SÍNTESIS DE LAS RECOMENDACIONES DEL 2002.

  

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

 

RECOMENDACIÓN No. 001/2002.

Emitida el día 28 de enero del año en curso, esta resolución pone fin a la integración del expediente 123/01, instaurado con motivo de la queja formulada por la C. ALICIA HUERTA BOCANEGRA, en contra de la Presidencia Municipal de Victoria, imputándole hechos violatorios a Derechos Humanos, que se calificaron como FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGAL. La quejosa denunció esencialmente que, con motivo de la apertura de una calle, la Presidencia Municipal, afectó un terreno de su propiedad, ubicado en el Fraccionamiento F.S.T.S.E., sin que para ello se hubiese seguido un procedimiento legal. Agregando que, aún y cuando, ocurrió en diversas ocasiones ante las autoridades municipales, éstas hicieron caso omiso a su inconformidad, al no solucionar su problema. Es necesario señalar, que la autoridad aceptó lisa y llanamente el acto reclamado: “...Se aprobó el plano de la colonia Camino a la Garra, sin preveer que el nuevo asentamiento humano se sobreponía o afectaba terrenos de la colonia FSTSE y dentro de las afectaciones precisamente se encuentra ubicado el lote número 23 que le corresponde a la quejosa ALICIA HUERTA BOCANEGRA... (quien) ha ocurrido en diversas ocasiones a esta oficina del R. Ayuntamiento con el fin de obtener alguna solución favorable”. Aún y cuando esta Comisión intentó solucionar por la vía conciliatoria, ante la notoria falta de voluntad de la autoridad tal objetivo no fue alcanzado. Así los cosas, y tomando en cuenta la violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, se emitió RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, a efecto de que, inmediatamente se brinde una solución digna y justa al problema causado a la C. ALICIA HUERTA BOCANEGRA, utilizando todos los medios legales a su alcance para resarcirle los daños y perjuicios ocasionados en la antijurídica afectación a su derecho de propiedad.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 001/2002.

El día 20 de marzo del 2002, se recibió el oficio número 75/02, firmado por el Licenciado RICARDO GAMUNDI ROSAS, Secretario del Ayuntamiento en Victoria, Tamaulipas, mediante el cual se nos comunicó la aceptación de la Recomendación que ahora nos ocupa. Posteriormente, el 27 de agosto, se nos hizo llegar copia del oficio 174/02, firmado por el Licenciado PEDRO LARA MENDIOLA, Titular del Departamento Jurídico del Ayuntamiento Victorense y dirigido al Ingeniero HOMERO DE LA GARZA TAMEZ, Director de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente e Infraestructura, solicitándole señalar un bien inmueble propiedad del Municipio para ser otorgado a la C. ALICIA HUERTA BOCANEGRA, y dar así cumplimiento a nuestra Recomendación. Sin embargo, a la fecha no hemos recibido mayor información sobre el particular.

 

 

RECOMENDACIÓN No. 002/2002.

Emitida el día 12 de febrero del año en curso, esta resolución pone fin a la integración del expediente 353/00-T, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. FRANCISCO SÁNCHEZ CRUZ, en contra de elementos de la Delegación de Tránsito destacamentados en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, imputándoles hechos violatorios a Derechos Humanos, que se calificaron como EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El quejoso denunció esencialmente que oficiales de la Delegación de Tránsito en Tampico, Tamaulipas, le infraccionaron de manera injusta, manifestando que todo se originó a raíz de que los Agentes viales consideraron excesivo el volumen de su auto estéreo, y con posterioridad lo sometieron a un examen de alcoholemia y al final fue sancionado por no portar la licencia de manejo. Una vez que se llevaron a cabo las investigaciones por parte de este Organismo e integrado el expediente en su totalidad, se llegó a la conclusión que efectivamente el C. SÁNCHEZ CRUZ, fue detenido injustificadamente, toda vez que no existen en los archivos de la autoridad responsable un examen de alcoholemia, así como tampoco acreditan que con motivo al volumen aplicado al autoestéreo del aquí agraviado, se haya causado molestia a persona alguna, razón por la cual se procedió a formular recomendación al C. Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, a efecto de que a la brevedad posible, revise cuidadosamente el área de Tránsito en aquella Ciudad, tomando oportunamente las medidas correctivas y disciplinarias pertinentes incluyendo entre ellas el procedimiento administrativo, toda vez que como se advierte en el capítulo de conclusiones, existe una grave confusión en cuanto a la correcta aplicación del Reglamento específico, lo cual origina un estado de incertidumbre entre la población de aquel municipio, al verse reflejado tal desconocimiento de la Ley en posibles atropellos y violaciones a los derechos de la ciudadanía.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 002/2002.

El 13 de marzo, recibimos el oficio número 650, firmado por el C.P. JORGE ARTURO ELIZONDO NARANJO, Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, mediante el cual comunicó la aceptación de nuestra Recomendación, informando que al efecto se giraron las instrucciones necesarias para la implementación de un curso dirigido a los Agentes de Tránsito en aquella localidad, con el propósito de evitar violaciones a los derechos de la ciudadanía. Dicho curso tuvo inicio el día 19 de marzo y se impartió en las instalaciones de la Academia de Policía. Así las cosas, advirtiéndose que las acciones emprendidas por la autoridad se ajustaban a lo recomendado, se estimó necesario dar por cumplida totalmente nuestra resolución el día 9 de mayo del año que se informa.

 

RECOMENDACIÓN No. 003/2002.

La recomendación número 003/2002, se emitió el día 12 de febrero del año dos mil dos, al C. Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, dentro de la queja número 112/99-M, con motivo de los hechos denunciados por la C. Licenciada LUZ MARÍA GONZÁLEZ ARMENTA, y que hizo consistir en cobro indebido de contribuciones e impuestos por parte de los Regidores comisionados en la vigilancia de la Playa Bagdad de esa Ciudad fronteriza; analizadas que fueron las pruebas existentes en el sumario, se concluyó que existen evidencias sobre la inconstitucionalidad del cobro obligatorio que se realiza al Ciudadano para ingresar a la Playa Bagdad, esto en virtud de que no existe documental alguna que acredite fehacientemente que al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, se le hubiera otorgado concesión, por la autoridad correspondiente, sobre dicho centro turístico; en tal virtud se estimó procedente recomendar al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, realice los trámites conducentes ante la autoridad competente, para efecto de que en forma legal le sea otorgado el permiso o concesión del área correspondiente de la Playa Bagdad, con el fin de estar en posibilidad de utilizar de manera administrativa el inmueble de acuerdo a los lineamientos y disposiciones de las leyes reglamentarias para el aprovechamiento de bienes propiedades de la Nación y en su oportunidad se legitime el cobro de cuotas a través de lo establecido en la Ley de Ingresos, entre tanto se recomendó que las cuotas deben ser voluntarias y no podrán ser exigibles para conceder el ingreso de personas o automóviles a la Playa Bagdad y su zona marítima federal.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 003/2002.

A consecuencia de nuestra Recomendación, el día 2 de abril el Contralor Municipal de Matamoros, Tamaulipas, JOSE DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, informó que desde el día 17 de marzo del año 2000, la Presidencia Municipal de aquella localidad solicitó a la Dirección General de Zona Federal, la desincorporación de los terrenos ganados al mar y su respectiva concesión; en tal virtud este Organismo tuvo por cumplida parcialmente la Recomendación que nos ocupa, tomando para ello en cuenta las acciones emprendidas, y no sin antes dar vista de lo informado a la parte quejosa.

 

RECOMENDACIÓN No. 004/2002.

La recomendación número 004/2002, se emitió el día 25 de febrero del año dos mil dos, al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y readaptación social del Estado, derivada de la queja número 008/01-M, motivada por los hechos denunciados ante la Cuata Visitaduría de este Organismo, por los internos del Centro de Readaptación Social Número II de Matamoros, Tamaulipas, CC. GABRIEL SOLANO LÓPEZ y JOSÉ LUIS RAMÍREZ CONDE, quienes manifestaron que el día nueve de diciembre del 2000, estando recluidos en sus dormitorios fueron sacados de sus celdas, golpeados y segregados en el área de castigo de nombre Almoloyita Oriente junto con un total de 8 internos, siendo acusados falsamente de venta de drogas y amotinamiento, manteniéndolos en dicho lugar hasta la fecha en que presentaron la queja (5 de enero del 2001), además de manifestar la existencia de un capataz en el Módulo Oriente, el cual goza de protección de las autoridades del Reclusorio y ante las arbitrariedades que realiza éste son las del cobro de “talachas”, venta de vino y cerveza. De las investigaciones practicadas por este Organismo, se demostró que al haber aplicado la medida disciplinaria de manera directa, a los internos GABRIEL SOLANO LOPEZ Y JOSE LUIS RAMIREZ CONDE, por una supuesta infracción a la reglamentación de la materia, el personal de custodios incurrió en irregularidades en su desempeño, al violentar los derechos inalienables de los reos, mostrando así un total desconocimiento en cuanto a la aplicación de las medidas disciplinarias que refiere, evidenciando falta de preparación y profesionalismo en su proceder; en virtud de que si bien, el aislamiento temporal es una de las sanciones que son aplicables a los internos por incurrir en algunas de las conductas violatorias al Reglamento, de igual forma se establece que para imponer dichos correctivos, es necesario que las autoridades carcelarias se sujeten a las condiciones y requisitos que establecen los preceptos legales 87 y 88 del Ordenamiento Penitenciario. La conducta asumida por las autoridades carcelarias, resulta ser violatoria de derechos humanos, al transgredir lo establecido en las fracciones I, V, XXI y XXII del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; por tal cuestión se recomendó al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, a fin de que instruyera por escrito al Director del Centro de Readaptación Social Número II de Matamoros, Tamaulipas, para que implemente de manera inmediata un curso de capacitación al personal de custodios del establecimiento, tendiente a procurar la enseñanza y la aplicación del Reglamento para los Centros de Readaptación Social, con el propósito de lograr con mayor eficiencia la readaptación de los internos, así como para que se aplique la sanción correspondiente a los custodios que de manera propia impusieron la negligente medida disciplinaria a los internos, conforme al ordenamiento de mérito; y se realice de manera inmediata y adecuada, una investigación en el Centro Penitenciario de mérito para detectar cualquier tipo de irregularidad con motivo de su funcionamiento.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 004/2002.

El Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, M.A.E. MANUEL DEL RIEGO DE LOS SANTOS, comunicó a este Organismo el día 20 de marzo la aceptación de nuestra Recomendación. En virtud de ello, instruyó al Director del Centro de Readaptación Social en Matamoros, Tamaulipas, una investigación inmediata sobre las irregularidades denunciadas en el funcionamiento de ese establecimiento penal; así mismo, ordenó al Personal de Seguridad y Custodia que labora en ese lugar, ajustar su proceder a lo dispuesto en el Reglamento para los Centros de Readaptación Social del Estado de Tamaulipas, especialmente en lo que hace a las sanciones disciplinarias. Por último informó que el C. JAVIER HINOJOSA VIGIL, ya no funge como custodio y ha perdido su carácter de Servidor Público, por lo que se desvaneció la posibilidad de procesarlo administrativamente. Dado lo anterior, y habiéndose tomado nota de las acciones emprendidas por la autoridad, se tuvo por cumplida totalmente la Recomendación 4/2002.

 

 

 

RECOMENDACIÓN No. 005/2002.

 

La recomendación número 005/2002, se emitió el día 28 de febrero del año dos mil dos, al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, derivada de la queja 029/00-M, motivada por los hechos denunciados ante la Cuata Visitaduría de este Organismo, por el C. SERGIO DIAZ ROMAN, quien manifestó, que elementos de Seguridad Pública Municipal, siendo las 11:30 horas p.m. cuando iba caminando por las calles 13 y Morelos lo detuvieron unos patrulleros sin motivo alguno, se bajaron de la patrulla esposándolo y quitándole un bote de leche Nido y doscientos pesos, llevándolo a la subdelegación y bajándolo esposado, entrando a las oficinas y diciéndoles a los demás oficiales y al Juez que estaba presente que lo dejaran, que no había cometido delito alguno, contestándole que andaba tomado, diciéndoles que iba a su casa, por lo que se le aventaron los oficiales que estaban presentes y lo empezaron a golpear por todos lados y después lo llevaron a la cárcel principal y en el transcurso que lo llevaban lo iban golpeando los mismos patrulleros. De las investigaciones practicadas por este Organismo se demostró que los elementos de Seguridad Pública Municipal de Matamoros, Tamaulipas, detuvieron a SERGIO DIAZ ROMAN porque a su juicio deambulaba estado de ebriedad, situación que tuvo que ser confirmada por personal de la Cruz Verde, donde le diagnosticaron un segundo grado de ebriedad, sin mencionar la metodología utilizada para emitir dicho dictamen, por lo tanto, resulta ilógico suponer que los elementos policiales hubiesen notado al quejoso en estado de ebriedad, resultando además dicha conducta insuficiente para haber procedido a su detención; pues para que se concretara alguna falta administrativa, era necesario, que su estado fuera acompañado de una alteración al orden público, supuesto que no aconteció. Además de los funcionarios implicados, este organismo considera necesario investigar la responsabilidad de los agentes que recibieron al detenido y al juez calificador que se encontraba de turno, pues como se desprende de autos fue en las instalaciones de Subdelegación de esa Corporación Policiaca donde se ejerció violencia al ahora quejoso. La actitud asumida por los Agentes Policiacos, resulta violatoria de derechos humanos al transgredir lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado. Por tal virtud se recomendó al Presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, dicte y aplique las medidas disciplinarias a los agentes que intervinieron en los hechos, por ser su conducta violatoria de derechos humanos; asimismo instruyera por escrito al Secretario de Seguridad Pública Municipal, para que en lo sucesivo se observe la utilización de un procedimiento más apropiado y eficaz, con la aplicación de una metodología específica, sensible y confiable para identificar plenamente el estado de ebriedad de una persona.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 005/2002.

