPLIDA PARCIALMENTE.

Mediante esta resolución se puso fin a la integración y estudio del procedimiento de queja 018/03-T, instaurado con motivo de la denuncia que formulara el C. PEDRO JIMÉNEZ GARCÍA, quien imputó el delito de robo, así como detención arbitraria, en contra de elementos de la policía preventiva de Tampico, Tamaulipas.

Respecto a las imputaciones hechas en contra de los agentes preventivos, diversas probanzas evidenciaron la irregularidad cometida, especialmente por el elemento policial SANTIAGO YÁÑEZ, quien manifestó que la detención del quejoso obedeció a que éste estaba molestando a la gente con sus gritos, circunstancia que no se acreditó con ningún medio probatorio que justifique la versión del servidor público en comento.

Ahora bien, mediante el informe justificado que rindiera el director de Seguridad Pública y Vialidad, se observó que el Licenciado DIEGO ELVER CRUZ, juez calificador de la corporación policial, impuso una sanción incongruente con la supuesta falta cometida por el aquí promovente, al aplicar una sanción por hechos distintos a los citados en referido informe, suceso con el que se pone en evidencia el acto arbitrario de que fuera objeto el señor JIMÉNEZ GARCÍA.

Con relación al robo de que se doliera el C. PEDRO JIMÉNEZ GARCÍA, no se logró acreditar, toda vez que sólo existe el dicho del mismo, sin que obre algún dato o prueba que demuestre que efectivamente traía consigo los objetos y dinero que reclama.

En tales circunstancias, se acordó recomendar al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, valorar la conducta desplegada por el agente de la policía preventiva involucrado en los hechos motivo de la queja, así como la conducta efectuada por el juez calificador, y en su caso, aplique las medidas correctivas y disciplinarias procedentes.

Esta recomendación tuvo respuesta mediante la cual el C.P. JORGE ARTURO ELIZONDO NARANJO, Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, comunicó la no aceptación de la misma, bajo el argumento de que sus facultades para sancionar a los responsables habrían prescrito de acuerdo a su particular interpretación del artículo 43 del Reglamento de la Corporaciones Policiales del Estado. La postura a detalle de la CODHET sobre el particular, puede consultarse en el seguimiento de la Recomendación 2/2004, en este mismo apartado.

Esta Recomendación se originó de las quejas 047/03 y 050/03, que presentaran los CC. SAÚL IGNACIO SOTO CRESPO y ADÁN SIERRA RUÍZ, en contra de agentes de la policía ministerial destacamentados en Victoria, Tamaulipas.

La queja se hizo consistir en allanamiento de morada, detención arbitraria, tortura y lesiones.

Del análisis detenido de las constancias que obran en autos, se logró en primer término acreditar el allanamiento denunciado por los quejosos con diversos atestos, no obstante que los servidores públicos implicados se concretaron a manifestar que la detención se había llevado a cabo fuera del inmueble, a sus dichos no se allegaron elementos de prueba que desvirtuaran el allanamiento de referencia, vulnerando lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional.

En relación con la detención arbitraria, se desprende de las actuaciones que obran en el presente sumario, que elementos de la policía ministerial fueron enterados de un robo a una negociación, y que de las investigaciones que realizaran, se lograron obtener datos que presumían la participación de SAÚL IGNACIO SOTO CRESPO, en la comisión del delito, lo que propiciara que los agentes se constituyeran al domicilio del quejoso a efectuar su detención.

De lo anterior, si bien es cierto existía justificación legal para efectuar la detención del aquí agraviado, por estar acreditado que había indicios suficientes que presumían la intervención de éste en el ilícito de robo, acreditada está la detención arbitraria, si tomamos en cuenta que para tal efecto, los policías ministeriales allanaron su domicilio. Así mismo, se advierte de la declaración de SAÚL IGNACIO SOTO CRESPO, que también se detuvo a su hermano SERGIO SOTO CRESPO, trasladándolo a las oficinas de la policía ministerial, en donde se le cuestionó sobre su identidad y posteriormente lo trasladaron nuevamente a su domicilio, manifestación que encuentra sustento en la declaración informativa del propio SERGIO ELOY SOTO CRESPO, así como de diversas afirmaciones de personas que presenciaron tales hechos, incurriendo en conducta irregular al llevar a cabo la detención aludida, al no existir flagrancia delictiva o bien, mandamiento de autoridad competente para tal efecto.

Por otra parte, SAÚL IGNACIO SOTO CRESPO, señaló haber sido lesionado por los elementos ministeriales, refiriendo que al entrar a su domicilio y detenerlo, éstos le colocaron una bolsa en la cabeza y lo golpearon, a la vez que le preguntaban sobre un arma, además de acusarlo de haber cometido un robo, revelación que adquiere relevancia al encontrarse adminiculado con lo expuesto por SERGIO ELOY SOTO CRESPO, quien señaló “lo sacaron del domicilio golpeado de su cara”; así mismo, obra dictamen médico emitido por el Doctor JOSÉ HUMBERTO CÁRDENAS DE LA PLAZA, Médico Forense Adscrito a esta Comisión donde se asientan las diversas lesiones que presentaba el señor SAÚL IGNACIO SOTO CRESPO, incumpliendo así los servidores públicos lo establecido por el artículo 19 de nuestra Carta Magna.

En cuanto hace a la tortura de que se doliera el quejoso, por parte de los policías ministeriales, de las actuaciones que integran el citado expediente de queja, se desprende que los actos realizados por dichos agentes, no fueron encaminados a que emitiera una declaración que lo inculpara en la comisión de un delito, por lo que únicamente se acreditan las lesiones infringidas en la humanidad del doliente.

Por otra parte, el C. ADÁN SIERRA RUÍZ, señaló haber sido detenido arbitrariamente, manifestando que cuando circulaba en su vehículo, acompañado de su hermana y sus hijos, fue interceptado por elementos de la policía ministerial quienes le solicitaron que se bajara del vehículo y efectuaron su detención. Ante tal situación, obra en autos del presente sumario la denuncia presentada por la C. ALMA ROSA GONZÁLEZ RAMÍREZ, fechada el 12 de febrero del 2003, en donde se asienta que en la negociación denominada Operadora Turística “Búhos” , S.A. de C.V., se perpetró un robo, proporcionando las características de las personas que efectuaron el ilícito en comento; así mismo obra el parte informativo de fecha 13 de febrero del 2003, en el que se estableció que con motivo de las investigaciones realizadas, se encontraron indicios suficientes que presumían la participación del quejoso en la comisión del delito. Situación que nos lleva a la convicción que los elementos policiales actuaron conforme a derecho, por lo que se acordó emitir acuerdo de no responsabilidad sobre este aspecto de la queja.

Por otro lado, ADÁN SIERRA RUIZ se dolió de haber sido lesionado y torturado por los agentes que efectuaron su detención, robusteciendo su dicho lo declarado por las CC. ROCÍO MAGALI SIERRA RUÍZ y DELFINA RUÍZ HERNÁNDEZ, además de que aunado a ello, existe el dictamen médico elaborado por Médico Forense Adscrito a este Organismo, así como impresión fotográfica del quejoso, en la que se observan algunas lesiones en su rostro. De igual forma, es existente el informe fechado el 13 de febrero, rendido por la autoridad, en el que se estableció que al realizar la detención del doliente, éste opuso resistencia, amenazándolos con un arma de fuego, por lo que se hizo necesario utilizar la fuerza pública. Del análisis de los medios probatorios de referencia, se desprende que efectivamente, los servidores públicos lesionaron al reclamante al momento de su aprehensión, sin embargo, tomando en cuenta la circunstancia en que se llevó a cabo el robo, utilizando armas de fuego de uso exclusivo del ejército, y considerando la peligrosidad del aquí quejoso, y advirtiendo que éste perteneció al Ejército Mexicano; es de darle credibilidad al dicho de los policías ministeriales en su necesidad de utilizar la fuerza pública, además de que las lesiones que presenta el señor SIERRA RUÍZ, son coincidentes con las ocasionadas por el sometimiento expuesto por los agentes; por tal motivo se acordó emitir acuerdo de no responsabilidad por lo que hace a las lesiones denunciadas, en virtud a que éstas derivaron de la fuerza pública en su detención.

En lo que respecta a la tortura de que se doliera el citado promovente, no existen indicios suficientes que permitan acreditar la violación denunciada, siendo procedente emitir acuerdo de no responsabilidad a favor de los agentes de la policía ministerial.

Así las cosas, se recomendó al Procurador General de Justicia en el Estado, valorar la conducta de los servidores públicos implicados, por lo que respecta al allanamiento de morada, detención arbitraria y lesiones en agravio de SAÚL IGNACIO y SERGIO ELOY SOTO CRESPO, y en su caso, emita las medidas correctivas y disciplinarias procedentes.

Se recibió en copia el oficio número 716/2004, de fecha 3 de febrero de 2004, dirigido al Coordinador de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por parte del titular de esa dependencia, remitiéndole copia de nuestra resolución para los efectos del inicio del procedimiento de responsabilidad, por lo que se tuvo como aceptada la Recomendación de mérito.

Posteriormente se nos informaría de la existencia del procedimiento 13/2004, seguido en contra de los servidores públicos involucrados.

A la fecha esta Recomendación se considera como CUMPLIDA PARCIALMENTE.

Se radicó la queja número 064/2003-L, por comparecencia del C. FIDEL MOISÉS PERALTA PEÑA, quien denunció ejercicio indebido de la función pública y detención arbitraria, por parte de agentes de tránsito de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Del estudio y análisis de los documentos y demás constancias que integran el presente sumario, en lo que respecta a la infracción que ampara la boleta 81694, se desprende que el ahora quejoso fue sancionado por dar vuelta en “U” con su vehículo automotriz y hacer caso omiso a los agentes viales, para mostrar la documentación correspondiente, quebrantando con ello el Reglamento de Tránsito y Transporte, circunstancia que fuera aceptada y reconocida por el doliente en su declaración. Luego entonces, al acreditarse la falta cometida por el señor PERALTA PEÑA, es procedente dictar acuerdo de no responsabilidad, a favor de los elementos de tránsito, en lo que respecta a estos hechos.

Ahora bien, los agentes viales además de levantarle la infracción, procedieron a detenerlo tanto a él como a su vehículo, trasladándolo a la delegación de Tránsito, circunstancia a todas luces violatoria de derechos humanos, en razón a que sí el aquí quejoso ya había sido infraccionado, y no se encontraba cometiendo alguna falta al Bando de Policía y Buen Gobierno, no era justificable su detención, mucho menos que se le recogiera su vehículo para llevarlo al corralón como garantía de la infracción, conducta por demás arbitraria por parte de servidores públicos citados.

Así las cosas, se recomendó al Presidente Municipal de Nuevo Laredo Tamaulipas, gire instrucciones al Órgano de Control Interno, a fin de que valore la conducta de los servidores públicos implicados en los hechos materia de nuestra Recomendación.

Nuestra resolución fue aceptada a través del oficio número CM-0442/2004, firmado por el C.P. ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO ROJAS, Contralor Municipal del R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas; así mismo informó a este Organismo el inicio del procedimiento administrativo número 032/2004, instaurado en contra de JUAN DAVID GONZÁLEZ JIMÉNEZ, agente de tránsito; adjuntando además copia de la resolución fechada el 30 de septiembre del 2003, a través de la cual esa Contraloría Municipal cesara de su cargo al C. OSCAR MUÑOZ LUGO. Posteriormente, mediante oficio número CM-1175/2004, hizo llegar a este Organismo copia de la resolución del citado procedimiento, en la que se sancionó con una AMONESTACIÓN PRIVADA al Oficial JUAN DAVID GONZÁLEZ JIMÉNEZ, sanción que esta Comisión consideró insuficiente pues lejos estuvo de reflejar la gravedad de la falta cometida; basta recordar que su conducta consistió en privar ilegalmente de su libertad al C. FIDEL MOISÉS PERALTA PEÑA, lo cual atenta contra las garantías mínimas del gobernado. Por lo anterior, se tuvo por CUMPLIDA INSATISFACTORIAMENTE la Recomendación 014/2004.

La Recomendación que antecede, puso fin a la integración del expediente 032/2002/7, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. MÁXIMO GUZMÁN DEL TORO, quien manifestó que al encontrarse a bordo de su vehículo, a la altura de la Avenida Juan de Dios Villarreal, y estando haciendo el alto en los topes, se dirigió hacia él un elemento de la policía preventiva municipal de Mante, Tamaulipas, quien le jaló el cabello, logrando zafarse y continuar su marcha en su vehículo, y al llegar a la casa de su madre los elementos lo iban siguiendo y lo detuvieron sin explicarle motivo alguno, y que dichos agentes le metieron entre su pantalón droga para justificar su detención; que estando detenido, una persona vestida de civil ordenó a los elementos preventivos que lo golpearan, a lo que éstos obedecieron, causándole diversos golpes en distintas partes del cuerpo.

Al entrar al estudio del primer motivo señalado por el quejoso, obra en autos que el oficial encargado de la unidad el día en que acontecieron los hechos, señaló que les habían reportado que en la colonia popular se encontraba un sujeto en estado de ebriedad y alterando el orden a bordo de un vehículo azul con toldo blanco, por lo que al ubicarlo, le marcaron el alto, pero éste se dio a la fuga, iniciándose así la persecución, y al llegar a la Colonia Nacional Colectiva detuvo la marcha del vehículo y descendió del mismo, y al verlo que andaba en estado de ebriedad y alterando el orden se le arrestó, llevándolo a la Delegación, y que al llegar a barandilla le fue encontrado en la bolsa del pantalón una bolsita de enervante, circunstancia que fue corroborada por las declaraciones informativas de los agentes MARCIANO CASTILLO TEJADA, CARLOS ENRIQUE DE LEÓN COMPEAN y RAMÓN ORTEGA RODRÍGUEZ. Por lo anterior, es de concluirse que quedó debidamente establecido que los agentes aprehensores actuaron en cumplimiento a su deber, ya que al marcarle el alto para verificar la denuncia el ahora quejoso se dio a la fuga, con lo que válidamente se pueden establecer indicios de su responsabilidad por la falta denunciada. Cabe señalar que aún y cuando el quejoso arguyó que los agentes policiales le pusieron entre sus ropas una sustancia para justificar su detención, únicamente contamos con tal imputación, por lo que nos vemos imposibilitados para acreditar dicha circunstancia, máxime de que existen las firmes declaraciones de los policías que efectuaron la detención. Por lo antes expuesto se emitió acuerdo de no responsabilidad a favor de los elementos de la policía preventiva, por considerarse apegada a derecho.

Ahora bien, en relación a lo manifestado por el señor GUZMÁN DEL TORO, en el sentido que cuando los agentes lograron detenerlo, le asentaron una serie de golpes, por instrucciones de una persona vestida de civil. Al respecto, obra en autos la fe de lesiones elaborada por personal de este Organismo, así como los atestos de las CC. MAGDALENA SÁNCHEZ y AMPARO CUÉLLAR CARDONA, quienes fueron coincidentes en referir “descendió de su vehículo llegaron tras de él los elementos policiales y una camioneta, de la cual descendió una persona vestida de civil”, al cuestionar a los policías sobre la identidad de dicha persona, éstos negaron tal circunstancia, expresando que únicamente ellos arribaron al lugar de los hechos, por lo que no existen elementos suficientes que acrediten que a dicho lugar haya acudido persona alguna e instruido a los agentes a efecto de que agredieran al quejoso. No obstante ello, quedó debidamente acreditada la existencia de lesiones en la humanidad del aquí agraviado, toda vez que la firme imputación de éste se encuentra robustecida con las declaraciones de las personas anteriormente citadas, así como de la fe de lesiones elaborada por personal de este Organismo, estableciéndose así la responsabilidad de los servidores públicos en su comisión.

Así las cosas, se recomendó al Presidente Municipal de Mante, Tamaulipas, a efecto de que inicie, trámite y resuelva el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos implicados en la comisión de hechos ilícitos en agravio del C. MÁXIMO GUZMÁN DEL TORO.

Mediante oficio número 99/2004, de fecha 21 de abril de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Mante, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

El señor JOSÉ LUIS NÚÑEZ MAR motivó la queja 47/02-T al manifestar ante este Organismo que fue objeto de amenazas e intimidación por parte del Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, Plantel 15 Tampico.

Realizado el estudio de la controversia planteada, así como de las constancias probatorias que allegaran ambas partes, se llegó a la comprobación de las violaciones a los derechos humanos en agravio del reclamante.

En tal virtud, se recomendó al Director General del Colegio de Bachilleres en el Estado, girar instrucciones a quien corresponda, a fin de que se valore la conducta del Profesor BERNARDO JAVIER HERNÁNDEZ DE LA TORRE, Director del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, plantel 15 Tampico, y en su caso, se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias procedentes conforme a derecho.

La presente recomendación fue aceptada mediante el oficio número CB.AC.01.2004/0648, signado por el LIC. ARTURO REYNA GALLEGOS, abogado del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas; así mismo, informó a este Organismo que el Profesor BERNARDO JAVIER HERNÁNDEZ DE LA TORRE, ya no labora para el Colegio de Bachilleres y su lugar como Director del Plantel No. 15 del COBAT en Tampico, fue ocupado por el Licenciado IGNACIO ÁVILA MENDOZA, lo cual se acreditó con copia fotostática del referido nombramiento; razón por la cual, este Organismo tuvo por CUMPLIDA TOTALMENTE la Recomendación número 016/2004.

Dentro de la queja 122/03-T, el señor JULIO CÉSAR SEGURA HERNÁNDEZ se dolió de allanamiento de morada y detención arbitraria por parte de elementos de la policía preventiva, así como de falta de fundamentación por el juez calificador, ambas autoridades con residencia en Tampico, Tamaulipas.

Analizadas cada una de las constancias existentes en la queja, logró determinarse que el Licenciado ALEJANDRO CORONA JUÁREZ, en su carácter de juez calificador, impuso de manera autoritaria un arresto de 36 horas al quejoso, negándole el derecho de obtener su libertad mediante el pago de una multa, en total contravención a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional. Tal sanción fue impuesta tras su detención efectuada por elementos de la policía preventiva cuando lo sorprendieron cometiendo faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Se recomendó al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, ordenar a quien corresponda, revisar conforme a derecho, la actuación del juez calificador, y en su caso, aplicar la sanción correspondiente.

A través del oficio número 000502, de fecha 10 de febrero del año en curso, el C.P. JORGE ARTURO ELIZONDO NARANJO, comunicó la no aceptación de la Recomendación 017/2004, argumentando que de acuerdo a la interpretación realizada por esa autoridad del artículo 21 constitucional, el juez calificador tiene como facultad discrecional fijar multa o arresto, y no necesariamente la primera, al momento de calificar una falta administrativa, independientemente de la voluntad del gobernado en cuanto a optar entre la sanción pecuniaria o la corporal.

Explicamos ahora la postura de la CODHET sobre el particular:

Las Recomendaciones 231/2003, 17/2004, 46/2004, 86/2004 y 101/2004, fueron emitidas al advertirse que los jueces calificadores de Tampico, Tamaulipas, tienen instrucciones del Presidente Municipal en el sentido de que, al valorar la conducta de un infractor, impongan, según su criterio, arrestos inconmutables, basándose para tal efecto en una interpretación sesgada del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expongamos por ejemplo el caso de la Recomendación 231/2003, cuyo rechazo fue reclamado por los quejosos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se sustanció el Recurso de Impugnación radicado con el número 2004/70-3-L. El día 5 de agosto de 2003, los señores FRANCISCO SILVA MONREAL y GABRIEL GUZMÁN SILVA, fueron arrestados por elementos de la policía preventiva municipal y puestos en presencia de la Jueza Calificadora BERENICE DE JESÚS ORTÍZ BARRERA, quien determinó imponerles un arresto por 24 horas, sin darles la oportunidad de cubrir por la vía pecuniaria su sanción. En tal virtud, en el punto resolutivo de la Recomendación 231/2003, se solicitó al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, revisar la actuación de la Licenciada ORTÍZ BARRERA, determinando después lo correspondiente conforme a derecho. Nótese el tono conciliatorio de la resolución, pues estábamos convencidos de que los argumentos jurídicos expuestos en ella, serían suficientes para hacer reflexionar a la Recomendada en la inconstitucionalidad de ese tipo de arrestos. Lamentablemente, el día 12 de diciembre de 2003, recibimos respuesta de la Autoridad rechazando nuestra Recomendación, y exponiendo en lo medular:

Nos encontramos entonces frente a una práctica violatoria de la Constitución Federal, pues en la integración de los expedientes que dieron origen a las Recomendaciones ya citadas, la Presidencia Municipal reconoce que su criterio ha sido comunicado a los jueces calificadores para que conforme a él resuelvan. Sostenemos que se trata de una violación flagrante a garantías individuales, por las razones que ahora explicamos:

Como ya mencionamos, la Recomendada busca basar su apreciación en la cita incompleta de la última parte del primer párrafo del artículo 21 constitucional. Efectivamente, toma de forma aislada las siguientes palabras para sostener su punto de vista:

Omite la Autoridad continuar la transcripción del precepto, el cual en lo conducente concluye:

“...pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas...”.

Es decir, en una interpretación integral de la disposición, se llega a la conclusión de que está compuesta en realidad de dos partes que entre sí se complementan. En primer término, establece qué tipos de sanciones, de manera exclusiva, pueden aplicarse a las infracciones administrativas, a saber: multa o arresto hasta por treinta y seis horas. Es evidente que la intención del Constituyente, fue precisar la diferencia existente entre las sanciones que corresponden a los delitos, los cuales, por su naturaleza, son conductas que agravian sensiblemente a la sociedad y, por ende, castigables con mayor rigor; de las sanciones que pueden imponer las autoridades administrativas (derecho penal administrativo le llama un sector de la doctrina), cuando determinado comportamiento merece reproche, pero no tiene la entidad antisocial del delito, por lo que el orden jurídico acuerda una serie de consecuencias más leves: la multa y, sólo en el caso de no cubrirse ésta, el arresto. Resulta pertinente la analogía entre el derecho penal y el derecho penal administrativo, para darnos cuenta cómo en aquél, dadas ciertas circunstancias, se da prelación a la libertad; recuérdense, por ejemplo, los delitos de pena alternativa, en donde, incluso, está descartada la prisión preventiva. Atendiendo lo anterior, queda claro que siguiendo el razonamiento del Presidente Municipal de Tampico, en aquella localidad resulta más grave infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno que la Ley Penal. Nótese la incongruencia.

Retomando, podemos decir con certeza que hasta aquí, el dispositivo constitucional únicamente se limita a identificar cuál es el margen sancionador de la autoridad administrativa, sin que de tal redacción se infiera una conclusión distinta.

Es la segunda parte del precepto la que nos ilumina sobre el punto que aquí abordamos:

“...pero si el infractor no pagare la mula que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas...”.

Es criterio de este Organismo Público de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, que esa disposición constitucional debe leerse de la siguiente manera.

1. Las autoridades administrativas, en este caso municipales, son competentes para aplicar sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía. Sin embargo, estos reglamentos gubernativos y de policía, en armonía con la fracción II del artículo 115 constitucional, deben estar de acuerdo con las leyes que en materia municipal expidan las legislaturas de los Estados. Más adelante ahondaremos sobre el particular.

2. Las sanciones por dichas infracciones sólamente pueden consistir en multa o arresto por treinta y seis horas.

3. En esa tesitura y perfecta congruencia con lo dispuesto en la última línea del primer párrafo del artículo 21 constitucional, sólo si el gobernado no pagara la multa impuesta, se fijará un arresto, el cual no podrá exceder de 36 horas, con absoluta independencia del monto de la sanción pecuniaria.

4. Luego entonces, el gobernado frente a un Juez Calificador, TIENE EL DERECHO DE OPTAR ENTRE CUBRIR EL PAGO DE LA MULTA, O PERMANECER ARRESTADO POR UN TÉRMINO QUE NO DEBE EXCEDER LAS 36 HORAS.

Así las cosas, es errada la afirmación de la Recomendada en el sentido de que:

Realmente, el gobernado es quien cuenta con la prerrogativa de “seleccionar” entre una sanción corporal y una pecuniaria, y ello no es una facultad discrecional del Juez Calificador como lo pretende ver la Autoridad. En todo caso, la valoración de la conducta será con el objeto de fijar la multa, y sólo en el extremo de que el ciudadano no quiera o no pueda liquidarla, se permutará la sanción económica en horas–arresto.

Es menester decir que el criterio aquí expresado no es una manifestación aventurada, sino el resultado de un detallado estudio y, además, encuentra bases en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, reiterada desde la Quinta Época, en numerosas tesis, entre las que destacan las siguientes:

“...Época: Quinta Época

TOMO LVIII, pág. 2980. Peniche Jaime.- 3 de diciembre de 1938.- Unanimidad de cinco votos.

“...Época: Quinta Época

TOMO LVIII, pág. 312. Chávez Flota Román.- 7 de octubre de 1938.- Unanimidad de cinco votos”.

Cierto es que dichas tesis hablan de arrestos hasta por 15 días, pero ello no deviene en su inaplicabilidad, puesto que fueron emitidas cuando el texto constitucional disponía:

Es decir, la esencia del razonamiento subsiste, puesto que en 1982 el Ejecutivo propuso reformar el artículo 21 únicamente para limitar a 36 horas el arresto administrativo y la multa al monto de un día de salario en el caso de jornaleros u obreros.

Para fortalecer nuestra interpretación, digamos que incluso el Legislador Tamaulipeco, interpretó correctamente el espíritu del Constituyente, al asentar en el artículo 13 de la Ley que establece las Bases Normativas en materia de Bandos de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Tamaulipas.

Resulta evidente que la intención del legislador es privilegiar el pago frente a la sanción corporal. Por tal motivo, de acuerdo a la fracción II del artículo 115 Constitucional, al que ya hemos hecho referencia, es este el criterio que debe imperar en los reglamentos gubernativos y de policía municipales, y por ende en la labor de los jueces calificadores.

Esta argumentación fue expuesta oportunamente al Presidente Municipal de Tampico, sin que ello fuera bastante para variar su determinación de rechazar ésta y las Recomendaciones identificadas en el comienzo de este apartado. Aún más, en su oficio 017, del 29 de diciembre del 2003 manifestó:

Por supuesto que en su momento rechazamos esa adjetivación, pues el argumento ad-misericordiam de la Autoridad, que poco tiene de jurídico, hubiese sido certero en la hipótesis de haberse expresado hace 23 años; pues resulta que en 1982, el Constituyente Permanente, inspirado en plausibles ideas de reivindicación social, elevó a disposición constitucional, el párrafo que tomado del actual artículo 21 de la Ley Suprema expresa:

A la luz de ese precepto, estimamos que el argumento de la Recomendada, lejos de minar nuestro criterio, lo fortaleció.

Es importante anotar, que nuestras conclusiones fueron compartidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que ha emitido en consecuencia la Recomendación 41/2004, dirigida al Ayuntamiento de Tampico, derivada del recurso de impugnación precisado líneas arriba.

No pasamos por alto que los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la opinión pública, ya cuentan con antecedentes de este debate, pues les fue referido oportunamente en el documento que contiene el Informe Anual de Actividades 2003 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, y en un informe especial que durante el año 2004 se remitió a los poderes Ejecutivo y Legislativo de nueva cuenta.

Esta resolución se derivó de la queja 129/2003 que motivara el señor CARLOS EFRAÍN VILLANUEVA GONZÁLEZ, manifestando que elementos de la policía preventiva de Victoria, Tamaulipas, allanaron su domicilio para detenerlo arbitrariamente, lesionándolo además durante los hechos.

Realizada la evaluación de las probanzas allegadas por ambas partes, se pudo constatar la ilegalidad de la detención realizada en la persona del quejoso, toda vez que no lo sorprendieron en delito fragante, y por supuesto no obraba mandamiento judicial alguno. Por las demás imputaciones se decretó la no responsabilidad a favor de los servidores públicos.

Se recomendó al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, instruir a quien corresponda, la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en contra de los agentes de la policía preventiva municipal.

Mediante oficio sin número, de fecha 16 de febrero de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

La C. NORMA ALICIA MARTÍNEZ REYES motivó la queja 22/2007-7, al manifestar ante esta institución que al encontrarse ella trabajando por la tarde, su esposo se quedó en su domicilio para cuidar a la pequeña hija de ambos, quien cuenta apenas con nueve meses de edad, llegando a la casa elementos de la policía ministerial, llevándose detenido a su esposo, sin permitirle que dejara a cargo de alguien a su menor hija.

Analizados los elementos probatorios, se advirtió que los elementos de la policía ministerial fueron avisados por el esposo de la quejosa de que en el interior del domicilio se encontraba una niña, no prestándole atención a su dicho por considerar que se trataba de un engaño.

En tal virtud, se recomendó al Procurador General de Justicia del Estado, valorar la actuación de los elementos de la policía ministerial destacamentados en la Ciudad de Mante, Tamaulipas, que cometieron la omisión descrita, y en su caso, se les apliquen las medidas correctivas y disciplinarias a que haya lugar.

Esta Recomendación fue aceptada mediante oficio número DJ/DH00801 del 12 de febrero de 2004, firmado por el Procurador General de Justicia del Estado.

Se nos informaría posteriormente el inicio del procedimiento administrativo número 15/2004, radicado en la Coordinación de Asuntos Internos de esa Procuraduría, por lo que en la actualidad esta resolución se considera como CUMPLIDA PARCIALMENTE.

El C. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SILVA se dolió de prestación ineficiente del servicio público e ilícitos contra el honor por parte del delegado de Seguridad Pública y un elemento de tránsito, respectivamente, destacamentados en San Fernando, Tamaulipas, radicándose su queja con el número 53/02-6.

Expresó el señor MARTÍNEZ SILVA, que al conducir un vehículo propiedad de su padre, en compañía de éste y de su esposa, a la altura de una Escuela Primaria un elemento de tránsito le hizo la indicación de que se detuviera, a lo que accedió, pero el agente al identificar el vehículo se dirigió a él con palabras obscenas y altisonantes, ya que anteriormente éste había tenido un conflicto con su padre. De lo anterior, manifestó el agente vial que efectivamente, encontrándose él a la altura de la citada escuela, se detuvo un vehículo, y el conductor lo empezó a insultar y a amenazar, retirándose del lugar. Sin embargo, se le otorgó valor probatorio al dicho del quejoso, pues se encuentra robustecido con las declaraciones de los citados acompañantes, quienes fueron coincidentes en referir que el agente de tránsito al marcarle el alto se dirigió con palabras altisonantes. En tal virtud, al concatenarse entre sí las pruebas antes referidas, resultan suficientes para establecer que el servidor público vulneró las garantías individuales del reclamante.

Ahora bien, se logró advertir que el quejoso hizo del conocimiento la actitud irregular en que incurriera el agente vial al delegado de Seguridad Pública, haciendo éste caso omiso a su queja; al respecto, dicho servidor público expuso que al tener conocimiento de los hechos, procedió a citar al quejoso y al elemento de tránsito, pero que no lograron llegar a un arreglo. De igual forma, obra en autos el informe rendido por el contralor municipal, en donde se desprende que tanto el delegado como el contralor no le dieron la tramitación debida a la queja que recibieran en contra del agente vial.

Así las cosas, se recomendó al Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, iniciar, tramitar y resolver el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del elemento de tránsito que realizara actos arbitrarios en agravio del quejoso, así como también se recomendó instruir por escrito al contralor municipal de ese Ayuntamiento, para que dé el trámite correspondiente a las quejas presentadas por la ciudadanía en contra de servidores públicos dependientes de ese Municipio.

Mediante oficio sin número, el C. JUAN JOSÉ GALVÁN GARCÍA, Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, hizo llegar copia de la resolución dictada dentro del procedimiento administrativo número PM-CM-PAR-02/2004, seguido en contra de los CC. GILBERTO RIVERA HERNÁNDEZ y HUGO CÉSAR SALINAS SALINAS, elemento y Delegado de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de ese municipio, a través del cual se le sancionó al primero de los nombrados con SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 15 DÍAS DE SUS FUNCIONES; y al segundo se hizo acreedor de AMONESTACIÓN PRIVADA. En tal virtud, este Organismo tuvo por ACEPTADA Y CUMPLIDA TOTALMENTE la Recomendación 20/2004, ya que la autoridad ajustó su actuar a lo recomendado.

Dentro de la queja 77/2002-7, los señores ATANASIO MÁRQUEZ CRUZ y JUAN CAPISTRÁN SANTOS, residentes de Estación Manuel, Tamaulipas, se dolieron de que constantemente son detenidos injustificadamente por elementos de la policía preventiva de ese lugar, quienes los internan en la cárcel municipal, la cual se encuentra en condiciones insalubres debido a que no cuenta con sanitarios.

La autoridad presuntamente responsable expresó que si bien es cierto algunos habitantes del municipio referido son detenidos, es en razón de que infringen el Bando de Policía y Buen Gobierno, toda vez que constantemente ingieren bebidas embriagantes en la vía pública, circunstancia que fue admitida por los quejosos. Por otra parte, personal de esta institución realizó visita a los separos de la cárcel pública, constatando las condiciones insalubres en que éstas se encuentran.

En tal virtud, se recomendó al Presidente Municipal de Villa González, a fin de que se realicen las gestiones necesarias, tendientes a lograr que las celdas de la delegación de Seguridad Pública de Estación Manuel, sean acondicionadas acorde a la dignidad del ser humano.

Por las detenciones injustificadas se emitió acuerdo de no responsabilidad.

A través del oficio sin número, firmado por el LIC. J. NICOLÁS ÁVALOS CONTRERAS, Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad en González, Tamaulipas, hizo llegar las constancias relativas al cumplimiento de la presente recomendación; en específico las fotografías en donde se aprecia que se instalaron sanitarios para el uso de los detenidos en las celdas de la policía preventiva en Estación Manuel, Tamaulipas. En tal virtud y tomando en consideración que nuestra resolución pugnaba para que dichas celdas se acondicionaran, este Organismo tuvo por CUMPLIDA TOTALMENTE la Recomendación número 021/2004.

La señora SAN JUANA FLORES GARZA motivó la queja 85/2002-7 al denunciar prestación inadecuada del servicio público en su perjuicio por parte del comandante y agentes de la policía preventiva de Mante, Tamaulipas.

Manifestó la C. FLORES GARZA, que cuando se dirigía al Jardín de Niños a recoger a su nieta, fue alcanzada por elementos de la policía preventiva, los cuales le marcaron el alto y después de identificarse le dijeron que tenía que mostrarles su bolsa, ya que se trataba de un operativo, y como a ésta se le hacía tarde para ir por su nieta, les mostró lo que traía en el interior de la misma, y al solicitarles una explicación respecto del motivo de las molestias que le estaban ocasionando, dichos agentes le comunicaron que la habían seguido en virtud de que les dieron su descripción como probable sospechosa.

Al analizar los medios de prueba que obran en el presente expediente, efectivamente se logró advertir que los servidores públicos implicados, actuaron de manera arbitraria, en virtud de que la aquí agraviada no había realizado ninguna conducta indebida, y si bien es cierto que la autoridad implicada tiene la facultad de prevenir la comisión de delitos, ello no le permite atentar contra la privacidad de las personas, e invadir su esfera solamente por encontrarlas en actitud sospechosa, transgrediendo con su actuar lo establecido por el artículo 16 de nuestra Carta Magna.

Por lo anterior, se recomendó al Presidente Municipal de Mante, Tamaulipas, valorar la actuación de los servidores públicos que ejecutaron actos de molestia en contra de la señora FLORES GARZA, y en su caso, aplique las sanciones procedentes conforme a derecho.

Mediante oficio número 101/2004, de fecha 21 de abril de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Mante, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

La presente Recomendación tuvo su origen en la queja 171/02-R, cuando la C. JUANITA MARÍN SARMIENTO denunció violación a los derechos de los reclusos o internos en perjuicio de su finado hermano RAYMUNDO MARÍN SARMIENTO, por personal del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas.

Una vez que fueron analizados detenidamente los elementos probatorios allegados, y al acreditarse las imputaciones hechas por la quejosa, se recomendó al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, disponer lo conducente a fin de que se inicie el trámite del correspondiente procedimiento administrativo de investigación en contra del Ingeniero FERNANDO GUZMÁN DELGADO, entonces director del Centro de Readaptación Social número Dos de Reynosa, así como del personal médico adscrito bajo su mando, para determinar la responsabilidad que les resulte con motivo de la negligencia en brindar atención médica al ahora occiso MARIN SARMIENTO, y una vez concluido sea resuelto conforme a derecho. También se le recomendó al Director General en cita, para que a la brevedad posible se proceda a levantar un censo de los internos afectados de tuberculosis o de alguna otra enfermedad de carácter transmisible para que proceda a notificar a la Secretaría de Salud y se les otorgue la atención médica requerida, además de tomarse las medidas de prevención y control.

Se recibió copia de los oficios número 002034 y 002033, signados por el M.A.E. MANUEL DEL RIEGO DE LOS SANTOS, Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, el primero de ellos dirigido a la Directora Administrativa de dicha Dirección y el segundo al Director del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, a través de los cuales se les turnó copia de nuestra resolución a efecto de que iniciaran las gestiones pertinentes para atender lo recomendado. Posteriormente, mediante oficio número 002925, el Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social, remitió diversas constancias relativas al cumplimiento de la recomendación de mérito, en específico copia del oficio 173/04, signado por el Licenciado JOSÉ AMADO JIMÉNEZ ESTRADA, Director del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, a través del cual adjunta relación de internos en tratamiento diagnosticados con Tuberculosis Pulmonar y con VIH, información que fue enviada a la Jurisdicción Sanitaria No. 4 para su control médico; además con apoyo de la Secretaría de Salud se han realizado diversos estudios clínicos. Con base en las anteriores constancias, este Organismo tomó por CUMPLIDA TOTALMENTE la Recomendación 023/2004.

La C. ANGÉLICA MARÍA MACÍAS MENDOZA denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos en agravio de JOSÉ FIDENCIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ por parte de elementos de la policía ministerial con destacamento en Victoria, mismos que fueron calificados como golpes y desaparición forzada o involuntaria de personas.

Las probanzas allegadas al expediente 179/2002 no fueron suficientes para acreditar los golpes imputados; no obstante ello, de autos se acreditó que elementos de la policía ministerial trasladaron al agraviado a Soto la Marina, ejecutando por error una orden de aprehensión, que previamente había sido cumplimentada.