El día 23 de mayo, se recibió el oficio 600/2002, firmado por el C.P. JOSE DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, Contralor Municipal en Matamoros, Tamaulipas, con el cual hizo llegar a este Organismo diversas constancias con la intención de acreditar el pleno cumplimiento a la Recomendación 5/2002. Efectivamente, la autoridad demostró que se aplicó como medida disciplinaria un apercibimiento al Servidor Público JOSE ANGEL OROZCO FERNÁNDEZ, instándole para que en lo sucesivo, se abstenga de realizar detenciones fuera de la legalidad; así mismo, se instruyó al Secretario de Seguridad Pública Municipal para que se utilice un procedimiento apropiado y eficaz en la determinación del estado de embriaguez que observen los detenidos. Visto lo anterior, mediante acuerdo de fecha 3 de junio, esta Comisión tuvo por satisfecha totalmente esta Recomendación.

 

RECOMENDACIÓN No. 006/2002.

La recomendación 006/2002, se emitió el primer día del mes de marzo del año dos mil dos, al Procurador General de Justicia en el Estado, derivada de la queja número 047/00-M, motivada por los hechos denunciados ante la Cuarta Visitaduría de este Organismo, por la C. SILVIA MARGARITA RUBIO, la cual se duele de retención ilegal y violación a los Derechos de los niños, imputados al Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador y personal del Consejo Tutelar Distrital, ambas autoridades con residencia en Matamoros, Tamaulipas, al señalar que su hijo JUAN ALVAREZ RUBIO, quien es menor de edad, el día 27 de abril del año 2000, se vio involucrado en un accidente automovilístico, toda vez que el vehículo en que se trasladaba como copiloto, (según su dicho), atropelló y dio muerte a una persona del sexo femenino, dándose a la fuga su conductor, habiéndose quedado el menor referido en la citada unidad motriz, hasta que se hicieron presentes las autoridades de transito, quienes lo pusieron a disposición del Fiscal Investigador señalado como autoridad responsable, y una vez que le tomaron en dicha Fiscalía la declaración a su hijo, lo internaron en el Consejo Tutelar Distrital, considerando injustificada la detención del menor; por lo que una vez analizados los autos del presente expediente se evidencía que el Fiscal Investigador incurrió en irregularidades en su proceder, toda vez que al tener a sus disposición al menor JUAN ALVAREZ RUBIO, y saber de su calidad de inimputable, procedió ante su autoridad, a recabarle su declaración como presunto responsable de hechos constitutivos de delito, y posterior a ello, lo remitió ante el Consejo Tutelar Distrital de Matamoros, Tamaulipas, incurriendo en irregularidades en su proceder, al omitir dar debido cumplimiento a la circular número 3, de fecha 6 de septiembre de 1999, firmada por el Procurador General de Justicia del Estado; por tal motivo, este Organismo recomendó al Procurador General de Justicia en el Estado, instruyera por escrito al Agente del Ministerio Público Investigador implicado, a fin de que en lo sucesivo, cuando tenga conocimiento de hechos comprendidos en el artículo 19 de la Ley para la Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social para el Estado de Tamaulipas, proceda de manera inmediata a informar y proveer, en su caso, el traslado, al Consejo Tutelar correspondiente.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 006/2002.

El día 12 de marzo del 2002, el Licenciado FRANCISCO TOMAS CAYUELA VILLARREAL, Procurador General de Justicia en el Estado, aceptó la Recomendación que se le formulara, y al efecto, instruyó al Agente Cuarto Público Investigador en Matamoros, Tamaulipas, para que en lo sucesivo en los casos en que se encuentren implicados menores infractores, se atienda a lo dispuesto por los artículos 19 y 35 de la Ley para la Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social para el Estado de Tamaulipas. Así mismo, ordenó a la Dirección Administrativa de esa Procuraduría, dejar copia de nuestra Recomendación en el expediente del Licenciado BALDEMAR ALANIS GARCIA, quien fungiera como Titular en la citada Fiscalía al momento de suscitarse los hechos motivo de la queja 47/00-M. En virtud de que tales acciones se ajustaron a lo recomendado, se tuvo por satisfecha totalmente nuestra resolución mediante acuerdo de fecha 2 de abril.

 

RECOMENDACIÓN No. 007/2002.

La recomendación 007/2002, se emitió el día 6 de marzo del año 2002, al Procurador General de Justicia del Estado, derivada de la queja número 130/00-M, motivada por hechos denunciados ante la Cuarta Visitaduría de este Organismo por la C. MARÍA DE LOURDES SALAZAR PÉREZ, quien manifestó: “...el día de hoy en la madrugada, a las 2:30 horas (22 de septiembre del 2000) fueron hasta mi domicilio unos agentes de la Policía Ministerial, cuando una de mis hijas de nombre SONIA HERNÁNDEZ le dijo a mi esposo ANTONIO HERNÁNDEZ que a fuera estaban tocando, por lo que mi esposo se fue a asomar por la cocina para ver quien era, a lo que de repente cuatro agentes de la Policía Ministerial se metieron hasta la cocina para detener a mi esposo, poniéndole las esposas muy apretadas, lo anterior lo considero una violación terrible ya que no tenían porque meterse a mi domicilio...”. Una vez agotada la integración del expediente, esta Comisión concluyó que con motivo del cumplimiento de la Orden de Aprehensión ejecutada al Ciudadano ANTONIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, los agentes encargados violentaron el estado de derecho, al haberse conducido de manera arbitraria, porque si bien es cierto que contaban con mandamiento judicial de aprehensión, y que es innegable que dicha orden los facultaba para detener a la persona mencionada también es cierto que tal mandato no los autorizaba para que se introdujeran con lujo de violencia a la casa de la quejosa, poniendo en peligro la integridad y perturbando la tranquilidad de sus moradores, versión que se corroboró con los atestos rendidos por ARACELY ALAMEDA LUMBRERAS, ARACELY HERNÁNDEZ SALAZAR Y ANTONIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ; estos hechos violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en la primera parte del artículo 16 Constitucional, por lo que se recomendó al Procurador General de Justicia en el Estado instruyera por escrito al Director de la Policía Ministerial del Estado, para que este, a su vez, aleccione a los Agentes que intervinieron en los hechos y omisiones descritas, en el sentido de que todas las aprehensiones que se realicen por mandato de un superior jerárquico, se desarrollen con estricto respeto a las garantías individuales, evitando actuaciones ilícitas; asimismo aplique medidas correctivas y disciplinarias en contra de los agentes involucrados, en virtud de haberse excedido con su autoridad, y violar el principio del estado de derecho.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 007/2002.

Nuestra Recomendación fue aceptada el día 15 de marzo, por el C. Procurador General de Justicia en el Estado, Licenciado FRANCISCO TOMAS CAYUELA VILLARREAL. Cabe señalar que en cumplimiento a esta resolución se amonestó y apercibió a los Agentes de la Policía Ministerial EMILIO TREVIÑO GARCIA, MARTÍN HERNÁNDEZ ROMERO, EDUARDO ESPARZA REYES, RICARDO ROSAS ABUNDIS, FELIX SÁNCHEZ BANDA, JUAN GARCIA GALLEGOS, FELIPE RAMÍREZ LOPEZ y FELIX FERNANDO GARCIA AGUIAR, por lo que en su oportunidad se tuvo por satisfecha la Recomendación que nos ocupa.

 

RECOMENDACIÓN No. 008/2002.

La recomendación 8/2002, fue emitida el día 21 de febrero del presente año, derivada de la queja número 134/00-L, interpuesta por el C. MIGUEL ANGEL REYES en contra de Elementos de Seguridad Pública Municipal, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de los cuales se doliera de allanamiento de morada y detención arbitraria. Durante el proceso de integración de la queja que ahora nos ocupa se pudo advertir la responsabilidad de los elementos de seguridad pública, al haber detenido al quejoso sin que se encontrara en la comisión flagrante de algún delito o infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno. Asimismo se encontró plenamente acreditado que los servidores públicos implicados allanaron el domicilio del quejoso, al ingresar al domicilio con la autorización de la C. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ SALAZAR, persona carente de legitimación para autorizar acceso a un domicilio el cual no habitaba. En consecuencia de lo anterior, se procedió a recomendar al C. Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, ordenara a quién corresponda se promoviera el inicio, trámite y resolución del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad ante el Consejo de Honor y Justicia de San Fernando, Tamaulipas, en contra de los Agentes de Seguridad Pública implicados en la detención del C. MIGUEL ANGEL REYES. De igual manera, se recomendó girara instrucciones a fin de que se dicten las medidas disciplinarias a que haya lugar en contra del Juez Calificador Lic. RENÉ KARG REYES, en virtud de haber retenido ilegalmente al C. MIGUEL ANGEL REYES.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 008/2002.

No obstante y se ha insistido en diversas ocasiones a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sobre una respuesta a lo recomendado, es menester decir que a la fecha carecemos de información alguna, por lo que el quejoso conserva su derecho de acudir, mediante el recurso de impugnación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

RECOMENDACIONES No. 009 Y 010/2002.

Las Recomendaciones 9 y 10 se derivan del expediente de queja 02/2000-R motivado por SILVESTRE DE LA SERNA RAMÍREZ, quien denunciara que el deceso de su hermano JUAN ANTONIO DE LA SERNA RAMÍREZ quien se encontraba interno en el Centro de Readaptación Social número dos de Reynosa, Tamaulipas, fue debido a que durante su internamiento fue contagiado de Tuberculosis y no se le brindó atención médica adecuada.

De la integración del expediente se pudo advertir que en efecto las autoridades penitenciarias fueron omisas en proporcionar al hoy occiso la atención médica urgente requerida lo que derivó en los funestos resultados que hoy conocemos, motivo por el cual se emitió RECOMENDACIÓN al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, para que se instaure procedimiento de responsabilidad en contra del Director del Centro de Readaptación Social número dos de Reynosa, Tamaulipas y del Médico adscrito al mismo, por su negligente actuación y en caso de que los funcionarios ya no ostenten el cargo, se hagan las anotaciones pertinentes en su expediente personal.

De igual forma y al advertirse que el Director del Centro de Readaptación Social número dos de Reynosa, Tamaulipas, ha sido omiso en dictar las medidas preventivas necesarias para la prevención y control de las enfermedades transmisibles como la tuberculosis, poniendo con ello en riesgo la salud de la totalidad de la población penitenciaria se emitió RECOMENDACIÓN al mismo para que a la brevedad posible y con auxilio del personal médico adscrito al Reclusorio proceda a levantar un censo entre los internos afectados de tuberculosis o de alguna otra enfermedad de carácter transmisible para que proceda a notificar a la Secretaría de Salud y se les otorgue la atención médica requerida, además de tomarse las medidas de prevención y control.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 009/2002.

El día 20 de marzo, el M.A.E. MANUEL DEL RIEGO DE LOS SANTOS, Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, nos comunicó la aceptación de la Recomendación de mérito. Posteriormente, advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento administrativo DC-SGG/011/2002, en contra de los CC. ROBERTO OLIVARES MOJICA y ROBERTO REDONDO MARTINEZ, entonces Director y Médico Adscrito respectivamente, del Centro de Readaptación Social en Reynosa, Tamaulipas, se tuvo por cumplida parcialmente la recomendación 9/2002, quedando supeditada su resolución total a la substanciación y/o conclusión del procedimiento administrativo citado.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 010/2002.

En lo que hace a esta Recomendación, se tuvo por cumplida totalmente, toda vez que la autoridad acreditó que con auxilio de Personal Médico capacitado se levantó en el Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, un censo de los internos afectados por la tuberculosis, el cual fue notificado a la Secretaría de Salud Estatal para los efectos a que haya lugar. Tómese en cuenta que en tales términos fue emitida nuestra resolución.

RECOMENDACIÓN No. 011/2002.

La recomendación número 11/2002, se emitió el día 7 de marzo del presente año, al C. Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, misma que se derivó del expediente de queja número 011/01-SF, mediante la cual la C. MARÍA ELENA GALVAN MORALES, denunció ejercicio indebido de la función pública y disparo de arma de fuego, por parte de elementos de la Policía Preventiva con residencia en San Fernando, Tamaulipas; una vez que este Organismo desahogó las diligencias necesarias para la debida integración del citado expediente, se llegó a la conclusión que efectivamente los elementos policiales implicados en el presente caso, incurrieron en irregularidad al tratar de detener al C. ERASMO GARCÍA GALVAN, y posteriormente efectuar disparos con sus armas de cargo. Según se deduce de autos, el quejoso se encontraba en la vía pública platicando con otra persona, ambos a bordo de sus vehículos, y los servidores públicos al observar los dos vehículos que se encontraban mal estacionados les llamaron la atención y posteriormente uno de ellos arrancó y fue perseguido por dicha patrulla, aproximadamente seis cuadras hasta llegar a su domicilio; en el trayecto el Oficial FRANCISCO JAVIER GRACIA JASSO, sacó su arma y realizó un disparo al aire y al llegar al domicilio de dicha persona éste le apuntaba con su arma en la cabeza, diciéndole que se bajara del vehículo; así mismo, el Oficial ROGELIO RANGEL PALOMO, realizó un disparo con su arma a la llanta del vehículo, dañándolo y posteriormente se retiraron; lo anterior se probó de acuerdo a las constancias que integran dicho expediente, además de apreciarse diversas contradicciones entre las declaraciones rendidas por los servidores públicos implicados y el parte informativo existente por lo cual no obran elementos probatorios que justifiquen el proceder de los servidores públicos, incurriendo así en abuso de autoridad, transgrediendo con su actuar la Regla XV del Código de Etica Policial, así como lo señalado en las fracciones I y VII del artículo 33 del Reglamento de las Corporaciones Preventivas del Estado y también el numeral 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, motivo por el cual se procedió a formular RECOMENDACIÓN al C. Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, a efecto de que gestionara ante quien corresponda el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del C. FRANCISCO JAVIER GRACIA JASSO, servidor público implicado, por encontrarse demostrado que incurrió en abuso de autoridad al desempeñar sus funciones y en su oportunidad se emitiera la resolución que corresponda en derecho. En lo que respecta a la actuación del elemento policial ROGELIO RANGEL PALOMO, en dicho expediente se acreditó que éste ya no labora en esa corporación policial y de acuerdo a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, la sanción administrativa mayor a que se hubiera hecho acreedor lo era el cese, este Organismo no se pronunció en su contra.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 011/2002.

Mediante oficio número 166/02, el Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, JUAN JOSE GALVAN GARCIA, comunicó la aceptación de esta Recomendación, anexando copia del oficio 162/02, que contiene instrucciones a la Contraloría Municipal para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del Policía FRANCISCO JAVIER GARCIA JASSO. Sin embargo, a la fecha carecemos de información sobre la substanciación y/o conclusión de tal procedimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 012/2002.

La recomendación número 12/2002, fue emitida el día 7 de marzo del presente año, al C. Presidente Municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, misma que se derivó de los expedientes de queja números 296/00-T y 297/00-T, acumulados, iniciados con motivo de los hechos denunciados por el C. JOSÉ MANUEL NUÑEZ CARREÓN y VÍCTOR HUGO PÉREZ VEGA, quienes denunciaron detención arbitraria y ejercicio indebido de la función pública, por parte de elementos de la Policía Preventiva de esa Ciudad; una vez que este Organismo practicó las diligencias necesarias, se culminó con la integración de dichos expedientes y de las constancias que los conforman se advierte que efectivamente los elementos policiales detuvieron arbitrariamente al C. VÍCTOR HUGO PÉREZ VEGA, el día 13 de julio del año 2000, quien conducía un ecotaxi, en el que se desplazaba a exceso de velocidad, ya que transportaba a una persona del sexo femenino, quien estaba a punto de dar a luz; en el trayecto los elementos policiales observaron dicho vehículo, percatándose que en el interior iban varias personas, por lo cual lo siguieron y le marcaron el alto, haciendo caso omiso el C. PEREZ VEGA, tiempo después se detuvo, dándose cuenta los elementos policiales del estado en que se encontraba la persona que iba a dar a luz, procediendo a brindarle el apoyo para que la trasladara hasta el Hospital Civil de esta Ciudad, lugar donde lo privaron de la libertad, omitiendo avisar a los elementos de vialidad para que estos actuaran conforme a sus atribuciones, transgrediendo con su actuar las garantías constitucionales de libertad, legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 47 fracción I de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, lo que motivó que se formulara recomendación al C. Presidente Municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, a efecto de que gestione ante quien corresponda diera inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los elementos de la Policía Preventiva de ese Municipio que detuvieron injustificadamente al C. VÍCTOR HUGO PÉREZ VEGA, y en su oportunidad se emitiera la resolución que procediera en derecho.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 12/2002.

El día 20 de septiembre, se recibió oficio firmado por el M.V.Z. JOAQUIN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, Presidente Municipal de Madero, Tamaulipas, mediante el cual comunicó que se aceptaba la Recomendación de mérito y al efecto, había sido turnada al Consejo de Honor y Justicia, para dar inicio así al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los elementos de la Policía Preventiva que detuvieron injustificadamente al C. VICTOR HUGO PEREZ VEGA. Actualmente no contamos con mayor información al respecto, habiéndose girado ya un recordatorio.

 

RECOMENDACIÓN No. 013/2002.

La recomendación 013/2002, se emitió el día 8 de marzo del año dos mil dos, al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, derivada de la queja número 009/01-M, motivada por los hechos denunciados ante la Cuarta Visitaduría de este Organismo, por el C. LUIS CARLOS CELAYA MORALES, quien manifestó: “...por descuido se me pasó la lista y como no tenía los $100.00 que me pidieron los guardias por orden del director, me metieron al área de castigo llamada Almoloyita en donde los guardias me golpearon dejándome moretones en la cara y bolas en la cabeza, después entre varios internos también me golpearon los cuales son “el Gaby”, la lengua, pancho y otro que se llama Martín Barrón alias “la martina” abusó sexualmente de mí y me rapó. Estas personas me tienen amenazado de que si yo digo lo que me hicieron me va ha ir peor, yo les comenté a los guardias y al director y no me hicieron caso por eso yo estoy pidiéndole ayuda a Usted porque tengo miedo de que me pase algo ya que el director está cometiendo muchos abusos conmigo y muchas más personas que nos encontramos internas en este Cereso II..” (sic). Una vez agotada la integración del expediente, este Organismo concluyó que la medida disciplinaria aplicada al interno LUIS CARLOS CELAYA MORALES, al ser impuesta por el personal de custodios, incurren éstos en irregularidades en el desempeño de sus funciones, evidenciando así falta de preparación y profesionalismo en su proceder. Lo anterior, si tomamos en cuenta que, si bien es cierto, el aislamiento temporal de los internos es una sanción por incurrir en una conducta violatoria al Reglamento, tal sanción sólo puede ser dictada por las autoridades carcelarias competentes en estricto apego a los artículos 87 y 88 del Ordenamiento Penitenciario. Por lo que este Organismo recomendó al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, instruyera por escrito al Director del Centro de Readaptación número II de Matamoros, Tamaulipas, para que adopte las medidas necesarias con el fin de capacitar al personal de custodios del establecimiento tendiente a procurar la enseñanza y aplicación del Reglamento para los Centros de Readaptación Social, para lograr una mayor eficacia en la readaptación de los internos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 13/2002.

La autoridad, aceptó esta recomendación el día 20 de marzo, procediendo a tomar las medidas necesarias para implementar un curso de capacitación dirigido al Personal de Seguridad y Custodia del CERESO de Matamoros, Tamaulipas, el cual se llevó a cabo el día 3 de mayo. Visto así satisfecho el objeto de la Recomendación, se tuvo por cumplida totalmente.

 

 

RECOMENDACIÓN No. 014/2002.

La recomendación número 014/2002, se emitió el día 8 de marzo del presente año, al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, derivada de la queja número 167/01-M, motivada por los hechos denunciados ante la Cuarta Visitaduría General de este Organismo, por la C. LUZ MARÍA GONZÁLEZ ARMENTA, en contra del Delegado de Tránsito Local de Matamoros, Tamaulipas, quien argumentó que con el propósito de que los ciudadanos en general conozcan sus derechos para que estén en posibilidad de exigir se les respeten, durante el mes de diciembre del 2000, procedieron a colocar en el local que ocupan las oficinas de la Dirección de Tránsito un letrero en el que se transcribió lo que establece el Reglamento de Tránsito y Transporte vigente en el Estado de Tamaulipas, en su artículo 209, y que aún y cuando en el reglamento citado claramente señala que si dentro de los cuatro días siguientes a la fecha de la infracción se cubre ésta, se hará un descuento del 50%. Ahora bien, en el momento de que las personas que se encuentran dentro de los supuestos que precisa el numeral citado, solicitan en caja se les haga el descuento, sus demandas no son atendidas, en virtud de que dicho beneficio, está sujeto a la autorización de algún funcionario de dicha institución; una vez analizados los medios de prueba, se revela de manera amplia y objetiva que la autoridad denunciada viola en perjuicio de la ciudadanía sus derechos, esto al acreditarse que no dan debido cumplimiento a lo previsto por el artículo 209 del Reglamento de Tránsito y Transporte para el Estado. En efecto, en el caso particular, tenemos que en la Delegación de Tránsito y Vialidad de mención, solamente con la autorización del Delegado, Subdelegado y/o Asesor Jurídico de dicha Institución se concede el descuento observado en el numeral en cita, lo que se traduce en un acto arbitrario toda vez que se encuentra en contravención del precepto reglamentario en estudio. Por tal razón se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, se adopten las medidas necesarias para garantizar que en la Delegación de Tránsito y Vialidad de ese Municipio, se de cumplimiento incondicional a lo dispuesto por el artículo 209 del Reglamento de Tránsito y Transporte, de acuerdo a los razonamientos expuestos en esta determinación.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 014/2002.

Esta resolución se tuvo por cumplida totalmente, mediante acuerdo de fecha 7 de mayo, toda vez que la autoridad acreditó haber instruido al Contralor Municipal y al Juez Calificador de Tránsito Local, en el sentido de efectuar el descuento del 50% en las multas aplicadas conforme al Reglamento de Tránsito y Transporte, dando cumplimiento así a lo recomendado.

 

RECOMENDACIÓN No. 015/2002.

Emitida el día 8 de marzo del año en curso, esta resolución pone fin a la integración del expediente 263/00, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. PEDRO LUJAN PORTES, quien denunció esencialmente haber sido víctima de LESIONES a manos de elementos de la Delegación de Tránsito de esta Ciudad, y de EJERCICIO INDEBIDO O INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA por parte de la Agencia del Ministerio Público Investigadora que estuvo en turno el día 25 de junio del año 2000. El C. LUJAN PORTES narró que fue detenido por un operativo de Tránsito que se encontraba establecido en la Colonia la Presita, señalándole un agente que era un operativo antialcohol y que le iban a hacer una revisión de rutina y un examen, después le pidieron las llaves del carro diciéndole que estaba en estado inconveniente para manejar y que tenía que acompañarlos a la Delegación. En el trayecto a la Delegación el C. LUJAN PORTES solicitó a uno de los oficiales que lo ayudara a fin de avisarle a sus compañeros sobre su detención, sin embargo uno de ellos como respuesta sacó su gas lacrimógeno y lo roció en sus ojos, a la vez que empezó a golpearlo. Posteriormente se trasladó a las instalaciones de las Agencias del Ministerio Público a fin de presentar una denuncia en contra de los Agentes de Tránsito, así como que un médico perito diera fe de las lesiones que presentaba, diciéndole un Agente de la Policía Ministerial que ahí no se encontraba nadie que pudiera recabar su denuncia. Una vez que se llevaron a cabo las investigaciones por parte de este Organismo e integrado el expediente en su totalidad, se llegó a la conclusión que efectivamente el C. LUJAN PORTES, fue víctima de violencia innecesaria a manos de los elementos de Tránsito, ya que obra en este Organismo el dictamen de fecha 26 de junio del año 2000, signado por el Médico Forense Adscrito a esta Comisión el cual dá fe de las lesiones presentadas por el C. LUJAN PORTES, por otra parte obra el examen médico de lesiones, de la misma fecha, elaborado por el Perito Médico Forense de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; con las anteriores probanzas se da por asentada la existencia de lesiones en la humanidad de PEDRO LUJAN, motivo por el cual se procedió a formular recomendación al C. Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, para que instruya a las autoridades de Tránsito, a fin de que, en lo subsecuente, esa corporación se asista de personal profesionalmente capacitado, que esté en posibilidades de elaborar en el momento que se requiera, un dictamen de alcoholemia ajustado a la legalidad. Así mismo, que aplique las medidas disciplinarias procedentes conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los responsables de la agresión sufrida por el quejoso. Por otra parte, se dictó ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS en lo que hace a la actuación u omisión denunciada por el quejoso en contra de la Agencia del Ministerio Público Investigador, por no haberse aportado los elementos necesarios para acreditar en forma fehaciente tal violación a los derechos humanos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 015/2002.

Esta Recomendación no cuenta con respuesta sobre su aceptación o rechazo a pesar de que en diversas ocasiones se ha solicitado a la Presidencia Municipal de Victoria, informe sobre el particular, por lo que el quejoso conserva su derecho de acudir, mediante el recurso de impugnación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

 

RECOMENDACIÓN No. 016/2002.