En tal virtud, se recomendó al Procurador General de Justicia del Estado, en su carácter de superior jerárquico, valorar la conducta asumida por los elementos de la policía ministerial del Estado que se encontraban al mando del comandante ARMANDO CONDE TORRES, en el momento en que acontecieron los hechos motivo del presente procedimiento, y/o quien resulte responsable de la aprehensión y traslado de JOSÉ FIDENCIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, y en su caso, emita las medidas correctivas y disciplinarias que estime pertinentes.

Mediante oficio número DJ/DH00805 del 13 de febrero del 2004, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito, por parte del Procurador General de Justicia en el Estado.

El día 17 de febrero nos fue informado el inicio del procedimiento administrativo número 11/2004, seguido en contra de los servidores públicos involucrados, y radicado en la Coordinación de Asuntos Internos de esa Procuraduría.

En virtud de lo anterior, en la actualidad esta resolución se considera como CUMPLIDA PARCIALMENTE.

El señor ALFREDO COLCHADO MARTÍNEZ se dolió ante esta Institución de detención arbitraria e ilícitos contra el honor por parte de elementos de la policía preventiva del municipio de Victoria.

Realizado el estudio de los elementos probatorios allegados al expediente de queja 87/2003, se pudo corroborar que la detención del quejoso se derivó en virtud de que se le encontró en posesión de droga; no obstante ello, se advirtieron dictámenes médicos expedidos tanto por perito médico de la Procuraduría General de la República como de esta Comisión, en los que se acreditó que el quejoso presentaba diversas lesiones, mismas que no fueron justificadas por la autoridad imputada, robusteciéndose ello además con las declaraciones de testigos, quienes de manera coincidente manifestaron haber observado cuando el Director de Seguridad Pública y Vialidad, y elementos a su mando, golpeaban al quejoso.

En tales circunstancias, se recomendó al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, en su carácter de superior jerárquico, instruir a quien corresponda la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias procedentes al personal de Seguridad Pública Municipal implicado en la presente resolución.

Mediante oficio sin número, de fecha 16 de febrero de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

El señor GERARDO OJEDA MORALES interpuso queja ante este Organismo en contra de personal del Centro de Readaptación Social número II de Reynosa, Tamaulipas, doliéndose de violación a los derechos de los reclusos o internos.

Aún y cuando de autos se observa que el quejoso expresamente se desistió de la queja 106/03-R, es de advertirse que reiteradamente fue solicitada información al Agente Segundo del Ministerio Público Investigador por hechos delictivos suscitados durante el procedimiento de la queja, sin que se haya obtenido respuesta alguna.

Se recomendó al Procurador General de Justicia, girar instrucciones al Licenciado GUADALUPE SALINAS HERNÁNDEZ, quien fungía como Agente Segundo del Ministerio Público Investigador en Reynosa, Tamaulipas, para que en lo subsecuente rinda los informes y demás documentación que se le solicite con motivo de las quejas que se interpongan ante este Organismo; así como también se recomendó para que se instaure en su contra el procedimiento administrativo a efecto de determinar la responsabilidad en que incurriera con su omisión, y hecho que sea lo anterior, se apliquen en su contra las medidas correctivas y disciplinarias.

La Recomendación de mérito fue aceptada mediante oficio número DJ/DH/00804 del 12 de febrero del 2004, firmado por el Procurador General de Justicia en el Estado. Al comunicado, se agregó documental en la que se acreditaban las instrucciones giradas al Agente Segundo del Ministerio Público Investigador de Reynosa, Tamaulipas, para que en lo subsecuente rindiera los informes que les solicitara este Organismo.

Posteriormente se nos informaría el inicio del procedimiento administrativo número DC-PGJE/86/2004, seguido en contra del servidor público implicado.

A la fecha, esta Recomendación se considera como CUMPLIDA PARCIALMENTE.

La C. ROSALBA PEÑA GARCIA, a través de la queja 74/2002-M, denunció actos violatorios de Derechos Humanos, calificados como allanamiento de morada e intimidación por parte de elementos de la policía ministerial del Estado con sede en Matamoros, Tamaulipas.

Refirió la citada quejosa que elementos de la policía ministerial se introdujeron ilegalmente al interior de su domicilio, sin que existiera motivo justificado para hacerlo, además de que su esposo ha recibido llamadas a su teléfono celular y le dicen en tono amenazante que se presente a las oficinas de la policía ministerial.

Del estudio realizado a las diversas constancias probatorias allegadas a esta Comisión, quedaron debidamente acreditadas las imputaciones vertidas en contra de los agentes ministeriales, al comprobarse que éstos, abusando del poder que otorga su investidura, se introdujeron clandestinamente al interior de la vivienda de la C. PEÑA GARCÍA, además de que respecto de la intimidación que refiere la aquí quejosa, existe la aceptación expresa por parte de la autoridad responsable en cuanto a que el directo agraviado recibió las llamadas telefónicas a su celular, arguyendo que las mismas se realizaron con el propósito de esclarecer el homicidio en el que presuntamente se encontraban involucrados los hijos de la citada quejosa, desprendiéndose de ello que las comunicaciones fueron efectuadas con fines intimidatorios, como lo manifiesta la reclamante.

Así las cosas, se acordó procedente recomendar al Procurador General de Justicia en el Estado, analice el comportamiento desplegado por los agentes NELSON MUÑÍZ LUCIO, JAVIER A. PONCE DEL CARMEN, y todos aquellos que hayan participado en los ilícitos denunciados por la C. ROSALBA PEÑA GARCÍA, lo cual una vez realizado, se establezcan las medidas correctivas disciplinarias pertinentes.

Mediante oficio número DJ/DH/0829, del 16 de febrero del 2004, el Procurador General de Justicia del Estado, nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Se nos informaría posteriormente el inicio del expediente 18/2004, radicado en la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría en contra de los servidores públicos involucrados, por lo que en la actualidad esta Recomendación se estima como CUMPLIDA PARCIALMENTE.

Dentro de la queja 218/03-T, el ciudadano JONATHAN GARCÍA GUILLÉN denunció detención arbitraria y falta de fundamentación y motivación legal en perjuicio del señor OSCAR GARCÍA RODRÍGUEZ, por parte de elementos de la policía preventiva municipal y juez calificador de la Zona Norte de Tampico, Tamaulipas.

Realizado el análisis de los antecedentes del presente asunto, resultó evidente que los funcionarios públicos sí cometieron irregularidades en su proceder al privar de la libertad al C. GARCÍA RODRÍGUEZ, sin que se justificara la legalidad de la detención; pues tomando en cuenta que del parte informativo levantado para el caso que nos ocupa, se señaló que el arresto fue motivado porque el señor JESÚS CASTILLO PUENTE, les dijo que el C. OSCAR GARCÍA RODRÍGUEZ, tenía a la venta en un negocio, una videograbadora que le había sido robada el 12 de julio del 2003, razón por la cual se le detuvo y trasladó. De lo anterior, es preciso señalar que la detención del señor GARCÍA RODRÍGUEZ, según consta en documento policial, se realizó el día 3 de agosto, es decir, casi un mes después de suceder el presunto atraco, dejando en claro que con ello violaron lo establecido por el artículo 12 del Bando de Policía y Buen Gobierno del lugar, en el que se advierte que la policía preventiva no debe aprehender ni privar de la libertad a persona alguna, salvo los casos de flagrancia, cuasiflagrancia o notoria urgencia. Referente a la imputación en contra del juez calificador, éste al tener conocimiento del parte informativo levantado con motivo de los hechos en comento, consideró necesario poner a disposición del Ministerio Público a OSCAR GARCÍA RODRÍGUEZ, por la responsabilidad que le resulte del documento policial, situación que en su momento causó perjuicio al agraviado sin tomar en cuenta que del citado documento policial se desprendía con claridad que al mismo se le había privado de su libertad de manera indebida, pues no se reunían los supuestos del artículo 12 del Bando de Policía y Buen Gobierno de esa localidad, lo que extrañamente no observó el Juez.

Por lo antes expuesto, se recomendó al Presidente Municipal de Tampico, instruir por escrito al director de Seguridad Pública, ordene a los elementos de esa corporación, se abstengan de practicar detenciones contrarias a lo dispuesto por el Bando de Policía y Buen Gobierno de esa localidad, así como también para que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias conforme a derecho a los agentes y juez calificador involucrados en los presentes hechos.

Esta Recomendación fue RECHAZADA por el Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, mediante oficio número 003860; situación que obligó a la CODHET a emitir acuerdo en fecha 19 de mayo de 2004 en los términos siguientes:

La señora MARÍA ISABEL CENDEJAS BECERRA expresó dentro de la queja 220/03-T, haber sido objeto de allanamiento de morada y detención arbitraria por parte de elementos de la policía preventiva de Madero.

Realizada una valoración lógica y jurídica de los antecedentes que obran en la queja de referencia, se decretó la no responsabilidad en cuanto al allanamiento de morada; no sucediendo así con respecto a la detención arbitraria, al quedar fehacientemente acreditado que la detención realizada se dio sin que se justificara la legalidad de la misma. Si bien, según informe del delegado de Seguridad Pública de ese lugar, a la señora CENDEJAS BECERRA, la detuvieron por pedimento de la C. MARTHA HERNÁNDEZ TELLO, por alterar el orden; en autos no se probaron esas afirmaciones, puesto que ninguno de los policías involucrados, señalan que ésta fuera sorprendida al momento de cometer la supuesta infracción, vulnerado con ello, lo dispuesto por el artículo 42 del Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, que señala que sólo podrán ser detenidas las personas que violen este Bando de Policía y Buen Gobierno o las leyes penales, al ser sorprendidas en flagrante delito o inmediatamente después de consumado éste o cometida la infracción; situación que no se materializó. Además, aunado a ello, la autoridad responsable no comprobó que se haya levantado un acta pormenorizada de los sucesos, situaciones omisivas que se traducen en otra irregularidad más en el proceder policial.

En consecuencia, se recomendó al Presidente Municipal de Madero, Tamaulipas, instruir al director de Seguridad Pública, ordene a los elementos de esa corporación, se abstengan de practicar detenciones contrarias a lo dispuesto por el Bando de Policía y Buen Gobierno de la localidad, así mismo, para que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias conforme a derecho a los elementos involucrados en los presentes hechos.

A través del oficio número 140/2004, fechado el 25 de febrero del 2004, el Secretario del Ayuntamiento de Madero, Tamaulipas, informó la aceptación de la Recomendación de mérito, además de enviar pruebas relativas al cumplimiento de su resolutivo primero.

Atendiendo a lo anterior, se tuvo por CUMPLIDA PARCIALMENTE la Recomendación de mérito, quedando supeditada su observación total a la valoración que se haga de la conducta de los servidores públicos involucrados.

La C. LUCILA LUGO QUIROZ denunció negativa, suspensión o prestación ineficiente del servicio público en contra del personal de la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen” de Soto la Marina, Tamaulipas.

Manifestó la reclamante que los maestros SERGIO CASTILLO MENDOZA y JUANA MARÍA ZÚÑIGA ACUÑA, faltan reiteradamente al citado centro de trabajo, situación que perjudica la educación de los niños, además de que en ocasiones, la hora de entrada a la escuela es a las 9:00 o después, y la hora de descanso la prolongan una hora u hora y media, y la hora de la salida es aproximadamente a las 11:00 o 12:00 a.m., siendo que está marcada por la Secretaría de Educación las 13:00 horas.

Cabe citar que la denuncia de la quejosa fue corroborada por múltiples declaraciones de ciudadanos de ese municipio, quienes se unieron a la petición radicada con el número 261/2003; además de que aunado a ello, obra constancia de fecha 5 de diciembre del 2003, elaborada por personal de la CODHET a las 11:43 horas, en la que asientan haberse constituido a las instalaciones que ocupa dicha Institución educativa, no encontrando en ella a persona alguna, por lo que se le cuestionó a un vecino del lugar, siendo su contestación coincidente con lo narrado por la quejosa.

Situación por la cual se considero pertinente recomendar al Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, en su carácter de superior jerárquico, instruir a quien corresponda, la aplicación de las medidas correctivas y disciplinarias que estime conducentes para el efecto de que se cumpla con el horario establecido para la impartición de la educación en la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen”, de Soto la Marina, con el objeto de garantizar una enseñanza de calidad.

La presente recomendación fue aceptada mediante el oficio número SECyD/DJ0171/2004, firmado por el LIC. ANTONIO HUERTA RAMOS, Director Jurídico de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado. Posteriormente, mediante oficio número 4510 de fecha 26 de agosto del año en curso, la autoridad informó que debido a la problemática existente en la Escuela Enrique C. Rébsamen de Soto la Marina, Tamaulipas, se procedió a realizar diversas acciones y tomar medidas para que el personal implicado cumpla con sus funciones laborales y académicas; así mismo, que el horario de labores se está cumpliendo correctamente de las 8:00 a las 13:00 horas, comprometiéndose además a mejorar su desempeño profesional y corregir cualquier error que se pudiera haber cometido, afirmando que actualmente ese plantel se encuentra laborando en un clima de tranquilidad y armonía. Visto lo anterior, este Organismo tuvo por CUMPLIDA TOTALMENTE la Recomendación 030/2004.

Esta Recomendación derivó de la queja número 60/02-T, que formulara el C. JOSÉ LUIS ARTEGA NERY, en contra de agentes de tránsito de Madero, Tamaulipas.

Estudiados que fueron los antecedentes del caso, resultó evidente la conducta irregular en el proceder de los servidores públicos involucrados, al quedar acreditado que la detención de JOSÉ LUIS ARTEAGA NERY, fue motivada, según informó la autoridad, porque participó en un accidente de tránsito y al llevarlo a la delegación para examinarlo clínicamente, se le detectó un primer grado de ebriedad, por lo que fue puesto a disposición del ministerio público. No obstante, que en el parte de accidente levantado con motivo de estos hechos por la Dirección de Tránsito Municipal se determinó la no responsabilidad del aquí quejoso, concluyendo entonces que el hecho de tránsito se generó por la falta de precaución al manejar a exceso de velocidad y rebasar por la derecha por parte del otro conductor involucrado en ese percance vial, quien presentaba también un primer grado de ebriedad. En estas circunstancias se advierte que los elementos de tránsito contrariaron lo establecido en el artículo 204 del Reglamento de Tránsito y Transporte el cual establece que para remitir a los participantes de un accidente ante la Representación Social, es necesario que del percance vial se desprendan hechos que puedan ser constitutivos de delito de los que se persiguen de oficio; pues si bien, en el parte informativo del accidente se refiere que existía una persona lesionada, la cual se conducía en el vehículo señalado como responsable, tal ilícito sólo era perseguible a petición de parte ofendida, por lo que, lo correcto hubiese sido que los agentes impusieran a los participantes del evento la multa correspondiente, mas no su consignación ante la autoridad investigadora de delitos, pues dentro del peritaje arrojado se establecía que el señor ARTEAGA NERY era considerado afectado por el accidente vial.

En esta tesitura, se recomendó al Presidente Municipal de Madero, valorar la conducta de los agentes de tránsito responsables, para que en su caso, conforme a derecho, se les apliquen las medidas disciplinarias procedentes.

Mediante oficio número J-139/2004, firmado por el C. LIC. J. ARMANDO MONTELONGO DURÁN, Secretario del R. Ayuntamiento de Madero, Tamaulipas, informó que el C. CRUZ UGALDE FIGUEROA, quien se desempeñaba como Perito de la Delegación de Tránsito Local, causó baja el día 19 de julio del 2002, lo que hizo constar con Acta de fecha 2 de agosto del 2002, levantada ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tampico, Tamaulipas. Visto su contenido, esta Comisión tuvo por CUMPLIDA TOTALMENTE la Recomendación 031/2004, puesto que la sanción máxima a imponer lo sería la destitución del cargo.

Mediante esta resolución se puso fin a la integración y estudio de la queja 116/02-T, interpuesta por los CC. JUAN LUIS HERNÁNDEZ CABRERA, CARLOS EDUARDO SALDAÑA DE LA CRUZ y MARCO ANTONIO GARCÍA SAUCEDO, en la cual se duelen de detención arbitraria por parte de elementos de la policía preventiva de Tampico, Tamaulipas.

Expusieron los reclamantes que al estar limpiando cristales de los vehículos, de pronto fueron sorprendidos por los ya citados elementos policiales, quienes de manera prepotente y arbitraria les ordenaron que se subieran a la patrulla, a la vez que los intimidaban, por lo que accedieron a subirse a la unidad, ello sin haberles indicado el motivo de su detención.

Estudiados los antecedentes del caso, se hizo evidente el proceder irregular de los funcionarios públicos, al haber detenido a dichos quejosos, sin que se justificaran los supuestos de flagrancia delictiva o de infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno. Pues si bien, del parte de novedades levantado para el caso en comento, se señala que los arrestos fueron motivados por petición de dos ciudadanos que solamente proporcionaron su nombre, y refirieron que los limpiavidrios les habían faltado al respeto, en autos no obran constancias de dichas denuncias, ya que ninguno de los oficiales involucrados precisa los generales de identificación de los presuntos denunciantes, ni señalan que los detenidos fueran sorprendidos al momento de cometerse la supuesta falta. Amén de que incluso de sus propias informativas, se desprende que éstos simplemente citan que “estaban tres muchachos limpiando vidrios de los carros”, evidencias que sin lugar a dudas permiten apreciar que los aquí agraviados no se encontraban cometiendo alguna conducta sancionable, y sí por el contrario, los policías con su actuar violentaron las garantías de seguridad jurídica de todo gobernado.

Así las cosas, se recomendó al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, instruya al director de Seguridad Pública Municipal, ordene a los elementos de esa corporación, se abstengan de practicar detenciones contrarias a lo dispuesto por el Bando de Policía y Buen Gobierno de esa localidad, así como para que aplique las medidas correctivas y disciplinarias conforme a derecho, a los agentes involucrados en los presentes hechos.

Esta recomendación tuvo su respuesta, mediante oficio 000999, de fecha 28 de febrero del 2004, mediante el cual el C.P. JORGE ARTURO ELIZONDO NARANJO, Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, comunicó la no aceptación de la misma, bajo el argumento de que sus facultades para sancionar a los responsables habrían prescrito de acuerdo a su particular interpretación del artículo 43 del Reglamento de la Corporaciones Policiales del Estado. La postura a detalle de la CODHET sobre el particular, puede consultarse en el seguimiento de la Recomendación 2/2004, en este mismo apartado.

La Recomendación señalada al rubro, derivó de la queja número 216/03-T, interpuesta por el C. LUCIO MÁRTIR MARTÍNEZ, quien se dolió de allanamiento de morada, detención arbitraria y lesiones, por parte de elementos de la policía preventiva de Tampico, Tamaulipas,

Al concluir el razonamiento y la valoración lógico-jurídica de las constancias allegadas a este Organismo, se advirtió que el señor MÁRTIR MARTÍNEZ, denunció que fue arbitrariamente detenido; que para poder llevárselo a la Delegación, los referidos policías penetraron a su domicilio sin permiso, y con violencia lo esposaron y golpearon; que según los servidores públicos, la detención se debió a una queja presentada en su contra por la señora ROSA ELIZABETH VÁZQUEZ CRUZ.