Emitida el día ocho de marzo del año en curso, esta resolución pone fin a la integración del expediente 338/01, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. EBERTO HINOJOSA BARRERA, en contra de autoridades del Centro de Readaptación Social de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, imputándoles hechos que en su momento se calificaron como VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS O INTERNOS. El quejoso denunció esencialmente haber sido trasladado, sin motivo legal alguno, del CERESO de Reynosa, Tamaulipas, al establecimiento penal de esta Capital. La autoridad por su parte, arguyó, sin acreditar, razones de seguridad para el traslado, manifestando que HINOJOSA BARRERA “ha mostrado durante su internamiento una conducta de indisciplina y conflictiva, infringiendo las normas institucionales, pretendiendo incitar al resto de la población a un posible motín”. Una vez que se llevaron a cabo las investigaciones por parte de este Organismo e integrado el expediente en su totalidad, se llegó a la conclusión que en el traslado del señor HINOJOSA BARRERA, no está plenamente acreditada la responsabilidad del interno, careciendo así el acto de motivación y fundamentación, transgrediéndose lo previsto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna; es pertinente aclarar que en ningún momento la autoridad logró demostrar fehacientemente, la necesidad de la medida o la existencia de las invocadas razones de seguridad que desembocaron en el arbitrario traslado del reo, motivo por el cual se procedió a formular recomendación al C. Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, a fin de que nuevamente se valore el caso del señor EBERTO HINOJOSA BARRERA, considerando los antecedentes y conclusiones expresadas en resolución de mérito, con el propósito de atender la posibilidad de su traslado al CERESO de Reynosa, Tamaulipas, decisión que de algún modo resarciría el daño causado, además de permitir así la convivencia con su familia, elemento importantísimo en la readaptación de cualquier interno. Sin perjuicio de lo anterior, se recomendó a la autoridad el inicio de una investigación en cuanto a las irregularidades que, dentro del área educativa del CeReSo II en Reynosa, se denunciaron.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 016/2002.

Esta recomendación se tuvo por cumplida en su totalidad, el día 16 de diciembre, toda vez que la autoridad valoró de nueva cuenta y a la luz de la legalidad, el caso del interno EBERTO HINOJOSA BARRERA, tal y como pugnaba nuestra resolución. Además, se demostró por parte de la autoridad que se han investigado y corregido las irregularidades observadas en el área educativa del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas.

 

RECOMENDACIÓN No. 017/2002.

La recomendación número 017/2002, se emitió el día 08 de marzo del año en curso, al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, derivada de la queja número 007/01-M, iniciada con motivo de los hechos denunciados de oficio por la C. LIC. NORMA NELLY AGUILAR HERNÁNDEZ, Cuarta Visitadora General de este Organismo, quien mediante Constancia de fecha 5 de enero del año inmediato anterior, manifestó que acudió a las instalaciones del Centro de Readaptación Social Número II de Matamoros, Tamaulipas, y estando constituida específicamente en el área de segregación llamada “Almoloyita Oriente”, se encontraba una persona de aproximadamente 40 años de edad, quien dijo llamarse ALBERTO FELICIANO BARRÓN, quien manifestó que estaba castigado en esa celda desde hacía más de 20 días, que dicha persona se encontraba mojada de su ropa, así mismo se encontraba en ese lugar el interno de nombre RAFAEL ARICEAGA ZARZOZA, quien manifestó que tenía 30 días en el área de castigo, y que los estaban amenazando con trasladarlos, además de haberle dado la cantidad de $1,500 dólares al Capataz del módulo Oriente para el pago de la “talacha”. De las investigaciones realizadas por este Organismo, se demostró que con motivo de las medidas disciplinarias que son impuestas a los internos del Centro Penitenciario de mérito, las autoridades carcelarias incurren en violación de los derechos inalienables de los internos, al no respetar uno de los principios fundamentales en la Readaptación Social, como lo es la dignidad humana, evidenciándose con ello la falta de responsabilidad y profesionalismo en su proceder, ya que no se sujetan a las condiciones y requisitos que establecen los preceptos legales 82, 83, 84 y 87 del Reglamento para los Centros de Readaptación Social. Igualmente, este Organismo corroboró que las condiciones en que se encontraba el área de aislamiento no cumple con las condiciones que establece el artículo 82 del Ordenamiento precitado. La conducta asumida por la autoridades carcelarias, resulta ser violatoria de derechos humanos, al transgredir lo establecido en las fracciones I, V, XXI y XXII del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; por tal cuestión se recomendó al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, a fin de que instruyera por escrito al Director del Centro de Readaptación Social Número II de Matamoros, Tamaulipas, para que siempre que se apliquen medidas disciplinarias a los internos del Centro Penitenciario se actúe con estricto apego al reglamento de la Materia, imperando el respeto a la integridad y dignidad de las personas, cesando inmediatamente toda sanción disciplinaria no prevista en las disposiciones legales aplicables. Así mismo, al Director del referido Centro Penitenciario, para que se tomen las medidas adecuadas para que los lugares de aislamiento se encuentren acondicionados según lo establecido en el ordenamiento carcelario. Y gestionar ante el Órgano de Control Interno, la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa, en contra de los servidores públicos que aplicaron las denigrantes medidas disciplinarias en agravio de los internos referidos en el presente asunto, por ser a juicio de esta Comisión violatorios de derechos humanos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 017/2002.

El 4 de septiembre se recibieron en esta Comisión los oficios 13730, 13731 y 13732, signados por el Director General de Prevención y Auxilio Medidas Tutelares y Readaptación Social, a través de los cuales allegó a los autos diversas probanzas que en su conjunto lograron demostrar el cabal cumplimiento a nuestra Recomendación. En tal sentido, se instruyó al Director del Centro de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas, ajustara su actuación a lo dispuesto por los artículos 82, 83, 84 y 88 del Reglamento para los Centros de Readaptación Social en el Estado, absteniéndose de aplicar sanciones disciplinarias no previstas en las disposiciones legales; así mismo, se instó a dicho Funcionario vigilar que las áreas de aislamiento se mantengan limpias y en condiciones habitables. Por último, se informó que los CC. MARIA DEL CARMEN GARZA RUIZ y JAVIER HINOJOSA VIGIL, han perdido su carácter de servidores públicos, desvaneciéndose así la posibilidad de sancionarlos administrativamente. Conforme a lo anterior se tuvo por satisfecha totalmente nuestra resolución el día 6 de septiembre.

 

RECOMENDACIÓN No. 018/2002.

La recomendación 018/2002, se emitió el día 8 de marzo del presente año, al Procurador General de Justicia del Estado, derivada de la queja número 003/02-M, motivada por hechos denunciados ante la Cuarta Visitaduría de este Organismo por los CC. CARLOS OSCAR SANDOVAL GARZA, MARÍA DE LOS ANGELES CEBALLOS DE OLVERA, AGLAE R. ÁVILA DE SANDOVAL Y ALEJANDRO SANDOVAL ÁVILA, quienes manifestaron que no se ejecuta la Orden de Aprehensión girada desde noviembre de 1997, en contra del Ingeniero HÉCTOR SANDOVAL GARZA, a pesar de que el Procurador General de Justicia en el Estado, en Octubre del 2001 giró instrucciones al Ministerio Público Adscrito al Juzgado Primero Penal de Matamoros, Tamaulipas, a efecto de que se ejecutara dicha Orden. Ahora bien, los quejosos argumentaron que al comunicarse con el Ministerio Público, éste los turnaba con la Policía Ministerial, quienes sólo dicen “que se va a investigar que ha pasado con esa orden”. De las diligencias realizadas por este Organismo, se comprobó, que la Orden de Aprehensión girada en contra de HÉCTOR SANDOVAL GARZA, no ha sido ejecutada por los elementos policiales encargados de su cumplimiento, toda vez que no lo han podido localizar, quedando de manifiesto que, no obstante de haber transcurrido un tiempo considerado excesivo para su cumplimiento, esto no se ha realizado, provocando con ello una Dilación en la Procuración de Justicia en agravio de los quejosos de esta vía, no dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de la Policía Judicial del Estado; Al no obrar en autos constancia alguna que demuestre el resultado de las investigaciones realizadas por los agentes policiacos, y según las indagaciones realizadas por este Organismo, el indiciado puede ser localizado en las instalaciones que ocupa el número telefónico 816-61-92, de aquella Ciudad fronteriza, por lo que es evidente que nos encontramos ante una conducta omisiva dolosa, encaminada a entorpecer maliciosamente la administración de justicia, concediendo al prófugo una ventaja indebida; y si bien, los agentes ministeriales eran los encargados directos de ejecutar la orden, es ineludible reparar en la actitud pasiva de sus superiores jerárquicos que no supervisaron en lo más mínimo su actuación; por tal motivo, se recomendó al Procurador General de Justicia en el Estado, instruya por escrito al Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Matamoros, Tamaulipas, vigile se dé cumplimiento a la Orden de Aprehensión existente en contra de HÉCTOR SANDOVAL GARZA, dentro del Proceso Penal 410/97. De la misma manera, ordene al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con base en aquella Ciudad, intensifique las investigaciones para lograr la ejecución de la orden de mérito. Y en su caso, se ejerzan las atribuciones conferidas en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 018/2002.

El día 22 de noviembre, este Organismo estimó pertinente tener por cumplida de manera parcial esta Recomendación, toda vez que la autoridad ha instruido por escrito tanto al Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Primero Penal de Matamoros, Tamaulipas, así como al Comandante de la Policía Ministerial en aquella localidad, a efecto de que vigilen e intensifiquen las acciones para lograr la ejecución de la orden de aprehensión librada en contra de HECTOR SANDOVAL GARZA, justo en los términos recomendados. En tal virtud, aguardamos las constancias que avalen su satisfacción total.

 

RECOMENDACIÓN No. 019/2002.

La recomendación número 019/2002, se emitió el día 11 de marzo del presente año, al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, derivada de las quejas número 079/00-R Y 080/00-R, motivadas por los hechos denunciados ante la Tercera Visitaduría General de este Organismo, por los CC. CARLOS GARZA GUERRA Y LUCIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en contra del Grupo Operativo Policiaco y Médico Legista de la Delegación de Seguridad Pública Municipal de Reynosa, Tamaulipas. Los quejosos manifestaron que en fecha 21 de junio del 2000, estando en la Colonia Satélite, se presentaron a dicho lugar elementos del Grupo Operativo y detuvieron injustificadamente al quejoso GARZA GUERRA, y a los CC. FELIPE MENDOZA Y FLORENTINO HERNÁNDEZ, además de haber sido golpeados por dichos elementos; además el C. GARZA GUERRA argumentó que también le fue remitida a la Delegación su camioneta Ford Lobo, modelo 2000 color negro, sin causa justificada. De las investigaciones practicadas por este Organismo, se comprobó que loa Agentes de Seguridad Pública Municipal, de Reynosa, Tamaulipas cometieron irregularidades en el desempeño de su servicio, al haber detenido a los Ciudadanos CARLOS GARZA GUERRA, FLORENTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y LUIS MENDOZA VERDINEZ, sin que se encontraran en los supuestos de flagrancia delictuosa o de infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno, además de trasladar el vehículo del quejoso GARZA GUERRA a los patios de la Delegación Policiaca, sin existir algún mandamiento legal expedido por autoridad competente para ello, extralimitándose de sus funciones, conducta que se traduce en una afectación más en su perjuicio, actuaciones irregulares, que demuestran la falta de preparación y conocimiento de la materia por parte de los agentes de seguridad implicados, al no respetar las garantías de legalidad y constitucionalidad de las personas. La detención arbitraria quedó demostrada con la firme imputación efectuada por el pasivo n contra de los agentes policiales aprehensores, la cual fuera plenamente corroborada con el testimonio de LUCIA, MINERVA, ALEJANDRA, JULIA, REYNALDO Y FLORENTINO, de apellidos HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, además de lo declarado por ELDA ARACELY ARAGUZ VILLEGAS Y LUIS FELIPE MENDOZA VERDINEZ. Los hechos probados son violatorios de las garantías de libertad, legalidad y seguridad jurídica, previstas en el artículo 16 de la Constitución General de la República, además de transgredir lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Pública Municipal para el Estado; Otras de las disposiciones vigentes en el Sistema Jurídico Mexicano que como consecuencia de su actuación los elementos preventivos responsables transgredieron son: Artículo 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley; Artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fracciones I, XXI y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Respecto a las imputaciones que se le hicieron al Médico Adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, este Organismo emitió ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS, ya que de las constancias que obran en el expediente no se logran patentizar las arbitrariedades imputadas. Así mismo, se recomendó al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, la instauración del Procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de los agentes de autoridad que intervinieron en los hechos expuestos, por ser su conducta, a juicio de esta Comisión violatoria de Derechos Humanos, y en su oportunidad sean sancionados, en su caso.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 019/2002.

Esta resolución fue aceptada mediante el oficio 1072/02, firmado por el Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, DR. SERAPIO CANTU BARRAGÁN. El día 2 de abril, el Contralor Municipal VICTOR MANUEL OLVERA DE SANTIAGO, informó a este Organismo que se ha sancionado administrativamente, con suspensión temporal, a los Policías MARCO ANTONIO GONZALEZ SERVIN, GUSTAVO ADOLFO GARCIA GONZALEZ, JOSE DE LA LUZ GAMBOA LOPEZ, RENE HERIBERTO GARCIA SÁNCHEZ, JERÓNIMO ALMAGUER DE ALEJANDRO, JUAN PEREZ MENDOZA y MELCHOR DE LOS SANTOS RIVERA RODRÍGUEZ. Sin embargo, en la resolución administrativa no se valoró la conducta de la C. GUADALUPE CAMARGO GARCIA, quien también participó en los hechos denunciados por el quejoso, por lo que se tuvo por cumplida parcialmente la recomendación, aguardando las constancias que acrediten la conclusión del procedimiento administrativo en contra de la citada servidora pública CAMARGO GARCIA.

 

RECOMENDACIÓN No. 020/2002.