Cabe citar que a las imputaciones hechas por el quejoso se unieron a las testimoniales de sus hijas, quienes fueron testigos presenciales de los hechos y que de manera coincidente refirieron que policías preventivos se introdujeron a su casa y le aplicaron gas lacrimógeno en el rostro a su padre, tirándolo al suelo, poniéndole las “esposas” para golpearlo, sacándolo con violencia, principal prueba para tener por demostrada la responsabilidad de los funcionarios públicos. Ahora bien, en lo que hace al tema de las lesiones que presentara el señor LUCIO MÁRTIR MARTÍNEZ, del dictamen médico practicado por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, se desprende la existencia del daño físico causado, y que por sus características éste no pudo ser provocado solamente por el despliegue de la fuerza física necesaria para detenerlo, sino más bien refleja el ánimo de venganza o de castigo.

Por lo anteriormente citado, es claro que no existía causa alguna que eximiera de responsabilidad a los policías involucrados, puesto que su actuación irregular quedó fehacientemente acreditada.

En consecuencia, se recomendó al Presidente Municipal de Tampico, instruya al director de Seguridad Pública, ordenar a los elementos de esa corporación, se abstengan de practicar detenciones contrarias a lo dispuesto por el Bando de Policía y Buen Gobierno de esa localidad, así mismo, aplicar las medidas correctivas y disciplinarias conforme a derecho, a los agentes involucrados en los hechos, por haber actuado contrariando el orden legal.

Esta Recomendación fue inicialmente rechazada por la Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, bajo el ya analizado argumento de que sus facultades para sancionar a los servidores públicos habían prescrito de conformidad con su interpretación del artículo 43 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado.

Cabe señalar que ante tal rechazo, el quejoso LUCIO MARQUEZ MARTÍNEZ, interpuesto el recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, radicándose entonces el referido recurso en la Primera Visitaduría General de la CNDH, con el número 2004/221/TAMPS/1/I, en el marco del cual la Presidencia Municipal de Tampico, Tamaulipas, acreditó haber dado cumplimiento a los dos puntos recordatorios.

En razón a lo anterior, por acuerdo del día 9 de noviembre de 2004, la Recomendación se estimó como CUMPLIDA TOTALMENTE.

La C. BLANCA ESTHELA LÓPEZ HERNÁNDEZ, motivó la queja 095/2003, en la cual se dolió de ilícitos contra el honor por parte de elementos de la policía preventiva de Victoria, Tamaulipas.

Expresó la señora LÓPEZ HERNÁNDEZ, que cuando circulaba en su vehículo en compañía de sus dos menores hijos, así como de dos personas más, apodados “el tata” y “el pato”, se le atravesó una patrulla de la policía preventiva, manifestándole que le iban a realizar una revisión corporal y en dicha revisión le encontraron a “el tata” un cigarrillo de marihuana, sin embargo, refiere la quejosa que en dicho acto, los servidores públicos la trataron inadecuadamente al bajarla del vehículo a empellones y utilizar un lenguaje obsceno en el momento en que realizaban la detención, además que cuando ya se encontraban en las instalaciones de la policía municipal, el oficial de barandilla le realizaba señalamientos indecorosos, a la vez que era acosada.

Del estudio minucioso realizado a las pruebas allegadas a los autos, se acreditó plenamente la responsabilidad de los elementos de referencia, así como del oficial de barandilla. Se razonó además, que no obstante de que se cometa una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno o una conducta delictiva, ello no justifica que los encargados de la seguridad pública realicen vejaciones a las personas que son detenidas.

Por lo expuesto, se recomendó al Presidente Municipal de Victoria, en su carácter de superior jerárquico, instruya a quien corresponda la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias para efecto de que los agentes de la policía preventiva realicen sus funciones con estricto apego a derecho, respetando a las personas que sean detenidas.

Mediante oficio sin número, de fecha 16 de febrero de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

Esta resolución derivó de la queja 101/2003, motivada por la C. CARLOTA LEIJA DE LEÓN, quien denunció irregularidades en la defensoría de oficio, por parte del defensor de oficio adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto de Miguel Alemán, Tamaulipas.

Expresó la C. LEIJA DE LEÓN que su hermano de nombre MATEO LEIJA DE LEÓN, se encuentra procesado por el delito de lesiones, dentro de la causa penal 185/2002, radicada ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Sexto Distrito Judicial en el Estado, considerando que el defensor de oficio adscrito al citado órgano jurisdiccional no ha prestado la atención adecuada al procedimiento instruido en contra de su hermano, siendo deficiente su defensa.

Estudiados los medios probatorios que obran en el expediente, efectivamente se advirtieron deficiencias en la defensa del señor MATEO LEIJA DE LEÓN, ya que de las constancias que integraron la causa penal de referencia, se observa que dentro del periodo de instrucción no se promovió probanza alguna tendiente a defender los intereses del procesado, y si bien el defensor de oficio fue nombrado hasta el mes de febrero de 2003 y el periodo de instrucción dio inicio con el auto de formal prisión dictado el 7 de junio de 2002, ello no reviste un obstáculo para que dicho servidor público solicitara aquellos elementos probatorios tendientes a una adecuada defensa, dilatando el procedimiento en perjuicio del interno LEIJA DE LEÓN, trastocando con su actuar, lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley Suprema, en el que se plasma el derecho a una administración de justicia pronta y expedita.

En esa tesitura, se recomendó al Director General de Defensorías de Oficio, en su carácter de superior jerárquico, valorar la conducta desplegada por el C. Licenciado RAYMUNDO EDGAR GONZÁLEZ BARRERA, Defensor de Oficio adscrito al Juzgado de Primera Instancia Penal y Menor Mixto de Miguel Alemán, Tamaulipas, y en su caso, gestione la aplicación de las medidas correctivas y disciplinarias que estime conducentes, a efecto de que los defensores de oficio proporcionen una adecuada defensa a los procesados bajo su encomienda. De igual forma, se dio vista al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de la presente resolución, para el efecto de que valore la actuación del titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Mixto de Miguel Alemán, y en su caso, dicte las medidas correctivas que estime pertinentes.

Esta Recomendación fue aceptada mediante el oficio número 00381, del 11 de febrero 2004, firmado por el Director de la Defensoría de Oficio del Estado.

Sin embargo, a pesar de los oficios recordatorios enviados, a la fecha carecemos de pruebas relativas a su cabal cumplimiento.

Se emitió la Recomendación en cita, derivada de las quejas número 184/2001 y 252/2002, que presentara el C. OMAR RODRÍGUEZ CARRANCO, en contra de actos realizados por parte del presidente municipal, delegado de tránsito, gerente general provisional de la COMAPA, agente del ministerio público investigador, comandante y agentes de la policía ministerial, comandante de la policía preventiva y delegado de seguridad pública, autoridades con residencia en Padilla, Tamaulipas.

En primer término, por lo que se refiere a la actuación del presidente municipal, el señor OMAR RODRÍGUEZ CARRANCO, manifestó que presentó un escrito ante el C. GUADALUPE SENA RODRÍGUEZ, entonces presidente municipal, a través del cual le solicitaban la aplicación de recursos federales del ramo 033 en obras de prioridad, consistente en la construcción de una planta purificadora de agua, una tratadora de aguas negras y la reconstrucción de la red de agua potable y drenaje de la cabecera municipal, sin haber obtenido una respuesta favorable a tal petición. De igual forma, señaló que el presidente se había comprometido a cancelar los recibos correspondientes al consumo de agua y aplicar tarifas de veinte pesos para las personas que no cuentan con servicio de drenaje, y treinta pesos para quienes si cuentan con ese servicio; sin embargo la gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de ese municipio, Licenciada TOMASA CISNEROS REYES, desconoció tales tarifas, incumpliendo con el compromiso adquirido por la Presidencia Municipal de Padilla. En relación con lo anterior, es de precisarse que efectivamente la servidora pública de referencia, manifestó ante esta Comisión, que no se aplicarían las tarifas antes mencionadas, en virtud de que el presidente municipal no está facultado para establecer tarifas relativas al consumo de agua. Al respecto, se desprende que la gerente general de la COMAPA de esa localidad, actuó conforme a las disposiciones previstas en la legislación aplicable, y por el contrario el M.V.Z. SENA RODRÍGUEZ, indebidamente pretendió establecer tarifas para el pago de consumo de agua, asumiendo atribuciones que no le competían. En esos términos, se logró advertir que el entonces presidente municipal de Padilla, vulneró los derechos fundamentales de los habitantes de ese asentamiento humano, al omitir dar cumplimiento al derecho de petición del quejoso, y por otra parte, al ejercer el cargo más allá de sus funciones, atribuyéndose facultades que no le fueron conferidas como el establecimiento de tarifas por el consumo de agua potable; sin embargo, es de considerarse que el periodo para el cual fue electo como presidente municipal de Padilla, terminó en el año 2001, por lo que desapareció substancialmente la materia de la queja, por lo que en este aspecto lo procedente fue emitir acuerdo de sobreseimiento.

Por lo que se refiere a la violación al derecho al desarrollo y a la protección de la salud, argumentados por el reclamante, consistentes en que las autoridades de la COMAPA de Padilla, han omitido la realización de obras que permitan que ese municipio cuente con un sistema de agua potable y alcantarillado adecuado, para evitar que el agua que consuman los habitantes se encuentre contaminado, y por ende se produzcan enfermedades entre los consumidores; obran en autos del sumario, oficio signado por el C. Licenciado SERGIO AVENDAÑO TRIANA, administrador de la Junta de Administración, Operación y Mantenimiento del Agua, en donde afirma que el vital líquido es de buena calidad, condición y potabilizado; así como informe remitido por la Licenciada TOMASA CISNEROS REYES, gerente general de la COMAPA-Padilla, en el que se señala que las condiciones en que se encuentra el agua suministrada por dicha Comisión, cuenta con la calidad establecida por las normas mexicanas impuestas por el gobierno federal; documentales que si bien establecen que el vital líquido es apto para el consumo humano, en los mismos no se anexan los estudios que se realizaran para acreditar que el agua cuenta con los requerimientos exigidos por la Norma Oficial Mexicana de la materia, y por otra parte, del oficio signado por el director general del Recurso de Agua, a través del cual anexa resultados de los estudios físico, químico y bacteriológicos realizados por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, los cuales versan sobre muestras extraídas en el mes de marzo del 2000, éstos no permiten que se llegué a la certeza de que el vital líquido, en la actualidad satisfaga los requerimientos sanitarios que aseguren el derecho a la protección de la salud.

En consecuencia, se solicitó al Secretario de Salud en el Estado, tomara las medidas conducentes para la solución de la problemática de salud, derivada de la posible contaminación del agua suministrada por la COMAPA, sin haber recibido respuesta de su parte.

De igual forma, se le requirió al director general del Recurso de Agua, informara si el agua que se suministra al Municipio de Padilla, es apta para su consumo y suficiente en cantidad para dotar a la población de dicho municipio, siendo omiso a nuestra petición.

En otro orden de ideas, refirió el C. OMAR RODRÍGUEZ CARRANCO, que el día 4 de septiembre de 2002, al estar con otras personas manifestándose de manera pacífica por los altos cobros exigidos por el consumo de agua, se presentaron diversas autoridades, amenazándolos con sus armas y solicitándoles se retiraran del lugar en el que se encontraban; al respecto, obra informe rendido por el delegado regional zona centro de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en el que precisó que efectivamente, se hizo necesaria la presencia de los elementos de la policía ministerial, en el Municipio de Padilla, en razón a que un grupo de personas no permitían la normal reanudación del servicio público de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, quienes manifestaron que no estaban dispuestos a permitir el acceso a las oficinas de dicha dependencia; aunado a ello, refirió que se había dado inicio a la averiguación previa penal número 97/2002, a raíz de la denuncia presentada por la C. TOMASA CISNEROS REYES, Gerente General de la COMAPA de Padilla, anexando copia certificada de la citada indagatoria, de la cual se desprende que la denunciante expresó que el C. OMAR RODRÍGUEZ y otros, se encontraban obstruyendo el acceso, ya que se inconformaban con el cobro del consumo de agua.

De los anteriores elementos probatorios, podemos establecer que si bien, existió la presencia de diversos elementos de la policía ministerial así como de otras corporaciones, tal actuación se debió a que el aquí quejoso, en compañía de un grupo de personas obstruían el acceso a las instalaciones de la citada Institución, por lo que la actuación de la autoridad no vulneró los derechos humanos de los manifestantes, máxime que de las actuaciones que integran el expediente, no se desprende que dichos servidores públicos reflejaran un trato inadecuado hacía los mismos, por lo que fue procedente emitir acuerdo de no responsabilidad a favor de los elementos de la policía ministerial del Estado, agente del ministerio público investigador, policía preventiva y delegado de seguridad pública del municipio de Padilla, en virtud de que la presencia de tales servidores públicos, obedeció al desahogo de diligencias de carácter ministerial, siendo ajustada su actuación a derecho.

Por lo anteriormente expuesto, se recomendó al Presidente Municipal de Padilla, Tamaulipas, gestionar ante quien corresponda, el inicio de las investigaciones necesarias para establecer si el agua suministrada al municipio de Padilla, cuenta con la calidad requerida por las normas vigentes, y en su caso, tome las medidas necesarias para garantizar la satisfacción de tales ordenamientos, con la finalidad de evitar sea vulnerado el derecho a la protección de la salud. Así mismo, se remitió copia de la resolución de mérito, al Secretario de Salud en el Estado, y al Director General del Recurso de Agua en el Estado, para que en el ámbito de su competencia realicen la intervención correspondiente para el efecto de garantizar que el suministro de agua potable en dicho municipio, sea apto para el consumo humano.

Mediante oficio sin número, de fecha 2 de marzo de 2004, firmado por el Presidente Municipal de Padilla, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

La Recomendación señalada puso fin a la integración del expediente 031/2003/SF, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. FRANCISCO HERNÁNDEZ IGNACIO, en contra de elementos de la policía preventiva de San Fernando, Tamaulipas.

Una vez que se realizó un minucioso análisis a todas y cada una de las constancias que integran el expediente, esta institución llegó a la conclusión de que efectivamente los CC. FRANCISCO JAVIER GRACIA JASSO y ALEJANDRO RENTERÍA FERREL, agentes de la policía municipal, incurrieron en irregularidad al efectuar la detención del señor HERNÁNDEZ IGNACIO, situación que quedó acreditada con la constancia realizada por personal de este Organismo, de la que se desprende que al realizar una visita carcelaria en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal de esa localidad, se encontraba en el interior de una celda el aquí quejoso, quien de inmediato manifestó su inconformidad sobre su detención. En virtud de que en ese momento se encontraba presente un oficial de guardia, se le cuestionó sobre el motivo por el cual se había efectuado la detención del agraviado, respondiendo que se le había encontrado en estado de ebriedad, a lo cual se le hizo de su conocimiento que esa situación no se encontraba establecida como falta al Bando de Policía y Buen Gobierno de ese Municipio. Hecho lo anterior, la autoridad implicada trató de justificar tal irregularidad, señalando que reportaron al aquí reclamante vía telefónica, y que éste se encontraba alterando el orden público, ya que arrojaba piedras a las personas que pasaban por el lugar donde se encontraba, sin que se haya acreditado tal situación y mucho menos que alguien haya solicitado su intervención; comprobando con ello que los elementos preventivos infringieron con su actuar lo establecido por el artículo 16 de nuestra Constitución General.

Así mismo, se logró advertir que el juez calificador adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ordenó al agente policial VÍCTOR HUGO PÉREZ, quien en ese momento tenía a cargo el libro de remisiones, que le agregara en la parte inferior de lo asentado en dicha remisión “y dicha persona se encontraba arrojando piedras a las casas”, tratando de justificar la detención del señor FRANCISCO HERNÁNDEZ IGNACIO al agregar un motivo más. Aunado a ello, incumplió con el procedimiento señalado en el Bando de Policía y Buen Gobierno de esa localidad, el cual debió seguirse ante la supuesta comisión de la falta administrativa que se le imputaba al citado quejoso.

En esas circunstancias, se recomendó al Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, ordene a quien corresponda, dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los CC. FRANCISCO J. GRACIA JASSO y ALEJANDRO RENTERÍA FERREL, agentes de la policía preventiva municipal de esa localidad. De igual forma, para que valore y en su caso, sancione la actuación del Licenciado ROMMEL RAMÍREZ BRIONES, Juez Calificador adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y al agente policial VÍCTOR HUGO PÉREZ.

Mediante oficio sin número, de fecha 25 de marzo de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito; se agregaron posteriormente, constancias de haber sancionado con una SUSPENSIÓN POR EL TERMINO DE 15 DÍAS DE SUS FUNCIONES a los policías preventivos FRANCISCO JAVIER GRACIA JASSO y ALEJANDRO RENTERÍA FERREL, así como al Juez Calificador ROMMEL RAMÍREZ BRIONES, ante lo cual esta Recomendación se tiene por CUMPLIDA TOTALMENTE.

Recomendación 038/2004.

El C. JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TOVAR, a nombre propio y en representación de los CC. ELVIA GARCÍA HERNÁNDEZ y JOSÉ ROSARIO RIVERA SERNA, motivó la queja 144/02-R, en contra de elementos de la policía preventiva municipal de Reynosa, Tamaulipas, haciéndola consistir en:

Detención arbitraria cometida en agravio del C. JOSÉ ROSARIO RIVERA SERNA; allanamiento de morada directamente en su perjuicio; e injurias, golpes y lesiones que le fueron inferidas al propio C. HERNÁNDEZ TOVAR, por parte de los servidores públicos que efectuaron su detención.

Estudiados los medios de prueba que obran en los autos, respecto de la detención arbitraria denunciada, se desprenden elementos probatorios suficientes para tenerla por acreditada, principalmente por la propia imputación del agraviado, quien señaló que al acudir al domicilio de JOSÉ GABRIEL a dejarlo, fueron abordados por dos elementos de la policía preventiva quienes tripulaban una patrulla, los cuales les dijeron que se los iban a llevar detenidos y al reclamarles JOSÉ GABRIEL el motivo, puesto que sólo estaban tomando en forma tranquila, se le fueron encima, pero al evadirlos y darse a la fuga, como no pudieron detenerlos, pidieron apoyo de otra patrulla, y al llegar procedieron a detenerlo a él con lujo de violencia, para trasladarlo a la Delegación de Seguridad Pública donde le pidieron que soplara en un tubo, para posteriormente, por la tarde dejarlo en libertad sin cobrarle multa, y sin darle explicación alguna, robusteciendo su dicho las informativas de los CC. JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TOVAR y ELVIA GARCÍA HERNÁNDEZ, a quienes les constan los hechos, por ser testigos presenciales del evento.

En lo relativo a las lesiones de que se doliera el aquí promovente, obra en el sumario, certificado médico expedido por la Delegación de Reynosa de la Cruz Roja, realizado al aquí afectado, el cual se fortalece con el dictamen de ebriedad y lesiones que le fuera practicado por la autoridad responsable, en el que se asentara que el mismo presentaba lesiones, medios de prueba que le conceden apoyo legal a la imputación del quejoso, en el sentido de que fuera golpeado y lesionado por los elementos aprehensores.

En lo concerniente a las injurias de que se doliera el reclamante, su dicho se fortaleció con las testimoniales de los CC. ELVIA GARCÍA HERNÁNDEZ y JOSÉ ROSARIO RIVERA SERNA.

Por lo anteriormente expuesto, se recomendó al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, aplique las medidas correctivas y disciplinarias en contra de los elementos de la policía preventiva de nombres ALBERTO DÍAZ y AHMED CAMPOS, por las irregularidades cometidas en agravio de los CC. JOSÉ ROSARIO RIVERA SERNA y JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TOVAR.

Nuestra resolución fue aceptada a través del oficio número 83/04, firmado por el C.P. VÍCTOR MANUEL OLVERA DE SANTIAGO, Contralor Municipal el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. Posteriormente, mediante oficio número 130/04, informó a este Organismo que se determinó imponer una sanción consistente en AMONESTACIÓN al oficial ALBERTO DIAZ; y por lo que se refiere al C. ALVAR AHMED CAMPOS QUINTANILLA, éste causó BAJA como servidor público; analizado su contenido, si bien se sancionó a los servidores públicos de referencia, esta Comisión considera dicha sanción insuficiente, en virtud de que la detención del hoy quejoso se llevó a cabo sin que para ello existiese mandato de autoridad competente, además en dicha detención le ocasionaron diversas lesiones, violentando con ello sus garantías de seguridad jurídica consagradas para todo gobernado. Por lo anterior, se tuvo por CUMPLIDA INSATISFACTORIAMENTE la recomendación 038/2004.

Se radicó la queja número 078/03-T, por comparecencia de la C. MARÍA DE JESÚS CRUZ MARTÍNEZ, quien denunció lesiones y prestación ineficiente del servicio público, por parte de agentes de la policía ministerial adscritos en Madero, Tamaulipas.

Refirió la quejosa que el día 1 de marzo del 2003, cuatro policías ministeriales detuvieron a su hijo JUAN ANTONIO NÚÑEZ CRUZ, trasladándolo a la Delegación de Seguridad Pública, para posteriormente sacarlo de dicha corporación el día 2, golpeándolo en diversas partes del cuerpo, por lo que tuvieron que trasladarlo al Hospital “Carlos Canseco” de Tampico, en donde fue atendido, siendo dado de alta alrededor de la 1:00 a.m. del día siguiente. No obstante, el día 4 de marzo éste fue sacado de las celdas de Seguridad Pública Municipal, para ser trasladado al Centro Preventivo de Readaptación Social de Tampico, por policías ministeriales, percatándose la señora CRUZ MARTÍNEZ que su hijo JUAN ANTONIO se agachaba y se tomaba el estomago.

Realizado el estudio de las constancias que integran el expediente de queja, se encontró fehacientemente acreditado que el C. JUAN ANTONIO NÚÑEZ MARTÍNEZ, presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, toda vez que obra en autos dictámenes practicados tanto por el Hospital “Dr. Carlos Canseco” como el realizado por el Doctor JOSÉ OTHÓN HERNÁNDEZ SOBREVILLA, médico legista adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, en donde se demuestra que dicha persona estaba lesionada; sin embargo, lo que no se establece es el nexo causal entre las lesiones y los agentes ministeriales, toda vez que del informe rendido por el comandante de la policía ministerial, éste señaló que ningún elemento policial a su mando había tenido intervención en los hechos denunciados por la aquí quejosa; hecho que se corroboró con lo informado por la Juez Cuarto de Primera Instancia Penal, al señalar que dentro de la causa penal señalada en contra del agraviado, se cuenta con el parte informativo rendido por los CC. SILVERIO COBOS HERNÁNDEZ y LUIS JOSÉ RODRÍGUEZ OLIVA, agentes de la policía preventiva que realizaron dicha detención; así mismo, con lo manifestado en el informe rendido por el Delegado de Seguridad Pública, quien señaló que la detención del hoy agraviado la efectuaron elementos preventivos y que no existe registro de las personas que fueron a visitar al C. NÚÑEZ CRUZ, acreditándose con lo anterior, que la detención la realizaron agentes de la policía preventiva y no agentes de la policía ministerial. En estas circunstancias, lo procedente fue emitir acuerdo de no responsabilidad, a favor de los agentes ministeriales, en virtud de que no existen suficientes medios probatorios que acrediten su responsabilidad en los hechos denunciados.

No obstante lo anterior, del dictamen médico dictado por el Director del Hospital General “Dr. Carlos Canseco”, se desprende que el señor NÚÑEZ CRUZ fue trasladado al centro penitenciario, desde la delegación de la policía preventiva y que iba en calidad de detenido, siendo esto el 25 de febrero del 2003, por lo que se confirma que las lesiones presentadas por el C. JUAN ANTONIO le fueron inferidas en la época en que éste se encontraba bajo custodia de los policías preventivos, hecho que resulta innegable, pues dichos servidores públicos realizaron tal detención el día 24 de febrero, sin mencionar que el hoy agraviado estuviese golpeado, y aún en el supuesto de que hubiese sido así, resultaría injustificable el porqué llevarlo a atender hasta el 25 de febrero, puesto que es responsabilidad de los agentes salvaguardar la integridad física de las personas cuando estén bajo su resguardo, por lo que con dicha conducta incurrieron en irregularidades.

Por las consideraciones expuestas, se recomendó al Presidente Municipal de Madero, Tamaulipas, ordenar la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa a los agentes de la policía preventiva implicados, y en su caso, aplique las medidas correctivas y disciplinarias procedentes, sin perjuicio de dar vista al ministerio público, de ser necesario, conforme a la ley.

Mediante oficio número 155/2004, de fecha 4 de marzo de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Madero, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

La presente Recomendación fue motivada por la queja 135/2003, formulada por el C. ESTEBAN CARRIZALES NAVARRETE, quien denunció detención arbitraria y golpes, imputados a agentes de la policía ministerial, con destacamento en Tula, Tamaulipas.

En relación con la detención arbitraria, el señor CARRIZALES NAVARRETE refirió que, cuando él se encontraba en la clínica del Seguro Social, arribaron elementos de la policía ministerial, preguntándole si le apodaban “el mono”, a la vez que un doctor que ahí se encontraba le cuestionó sí había reñido con la persona que ocasionara el accidente vial en el que su hijo resultara lesionado, negando tal imputación, lo que ocasionó que un elemento policial le preguntara con voz fuerte sí se había peleado o no, contestándole que no, hecho que ocasionó que lo detuvieran, llevándolo a la comandancia de la policía ministerial, donde el comandante de dicha corporación ordenó que lo regresaran a la clínica; situación corroborada con las declaraciones informativas de los CC. MARTINA MONTALVO HERNÁNDEZ y RAÚL ARMANDO AHUMADA VALENZUELA; ahora bien, en el informe rendido por la autoridad se estableció que el señor ESTEBAN CARRIZALES NAVARRETE se encontraba alterando el orden público, sin que ello justifique la actuación de los agentes policiales, pues en todo caso se trataba de una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno, en donde le competía actuar a la autoridad municipal. No obstante, de que con la declaración informativa del C. RAÚL ARMANDO AHUMADA VALENZUELA, se desvirtuó que el señor ESTEBAN se encontrara alterando el orden.

Ahora bien, en lo referente a los golpes de que se doliera el aquí reclamante, no existen medios de prueba suficientes que permitan acreditar fehacientemente lo denunciado, por lo que se emitió acuerdo de no responsabilidad a favor de los policías ministeriales implicados. No así de la detención arbitraria referida, razón por la cual se recomendó al Procurador General de Justicia en el Estado, valore la conducta desplegada por los agentes de la policía ministerial del Estado, que participaron en la detención del C. ESTEBAN CARRIZALES NAVARRETE, y en su caso, emita las medidas correctivas y disciplinarias que estime conducentes.

La Recomendación de mérito fue aceptada mediante oficio número DJ/DH0888 de fecha 23 de febrero del 2004, firmado por el Procurador General de Justicia del Estado.

El 26 de febrero de 2004, se nos comunicó el inicio del procedimiento administrativo número 17/2004, radicado en la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría, en contra de los servidores públicos involucrados ULISES RODRÍGUEZ RABISHKI Y LUIS PEDRO BOTELLO SALINAS. En consecuencia, esta Recomendación se estima como CUMPLIDA PARCIALMENTE.

Esta resolución derivó de la queja que motivara el señor ARTURO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, en contra del defensor de oficio adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Reynosa, Tamaulipas, radicándose bajo el número 37/03-R.

Dentro de la citada queja, expresó el promovente que el referido servidor público ha sido omiso en proporcionarle la asesoría jurídica que requiere con motivo del proceso que se le instruye, lo que le ha impedido comprobar su inocencia, puesto que lo están confundiendo con un homónimo.

Efectuado el análisis del expediente que nos ocupa, se pudo advertir que del informe que le fuera solicitado por este Organismo, quedó fehacientemente acreditado que el servidor público de referencia se condujo con falsedad puesto que informó hechos no verídicos, demostrando con su conducta irregular su nula disponibilidad para colaborar con la CODHET.

Por cuanto respecta al motivo principal de la queja, si bien éste estuvo presente en la declaración preparatoria del procesado, ésta fue su única participación en el proceso, pues a la fecha su actuación sigue siendo omisa, circunstancia que en consecuencia deja al inculpado en estado de indefensión.

Así las cosas, se recomendó al director de la Defensoría de Oficio, a efecto de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra del servidor público de referencia, por las irregularidades en la defensoría de oficio en que incurriera durante la defensa del quejoso ARTURO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, por la instauración en su contra de la causa penal 189/99; y de igual forma se le giren instrucciones para que cuando se le soliciten informes relacionados con las quejas que se integren ante este Organismo los rinda oportunamente, conduciéndose con veracidad en los hechos informados. Así mismo, gestione la aplicación de las medidas correctivas y disciplinarias por las irregularidades en la defensoría de oficio en que incurriera durante la defensa del quejoso, girándole instrucciones precisas para que promueva dentro del proceso penal 189/99, todas aquellas probanzas tendientes a demostrar la inocencia que aduce su defenso, para lo cual deberá entrevistarse con el reo HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, y asesorarlo debidamente en su lugar de reclusión.

Esta Recomendación fue aceptada mediante el oficio número 583, de 24 de febrero de 2004, firmado por el Director de la Defensoría de Oficio del Estado.

Se acreditó en primer término que el servidor público fue instruido en los términos solicitados; así como que actualmente se sigue en su contra el procedimiento administrativo DC-SGG-011-2004, aguardándose en consecuencia la conclusión del citado procedimiento.

Esta Recomendación derivó de la queja que presentara el C. JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL RODRÍGUEZ, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos por parte de agentes de la policía preventiva municipal de Mante, Tamaulipas, radicándose bajo el número 088/2002-7.

Una vez analizadas las constancias allegadas a este Organismo, se pudo advertir como acreditado en autos, que efectivamente como lo refiere el quejoso, los agentes aprehensores cometieron irregularidades en su actuar, al detenerlo arbitrariamente pues del informe rendido por la autoridad se desprende que el aquí quejoso y sus acompañantes fueron detenidos por encontrarse en estado de ebriedad y alterando el orden, sin que se precisara de qué forma alteraban el orden y cómo detectaron que se encontraban en estado de ebriedad; además que de las declaraciones de los agentes existen una serie de discrepancias respecto a los hechos, por lo que se le resta valor probatorio a sus versiones. De lo anterior se deduce que acreditada la ilegalidad de la detención del quejoso, por consecuencia también sería el cobro de la multa impuesta, pues el juez calificador que conoció de las supuestas faltas cometidas por el quejoso, al tomar conocimiento de los hechos y al entrevistarse con los elementos policiales y el ahora agraviado, éste debió de haberse percatado que el aquí quejoso y sus acompañantes no habían sido encontrados en flagrante trasgresión al Reglamento de Policía de ese municipio, por lo que debió dejarlos en inmediata libertad sin cobrarles multa alguna, situación que nos lleva a establecer que no realizó adecuadamente el procedimiento para imponer sanciones.

Por lo anteriormente citado, se emitió Recomendación al Presidente Municipal de Mante, Tamaulipas, a fin de que dicte y aplique las medidas correctivas y disciplinarias procedentes en contra de los elementos de la policía preventiva que detuvieron arbitrariamente al C. JOSÉ GUADALUPE VILLARREAL RODRÍGUEZ; de igual forma, valore la actuación del juez calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que calificó la detención del quejoso, toda vez que no dio cumplimiento al procedimiento que se debe seguir para la imposición de sanciones, e impuso una multa al mismo, a pesar de que éste no había cometido infracción alguna.

Mediante oficio número 43/2004, de fecha 21 de abril de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Mante, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

Se emitió la Recomendación en cita, derivada de la quejas número 122/02-L y 023/03-L, que presentara la señora GUADALUPE TORNER PÉREZ, en contra de actos realizados por los CC. Licenciados ELIZABETH HERNÁNDEZ ARREDONDO y RAÚL SERNA AGUILAR, defensores de oficio adscritos a los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Expresó la quejosa no haber recibido la asesoría adecuada por parte de la C. Licenciada ELIZABETH HERNÁNDEZ ARREDONDO, con motivo de los procesos penales 277/2002 y 384/2002.

Del análisis minucioso de las constancias que integran el presente sumario, se desprende que no están acreditadas las violaciones de derechos humanos de que se duele dicha quejosa, toda vez que la servidora pública implicada, compareció adecuadamente a las diversas diligencias y actos del proceso, además que de las pruebas recabadas en autos se deduce que su actuación estuvo apegada al orden legal, al demostrarse que intervino en forma permanente en las causas penales antes señaladas, por tal razón, en lo que respecta a estos actos reclamados, esta comisión estimó procedente dictar acuerdo de no responsabilidad; no así de la conducta irregular en la que incurrió el C. Licenciado RAÚL SERNA AGUILAR, pues del estudio realizado a la queja, se advirtió que este organismo no recibió contestación alguna por parte de dicho funcionario a la solicitud de informe que se le hiciera, no obstante de que en múltiples ocasiones personal de esta comisión se entrevistó en forma personal y vía telefónica con el referido defensor de oficio, solicitándole se sirviera dar cumplimiento a nuestra solicitud, siendo por demás omiso. Por otra parte, cabe señalar que dentro de los autos del expediente en cita, existe constancia recabada por la Quinta Visitaduría de este organismo, en la que se hace constar el estado que guardan en la actualidad los expedientes 295/992 y 447/2002, y en cuanto a la actuación del defensor de oficio referido, se advirtió que su intervención no ha sido la necesaria ni la adecuada.

Así las cosas, se recomendó al Director de la Defensoría de Oficio, aplique las medidas correctivas y disciplinarias en contra del C. Licenciado RAÚL SERNA AGUILAR, por las irregularidades en que incurriera durante la defensa de la quejosa GUADALUPE TORNER PÉREZ, dentro de los procesos de referencia.

El Director de la Defensoría de Oficio en el Estado, mediante oficio sin número de fecha 24 de febrero del 2004, comunicó la aceptación de la recomendación de mérito.

Obra en el presente Seguimiento copia de la instrucción girada al Licenciado GUILLERMO RAÚL SERNA AGUILAR, Defensor de oficio adscrito al juzgado Segundo de lo Penal en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que en lo subsecuente rinda en tiempo y forma los informes que le sean solicitados por esta Comisión. Además, se nos comunicó la radicación del procedimiento de responsabilidad administrativa número DC-SGG/010/2004, ventilado en el Órgano de Control de la Secretaría General de Gobierno.

A la fecha esta Recomendación se considera como CUMPLIDA PARCIALMENTE.

La Recomendación en cita fue emitida en virtud de la denuncia interpuesta por el C. JOSÉ DE JESÚS ORTÍZ RANGEL, quien la hizo consistir en ilícitos contra el honor en su modalidad de golpes y violencias físicas, por parte de un agente de tránsito del municipio de Tampico, Tamaulipas.

Expresó el señor ORTÍZ RANGEL que fue detenido por un agente de tránsito, el cual, después de solicitarle que se bajara del automóvil sin motivo alguno lo empezó a gasear en la cara, esposándolo para después solicitar apoyo, por lo que momentos más tarde llegaron otros elementos, los cuales también lo gasearon, además de golpearlo en la cabeza con el puño cerrado.

Estudiados los medios de prueba existentes en el presente sumario, en lo relativo a los ilícitos contra el honor (golpes) aquí denunciados, dicha imputación no se encuentra plenamente acreditada, toda vez que sólo existe el dicho del quejoso, sin algún medio de prueba que lo apoye, por lo que resulta insuficiente para acreditar que el agente haya incurrido en dicha irregularidad, procediéndose a emitir sobre el particular acuerdo de no responsabilidad.

Por otra parte, en relación con la prestación ineficiente del servicio público, manifestó el promovente que después de detenerlo se llevaron su vehículo al corralón, lo que se encuentra demostrado en la boleta de infracción en la que se observó que el citado agente se llevó el auto en garantía de pago de la infracción, además de que éste señaló en dicha boleta, que el señor ORTÍZ RANGEL no había presentado la tarjeta de circulación del vehículo, ni la licencia de conducir, cuando en realidad sí mostró dicha documentación, manifestación que se robustece con el parte informativo rendido por el agente vial en el que éste es coincidente en referir que el señor ORTÍZ RANGEL después de solicitarle su documentación le entregó la licencia de conducir, resultando incomprensible que en el citado instrumento haya señalado que no se mostró tal documentación, acreditándose con ello la anomalía en la que incurriera el agente vial. Respecto al hecho que el citado servidor público se llevó el vehículo del quejoso, tal situación se contrapone a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Transito y Transporte, comprobando con ello la evidente irregularidad en que incurriera el agente implicado.

En tales circunstancias, se recomendó al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, a efecto de que valore la conducta desplegada por el agente de tránsito, y en su caso, aplique las medidas correctivas y disciplinarias que estime procedentes conforme a derecho.

Esta Recomendación fue inicialmente rechazada por la Presidencia Municipal de Tampico, mediante el oficio 1090 de fecha 4 de marzo de 2004, el cual textualmente dice:

Tal respuesta obligó a la CODHET a pronunciarse en los términos siguientes:

No obstante y se hizo la aclaración anterior, la Recomendada mantuvo su decisión de rechazar nuestra resolución.

El señor ANTONIO CRUZ MEDINA, se dolió de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, por parte de agentes de tránsito local, de Reynosa, Tamaulipas, radicándose su queja bajo el número 002/03-R.

Al realizar el estudio de las irregularidades denunciadas por el C. ANTONIO CRUZ DOMÍNGUEZ, del material probatorio que se encuentra agregado al expediente de queja, se logró advertir que la detención del quejoso se efectuó en virtud de que éste en compañía de su esposa conducía un vehículo a exceso de velocidad, por lo que al marcarle el alto los servidores públicos se percataron que despedía aliento alcohólico, optando por conducirlo a las oficinas de seguridad pública, para que fuera revisado por el médico adscrito a esa dependencia, por lo que una vez efectuado el examen, se determinó en el documento un primer grado de ebriedad. Si bien es cierto se encuentra acreditado que se le detuvo al C. CRUZ DOMÍNGUEZ por conducir a exceso de velocidad, dicha circunstancia no ameritaba que se le condujera a las oficinas de Seguridad Pública y posteriormente a las de la Delegación de Tránsito, sólo porque presentaba aliento alcohólico, lo que dejó en claro que los agentes infringieron con su actuar el Reglamento de Tránsito y Transporte. De igual forma, manifestó el doliente que al momento de pagar la boleta de infracción se percató que el motivo de ésta era por conducir sin licencia, sin tarjeta de circulación y en estado de ebriedad; ahora bien, no pasa desapercibido que dentro de las constancias existentes en el expediente no quedó acreditado que los agentes al momento en que marcaron el alto al aquí agraviado hayan solicitado la exhibición de la documentación tanto del vehículo como de la licencia del conductor, ya que los servidores públicos al momento de rendir el parte informativo omiten hacer referencia a tal situación, y posteriormente al recabar las declaraciones de los agentes de tránsito intentaron subsanar la omisión advertida, por lo que a tales argumentos no se les otorgó valor alguno al momento de emitir nuestra resolución. Por otra parte, también denunció el promovente que su cónyuge fue agredida verbalmente por los elementos involucrados, sin embargo, de autos no se advierte que dicho argumento esté apoyado en algún medio de prueba que acredite tal imputación, por lo que se decretó emitir un acuerdo de no acreditados los hechos, a favor de los elementos implicados.