Emitida el día 11 de febrero del año en curso, esta resolución pone fin a la integración del expediente 93/00, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ CARREÓN, en contra del Agente del Ministerio Público Investigador, Comandante de la Policía Ministerial y un elemento de la misma corporación, autoridades con desempeño en Valle Hermoso, Tamaulipas, imputándoles hechos violatorios a Derechos Humanos, que se calificaron como DETENCIÓN ARBITRARIA Y GOLPES. El quejoso denunció esencialmente haber sido detenido de manera arbitraria y golpeado por elementos de la Policía Ministerial del Estado al estar asesorando jurídicamente a una persona que había disparado sobre el cuerpo de una persona que se había introducido a su domicilio. Una vez que se llevaron a cabo las investigaciones por parte de este Organismo e integrado el expediente en su totalidad, se llegó a la conclusión que efectivamente el C. SÁNCHEZ CARREÓN, fue privado de su libertad, lo cual si bien es cierto fue por un lapso breve, no por ello deja de ser ilegal. Tómese en cuenta que el C. SÁNCHEZ CARREÓN cumplía con la labor de defender a su cliente, lo cual no es contrario a Derecho. Posteriormente, esta Institución concluyó que la detención del Licenciado SÁNCHEZ CARREÓN, se efectuó con el propósito (o como un medio) de aprehender al indiciado, lo cual la autoridad pudo haberlo conseguido ajustándose a los medios legales. Así las cosas es de concluirse que la autoridad responsable transgredió lo previsto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna. motivo por el cual se procedió a formular recomendación al C. Procurador General de Justicia en el Estado, a fin de que aplique las medidas correctivas y disciplinarias pertinentes, en contra de los servidores públicos implicados en la arbitraria detención del C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ CARREÓN. Por otra parte se dictó ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS, en relación a los golpes denunciados por el quejoso, toda vez que no existen los elementos probatorios bastantes para acreditar en forma fehaciente tal violación a los derechos humanos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 020/2002.

Esta Recomendación cuenta con cumplimiento parcial, toda vez que la autoridad ha acreditado el inicio del procedimiento administrativo número DC-018/02, en contra de los CC. Licenciado CRISPIN CASTILLO SILVA, JOSE VEGA SÁNCHEZ y JUAN CARLOS MARTINEZ BALLESTEROS, el primero Agente del Ministerio Público y los segundos elementos de la Policía Ministerial del Estado, justo en los términos en que se emitió la resolución que nos ocupa.

 

RECOMENDACIÓN No. 021/2002.

La recomendación 21/2002, fue emitida el día 28 de febrero del presente año, derivada de la queja número 034/2000-6, interpuesta por el C. EVERARDO FUENTES FIGUEROA en contra de Elementos de Tránsito, con residencia en San Fernando, de los cuales se doliera de lesiones y detención arbitraria. Durante el proceso de integración de la queja que ahora nos ocupa se pudo establecer que efectivamente el quejoso EVERARDO FUENTES FIGUEROA fue objeto de lesiones y detenido arbitrariamente por parte de los Elementos de Tránsito, acreditándose su irregular actitud con las propias declaraciones, dado que al ser interrogados por personal de esta Comisión, aceptaron haber utilizado gas lacrimógeno para someter al quejoso y su acompañante, a quienes arrestaron y esposaron en el acto, trasladándolos a la Comandancia de la Policía, sin siquiera levantar la infracción correspondiente, que fundara y motivara la causa de la detención. Asimismo, obran medios probatorios suficientes para acreditar la materialidad de las lesiones, toda vez que se comprobó la alteración de la salud física del C. EVERARDO FUENTES FIGUEROA, sin haber causa justificada para ello. En consecuencia de lo anterior, se procedió a recomendar al C. Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, ordenara a quién corresponda el inicio del Procedimiento Administrativo en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en contra de los Elementos de Tránsito MIGUEL ÁNGEL BONILLA DOMÍNGUEZ y HÉCTOR RAÚL TELLEZ MARQUEZ, por haberse acreditado su irregular actuación como servidores públicos y en su momento resolver conforme a derecho.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 021/2002.

Esta recomendación fue aceptada a través del oficio 213/02, firmado por el Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, JUAN JOSE GALVAN GARCIA. En dicho escrito, se nos informó a la vez que los CC. MIGUEL ANGEL BONILLA DOMONGUEZ Y RAUL TÉLLEZ, han perdido sus carácter de servidores públicos, lo cual desvanece la posibilidad de sancionarlos administrativamente, dándose en consecuencia por cumplido totalmente nuestra resolución.

 

RECOMENDACIÓN No. 022/2002.

La recomendación número 022/2002, se emitió el día 18 de marzo del presente año, al Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, derivada de las quejas número 149/00-R y 150/00-R, motivadas por los hechos denunciados ante la Tercera Visitaduría General de este Organismo, por las CC. JUANA MARÍA GUTÍERREZ MARTÍNEZ Y MARÍA DE LOS ANGELES ESQUEDA DE FLORES, quienes se quejan en contra de la Directora de la Escuela primaria “Lic. Luis Cabrera” de Río Bravo, Tamaulipas, expresando la C. JUANA MARÍA GUTÍERREZ MARTÍNEZ, que su hijo EDWIN ADOLFO DIAZ GUTÍERREZ, cursa el 6º grado de la mencionada Escuela y que recibió una circular en la que se le invitaba a una junta para integrar la mesa directiva de padres de familia y su hijo le decía que si no asistía a dicha junta lo iban a suspender dos días, y que por motivos de su enfermedad (padece de la columna vertebral) no pudo asistir a dicha junta, por lo que posteriormente que llevó a su hijo a clases recibió una llamada de su hijo para que fuera por él porque lo habían retirado de la escuela ya que no había asistido a la junta, por lo que se dirigió a hablar con la Directora de dicha Institución quien le manifestó que lo había hecho a propósito porque solamente así acudían a su llamado; de igual forma la C. MARÍA DE LOS ANGELES ESQUEDA DE FLORES, manifestó que su hijo de nombre MARIO HUMBERTO FLORES ESQUEDA, quien cursó el 3er. año y debido a que no había acudido a la junta separaron a su hijo del salón de clases, por lo que al entrevistarse con la Directora le preguntó porque había corrido a su hijo, contestando la directora que lo había corrido porque no había ido a la junta, no importándole los motivos de su inasistencia y en forma grosera y altanera le exigía un justificante. De las investigaciones realizadas por parte de esta Comisión se demostró que debido al proceder de la Directora del Plantel Educativo, ocasionó que la integridad física, salud y dignidad de los menores se vieran atentadas, al haber permitido que salieran del plantel, evidenciándose con ello su incapacidad profesional de velar como es su responsabilidad por la seguridad de los alumnos del plantel a su cargo, por lo que la conducta de la servidora pública resulta ser violatoria de derechos humanos, al transgredir lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se impone que la educación que imparta el Estado, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad, además de contribuir a la convivencia humana, mediante los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de personas. Por lo que se recomendó al Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Estado, instruya por escrito a la Directora de la Escuela Primaria “Lic. Luis Cabrera”, de Río Bravo, Tamaulipas, para que, en los casos donde los padres de familia dejen de asistir a las juntas escolares, se adopten medidas que tiendan a provocar conciencia en los mismos, para contribuir de manera integral en el desarrollo armónico de las facultades de los educandos. Así como que se abstenga de aplicar medidas disciplinarias contrarias al orden legal. De igual forma aplique las medidas disciplinarias correspondientes a la directora de referencia, por las consideraciones expuestas en el capítulo de conclusiones de la resolución de mérito, en virtud de haberse excedido en sus facultades, perjudicando los derechos de los niños, evidenciando así su desconocimiento de la Ley y Reglamento en la materia.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 022/2002.

A esta resolución, se le tuvo por cumplida totalmente a través de acuerdo de fecha 28 de mayo del año que se informa, toda vez que la autoridad acreditó haber instruido a la Directora de la Escuela Primaria “Lic. Luis Cabrera”, de la Ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, para que sus decisiones se ajusten a la normatividad vigente, absteniéndose de perjudicar con ellas a sus educandos.

 

RECOMENDACIÓN No. 023/2002.

La recomendación número 023/2002, se emitió el día 18 de marzo del presente año, al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, derivada de la queja número 092/01-M, iniciada con motivo de los hechos denunciados ante la Cuarta Visitaduría General de este Organismo, por la Ciudadana MARIA LUISA PÉREZ CARDENAS, quien argumentó que a su hermana SANDRA ALICIA SOSA CARDENAS, quien se encuentra interna en el Centro de Readaptación Social número II de Matamoros, Tamaulipas, “pese a que el Médico del lugar le prohibió que realizara trabajos pesados, debido a sus males, las autoridades carcelarias han hecho caso omiso a las prescripciones del Médico, obligándola a realizar la llamada “talacha”, el Comandante de apellido Trujillo”. De las investigaciones realizadas por este Organismo, se advierte que efectivamente las autoridades penitenciarias del Cereso II de Matamoros, Tamaulipas, imponen a los internos y en especial a los de nuevo ingreso, las labores de limpieza de dicho centro, a pesar de no corresponderles dichas acciones y por lo tanto, no procuran íntegramente la readaptación social de los internos, por lo que resulta indispensable que se tomen las medidas necesarias. En tal virtud, se recomendó al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, se instruya por escrito al Director del Centro de Readaptación Social Número II de Matamoros, Tamaulipas, para que, se adopten las medidas necesarias con el fin de que en el referido centro penitenciario, se cancelen inmediatamente las prácticas de limpieza (talachas) a que son obligados los internos, salvo en los casos y condiciones que establece el Reglamento de la materia, para fomentar una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 023/2002.

Esta recomendación, se dio por cumplida totalmente el día 5 de julio, toda vez que la autoridad demostró haber instruido al Director del Centro de Readaptación Social en Matamoros, Tamaulipas, a fin de evitar la practica ilícita de las labores conocidas como “Talachas”, toda vez que atentan contra la dignidad de la persona humana; así mismo, se acreditó que el C. ANTONIO TRUJILLO MARTINEZ, quien se desempeñaba como custodio en el mismo establecimiento penal, ha perdido su carácter de servidor público.

 

RECOMENDACIÓN No: 024/2002.

La recomendación 24/2002, fue emitida el día 19 de marzo del presente año, derivada de la queja número 337/00-L, interpuesta por la C. ANASTACIA PÉREZ GONZÁLEZ en contra de elementos de la Policía Municipal, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de los cuales se doliera de detención arbitraria en agravio de su hija ANA AMELIA PÉREZ. Durante el proceso de integración de la queja, se pudo observar que efectivamente los elementos policiacos efectuaron una detención arbitraria en contra de la C. ANA AMELIA PÉREZ PÉREZ, al no existir fundamento legal alguno para ello, toda vez que en su contra obraba sólamente el dicho de una vecina y la autoridad no la sorprendió en flagrancia de infracción o delito alguno. En todo caso, la autoridad debió orientar a la presunta agraviada para que acudiera a denunciar los hechos ante la Agencia del Ministerio Público Investigador en turno. En consecuencia, se procedió a recomendar al C. Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, girara instrucciones al órgano competente para que iniciara, tramitara y resolviera el Procedimiento respectivo, en contra de los Policías Municipales CC. GUILLERMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y WILEBALDO VILLEGAS CEDILLO, a fin de que se determinen sus responsabilidades y sean sancionados de acuerdo a la gravedad de las faltas que cometieron.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 024/2002.

Esta resolución, se aceptó a través del oficio 2668/2002, firmado por el C.P. JOSÉ MANUEL SUAREZ LOPEZ, Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien informó haber instruido a la Contraloría Municipal para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del Policía GUILLERMO MARTINEZ HERNÁNDEZ. Sin embargo, a la fecha no contamos con mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN No. 025/2002.

La recomendación 25/2002, fue emitida el día 20 de marzo del presente año, derivada de la queja número 140/2001-L, interpuesta por el C. PEDRO ZAMORA CARRILLO en contra del Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, imputándole Ejercicio Indebido o Incumplimiento de la Función Pública. Durante el proceso de integración de la queja que ahora nos ocupa, se pudo advertir la responsabilidad del Servidor Público al acreditarse que en múltiples ocasiones se le solicitó la ejecución de la orden de aprehensión girada en contra del C. GERARDO MONTIEL PÉREZ, sin que a la fecha la haya ejecutado. Asimismo, los superiores jerárquicos no supervisaron en lo más mínimo su actuación, por tanto, incurrieron en violaciones a los derechos humanos del quejoso. En consecuencia de lo anterior, se procedió a recomendar al C. Procurador General de Justicia en el Estado, instruyera por escrito al Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, vigile se dé cumplimiento a la orden de aprehensión existente en contra del C. GERARDO MONTIEL PÉREZ, dentro del proceso penal número 34/1997; de igual manera, se ordene al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con base Nuevo Laredo, Tamaulipas, intensifique las investigaciones para lograr la ejecución de la orden de mérito.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 025/2002.

Esta recomendación, se aceptó mediante el oficio 517, de fecha 1 de abril del año que se informa, por el LIC. FRANCISCO TOMAS CAYUELA VILLARREAL, Procurador General de Justicia en el Estado. Se acreditó además, que se han girado instrucciones tanto al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como al Comandante de la Policía Ministerial en aquella Plaza, a efecto de vigilar e intensificar las acciones para dar cumplimiento a la orden de aprehensión librada en contra del C. GERARDO MONTIEL PEREZ. Una vez que se tomó nota de lo anterior, quedamos en espera de las constancias que acrediten la satisfacción total de nuestra resolución.

 

RECOMENDACIÓN No. 026/2002.