En lo referente a la falsa acusación que demanda el señor ANTONIO CRUZ DOMÍNGUEZ, en contra del médico adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, quien señaló que cuando le realizaron el examen de alcoholemia él observó que el médico y el agente se vieron y el médico dijo: “éste no trae nada”, de lo anterior contamos con el dictamen de ebriedad y lesiones elaborado por el profesionista, en contra del cual no obra agregado dato alguno que lo desestime, por lo que en esa circunstancia se procedió a emitir acuerdo de no responsabilidad a favor del profesionista de mérito.

Por lo anteriormente señalado, se recomendó al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, analice y valore la actuación de los agentes de tránsito involucrados y determine la aplicación de las medidas correctivas y disciplinarias procedentes conforme a derecho.

La presente recomendación se tuvo por aceptada mediante oficio número 105/04, firmado por el C.P. VICTOR M. OLVERA DE SANTIAGO, Contralor Municipal de Reynosa, Tamaulipas, posteriormente, a través del oficio número 181/04, la autoridad recomendada informó la aplicación de una sanción consistente en AMONESTACIÓN al oficial ANGELICA LIZETH COBOS GALLARDO y constancia en el expediente del C. HÉCTOR SAUCEDO PEÑA, en virtud de haber causado BAJA. Una vez valorada dicha sanción, este Organismo estimó insuficiente la sanción impuesta, ya que la privación de la libertad del C. ANTONIO CRUZ DOMÍNGUEZ fue de manera ilícita. Razón por la cual esta Comisión tuvo por CUMPLIDA INSATISFACTORIAMENTE la Recomendación 045/2004.

El C. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ, motivó la queja número 038/03-T, al denunciar actos presuntamente violatorios de derechos humanos, por parte del juez calificador de Seguridad Pública de Tampico, Tamaulipas.

Con relación a los hechos, el quejoso señaló que lo detuvieron por cometer una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno, sancionándolo con veinte horas de arresto, sin dejarle la posibilidad de pagar multa, y que tampoco le permitieron a su padre realizar el pago de la misma. Al respecto, obra informe rendido por el secretario del Ayuntamiento de aquella localidad, en el que refirió no considerar que al quejoso se le hubieran violentado sus derechos al imponerle la sanción de arresto, toda vez que el juez calificador se encuentra facultado para imponer dicha sanción, ya que esto está estipulado en el artículo 21 de nuestra Constitución Política, y que de la misma forma se encuentra reglamentada dentro de las Bases Normativas en Materia de Bandos de Policía y Buen Gobierno, así como del Bando de Policía y Buen Gobierno de Tampico, señalando también que ninguna de estas disposiciones legales señala que la sanción de arresto inicialmente aplicada deba ser permutada por una multa. En ese sentido, la Licenciada PATRICIA FAUSTO, juez calificador, refirió a personal de esta Comisión, que la sanción la había impuesto otro juez, y que ella no podía permutar el arresto con multa, ya que eran órdenes superiores, a la vez que mostraba un oficio, suscrito por el coordinador de los jueces calificadores en el que se recomendaba a los jueces adscritos a esa zona, que en los casos en que dictaminen arresto inconmutable, o que la falta así lo amerite, el ciudadano cumpla dicha sanción, para que éste haga conciencia de la falta que cometió.

Analizados los anteriores medios de prueba, se llegó a la conclusión de que al ahora quejoso efectivamente se le violentaron sus derechos humanos, toda vez que no hay motivo alguno que justifique la conducta del juez calificador, en razón de que en lo informado por la autoridad implicada, no se aprecia ningún dato que apoye el criterio utilizado por dicho servidor público, ya que no se entiende el hecho de privilegiar el arresto, en lugar de imponer cualquier otra sanción estipulada en el Bando de Policía y Buen Gobierno de esa localidad; pues la facultad del juez calificador estriba en valorar la conducta realizada por el infractor de la falta, con el objeto de fijar la multa que corresponda, pero el ciudadano es quien tiene el privilegio de elegir entre pagar la multa o cubrir su falta con una sanción pecuniaria y sólo en el caso de que el gobernado no quiera o no pueda pagar la multa, se permutara la sanción económica en horas de arresto. Ello con independencia de que de autos no se desprende algún dato aportado por el juez, en el que justifique el motivo o el razonamiento utilizado para optar por imponer el arresto, en lugar de fijar una multa.

En razón de lo anterior, quedó plenamente acreditado que la actuación del juez calificador fue a todas luces inconstitucional, por lo que se determinó procedente recomendar al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, valorar la conducta desplegada por el juez calificador implicado en los hechos motivo de la queja, y en su caso, aplique las medidas correctivas y disciplinarias procedentes.

Esta Recomendación fue rechazada por el Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, bajo el mismo argumento usado para no aceptar la Recomendación 17/2004. La opinión a detalle de la CODHET sobre el particular puede consultarse en el Seguimiento de la referida Recomendación.

La Recomendación que antecede, puso fin a la integración del expediente 104/03-T, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. JUAN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, quien manifestó que un oficial de tránsito al momento de quererlo infraccionar por tener estacionada su motocicleta en la banqueta, le arrebató las llaves de dicha unidad motriz, mostrando una actitud prepotente, además de que dicho agente en ese mismo acto intentó agredirlo físicamente, suceso por el cual se inconformó. Lo anteriormente citado se encuentra plenamente acreditado con lo manifestado por el elemento vial, al referir que al momento en que le solicitó la tarjeta de circulación al aquí promovente, a fin de levantarle la infracción, éste se negó a entregarle dicho documento, por lo que procedió a quitarle las llaves de dicha motocicleta, pretendiendo justificar su actuación en los artículos 30 y 195 del Reglamento de Tránsito.

Estudiado lo antes descrito, se desprende que el servidor público referido incurrió en la irregularidad imputada por el quejoso, al aceptar el haberle quitado las llaves de la motocicleta al señor SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, sin que sea operante la justificación legal que pretendió dar, pues ninguno de los preceptos que rigen su labor faculta al agente vial a realizar este tipo de acción, por lo que con su conducta violentó los derechos humanos del quejoso.

Así las cosas, se recomendó al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, a fin de que ordene a quien corresponda, valorar la conducta desplegada por el agente de tránsito implicado en los hechos, y en caso de considerarlo necesario aplique las medidas correctivas y disciplinarias que estime procedentes.

Mediante el oficio número 001258, fechado 11 de los corrientes, y llegado a estas oficinas centrales de la CODHET el día 18, firmado por el C.P. JORGE ARTURO ELIZONDO NARANJO, Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, mediante el cual expresa la NO ACEPTACIÓN de la Recomendación de mérito, expresando en síntesis que el agente vial actuó conforme a derecho. Tal situación obligó a la CODHET, a emitir acuerdo de fecha 19 de marzo, instando a la autoridad a reconsiderar su decisión, analizando en él los principales argumentos de rechazo. El proveído dice en lo medular:

A pesar de lo expuesto, la autoridad mantuvo su postura de rechazar la Recomendación en comento.

Esta Recomendación tuvo su origen en la queja 264/2003, instaurada con motivo de la denuncia formulada por la C. PATRICIA ZÚÑIGA ÁVILA, en contra de el director y un maestro adscritos a la Escuela Primaria “Amado Nervo” del Ejido Vista Hermosa, municipio de Soto la Marina.

Denunció la señora PATRICIA ZÚÑIGA ÁVILA, que en la referida escuela no se trabaja con responsabilidad, toda vez que no se cumple con el horario de labores establecido; que constantemente se ausentan los maestros de sus labores; que no se pone atención a los niños, ya que éstos se pelean entre sí sin que haya intervención alguna por parte del personal docente; que se realizan evaluaciones de manera extemporánea; que llegan a darse hasta dos horas de descanso; que existe irregular uso de recursos destinados para la adecuada infraestructura del plantel educativo; que la asistencia del maestro RUFINO MARTÍNEZ ZÚÑIGA es en estado inconveniente (aliento alcohólico); que no se brinda la enseñanza establecida; citando sólo algunas de las irregularidades que se presentan en dicha escuela, pues éstas, a decir de la quejosa, son múltiples. Lo anterior, encontró respaldo en las declaraciones de numerosos padres de familia de la Escuela Primaria “Amado Nervo”, del Ejido Vista Hermosa, municipio de Soto la Marina, quienes fueron coincidentes en señalar las diversas anomalías que se dan hacia el interior del plantel, y que son sufridas por sus hijos como alumnos de la referida escuela. Aunado a lo manifestado por varios menores, quienes fueron precisos en confirmar que no están recibiendo una adecuada educación.

Del estudio minucioso realizado a los antecedentes referidos, se advirtió que obra en autos constancia elaborada por personal de este Organismo de fecha 5 de diciembre del 2003, en punto de las 12:30 horas, en donde se asienta que constituidos en las instalaciones de la referida Escuela, en entrevista con el Director JUAN GUADALUPE PORTILLO GARCÍA, manifestó que la hora de entrada es a las 8:00 de la mañana y el recreo es de 10:30 a 11:00 a.m., por lo que al hacerle notar la ausencia del personal docente, refirió que a algunos niños se les había dado salida temprano por amenazas de lluvia; que respecto al Profesor RUFINO ZÚÑIGA MARTÍNEZ, éste dio salida a sus alumnos a las 11:00 horas, en virtud, de que, por instrucciones de él salió a las oficinas de la SECUDE que se encuentran ubicadas en Soto la Marina, y la Profesora MARCELA HERNÁNDEZ solicitó permiso económico por tres días. Sin embargo, y con independencia de las inasistencias posiblemente justificadas por parte del personal docente del citado plantel, del cúmulo de declaraciones recabadas por esta Comisión, se encuentra debidamente acreditado que en la escuela en comento, se ha incurrido y se sigue incurriendo en una serie de irregularidades que atentan contra la normatividad y vulnera el adecuado desarrollo escolar de los alumnos que acuden a la misma, lo que se demuestra con constancia elaborada por esta Comisión en fecha 21 de enero del año en curso, en la que se asentó que se recibió llamada de la señora GUADALUPE ÁVILA GONZÁLEZ (madre de la quejosa) quien hizo del conocimiento que la situación de la referida Escuela sigue igual, y que a consecuencia de la queja presentada por la señora ZÚÑIGA ÁVILA, el hijo menor de ésta ha sido constantemente regañado por el Director de la Escuela, encontrando sustento en lo manifestado por las CC. ROSA MARÍA TORRES ALONSO y NORA ALBA GUERRERO GARCÍA (madres de familia) quienes enteradas de lo informado por el director, señalaron que no son ciertas las versiones aseveradas por éste y que la situación en la Escuela continúa igual. Sobre el particular, la autoridad implicada rinde un informe, externando su extrañeza a la queja presentada y a través del cual trata de justificar su actuar, sin que tal información se encuentre robustecida con algún medio de prueba que la haga inverosímil, y sí, por el contrario, obran en autos atestos idóneos que permiten establecer la falta de ética profesional con la que está actuando el personal docente del ya citado plantel educativo, motivo por el cual se recomendó al Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, instruya a quien corresponda la aplicación de las medidas correctivas y disciplinarias que estime conducentes, para efecto de que sean corregidas las irregularidades con las que se han venido desempeñando el director y maestros adscritos a la Escuela Primaria “Amado Nervo” del Ejido Vista Hermosa, municipio de Soto la Marina.

Mediante oficio número SECyD/DJ0283/2004, el LIC. ANTONIO HUERTA RAMOS, Director Jurídico de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado, comunicó la aceptación de la recomendación 048/2004, en el que adjuntó copia del oficio dirigido al Subdirector de Educación Primaria, para que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias a los servidores públicos implicados. Posteriormente, con el oficio número SECyD/DJ1271/2004, la autoridad recomendada remitió diversas documentales de las acciones llevadas a cabo en relación con el cumplimiento de la recomendación de mérito, específicamente copia del oficio número 2083 en donde se le instruye a la Supervisora de la Zona Escolar número 113, a fin de que se presente a la Escuela Amado Nervo del ejido Vista Hermosa, de Soto la Marina, Tamaulipas, para aplicar las medidas correctivas y disciplinarias a los Profesores JUAN GUADALUPE PORTILLO GARCÍA y FURINO ZÚÑIGA MARTÍNEZ. Derivado de dicha instrucción se adjunta copia del oficio sin número, mediante el cual se informa que se procedió inmediatamente a realizar las diversas acciones y tomar las medidas correspondientes. Razón por la cual, esta Comisión tuvo por CUMPLIDA TOTALMENTE la Recomendación 048/2004.

Mediante esta resolución se puso fin a la integración del expediente de queja 171/03-T, motivado por el C. MIGUEL ÁNGEL CONSTANTINO CRUZ, quien expresó que cuando caminaba a la altura de la carretera Tampico-Mante, en Tampico, Tamaulipas, elementos de la policía preventiva le ordenaron detenerse y comenzaron a interrogarlo, para posteriormente llevárselo a la Delegación de Seguridad Pública, en donde lo tuvieron detenido por más de cuatro horas, para luego dejarlo en libertad sin darle explicación alguna, en virtud de que ya habían investigado sobre su persona y no existía nada en su contra.

Una vez analizado el contenido de las constancias existentes en autos, se logró acreditar el proceder irregular en que incurrieran los servidores públicos referidos, pues en autos obran los testimonios de los propios agentes en el sentido de que observaron a una persona en actitud sospechosa, por lo que procedieron a marcarle el alto, relato del cual no se advierte que la persona que privaron de su libertad estuviese cometiendo alguna conducta sancionable, prueba plena que hace evidente el actuar ilícito realizado por los agentes policiales; y aún y cuando sea cierto lo que informaron los policías que al marcarle el alto al hoy quejoso éste los insultó, pues es de suponer que dicha situación devino para repeler la actitud ilícita de que estaba siendo objeto en su esfera de derecho.

Luego entonces, no existe prueba alguna que exima de responsabilidad a los elementos policiales, razón por la cual se recomendó al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, instruir por escrito al Secretario de Seguridad Pública del lugar, para que a su vez ordene a los elementos de esa corporación, se abstengan de efectuar detenciones contrarias a lo dispuesto al Bando de Policía y Buen Gobierno de ese municipio; de igual forma, valore la conducta de los policías involucrados, para que, en su caso, se les apliquen las medidas disciplinarias correspondientes.

Esta Recomendación fue inicialmente rechazada mediante el oficio 1256 de fecha 9 de marzo de 2004, argumentando en síntesis la autoridad que los servidores públicos actuaron conforme a derecho. Esta Comisión emitió entonces acuerdo de fecha 19 de marzo, instando a la autoridad a reconsiderar su decisión, analizando ahí los argumentos de rechazo, Dicho proveído dice en lo medular:

“...La Recomendación 49/2004, obedeció a que los policías preventivos actuaron incorrectamente al privar de la libertad al quejoso, con el único argumento de que se comportaba de manera sospechosa, y al conminar al señor MIGUEL ÁNGEL CONSTANTINO CRUZ que “se identificara”, éste, a decir de los uniformados, les insultó, dado lo cual decidieron llevarlo ante el Juez Calificador.

A pesar de haber aclarado el sentido de nuestra Recomendación, la autoridad mantuvo su decisión de rechazar la resolución.

El recluso JUAN CARLOS TIJERINA formuló la queja número 137/03-R, quien la hizo consistir en violación a los derechos de los reclusos cometida en perjuicio de los internos GENARO REYES NEVARES y JUAN MANUEL DIMAS ACEVEDO, por parte del personal del CERESO de Miguel Alemán, Tamaulipas.

Del análisis minucioso de las constancias que integran el expediente de queja en estudio, se logró advertir que en efecto los reos de referencia fueron ubicados en una área de castigo del Reclusorio de Miguel Alemán, por instrucciones del coordinador de seguridad ROSENDO PIÑA VALDERRAMA, lugar en donde se encontraban encadenados y sin recibir agua ni alimento, situación que se comprobó en autos, primordialmente con la denuncia formulada vía telefónica por el recluso JUAN CARLOS TIJERINA, probanza que encuentra apoyo legal en las manifestaciones de los internos directamente afectados GENARO REYES NEVARES y JUAN MANUEL DIMAS ACEVEDO; lo anterior, adquirió valor probatorio pleno con el parte informativo que rindieran al director del reclusorio, el coordinador de seguridad y vigilancia y comandante en turno, fechado el 3 de junio de 2003, en el que le hicieron de su conocimiento diversas conductas irregulares en que incurrieran los internos ahora agraviados, destacando que como medida disciplinaria se les había puesto en el área de castigo AISLADOS Y ESPOSADOS DE PIES Y MANOS. Si bien, cierto es que los referidos reclusos incurrieron en varias faltas de indisciplina e incluso cometieron actos ilícitos en contra de sus compañeros, las autoridades penitenciarias no están facultadas para imponerles castigos humillantes, puesto que sus conductas de indisciplina debieron de haber sido sancionadas conforme al reglamento para CERESOS y no conforme al criterio del coordinador de seguridad. Por otra parte, no pasa desapercibido para este Organismo, el hecho de que la decisión de castigar a los reclusos de referencia, fue tomada de manera conjunta por el coordinador de seguridad y vigilancia y comandante en turno, también es cierto que esa medida arbitraria y violatoria de garantías fue hecha del conocimiento del entonces director del reclusorio Licenciado ROLANDO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, sin que lo exima de responsabilidad alguna el hecho de que ordenara el levantamiento de la medida violatoria, puesto que ordenó que cesaran las medidas, no obstante de tener conocimiento de las irregularidades desde un día anterior.

En tal virtud, se emitió Recomendación al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, para que instaure procedimiento administrativo a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieran los servidores públicos de referencia, en contra de los internos aquí agraviados.

Mediante oficio número 561/2004, del 1 de abril del 2004, el Titular del Órgano de Control de la Secretaría General de Gobierno, nos comunicó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa 18/2004.

Advirtiendo que la autoridad efectuó pasos encaminados a dar cumplimiento a la Recomendación, ésta se tuvo por ACEPTADA Y CUMPLIDA PARCIALMENTE.

Manifestó el C. JUAN ANTONIO RIVERA BARRERA dentro de la queja número 23/03-SF, haber sido detenido arbitrariamente por elementos de la policía preventiva municipal de San Fernando, Tamaulipas, y que al momento de trasladarlo del lugar donde fue detenido hacia las instalaciones de Seguridad Pública Municipal fue violentado físicamente por el copiloto y el chofer de la patrulla en la cual lo trasladaron, pegándole en la cara, causándole hemorragia en la nariz.

Valorados que han sido los medios probatorios allegados al expediente de mérito, en relación con la detención arbitraria aludida por el quejoso, se desprende que ésta fue en virtud a una denuncia en su contra por parte de su cónyuge, razón por la cual los elementos acudieron a su detención, circunstancia que pone en evidencia que los agentes aprehensores actuaron conforme a derecho. En cuando a las lesiones aquí denunciadas, si bien obra en autos constancia elaborada por este Organismo de la que se advierte que el doliente presentaba una lesión, ésta no corresponde al tipo de lesión que refirió haber recibido por parte de los elementos policiales, medios de prueba que no permiten establecer claramente que las lesiones le hayan sido ocasionadas por los policías de referencia; ante tales circunstancias lo procedente fue emitir acuerdos de no responsabilidad sobre los aspectos referidos.