La recomendación 26/2002, fue emitida el día 25 de marzo del presente año, derivada de la queja número 036/2001-6, interpuesta por el C. JOSÉ FRANCISCO ARAUJO JARAMILLO en contra de Elementos de la Policía Preventiva, con residencia en San Fernando, de los cuales se doliera de Incumplimiento de la Función Pública. Durante el proceso de integración de la queja que ahora nos ocupa, se pudo establecer que efectivamente el quejoso JOSÉ FRANCISCO ARAUJO JARAMILLO fue detenido por encontrarse en estado de ebriedad y escandalizar en un lugar público, por lo que fue remitido a las Celdas de Seguridad Pública Municipal, siendo introducido a la celda número 2, en la que se encontraban más personas detenidas, quienes violentaron físicamente al quejoso, sin que se salvaguardara su integridad física, por parte de los funcionarios públicos. En consecuencia de lo anterior, se procedió a recomendar al C. Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, ordenara a quién corresponda el inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de la C. GUADALUPE HERNÁNDEZ IBARRA y el ALCAIDE que se encontraba de guardia el día 24 de agosto del año próximo pasado, en la Delegación de Seguridad Pública, por haberse acreditado su irregular actuación como servidores públicos, de conformidad con lo señalado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en su oportunidad se emita la resolución que en derecho proceda.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 026/2002.

Esta recomendación, cuenta con cumplimiento parcial, toda vez que la autoridad recomendada hizo llegar a los autos copia del oficio número 207/02 dirigido a la C.P. ROSA LETICIA GARZA GARCIA, Contralora Municipal en San Fernando, Tamaulipas, ordenándole el inicio del procedimiento administrativo en contra de los Policías GUADALUPE HERNÁNDEZ IBARRA Y CALIXTO PALENCIA RUIZ. Además, se demostró que la Comandancia de la Policía Municipal, se encuentra asentada en nuevas instalaciones.

 

RECOMENDACIONES No. 027 Y 028/2002.

Las Recomendaciones 27 y 28 tuvieron su origen en el expediente 27/01-R, iniciado con motivo de la queja que presentara la C. ELIZABETH BEAR HERNÁNDEZ por los hechos en que perdiera la vida su menor hijo JOHAN BALDERAS BEAR, cuando se encontraba interno en el Consejo Tutelar para Menores Infractores de Reynosa, Tamaulipas.

Una vez integrado el expediente de queja y al advertirse que efectivamente las autoridades del Consejo Tutelar incurrieron en conducta negligente durante el internamiento del menor JOHAN BALDERAS BEAR, al no tomar las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad física además de ser omisos al investigar la denuncia de abuso sexual que realizara el menor, en tales condiciones se emitió RECOMENDACIÓN a la Dirección de Menores Infractores para que se integre procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los CC. JUAN MANUEL ZAVALA MORENO, MARÍA GABRIELA ESTRADA NOGUEIRA, LORENA MUÑOZ GÓMEZ Y MARGARITA BELTRAN FAZ, quienes en la época en que sucedieron los hechos se desempeñaban como Presidente, Directora, y Psicólogas del Consejo Tutelar para Menores Infractores de Reynosa, Tamaulipas, a fin de que se determine la responsabilidad en que incurrieran en los hechos en que supuestamente se privara de la vida voluntariamente el menor JOHAN BALDERAS BEAR, y en su caso, aplicar las sanciones correspondientes; en el supuesto de que alguno de los servidores públicos mencionados ya no labore adscrito a esa Dirección, se deje constancia en su expediente personal de las irregularidades en que incurriera.

Así mismo y toda vez que de la queja se desprende que no obstante haberse iniciado la Averiguación Previa Penal 258/99, ante el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de Reynosa, Tamaulipas, la misma a la fecha no ha sido resuelta, se emitió RECOMENDACIÓN al Procurador General de Justicia del Estado, para que gire instrucciones al Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de Reynosa, Tamaulipas, para que proceda a desahogar las diligencias ordenadas dentro de la averiguación previa penal 258/99 y una vez hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho proceda.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 027/2002.

Esta recomendación, se tuvo por cumplida totalmente en el acuerdo de fecha 29 de noviembre del año que se informa, toda vez que los CC. JUAN MANUEL ZAVALA MORENO, MARIA ESTRADA NOGUEIRA, LORENA MUÑOZ GOMEZ y MARGARITA BELTRÁN FAZ, han perdido su calidad de servidores públicos, tal y como se demostró con la copia de sus respectivas renuncias; tomando para ello en cuenta, que de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la máxima sanción a imponer lo sería la restitución del puesto; sin perjuicio de lo anterior se dejó copia de nuestra recomendación en cada uno de los expedientes de los ex servidores públicos.

 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 28/2002.

Esta recomendación, cuenta con cumplimiento parcial, toda vez que obra en autos copia del oficio número 946, firmado por el LIC. GUADALUPE GONZALEZ GALVAN, Subprocurador General de Justicia en el Estado, y dirigido al Agente Tercero del Ministerio Público Investigador en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual se le instruye para desahogar las diligencias pendientes y resolver a la brevedad posible la Averiguación Previa Penal 258/99, justo en los términos en que se emitió la resolución, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que con posterioridad se nos brinde sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 029/2002.

La recomendación número 29/2002, fue emitida el día 26 de marzo del presente año, al Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, derivada de la queja número 449/2000, que fuera iniciada con motivo de los hechos denunciados ante la Primera Visitaduría General de este Organismo, por la Ciudadana MARÍA GUADALUPE CRUZ LARA, en representación de su menor hijo JOSUE EDUARDO LUJAN CRUZ, en contra de la Directora de la Escuela primaria Cámara Nacional de Comercio, Turno Matutino de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien señaló que el día 6 de noviembre del año 2001, recibió llamada de la citada funcionario público, quien le solicitó que fuera por su hijo a la escuela, “porque ya no lo aguantaba, que se había portado muy mal y se había salido de la Institución, sin su consentimiento”. De las investigaciones practicadas por este Organismo, se comprobó que el proceder de la Directora de mérito, fue violatorio de los derechos del niño que le asisten al menor JOSUE EDUARDO LUJAN CRUZ, al revelarnos los datos analizados, que la conducta adoptada por la Directora MARÍA AUSENCIA IBARRA CRUZ, estuvo en perjuicio de la formación académica del menor, además de haber puesto en riesgo la integridad del menor, al haber abandonado el Centro Educativo, debido a la negligencia administrativa de la servidora público, al permitir que el menor abandonara el plantel; por tal cuestión, se recomendó al Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, para que instruyera por escrito a la propia Directora, a fin de que en lo sucesivo dé cumplimiento al espíritu del artículo Tercero de la Ley Fundamental, y de la Ley de la materia; en especial, promueva una educación participativa, donde padres, estudiantes y maestros, contribuyan de manera integral a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, absteniéndose de aplicar sanciones no previstas en el Orden Jurídico Educacional.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 029/2002.

Esta recomendación, se tuvo por cumplida totalmente a través del acuerdo de fecha 28 de mayo del año que se informa, toda vez que obra en autos copia del oficio número 821, de fecha 30 de abril, signado por el LIC. LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA, Subsecretario de Educación Básica y Normal, y dirigido a la Profesora MARIA AUSENCIA IBARRA CRUZ, Directora de la Escuela Primaria “Cámara Nacional de Comercio” de Ciudad Victoria, Tamaulipas, instruyéndola para que en lo sucesivo de cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 Constitucional, así como a la Ley General de Educación, promoviendo en todo momento una educación en donde participen padres, estudiantes y maestros, contribuyendo así, de una manera integral y armónica, al desarrollo de todas las facultades del ser humano.

 

RECOMENDACIÓN No. 030/2002.

Emitida el día tres de abril del año en curso, esta RECOMENDACIÓN tiene su origen en el expediente 479/2000, instaurado con motivo de la queja formulada por la C. MARIA ESTHELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, representando a su menor hijo MIGUEL ALBERTO CORTÉZ, en contra de la Directora de la Escuela Primaria “Cámara Nacional de Comercio” de esta Ciudad Capital, imputándole hechos presuntamente violatorios a Derechos Humanos, al denunciar el maltrato y hostigamiento sufrido por el niño MIGUEL ALBERTO CORTÉZ, narrando al efecto lo siguiente: “... el día 26 de Octubre del año en curso (2000), la Directora le llamó la atención al niño en forma prepotente, haciéndolo sentir muy mal, porque en ese momento estaba presentando un examen y ella llegó al salón y preguntó a la maestra del grupo ‘¿Quién es Miguel?’ Y la maestra lo señala y empezó a regañarlo y a decirles a los compañeros que si él les pegaba y luego les dice a los niños ‘verdad que sí les pega’ y ya los niños dicen que sí, viendo la manera de cómo le gritaba a mi menor hijo, MIGUEL ya no pudo terminar el examen ya que estaba muy asustado y llorando, mojó todo el papel del examen y a la hora del recreo me presenté, como todos los días, a llevarle el almuerzo a mi hijo, y encontré que mi hijo estaba bien asustado y me dijo que me lo llevara para la casa que ya no quería estar ahí porque le tenía mucho miedo a la Directora...”(sic). De la misma forma, la quejosa describió diversos momentos en los cuales la Directora del plantel había hostigado al menor y cómo en una reunión de padres de familia, tras ella reclamarle a la Directora la actitud hacia su hijo, ésta le contestó: “...que si no me gustaba la forma en que trataban a los niños que había muchas escuelas y que podía cambiarlo, también me dijo que ella ahí era la autoridad y que duraría mucho tiempo ahí...”(sic). A efecto de corroborar su dicho, la C. HERNÁNDEZ LÓPEZ ofreció el testimonio del C. EVELIO OLVERA SALDIERNA, quien ante este Organismo expresó: “...Que nos encontrábamos en el salón cuando yo me di cuenta...la señora MARÍA ESTHELA HERNÁNDEZ discutía con la Directora...le decía que si no le gustaba el trato para su hijo que había otras escuelas...también escuché cuando la Directora le dijo a la C. HERNÁNDEZ en tono de burla y prepotencia que tenía influencias y que ella iba a durar mucho tiempo en esa escuela...” (sic). Posteriormente, se solicitó a la autoridad señalada como responsable un informe justificado relacionado con los hechos. Mediante los oficios número 6872/2000 y 5914/2001, de fechas 27 de noviembre del 2000 y 24 de septiembre del 2001, respectivamente, esta Comisión reiteró a la servidora pública la solicitud del informe, siendo en vano tales esfuerzos al no contar con respuesta alguna; en tal virtud y atendiendo a lo señalado en el artículo 36 de la Ley de la CODHET, se estableció la presunción de ser ciertos los hechos reclamados, salvo prueba en contrario.

Una vez integrado en su totalidad el expediente de mérito, y tomando como base la presunción de ser ciertos los hechos, esta Institución advirtió la plena responsabilidad de la Profesora MARÍA AUSENCIA IBARRA RUIZ en la comisión de actos violatorios a Derechos Humanos en agravio de MIGUEL ALBERTO CORTÉZ, afectando el desempeño escolar que pudiera desarrollar el menor, al crearle una imagen negativa de su centro de aprendizaje y por ende inhibiendo su interés para asistir a clases. Es de precisarse que al no aportar la Profesora IBARRA RUIZ pruebas que desvirtúen lo aseverado por la quejosa, queda establecido que la servidora pública transgredió con su actuar lo dispuesto por el artículo 3, párrafo segundo e inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7 fracciones I, VI y VII, 8 fracción III y 42 de la Ley General de Educación; artículos 2, 5 b), c) y d), 15 y 42 de la Ley de Educación Pública en el Estado; artículos 3 incisos a), e) y g) y 32 incisos a), d) y f) de la Ley para Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como el artículo 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Visto lo anterior, este Organismo Protector de los Derechos Humanos emitió RECOMENDACIÓN al SECRETARIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE en el Estado, en su carácter de superior jerárquico, a fin de que instruya a quien corresponda la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias a la PROFESORA MARÍA AUSENCIA IBARRA RUIZ, con la intención de que en lo subsecuente desempeñe su labor con estricto apego a los Derechos de los Niños, y sean así optimizados los métodos de enseñanza, consiguiendo una educación de calidad, acorde a la edad del alumno y libre de violencia. Asimismo, las medidas disciplinarias son aplicables por no rendir el informe que le fuera reiteradamente solicitado por la CODHET, en un claro desacato a la Ley de la materia.

 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 030/2002.

A esta recomendación se le tuvo por cumplido totalmente, mediante el acuerdo de fecha 3 de junio del año que se informa, toda vez que la autoridad acreditó haber amonestado a la Profesora MARIA AUSENCIA IBARRA RUIZ, Directora de la Escuela Primaria “Cámara Nacional de Comercio” de Ciudad Victoria, Tamaulipas, instándola a mejorar su desempeño docente, con estricto apego a los Derechos del Niño.

 

RECOMENDACIÓN No. 031/2002.

Esta resolución, firmada el día ocho de abril del año en curso, puso fin a la integración del expediente 199/01-R, el cual iniciara con la queja por comparecencia de la C. CELIA MARTÍNEZ MILAN en contra de la Titular y Oficial Secertario de la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Esencialmente, la quejosa narró que en su carácter de inidiciada dentro de la averiguación previa penal 790/2001, ofreció la declaración de su esposo MIGUEL SEGURA PORTUGAL y diversas documentales, estimando que dichas probanzas redundarían en beneficio de su defensa; así mismo agrega que tal declaración fue recabada por personal de la referida Agencia Segunda y que a pesar de ello no fue anexada a la indagatoria, lo que a su juicio provocó que se le consignara al Juzgado Menor, en donde finalmente se le dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar. Por su parte, la autoridad presunta responsable al rendir su informe justificado, mencionó no ser ciertos los actos imputados, argumentando que no hubo irregularidad en la integración de la averiguación previa, dado que al consignarse tal indagatoria ante el Juzgado Menor, se consideró que las pruebas existentes en autos resultaron suficientes para considerar probable responsable a la quejosa CELIA MARTÍNEZ MILAN en la comisión del delito de amenazas.

Es menester precisar, que de acuerdo a lo actuado en el sumario esta Institución concluyó que no estaba acreditada la existencia de las diligencias a que alude la quejosa, en razón de que ambas partes sostuvieron su dicho, es decir, por una parte la quejosa expresa que dicha diligencia (declaración del C. Miguel Segura Portugal) se llevó a cabo en las oficinas de la Agencia Investigadora, mientras que la autoridad menciona no haberla recabado. Sin embargo, la CODHET advirtió que se violó en perjuicio de la quejosa lo previsto en la facción V del artículo 20 Constitucional el cual señala que en todo proceso del orden penal, tendrá el inculpado entre otras garantías, la de ofrecer y que le sean recibidas pruebas y testigos, concediéndosele el tiempo que la Ley estime necesario para tal efecto, e incluso auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite. Para llegar a esta conclusión, se tomó en cuenta que la quejosa al rendir su declaración indiciaria el día 29 de junio del año 2001, en el acto solicitó se recabara la declaración de su esposo, sin que se proveyera al respecto, toda vez, que en fecha 21 de agosto de ese mismo año, el Fiscal Investigador ejercitó acción penal en contra de la quejosa; esta conducta omisiva trajo como consecuencia que la quejosa no tuviera la oportunidad de ofrecer las pruebas de descargo dentro de la averiguación previa que se le instruyó, es decir, de hacer uso de la garantía constitucional consagrada en el artículo 20 fracción V, máxime que de autos se desprende que la averiguación previa se integraba sin detenido y que el tiempo para recibir las pruebas de la indiciada no perjudicaba en sus derechos a la parte ofendida. Así, la autoridad tansgredió lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedimientos Penales en vigor; el artículo 24 fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas; así como el artículo 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En congruencia con lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN al Procurador General de Justicia del Estado a efecto de que dicte y aplique las medidas correctivas y disciplinarias procedentes en contra del Agente del Ministerio Público Investigador y Oficial Secretario que intervinieron en la integración de la averiguación previa antes citada.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 031/2002.

Esta recomendación, cuenta con cumplimiento parcial, toda vez que se dio inicio al procedimiento administrativo número 55/02, en contra de los CC. Licenciados ODILIA MENDEZ REYES Y AMADO RODRÍGUEZ SALINAS, Agente Segundo del Ministerio Público Investigador y Oficial Secretario, respectivamente, en Reynosa, Tamaulipas, justo en los términos que indica la recomendación que nos ocupa.

 

RECOMENDACIÓN No. 032/2002.

Con la denuncia formulada por MARIO GRANADOS NOVERON, se dió inicio a la integración del expediente número 439/00-V. El quejoso se dolía de DETENCIÓN ARBITRARIA y TORTURA imputadas a elementos de la Policía Preventiva Municipal de Victoria, Tamaulipas, así como de RETENCIÓN ILEGAL por parte de un Juez Calificador. En síntesis, GRANADOS NOVERON narró la forma en que a su juicio fue arbitrariamente detenido por elementos de la corporación mencionada, para después ser torturado por los mismos con la intención de que se declarara culpable de haber robado y golpeado a un niño; además, describió como estuvo recluido en las celdas de la Policía Preventiva, desde el momento de su detención (20:30 horas) hasta las 9:00 ó 10:00 de la mañana del día siguiente, alegando no haber sido puesto a disposición de ninguna autoridad de forma inmediata tal y como lo señala la Ley.

Cabe destacar que en lo relativo a la DETENCIÓN, este Organismo, tras haber estudiado las constancias existentes, emitió ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, por advertirse que tal aprehensión fue realizada dentro de los supuestos que la Ley señala como FLAGRANCIA. Por lo que hace a la tortura, se juzgaron insuficientes las constancias que obran en el sumario para determinar responsabilidad alguna, dictándose en consecuencia ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS, sin perjuicio de que el quejoso en un futuro aporte pruebas fehacientes para demostrar la autenticidad de su dicho.

Por otra parte y sobre la actuación del Juez Calificador, dicha autoridad manifestó que era falso el hecho de haber retenido en forma ilegal a MARIO GRANADOS, argumentando que por razón de la hora en que se efectuó la detención, no obró de inmediato para poner al ahora quejoso a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador. Tras haber concluido el análisis del asunto, esta Comisión estimó necesario señalar que GRANADOS NOVERON fue detenido a las 20:30 horas del día 26 de octubre del año 2000 y no fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público sino hasta las 11:15 horas del día siguiente, lo cual constituye una violación directa a la garantía establecida en el párrafo IV del artículo 16 de nuestra Carta Magna cuyo texto es: “... En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmedita y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”. En congruencia con lo anterior, se recomendó al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, en su carácter de superior jerárquico, instruya a los Jueces Calificadores, para que, en lo subsecuente, en forma inmediata pongan a disposición de la Representación Social a los detenidos cuya conducta pudiera ser constitutiva de delito, en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 032/2002.

Esta recomendación, cuenta con cumplimiento total toda vez que la autoridad recomendada acreditó haber instruido al Coordinador de Jueces Calificadores en el Municipio, para que en forma inmediata se ponga a disposición del Ministerio Público Investigador a los detenidos cuya conducta pudiera ser constitutiva de delito en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El acuerdo respectivo data del día 24 de abril.

 

RECOMENDACIÓN No. 033/2002.

La C. JUDITH AIDEE TORRES GARCÍA, motivó el inicio del expediente 387/00, al acudir a este Organismo para formular una denuncia en contra de la Directora de la Escuela Normal Federalizada de Educadoras “Maestra Estefanía Castañeda”, con residencia en esta Capital, imputándole hechos que en su momento se calificaron como VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN. Esencialmente, TORRES GARCÍA se dolió de que tras haber resultado positiva en una prueba de embarazo, la servidora Pública le negó su inscripción al plantel de referencia. Cabe señalar que la autoridad implicada admite en su informe los hechos denunciados. Ahora bien, es conveniente precisar que la negativa de inscripción encontró sustento en que la aspirante no reunía los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Educación, en especial el de “...entregar certificado de salud, expedido por Institución Oficial dependiente de la Secretaría de Salud en el que se indique no tener impedimento físico para la practica de la docencia y en el caso particular de las mujeres no encontrarse en estado de gravidez”. En el caso que nos ocupa la C. YUDITH TORRES efectivamente no cumplió con el requisito anteriormente citado, con lo que en base a tal convocatoria la Directora del Plantel actuó negándole su inscripción. En conclusión, la actuación de la autoridad estuvo apegada a la precitada convocatoria, por lo que se puede expresar que la Dirección del plantel no es responsable de las violaciones de los derechos humanos que le fueron imputadas por la quejosa; sin embargo es importantísimo precisar que tal convocatoria es violatoria a los derechos humanos, toda vez que discrimina a la mujer y transgrede las garantías de igualdad y de educación que consagra nuestra Carta Magna, dado que el hecho de que la mujer se encuentre embarazada, no es razón para coartarle el derecho a recibir la Educación por parte del Estado, resultando fuera de todo contexto legal y humano que se pretenda limitar el desarrollo académico y profesional, no sólo de la ahora quejosa sino de la mujer en general. Por tal motivo, se emitió RECOMENDACIÓN al Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, a efecto de que gire instrucciones para que, en lo sucesivo, no se incluyan requisitos discriminatorios en las convocatorias para aspirantes a ingresar a las diversas instituciones del Sistema Educativo Estatal, particularmente en agravio de mujeres en situación de gestación.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 033/2002.

Esta recomendación, se tuvo por cumplida totalmente el día 5 de junio del año que se informa, toda vez que la autoridad acreditó haber instruido a la Dirección de Formación y Superación Profesional de los Docentes, para que en lo subsecuente se omita la inclusión de requisitos discriminatorios en las convocatorias para aspirantes a ingresar en las diversas instituciones del Sistema Educativo Estatal, particularmente en agravio de mujeres en situación de gestación.

 

RECOMENDACIONES 034/2002 Y 035/2002.

Emitidas el día 8 de abril del año en curso, estas recomendaciones ponen fin a la integración del expediente 389/2000, instaurado con motivo de la queja formulada por la C. ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHAGOYA, representando a su hijo RIGOBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en contra de Agentes de la Policía Preventiva de Güemez, Tamaulipas y Policía Ministerial con destacamento en Padilla, Tamaulipas. En síntesis, la quejosa narra que su hijo fue detenido arbitrariamente por los elementos de la Policía Preventiva, sin haber razón legal para ello y que más adelante Agentes de la Policía Ministerial trasladaron contra su voluntad a RIGOBERTO GONZÁLEZ a Padilla, Tamaulipas, para que rindiera su declaración en relación a los hechos en donde perdiera la vida una persona. Cabe destacar, que en lo esencial, al rendir sus informes las autoridades aceptan el acto reclamado, argumentando solamente la calidad de testigo del menor para justificar su proceder.

Una vez agotada la etapa probatoria, este Organismo estimo plenamente demostrado que la conducta desplegada por los agentes aprehensores (policía preventiva), fue contraria al orden jurídico vigente y por ende violatoria de derechos humanos, toda vez que indebidamente detuvieron al menor RIGOBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, sin que mediara orden para tal efecto, o bien existiera la comisión flagrante de conducta ilícita; amén de que en el supuesto caso de que el menor hubiera participado en algún hecho antisocial, la autoridad debió remitir al menor de inmediato al Consejo Tutelar de Menores, situación que en el presente caso en ningún momento se observó. Por otra parte, del análisis del expediente de mérito, se infirió que los elementos de la Policía Ministerial (con anuencia del Delegado de la Policía Preventiva), retuvieron indebidamente a RIGOBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en virtud de haberlo trasladado a la Comandancia de la Policía Ministerial de Padilla, Tamaulipas, a fin de elaborar un parte informativo. Como se pudo observar, los servidores públicos implicados contravinieron la Ley al retener sin orden previa al menor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, y si bien es cierto, que la declaración de éste resultaba necesaria para el esclarecimiento de un ilícito, no existe disposición alguna que permita la detención, retención y/o traslado de testigos, a menos de que exista orden emitida por la autoridad competente. Así, se violentaron los artículos 16 y 21 Constitucionales y diversos preceptos contenidos en los reglamentos de las respectivas corporaciones policiacas. En consecuencia, se emitieron las recomendaciones que a continuación se transcriben:

“...PRIMERA.- Se Recomienda al Presidente Municipal de Güemez, Tamaulipas, en su carácter de superior jerárquico, el inicio, trámite y resolución del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra de Agentes de la Policía Preventiva que intervinieron en la detención del menor RIGOBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, toda vez que en autos del presente expediente de queja se encuentra plenamente acreditada la ilegalidad de la detención antes mencionada.

SEGUNDA.- Se Recomienda al Procurador General de Justicia del Estado, en su carácter de superior jerárquico, gire instrucciones a fin de que se inicie, trámite y resuelva el Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de los Agentes de la Policía Ministerial implicados en el caso, y se determine su responsabilidad en los hechos denunciados por la señora ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHAGOYA...”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 034/2002.

No obstante y se han girado oficios recordatorios oportunamente, la Presidencia Municipal de Güémez, Tamaulipas, ha sido omisa en responder sobre la aceptación o rechazo de nuestra recomendación.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 035/2002.

Esta recomendación, cuenta con cumplimiento total, otorgado mediante acuerdo de fecha 26 de junio, toda vez que la autoridad demostró haber amonestado y apercibido a los Agentes de la Policía Ministerial JAIME ALBERTO CHEW LLANAS, JOSE ANTONIO CHAVEZ Y BERMEO, JUAN FRANCISCO FIERRO GALEANA, ELEAZAR BARRAZA MARIN Y MIGUEL ANGEL TREVIÑO ALVAREZ, para que en lo sucesivo cumplan sus funciones con estricto apego a Derecho y respeto a los derechos fundamentales de los gobernados.

 

RECOMENDACIÓN No. 036/2002.

La CODHET por conducto de su Tercera Visitaduría recibió la queja vía comparecencia de la C. REYNA GARCÍA DE LA ROSA, representando a su menor hijo ABEL ALEJANDRO VARA GARCÍA, en contra del Personal de la Escuela Secundaría General número I, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, imputándole hechos que en su oportunidad se calificaron como EJERCICIO INDEBIDO O INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN, dando inició así al expediente 53/01-R. Esencialmente, la queja interpuesta por la señora GARCÍA DE LA ROSA se hizo consistir en la actitud indebida de la Profesora ANGELICA DAVILA, Directora de la Escuela Secundaria General número I “José de Escandón” al suspender de clases al menor ABEL ALEJANDRO VARA GARCÍA, por no portar tenis blancos. Tras el detallado estudio de los autos, esta Institución advirtió que efectivamente, la autoridad privó de sus materias escolares al agraviado en virtud de no portar el uniforme completo, incurriendo así en una actuación irregular puesto que el uniforme no es obligatorio por parte de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y que dicha circunstancia no tiene relevancia en el desempeño escolar del alumno y en todo caso, hubiese bastado que se levantara el parte correspondiente, haciendo del conocimiento de los padres tal circunstancia para que se subsanara, pero sin afectarle su derecho a la educación consagrado por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además todo señala que incluso este incidente afectó de manera directa en las calificaciones del alumno, dando lugar a pensar en una represalia. Es menester precisar que en el transcurso de la investigación, la Profesora ANGELICA DAVILA obstruyó y dilató el procedimiento que se sigue por esta Institución, llegando al extremo de no concretarse una solución conciliatoria como en un principio se le había planteado. En esa tesitura, se giraron RECOMENDACIONES al Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, en el sentido de que gire instrucciones a la precitada servidora pública, para que en lo sucesivo se abstenga de suspender de clases a los alumnos por causas ajenas al programa educativo, debiendo en todo caso tomar las medidas necesarias para la conservación de la disciplina, y, de igual forma, para que instruya a los maestros que laboran en esa secundaria se limiten en calificar a sus alumnos conforme a su desempeño escolar. Así mismo, se Recomendó al Secretario de Educación, Cultura y Deporte la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en contra de la Profesora ANGELICA DAVILA, atendiendo a su conducta omisiva al no colaborar con la función de este Organismo Protector de los Derechos Humanos, violando con ello la ley de la materia.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 036/2002.

A esta recomendación se le otorgó el carácter de cumplida totalmente, a través del acuerdo de fecha 12 de junio, toda vez que la autoridad acreditó haber instruido al personal de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de Escandón”, de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para que se abstengan de suspender a los alumnos por causas ajenas al programa educativo, calificándolos únicamente por su aprovechamiento escolar, además, para que en lo sucesivo se rinda a este Organismo la información requerida.

 

RECOMENDACIÓN No. 037/2002.

Firmada el día 8 de abril del año en curso, esta resolución puso fin a la integración del expediente 448/01-V, instaurado con motivo de la queja presentada por el C. JULIO MEADE PERALES, en contra de AGENTES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE VICTORIA, TAMAULIPAS, imputándoles EJERCICIO INDEBIDO O INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. El quejoso denunció esencialmente que la Autoridad actuó de forma arbitraria al retenerle su vehículo y haberlo privado de la libertad, cuando fue interceptado por elementos de la Delegación de Tránsito, basándose en que su unidad motriz no porta las placas de circulación vigentes. Por su parte, la Autoridad justifica su actuar invocando el numeral195 del Reglamento de Tránsito, que en lo concerniente indica:”...Los agentes de tránsito deberán impedir la circulación de un vehículo y ponerlo a disposición de la Secretaría en los siguientes casos: I.- Cuando no trajera la tarjeta de circulación o copia de la misma; II.- Cuando le falten las dos placas o éstas no hubieren sido canjeadas en el término legal...” . Sin embargo, esta Comisión estima que el contenido del artículo arriba transcrito es no sólo ambiguo (al no establecer la mecánica para poner a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública un vehículo), sino también inconstitucional, al estar contenido en un reglamento y rebasar incluso lo previsto por la Ley que le da origen y fuerza legal. Es decir, el artículo 195 del Reglamento de Tránsito (expedido mediante acuerdo gubernamental), al ordenar que los agentes viales impidan la circulación de un vehículo y lo pongan a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública, en realidad está creando una institución que desborda incluso a la propia Ley de la materia, pues, en primer lugar, ésta es totalmente omisa al respecto; luego entonces, no se advierte aquí una razón de precisión o clarificación de la Ley, sino un ejercicio de carácter puramente legislativo, de creación de una norma. Así las cosas, se transgrede el principio elemental a través del cual se establece que un reglamento puede ampliar, concretar o desarrollar una o más instituciones creadas por la ley, pero no puede añadir nuevas instituciones legales, ni puede ampliar o adicionar el contenido substancial de la propia ley que reglamenta. Sin perjuicio de lo anterior, no podemos olvidar que una disposición de tal naturaleza, que se traduce realmente (véase sino el asunto en estudio) en una retención del vehículo y en una privación de la libertad del conductor, sólo puede ser creada por una ley emanada del órgano competente, léase Poder Legislativo, y no por un simple acuerdo del Ejecutivo. Actuar con base en tal disposición, genera indudablemente una violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Así mismo, esta Comisión advirtió que se retuvo la Licencia de Conducir del quejoso a fin de garantizar el pago de una infracción diversa, en un claro desacato a lo que señalan el artículo 50 de la Ley de Tránsito y el artículo 200 del Reglamento respectivo, que prohiben tal práctica.

Independientemente de lo anterior, el vehículo del C. MEADE PERALES cumplía con el requisito impuesto por el artículo 9 de la Ley de la materia, que indica la obligación de registrar la unidad motriz ante la Secretaría de Seguridad Pública, requisito que en la época de los hechos, un gran número de vehículos de procedencia extranjera no cubría, sin que ello obstara para que impunemente circularan ante la indiferencia de la Autoridad, privando así a la ley de su carácter de generalidad. Por lo anteriormente expuesto, la CODHET estimó pertinente emitir la siguiente RECOMENDACIÓN:

“....ÚNICO. Se recomienda al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, a fin de que gire instrucciones a las autoridades de Tránsito, en el sentido de que todas sus actuaciones sean no solamente apegadas a Derecho, sino también a los más elementales principios de justicia, atendiendo para ello los razonamientos expuestos en la presente resolución. Además, ordene como efecto restitutivo, la devolución de la Licencia de Conducir (que obra indebidamente como garantía) al C. MEADE PERALES...”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 037/2002.

Esta recomendación, cuenta con cumplimiento parcial, otorgado el día 20 de mayo, en virtud de que la autoridad demostró haber devuelto a través de la Dirección de Administración y Finanzas, su licencia de conducir al C. JULIO MEADE PERALES. La satisfacción total de nuestra recomendación, queda supeditada a las instrucciones que se giren a las autoridades de Tránsito Local para que se brinde el debido cumplimiento a los artículos 50 de la Ley de Tránsito y 200 de su Reglamento.

 

RECOMENDACIÓN No. 038/2002.

Emitida el día once de abril del año en curso, esta resolución concluyó el expediente 318/2001, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. HERIBERTO GARCÍA CASTILLO en contra del PERSONAL DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL, ubicado en esta Ciudad, imputándole en lo esencial, el haber sido trasladado injustificadamente de su celda al módulo 3 del establecimiento penal de referencia (conocido entre los internos como módulo de castigo), manteniéndolo en ese lugar junto con el señor OMAR RAMOS, sin darles oportunidad de por lo menos asearse. Cabe hacer notar, que esta Comisión, respetuosa de su procedimiento, solicitó a la Autoridad señalada como responsable, un informe sobre los hechos denunciados, sin obtener respuesta alguna al respecto, operando así la presunción de ser ciertos los hechos, salvo prueba en contrario, contemplada en el numeral 36 de la Ley de la CODHET. Partiendo de esta base, y en armonía con lo actuado en el sumario, esta Institución infirió que, efectivamente, los internos HERIBERTO GARCÍA CASTILLO y OMAR RAMOS fueron trasladados arbitrariamente de su celda hacia el módulo tres del centro penitenciario, el día 10 de junio del año 2001, aproximadamente a las 23:00 horas, permaneciendo en dicho lugar alrededor de trece días, aislados y sin la posibilidad de asearse. Fue hasta después de ordenado el castigo, cuando los quejosos se enteraron que tal determinación había sido tomada porque presuntamente se había encontrado un arma en la celda que ellos, en compañía de otras personas, ocupaban. Así, corresponde a la autoridad implicada acreditar la legalidad de sus actos, lo que en el caso que nos ocupa no aconteció, destacándose que dichas personas compurgaron una sanción disciplinaria mayor a la prevista en la normatividad aplicable, deduciéndose además que para imponer dicha sanción no se actuó conforme a lo señalado por el Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social, en sus artículos 87 y 88. No pasó desapercibido, que personal de esta Comisión se constituyó en diversas ocasiones en las instalaciones del CERESO, entrevistándose con el Licenciado JESÚS ZUÑIGA LUNA, Subdirector Jurídico del Centro Penitenciario, con la intención de solicitarle copia fotostática del acta que debió elaborarse con motivo de los hechos denunciados por el quejoso, sin embargo, bajo el argumento de “no tener tiempo” para localizar tal documento, dicho servidor público obstruyó la labor investigadora de nuestro Organismo. Tomando en cuenta lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN a la Dirección de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, en su calidad de superior jerárquico, a efecto de que se investigue la actuación de la autoridad señalada como responsable y, de ser procedente, se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa contemplado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, dictándose en el momento oportuno la resolución que en Derecho proceda. Así mismo, se recomendó la aplicación de las medidas correctivas y disciplinarias a los Licenciados EDUARDO BENAVIDEZ GÓMEZ (Director) y JESÚS ZUÑIGA LUNA (Subdirector Jurídico), por no proporcionar la información que se solicito para la debida integración del expediente que nos ocupa.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 038/2002.

Esta recomendación, se dio por cumplida en forma parcial el día 7 de junio del año que se informa, toda vez que de acuerdo a las constancias proporcionadas por la autoridad, se demostró que una copia de nuestra resolución obrará en el expediente personal del ex servidor público EDUARDO BENAVIDES GOMEZ, quien fungiera como Director del Centro de Readaptación Social en Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como que se amonestó al Subdirector Jurídico del mismo Centro Penitenciario. Por otra parte, se acreditó que se ha iniciado el procedimiento administrativo número DC/SGG/059/2002 en contra de los Custodios ANDRES CUERVO SALAS Y ARIEL TREJO ALFARO.

 

RECOMENDACIÓN No. 039/2002.

La C. ALMA LIDIA HERNÁNDEZ GUZMÁN, motivó el inicio del expediente 143/01-M, al denunciar, en fecha 24 de agosto del año 2001, actos presuntamente violatorios a Derechos Humanos, imputados al entonces Coordinador de Seguridad del Centro de Readaptación Social número II, de Matamoros, Tamaulipas, el C. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ CASTRO. La quejosa denuncio, esencialmente, que el citado servidor público se conducía hacia ella de una manera “prepotente y déspota” (sic), agregando que se había tomado la determinación de prohibirle el acceso a su visita, sus hijas menores de edad. Es necesario anotar, que el C. MARTÍNEZ CASTRO negó el trato ofensivo denunciado y explicó que la razón para impedir el acceso de las menores al centro penitenciario, lo era la existencia de “indicios y comentarios de la población de hombres”(sic), sobre que la quejosa pretendía prostituir a sus hijas. Por su parte, el Director del establecimiento penal, Licenciado José Amado Jiménez Estrada, argumentó: “...en ningún momento se le ha prohibido la visita a sus menores hijas, lo que se ha pedido es que dichas visitas pasen con una persona mayor de edad como lo marca el Reglamento para los Centros de Readaptación Social a efecto de que se puedan quedar de visita en interior del Centro las 24.00 horas (sic) del día...”. Sin embargo, este Organismo advirtió que el requisito impuesto por la Autoridad, es decir, la compañía de un adulto tratándose del ingreso de menores de edad a los establecimientos penales, es excesivo, puesto que el Reglamento de la materia no lo contempla; a esta conclusión se llega al estudiar detenidamente los artículos 53 y 54 del Reglamento para los Centros de Readaptación Social. Así, se concluyó que la Autoridad indebidamente condicionó el acceso de las menores. En ese tenor, se recomendó al DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, a efecto de que instruya por escrito al Director del CERESO II de Matamoros, Tamaulipas, para que vigile el estricto y permanente cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Penitenciario; asimismo, se recomendó la aplicación de medidas disciplinarias adecuadas en contra de los servidores públicos implicados en las irregularidades que dieron origen al sumario.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 039/2002.

Esta recomendación, se tuvo por cumplida en forma total, a través del acuerdo de fecha 4 de julio, toda vez la autoridad recomendada acreditó haber instruido al servidor público JOSE AMADO JIMÉNEZ ESTRADA, entonces Director del Centro de Readaptación Social número 2 de Matamoros, Tamaulipas, para que en lo subsecuente dé debido cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 53 y 54 del Reglamento para los Centros de Readaptación Social en el Estado. Por otra parte, se informó que una copia de nuestra resolución obra en el expediente personal del ex Custodio MARIO ALBERTO MARTINEZ CASTRO.

 

RECOMENDACIÓN No. 040/2002.

Emitida el día once de abril del año en curso, esta resolución concluyó el expediente 169/01-M, instaurado a raíz de la queja formulada por el C. FIDEL LEOPOLDO ESPINOZA SANDOVAL, quien denunció actos presuntamente violatorios a Derechos Humanos imputados al Contralor de la Secretaría de Salud, con residencia en Matamoros, Tamaulipas. En síntesis, el quejoso narra que con motivo de un escrito de inconformidad en su contra, se ha iniciado un procedimiento administrativo el cual no se ha ajustado a Derecho, alegando que no se le ha corrido traslado del escrito que contiene la queja y no contar con una defensa adecuada, entre otras irregularidades. En su informe, la Autoridad acepta que se encuentra en trámite un procedimiento administrativo en contra del C. ESPINOZA SANDOVAL, pero asegura que se han respetado en el curso del mismo las garantías del ahora quejoso. Sin embargo, al analizar las constancias que dan forma al expediente, esta Comisión advirtió que no se notificó al C. FIDEL ESPINOZA, en la forma y términos legales, la fecha de celebración de la audiencia, además, que no se ha dado respuesta a la solicitud del quejoso, en