Por otra parte, no pasó desapercibido para este Organismo, que al momento en que los agentes policiales llevaron a cabo la detención del señor RIVERA BARRERA, también realizaron la detención de JOSÉ LÁZARO ELÍAS GARCÍA, quien lo acompañaba en ese momento, actuación por demás irregular, pues de las propias manifestaciones de los servidores públicos involucrados, se pudo tener plenamente por acreditada, pues éstos refirieron haber detenido a las dos personas, sin que fuera procedente la detención del C. ELÍAS GARCÍA, ya que éste no había cometido falta alguna.

En consecuencia, se recomendó al Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, ordene a quien corresponda el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los elementos de la policía preventiva que efectuaron la detención injustificada del C. JOSÉ LÁZARO ELÍAS GARCÍA y en su oportunidad se emita la resolución que proceda conforme a derecho.

Mediante oficio sin número, de fecha 24 de marzo de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito; se anexaron además las constancias de SUSPENDIDO POR EL TÉRMINO DE 15 DÍAS DE SUS FUNCIONES a los policías preventivos ALEJANDRO MARTÍNEZ SERRATOS, CARLOS ENRIQUE FLORES FLORES, LUIS CARLOS SALAZAR RODRÍGUEZ, ARMANDO VILLALOBOS REYES y ANTONIO HERNÁNDEZ ZUÑIGA, ante lo cual esta Recomendación se tiene por CUMPLIDA TOTALMENTE.

Esta Recomendación se originó de la queja número 324/02-T, que interpusiera el señor JAVIER PONCE OLGUÍN ante este Organismo en la que expresó que al estacionarse en la zona centro de Tampico, observó a un agente vial que se encontraba en el crucero, quien en ese momento no le hizo ninguna observación sobre su estacionamiento, ya que se encontraba retirado, sin embargo, al regresar se percató de que había sido infraccionado y como consecuencia de ello la placa no se encontraba puesta, hecho que le reclamó al agente vial, levantándole la voz, circunstancia que provocó enojo al elemento policial, quien procedió en consecuencia a doblarle el brazo y a llamar a otro elemento de la policía municipal, por insultos a su persona, quien a su vez solicitó refuerzos de otros policías, quienes al llegar también le doblaron los brazos, trasladándolo a la Dirección de Seguridad Pública, no sin antes haberlo golpeado en diversas partes del cuerpo, para posteriormente pagar una multa por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno de aquel municipio.

Del estudio y análisis de las probanzas y demás constancias que integran el sumario, se desprende que la actuación del agente de tránsito no fue la más idónea, pues si bien es cierto, que el hoy quejoso ameritaba ser infraccionado, también lo es que el agente vial no debió de haber quitado las placas de la unidad automotriz a fin de garantizar el pago de la infracción, sino llamar a la grúa para que retirara el vehículo. En lo que respecta a la detención de que se doliera el C. PONCE OLGUÍN por parte de policías municipales, comprobado está su actuar ilícito, toda vez que si bien arguyen que la detención se efectuó porque el hoy quejoso alteraba el orden público, también cierto es que el agente de vialidad incurrió en la misma falta, siendo en consecuencia parcial la actuación de dichos elementos.

Ahora bien, en lo relativo a las lesiones aludidas por el promovente, se advierte que los policías no rindieron informe sobre ello, por lo que válidamente se estableció la presunción de ser ciertos los hechos, para sumarse al dicho del quejoso, aunado con el certificado de lesiones expedido por la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en el que se asentaron las diversas lesiones presentadas por el agraviado.

Por lo anteriormente citado, fue conducente recomendar al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que valore la actuación de los servidores públicos que participaron en los presentes hechos, y en su caso, aplicar las medidas correctivas y disciplinaras procedentes.

Esta Recomendación fue inicialmente rechazada mediante oficio número 1854, de fecha 9 de marzo de 2004, explicando en síntesis la autoridad, que el servidor público actuó conforme a derecho. Esto obligó a la CODHET a emitir el acuerdo de fecha 19 de marzo de 2004, instando a la autoridad a reconsiderar su decisión. El proveído dice en lo medular:

A pesar de haber aclarado el sentido la Recomendación, la autoridad mantuvo su decisión de rechazar la resolución.

La Recomendación señalada al rubro, derivó de la queja número 81/02-L, que motivara la C. SANDRA EDNA ROMO DE TORRES, quien la hizo consistir en el hecho de que el comandante de la policía ministerial y elementos de dicha corporación, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se introdujeron a su domicilio, sin portar orden de cateo para hacerlo, además de sustraer del mismo diversos objetos sin su consentimiento, causando destrozos en el inmueble.

Del estudio y evaluación de los documentos y demás probanzas que integran el presente sumario, se desprende, que efectivamente, los servidores públicos se introdujeron al domicilio de la quejosa, sin contar con mandamiento legal alguno, circunstancia que se acreditó con la propia manifestación tanto del comandante antes referido como de los elementos policiales en la que aceptan haber ingresado a dicho domicilio; aunado a sus declaraciones, obra en autos informe rendido por el C. ALBERTO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, comandante de la Policía Ministerial, en el que señaló que habiendo hecho una búsqueda en el archivo que se lleva en esa comandancia, no se encontró registro de mandamiento judicial, circunstancia que hace evidente que los servidores públicos implicados allanaron dicho domicilio, sin contar con orden de cateo, la cual en ningún momento exhibieron dentro del sumario en cita.

También refirió la promovente que al momento en que allanaron su domicilio los agentes policiales se llevaron múltiples objetos de la vivienda, si bien es cierto que además de su firme imputación contamos con un video en el que se aprecian personas vestidas de negro saliendo de su domicilio con diversos objetos, en él no se logró apreciar que efectivamente sean los que la impetrante menciona, pues con dicho documento sólo se robustece el allanamiento de morada citado, más no es útil para determinar sobre la preexistencia y falta posterior de que sean exactamente los enseres reclamados por la denunciante, o si bien, esos objetos son los que la policía ministerial confiscó como prueba de ciertos delitos, poniéndolos a disposición del Ministerio Público Federal, lo cual no justifica su proceder.

En tales circunstancias se recomendó al Procurador General de Justicia en el Estado, instruya a quien corresponda, promueva el inicio, trámite y resolución del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos involucrados en los hechos, y en su caso, se apliquen las sanciones procedentes.

De igual forma se dictó acuerdo de no acreditados los hechos en lo que corresponde al robo denunciado por la quejosa, en virtud de que en el expediente no obran suficientes elementos probatorios que acrediten en forma fehaciente la violación referida.

La recomendación de mérito fue aceptada mediante oficio número DJ/DH0959 de fecha 2 de marzo de 2004, firmado por el Procurador General de Justicia del Estado.

El 5 de marzo de 2004, se nos comunicó el inicio del procedimiento administrativo número DC-PGJE14/2004, radicado en la Contraloría Interna de la Procuraduría, en contra de los servidores públicos involucrados ARTURO PEDROZA AGUIRRE, CONCEPCIÓN GARCÍA CASTRO, JUAN MANUEL MARTÍNEZ VALDEZ, ROMUALDO HUERTA RODRÍGUEZ, JOSÉ WENCESLAO GAZNARES, ALFONSO OLVERA LEDESMA y LEONCIO REYES SALAZAR. En consecuencia, esta Recomendación se estima como CUMPLIDA PARCIALMENTE, y su cabal satisfacción está supeditada a la información que con posterioridad se nos brinde en relación al citado procedimiento.

El C. BENJAMÍN CARRILLO BÁEZ, motivo la queja número 34/03-SF, en la que en síntesis señaló que fue detenido arbitrariamente por elementos de la policía preventiva municipal de San Fernando, Tamaulipas, que una vez que lo trasladaron a las instalaciones de la corporación, fue introducido en una celda, a pesar que les mencionó que era menor de edad, además de que el juez calificador adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de esa localidad no se encontraba presente al momento en que fue remitido a las celdas de la policía preventiva, permaneciendo aproximadamente seis horas en las mismas para posteriormente ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador.

Evaluados los medios probatorios allegados al sumario en cita, respecto a la detención arbitraria, diversas probanzas evidenciaron que la detención efectuada en contra del hoy quejoso, se debió a una denuncia interpuesta en su contra, lo cual exime de responsabilidad a los servidores públicos en mención, siendo su actuación ajustada a derecho. Ahora bien, en lo concerniente a que cuando BENJAMÍN CARRILLO BÁEZ fue detenido y lo introdujeran a una celda a sabiendas que era menor de edad, no existen suficientes pruebas que acrediten tal circunstancia, con independencia que derivado de la intervención de este Organismo cesó dicha irregularidad, colocándolo inmediatamente en uno de los pasillos. En las anteriores circunstancias y sobre los dos aspectos antes descritos, lo procedente fue emitir acuerdo de no responsabilidad.

Por otra parte, con relación al momento en que el aquí agraviado fue remitido a las celdas de la policía y que no se encontrara en esos momentos el juez calificador, y que por consecuencia permaneciera varias horas arrestado hasta que se resolviera su situación, es de advertirse que de autos se desprende que el C. CARRILLO BÁEZ permaneció durante más de 6 horas, para poder ser remitido a la Agencia del Ministerio Público Investigador, circunstancia que en su momento causó perjuicio al impetrante, máxime que la conducta que se le imputó no es considerada como grave, a lo que el juez debió de haber calificado inmediatamente su detención, y en caso concreto, dejarlo en libertad, suceso que no aconteció.

Por lo anterior, se emitió Recomendación al Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, a efecto de que valore, y en su caso, sancione la conducta realizada por el C. Licenciado ROMMEL RAMÍREZ BRIONES, Juez Calificador adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública.

Mediante oficio si número, firmado por el C. LIC. JUAN OVERLIN VILLAFRANCA GARCÍA, Secretario del Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, este Organismo recibió la aceptación de la recomendación número 054/2004, en el cual adjuntó copia del oficio número 104/2004, dirigido originalmente al C.P. FILIBERTO RIVERA MALDONADO, Contralor Municipal, a través del cual se le turnó copia de nuestra resolución a fin de que se dé el tramite correspondiente, dándose inicio al procedimiento administrativo número PM/CM/PAR-10/2004. Posteriormente, se recibió el oficio sin número, signado por la autoridad recomendada, en el cual nos hizo llegar la resolución dictada dentro del procedimiento citado, en la cual se determinó sancionar con SUSPENSIÓN POR 15 DÍAS DE SUS FUNCIONES como Juez Calificador al LIC. ROMMEL RAMÍREZ BRIONES, por la irregularidad cometida en perjuicio del C. BENJAMÍN CARRILLO BAEZ. En tal virtud, esta Comisión tuvo por CUMPLIDA TOTALMENTE la recomendación de mérito.

Un recluso interpuso denuncia en contra del personal del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, radicándose en este Organismo con el número de queja 226/03-R.

Dicha queja la hizo consistir en la negativa del personal del centro de referencia a autorizar que él conviva en el área de visita conyugal con su pareja, también interna.

Valorado que ha sido el expediente en comento, de autos se advirtió que efectivamente el interno ha realizado diversos escritos dirigidos al Consejo Técnico Interdisciplinario, solicitando se le otorgue permiso para cohabitar con su pareja, si bien con anterioridad se le había negado tal petición, de los escritos nuevamente remitidos, al momento no ha recibido respuesta por parte de dicho Consejo.

Por lo que en tales circunstancias este Organismo consideró procedente emitir Recomendación al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, a efecto de que gire instrucciones al Consejo Técnico Interdisciplinario, para que se evalúe nuevamente la solicitud de los reclusos UBALDO MORFÍN GÓMEZ y ARACELI VÁZQUEZ GARCÍA, debiendo para ello tomar en consideración el que no se acredite que tengan alguna relación de matrimonio o concubinato en el exterior del Reclusorio, además del tiempo que llevan de relación sentimental, a efecto de no hacer nugatorios su derecho de cohabitar como pareja, en los términos que sean procedentes, dada su calidad de reos sentenciados a disposición del Poder Ejecutivo.

La presente recomendación tuvo su aceptación mediante el oficio número 005173, firmado por el C. M.A.E. MANUEL DEL RIEGO DE LOS SANTOS, Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, dirigido originalmente al LIC. JOSÉ AMADO JIMÉNEZ ESTRADA, Director del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, en el cual se le solicita gire instrucciones al Consejo Consultivo Interdisciplinario de ese Centro, para que se evalúe la citación de los reclusos UBALDO MORFÍN GÓMEZ Y ARACELI VÁZQUEZ GARCÍA. Derivado de dicha instrucción se recibió el oficio número 010660, mediante el cual la autoridad recomendada, anexa constancias relativas al cumplimiento de la recomendación citada, específicamente copia del Acta del Consejo Interdisciplinario a través de la cual se autoriza la solicitud de los internos UBALDO MORFIN GÓMEZ y ARACELI VÁZQUEZ GARCÍA. Razón por la cual este Organismo tomó por CUMPLIDA TOTALMENTE la Recomendación número 055/2004.

Mediante esta resolución se puso fin a la integración y estudio de los procedimientos de queja 228/03-R y 230/03-R, instaurados con motivo de las denuncias que formularan FAUSTO RESÉNDIZ SOTO y PILAR CABALLERO CEPEDA, internos del Centro de Readaptación Social No. 2 de Reynosa, Tamaulipas, en contra del defensor de oficio adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Reynosa, Tamaulipas.

Las quejas interpuestas se hicieron consistir en que el citado servidor público ha sido omiso en llevar sus defensas de la manera adecuada, puesto que incluso manifiestan que en ningún momento se ha entrevistado con ellos ni ha promovido diligencia alguna que les permita demostrar su inocencia, o bien, acreditar algún atenuante que les beneficie al momento de dictarse sentencia en su contra. Es pertinente destacar, que no obstante que en ambos expedientes de queja que ahora se estudian se solicitó oportunamente el informe relacionado con los hechos que los motivaran, el referido servidor público no dio respuesta a las solicitudes de informe que le fueran realizadas. Por otra parte, en lo referente al cuadernillo de queja número 228/2002-R, que motivara el recluso FAUSTO RESÉNDIZ SOTO, personal de este Organismo se constituyó al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, en donde pudo constatar que dentro de las actuaciones que obran en la causa penal 274/2003 se advierte que el defensor referido incurrió en negligencia, dejando en estado de indefensión a su representado. En relación con el expediente 230/2003, de igual forma, personal de esta Comisión, logró tener acceso a la causa penal 8/2003, instaurada en contra de la quejosa PILAR CABALLERO CEPEDA, apreciando de igual forma, la escasa intervención por parte del citado defensor. De las anteriores constancias analizadas, se desprende que en los dos casos que aquí nos ocupan, el servidor público involucrado, incurrió en clara trasgresión al artículo 20 de nuestra Carta Magna.

En esas condiciones, se procedió a emitir Recomendación al Director de la Defensoría de Oficio, a efecto de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra del Licenciado CARLOS CENTENO PESTAÑA, Defensor de Oficio adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, por las irregularidades en que incurriera durante la instauración de los procesos penales 273/2003 y 8/2003.

Esta Recomendación fue aceptada mediante oficio 782 del 8 de marzo de 2004, firmado por el Director de la Defensoría de Oficio del Estado.

El 18 de marzo de 2004, se nos comunicó el inicio del procedimiento administrativo número DC-SGG09/2004, radicado en la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno, en contra del Licenciado CARLOS CENTENO PESTAÑA. En consecuencia, esta Recomendación se estima como CUMPLIDA PARCIALMENTE, y su cabal satisfacción está supeditada a la información que con posterioridad se nos brinde en relación al citado procedimiento.

Se originó esta Recomendación por la queja número 27/02-R, que formulara el C. DANIEL HERNÁNDEZ VALERIO, quien en síntesis expresó que su hijo SAMUEL HERNÁNDEZ VALERIO se encontraba detenido en las celdas de la Seguridad Pública Municipal de Reynosa, Tamaulipas, pero que cuando se llevó a cabo su detención por parte de elementos del grupo operativo policiaco, resultó lesionado de un tobillo, por lo que lo trasladaron a la Cruz Roja, en donde le manifestaron que su hijo debía ser internado, a lo cual personal de seguridad pública se negó, argumentando que no podían internarlo ya que existía la posibilidad de que se sustrajera del Hospital y que no podían sacarlo de las celdas porque estaba a disposición del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de esa Ciudad, que ante tal situación elaboró un escrito dirigido a dicho Juzgado, que posteriormente se comunicó con el Titular del Juzgado Tercero, en donde éste le comunicó que a la autoridad que le correspondía brindar atención médica era a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por tener al detenido en resguardo.

Evaluados que fueron los medios probatorios existentes en autos, se concluyó respecto a la detención arbitraria efectuada por los agentes policiales, que ésta fue conforme a derecho, en virtud de que existía una denuncia en contra de éste por el delito de robo; razón por la cual fue procedente emitir acuerdo de no responsabilidad.

Ahora bien, se dolió el C. DANIEL HERNÁNDEZ VALERIO haber sido objeto de robo por parte de los agentes aprehensores, sin embargo sólo contamos con su dicho, pues en autos no se allegaron probanzas que permitan acreditar tal circunstancia; de igual forma, respecto de las lesiones imputadas, si bien es de nuestro conocimiento la lesión presentada por el directamente agraviado, no existe ningún elemento de convicción que acredite que las lesiones le hayan sido ocasionadas por los agentes aprehensores; acordándose en consecuencia emitir acuerdo de no acreditados los hechos, en relación al robo y lesiones aquí denunciadas.

En cuanto a la negativa de prestación de servicio, de las constancias que obran en autos, quedó plenamente acreditado que el directamente agraviado no recibió la atención médica que requería, no obstante de que de su estado físico se advertía la necesidad recibirla.

En consecuencia se emitió Recomendación al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, a efecto de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra de la Licenciada AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, Directora de Seguridad Pública Municipal, por la omisión de otorgar la atención médica que requería el detenido DANIEL HERNÁNDEZ VALERIO cuando se encontraba bajo su resguardo físico y en caso de que ya no labore en esa dependencia, se hagan constar las citadas irregularidades en su expediente personal.

En otro orden de ideas y en virtud de lo argumentado y al no acreditarse en autos que el titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de Reynosa, Tamaulipas, acordara lo relacionado con la promoción solicitando la autorización para que el inculpado DANIEL HERNÁNDEZ VALERIO recibiera atención médica, lo procedente fue dar vista al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia el Estado para que fuera valorada la actuación del servidor público señalado.

La presente recomendación tuvo su ACEPTACIÓN y CUMPLIMIENTO TOTAL, mediante oficio número 106/04, firmado por el C.P. VICTOR MANUEL OLVERA DE SANTIAGO, mediante el cual informó que se aceptaba la Recomendación 057/04; de igual forma, comunicó a este Organismo que la Licenciada AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, ya no labora para ese Ayuntamiento, procediéndose a dejar copia de la recomendación en el expediente personal. Se tomó en cuenta, que incluso en un procedimiento de responsabilidad administrativa, la sanción máxima a imponer sería la destitución del cargo.

La presente Recomendación derivó de la queja número 022/03-SF, formulada por el C. FLORENTINO CEPEDA MAGDALENO, en contra de un agente de tránsito del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Denunció el quejoso que un agente vial se introdujo a su domicilio, al señalar que el mencionado servidor público le había marcado el alto a una unidad motriz en la cual viajaba su hijo y otros, deteniendo su marcha, pero en virtud de que el elemento vial se dirigió hacia el conductor del vehículo con palabras altisonantes, además de agredirlo, éste optó por poner en marcha la unidad y se dirigió al domicilio del hoy quejoso, donde al llegar descendieron del vehículo y posteriormente uno de los agentes de transito se dirigió hacia ellos, introduciéndose al domicilio, en donde empezaron agredir a su hijo ROGELIO CEPEDA GALVÁN.

Si bien de los hechos anteriormente narrados, los servidores públicos niegan cualquier irregularidad, al realizar el estudio y valoración de las probanzas allegadas a los presentes autos, diversos atestos lograron desvirtuar lo dicho por los elementos policiales, así como evidenciar la conducta por demás reprobable en que éstos incurrieran al allanar el domicilio señalado, además de que respecto de las lesiones imputadas por el aquí doliente, obra constancia médica realizada por personal de este Organismo, así como dentro de la averiguación previa penal 255/03, radicada ante el Agente del Ministerio Público Investigador, también obra dictamen realizado por el perito médico legista en los que en ambos claramente se aprecian las lesiones que fueron inferidas al C. ROGELIO CEPEDA GALVÁN por parte de los citados agentes, evidencias suficientes para establecer las irregularidades aquí denunciadas.

Por lo que, en consecuencia, se emitió Recomendación al Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, a efecto de que ordene a quien corresponda, el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los agentes de tránsito implicados.

Mediante oficio sin número, firmado por el LIC. JUAN OVERLIN VILLAFRANCA GARCÍA, Secretario del Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, comunicó la aceptación de la Recomendación número 058/2004, así mismo adjuntó copia del oficio 105/2004, dirigido al C.P. FILIBERTO RIVERA MALDONADO, Contralor Municipal de ese Ayuntamiento, a través del cual se le turnó copia de nuestra resolución, a fin de que se le de el trámite correspondiente. Posteriormente, mediante oficio sin número, firmado por el C. JUAN JOSÉ GALVÁN GARCÍA, Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, hizo llegar a esta comisión copia de la resolución dictada dentro del procedimiento administrativo número PM-CM-PAR-09/2004, en el cual se sancionó con SUSPENSIÓN POR 15 DÍAS DE SUS FUNCIONES a los Agentes de Tránsito y Vialidad ROBERTO JONATHAN DOMÍNGUEZ LEAL Y JOSÉ DANIEL ALANIS GLORIA. Visto lo anterior, esta Comisión tuvo por CUMPLIDA TOTALMENTE la Recomendación 058/2004.

El señor JESÚS YÁÑEZ RESÉNDEZ, se dolió ante esta Institución de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, por parte de un elemento de la policía preventiva y juez calificador, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Realizado el estudio de los elementos probatorios allegados al expediente de queja 061/02-R, se advierte que se encuentra plenamente acreditado lo referido por el quejoso, en el sentido de que fue privado de su libertad por el agente preventivo JUAN MIGUEL CALVILLO, quien si bien al inicio únicamente le pidió que lo acompañara a la delegación de Seguridad Pública, una vez ahí no le permitieron retirarse, informándole que se encontraba detenido, que la citada detención tuvo como origen un problema laboral que el oficial tenía con el ahora quejoso, y que éste se aprovechó de su cargo para realizarlo, lo que se comprobó primordialmente con la imputación del afectado, siendo corroborado con la informativa del C. ARIEL GRIMALDO, a quien le consta lo sucedido por haber acompañado al quejoso el día los hechos. Así mismo, se robustece su dicho con las declaraciones de los servidores públicos los CC. JUAN MIGUEL CALVILLO y Licenciado JOSÉ LUIS MALDONADO, el primero, quien aceptó haber llevado al ahora promovente a la Delegación de Seguridad Pública para tratar de llegar a un arreglo con el aquí quejoso, y el segundo de los nombrados quien también admitió que al entrevistarse con el señor YÁÑEZ RESÉNDEZ y el oficial, se pudo percatar que se trataba de un problema de carácter personal, ordenando que se le practicara un examen de alcoholemia, circunstancia de igual forma violatoria para el quejoso, pues aún y cuando el dictamen hubiese resultado positivo, ello no era motivo suficiente para privarlo de su libertad.

En las anteriores condiciones, se recomendó al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, para que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra de los servidores públicos involucrados en la presente queja.

Esta Recomendación fue aceptada mediante el oficio número 122/04, de fecha 18 de marzo de 2004, firmado por el Contralor Municipal de Reynosa, Tamaulipas.

Se nos informaría posteriormente que al resolverse procedimiento administrativo se determinó AMOMNESTAR al oficial JUAN MIGUEL CALVILLO y al Licenciado JOSÉ MALDONADO SALINAS. En tal virtud esta Recomendación se considera como CUMPLIDA TOTALMENTE.

Esta resolución derivó de la queja 243/02-R que motivara el C. PEDRO ANTONIO TIMOTEO, manifestando que elementos de la policía preventiva de Reynosa, Tamaulipas, lo detuvieron arbitrariamente, además de lesionarlo y robarle durante los hechos.

Realizada la evaluación de las probanzas allegadas por ambas partes, se pudo constatar la ilegalidad de la detención realizada en la persona del quejoso, toda vez que no lo sorprendieron en delito fragante, y por supuesto no obraba mandamiento judicial alguno. Por lo que respecta al robo y lesiones imputadas por el aquí agraviado, se decretó acuerdo de no acreditados los hechos a favor de los servidores públicos involucrados, en virtud de que sólo obra su dicho, sin que obre algún elemento de prueba que lo haga verosímil.

En esa tesitura se recomendó al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, para que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra de los agentes de la policía preventiva EDUARDO RODELA VALADEZ y RAMÓN CORONA GARCÍA, por la detención arbitraria efectuada en contra del C. PEDRO ANTONIO TIMOTEO.

La presente recomendación recibió su aceptación mediante oficio número 126/04, signado por el C.P. VICTOR M. OLVERA DE SANTIAGO, Contralor Municipal del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. Posteriormente, se recibió el oficio número 284/04, mediante el cual la autoridad recomendada comunicó la aplicación de una sanción consistente en AMONESTACIÓN PRIVADA al oficial EDUARDO RODELA VALADEZ; así como la BAJA del C. RAMÓN ORONA GARCÍA, dejando constancia de la irregularidad cometida en su expediente personal; razón por la cual se tuvo por CUMPLIDA TOTALMENTE la recomendación número 060/2004.

El C. EDUARDO RAMÍREZ NERI expresó dentro de la queja 155/2003 haber sido objeto de allanamiento de morada, detención arbitraria y lesiones por parte de elementos de la policía preventiva de Victoria.

Realizada una valoración lógica y jurídica de los antecedentes que obran en la queja de referencia, se desprende que los elementos aprehensores actuaron en virtud a que el ahora quejoso había lesionado al C. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ GUZMÁN, circunstancia que se encuentra plenamente acreditada con la copia certificada de la averiguación previa penal 428/2003, instruida en contra del aquí promovente. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Organismo que de autos se logró advertir que el C. RAMÍREZ NERI realizó una conducta delictiva, lo que justifica la actuación de los servidores públicos; sin embargo, se encuentra fehacientemente acreditado que éstos al efectuar la detención del citado quejoso, se introdujeron sin autorización a su domicilio, situación por demás irregular. Ahora bien, cabe hacer mención que en lo relativo a las lesiones imputadas a los elementos implicados, se presume que los golpes que presentara el doliente fueron con motivo de la resistencia que opusiera a su detención, actuación que reviste de ilegalidad a todas aquellas acciones tendientes a su detención, pues en el caso en concreto, éstos no debieron ingresar al domicilio del quejoso y mucho menos utilizar la fuerza pública para cometer un acto arbitrario.

En consecuencia, se recomendó al Presidente Municipal de Victoria, valore la conducta asumida por los elementos de la policía preventiva municipal, en relación con el allanamiento de morada denunciada por el quejoso y dicte las medidas correctivas y disciplinarias procedentes conforme a derecho.

Mediante oficio sin número, de fecha 22 de marzo de 2004, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

La queja 111/2003 motivada por los CC. JULIO CÉSAR FLORES VELÁZQUEZ y CRISTIAN AMILCAR ROJAS RIVERA tuvo por objeto denunciar detención arbitraria, tortura y cohecho en contra de elementos de la policía ministerial con destacamento en Victoria, Tamaulipas.

Dentro del presente sumario, se advirtió la existencia de diversas pruebas circunstanciales que permitieron acreditar plenamente la detención arbitraria y la tortura denunciadas; no logrando obtenerse suficientes medios con respecto al cohecho.

Se recomendó al Procurador General de Justicia del Estado, gestionar ante quien corresponda el inicio, trámite y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal en contra de los elementos de la policía ministerial que detuvieron y torturaron a los aquí quejosos.

La recomendación de mérito fue aceptada mediante oficio número DJ/DH01102 de fecha 17 de marzo de 2004, firmado por el Procurador General de Justicia del Estado.

El 18 de marzo de 2004, se nos comunicó el inicio del procedimiento administrativo número DC-PGJE18/2004, radicado en la Contraloría Interna de la Procuraduría, en contra de los servidores públicos involucrados FRANCISCO JAVIER REYNA CRUZ, ROSALINA AVITIA ALVARADO, MARTÍN DE LEÓN GARCÍA, MARIO A. CHÁVEZ FLORES, CARLOS A. GARCÍA FLORES y JOSÉ ANTONIO VARELA LÓPEZ. En consecuencia, esta Recomendación se estima como CUMPLIDA PARCIALMENTE, y su cabal satisfacción está supeditada a la información que con posterioridad se nos brinde en relación al citado procedimiento.

JAVIER LÓPEZ CASTILLO se dolió de haber sido objeto de detención arbitraria y lesiones por parte de elementos de la Delegación de Seguridad Pública y Vialidad de Tampico, Tamaulipas.

Revisadas detenidamente cada una de las constancias existentes en el expediente de queja 129/02-T, se pudo advertir que la detención estuvo ajustada conforme a derecho, lo cual, de ninguna manera justificaba las lesiones físicas que presentaba el quejoso el día de su detención.

Por lo que en esas circunstancias, se recomendó al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, aplicar las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes a los agentes que infirieron lesiones físicas al C. JAVIER LÓPEZ CASTILLO.

Esta Recomendación fue rechazada mediante el oficio número 1802, de fecha 30 de marzo de 2004, firmado por el Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas. Esta Comisión entonces, a través del acuerdo de fecha 15 de abril de 2004, instó a la autoridad a modificar su decisión. En lo medular, el proveído dice:

No obstante lo anterior, la autoridad mantuvo su decisión de rechazar la resolución que nos ocupa.

Los señores JOSÉ NÚÑEZ PEÑA y XÓCHITL ADRIANA FONSECA OJEDA interpusieron formal queja en contra de una profesora y la directora de la Escuela Primaria Federal “Granja Club de Leones” de Tampico, Tamaulipas.

Al quedar debidamente acreditada en los autos del expediente 277/03-T, la violación a los Derechos del Niño en agravio tanto del menor JOSÉ RAÚL NÚÑEZ FONSECA como de otros alumnos del citado plantel educativo, se recomendó al Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, girar las instrucciones correspondientes, a fin de que sea valorada la conducta de la Profesora MARÍA CONCEPCIÓN RAMÍREZ RODRÍGUEZ, y en su caso, se apliquen las medidas correctivas conducentes.

Esta Recomendación se calificó como CUMPLIDA INSATISFACTORIAMENTE, toda vez que la Profesora MARÍA CONCEPCIÓN RAMÍREZ RODRÍGUEZ, fue sancionada con una simple NOTA DE EXTRAÑAMIENTO, a pesar de la gravedad de la falta cometida.

El expediente de queja 212/2002 se originó cuando el C. BASILIO DÍAZ MARTÍNEZ denunció detención arbitraria, robo y lesiones en agravio de HÉCTOR ELÍAS DÍAZ ÁVALOS y DOMINGO REYNA RAMÍREZ por parte de elementos de la Policía Preventiva de Llera, Tamaulipas.

Recabados los medios para proceder a la calificación definitiva del expediente, se advirtió que la detención se originó por la omisión de los agraviados a detenerse cuando así se lo marcaron los elementos preventivos; no obstante ello, quedó debidamente acreditada la aplicación del castigo innecesario en su integridad física. Con respecto al robo, las evidencias no fueron suficientes para acreditarlo plenamente.

Se recomendó al Presidente Municipal de Llera, Tamaulipas, el inicio y resolución del procedimiento de investigación administrativa en contra de los elementos preventivos que causaron alteraciones físicas en perjuicio de HÉCTOR ELÍAS DÍAZ ÁVALOS y DOMINGO REYNA RAMÍREZ, así como por haber recluido en las celdas de la Policía Preventiva al segundo de los prenombrados, a pesar de su minoría de edad.

Mediante oficio número PMLL-074-04, de fecha 8 de junio de 2004, firmado por el Presidente Municipal de Llera, Tamaulipas, se nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito.

Sin embargo, a pesar de que oportunamente se han enviado oficios recordatorios, al momento carecemos de pruebas que avalen la satisfacción de lo solicitado.

El señor JOSÉ EDUARDO AGUILAR CRUZ imputó detención arbitraria e ilícitos contra el honor a elementos de la policía preventiva destacamentados en Tampico, Tamaulipas.

Realizado el análisis detenido de cada una de las probanzas existentes en el expediente 120/03-T, se decretó la no responsabilidad por lo que hace a la detención arbitraria, al encontrarse que se realizó con apego a derecho. Independientemente de ello, se recomendó al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, ordenar la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa a los elementos preventivos, en virtud de que se corroborara que causaron diversas lesiones al quejoso AGUILAR CRUZ, y en su caso, se les apliquen las medidas correctivas y disciplinarias procedentes.

Esta recomendación tuvo su respuesta por parte del C.P. JORGE ARTURO ELIZONDO NARANJO, Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, quien comunicó la no aceptación de la misma, bajo el argumento de que sus facultades para sancionar a los responsables habrían prescrito de acuerdo a su particular interpretación del artículo 43 del Reglamento de la Corporaciones Policiales del Estado. La postura a detalle de la CODHET sobre el particular, puede consultarse en el seguimiento de la Recomendación 2/2004, en este mismo apartado.

La C. MARÍA DEL REFUGIO RODRÍGUEZ DE BARRÓN manifestó ante este Organismo de que no obstante haber explicado que sufría de un padecimiento que la obligaba a traer puesto un tapón en su matriz para detener una hemorragia, el comandante de Aduanas del Centro de Readaptación Social con residencia en Victoria, Tamaulipas, categóricamente le expresó que si deseaba ingresar el interior de dicho Centro debería de acudir al área médica para corroborar de que no llevaba alguna sustancia psicotrópica en sus partes íntimas, lo cual a la postre le provocó una hemorragia que tuvo que ser controlada por paramédicos de la Cruz Roja e internada en el Hospital General de la Ciudad.

Al advertirse serias violaciones a la dignidad e integridad física de la quejosa dentro del expediente 189/2003, se recomendó al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, el inicio, trámite y resolución de la investigación administrativa a que haya lugar, respecto de los hechos denunciados; y una vez agotada la investigación, aplicar las medidas correctivas y disciplinarias conducentes a los servidores públicos implicados.

Esta Recomendación fue inicialmente rechazada por la Autoridad, quien arguyó que el actuar de los servidores públicos a su cargo se ajustó a derecho. Tal respuesta motivó que la CODHET emitiera el acuerdo que en seguida se transcribe:

“...En Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los 6 días del mes de abril del año 2004.

Ú N I C O . Solicítese a la autoridad que reconsidere su decisión, respecto a rechazar la Recomendación 67/2004, generando nueva respuesta en el término de Ley.

A nuestra petición de reconsideración, la autoridad respondió con el oficio 8318, del 30 de abril de 2004, en el cual si bien manifestaba la aceptación de lo recomendado, por otra parte insistía en los mismos argumentos esgrimidos en un inicio, negándose a valorar mediante el procedimiento de responsabilidad administrativa la conducta de los servidores públicos involucrados.

En tal virtud, la Comisión dictó acuerdo en fecha 11 de mayo de 2004, el cual en su parte medular expone:

“...Como puede apreciarse, la primera intención de la Autoridad es comunicar la aceptación de la Recomendación al rubro señalada; sin embargo, tal pronunciamiento no puede ser considerado por las razones que expondremos líneas abajo.

Finalmente, en fecha 14 de mayo de 2004, se nos comunicaría la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa número DC-SGG/’55/2004, en contra de los servidores públicos involucrados. A la fecha, esta Recomendación se estima como CUMPLIDA PARCIALMENTE.

La C. GUILLERMINA MORALES, interpuso formal queja ante este Organismo, denunciando violación a los derechos del niño en agravio del menor FRANCISCO IVAN GRAVA GUEVARA por personal del Consejo Tutelar Distrital de Matamoros, Tamaulipas.

El acto de molestia consistió en que no obstante de que la falta cometida por el menor no era de las graves así calificadas por el Código Penal, éste permaneció desde las 18:00 horas del día 5 de marzo de 2002 hasta las 00:30 del siguiente día en la barandilla municipal, hora en la que fuera calificado por el juez y turnado al Consejo Tutelar donde pasó toda la noche, para posteriormente recuperar su libertad a las 16:00 horas después de haber sido sancionado con una amonestación privada, ya que su falta consistió en haber acompañado a otro menor que escribió con gis una letra en la barda de un particular.

Al advertirse la carencia de criterio y desconocimiento de las leyes por parte de los servidores públicos implicados, que originara que el menor en cita permaneciera detenido aproximadamente 22 horas por una falta que no ameritaba tal detención, se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, analizar la conducta asumida por el entonces juez calificador, quien actualmente se encuentra trabajando en el departamento jurídico de ese Ayuntamiento, lo cual una vez realizado, se le apliquen las medidas correctivas y disciplinarias procedentes; asimismo, se recomendó al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado de Tamaulipas, a fin de que instruya al personal de los Centros Tutelares, para que se aplique cabalmente lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social para el Estado de Tamaulipas, así como también lo dispuesto por el diverso 45 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de aplicación general en toda la República Mexicana; lo anterior con la finalidad de evitar futuros perjuicios injustificados que se pudieran producir sobre los menores que sean presentados ante esas instituciones.

La presente recomendación tuvo su aceptación con el oficio número 122/04, firmado por el Licenciado RICARDO ESPINOSA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. Así mismo, se recibió oficio número 196/04, mediante el cual la autoridad recomendada remite constancias relativas al cumplimiento de la recomendación 068/2004, dentro de las cuales se determinó sancionar con una AMONESTACIÓN PRIVADA al LIC. ROBERTO SIBAJA PERALES; razón por la cual esta Comisión calificó como CUMPLIDA TOTALMENTE la presente recomendación.

Esta Recomendación fue inicialmente rechazada mediante el oficio 6081, de fecha 26 de marzo de 2004, firmado por el titular de la Dirección General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado.

Atendiendo lo anterior, esta Comisión dictó el acuerdo de fecha 9 de abril de 2004, que enseguida se transcribe: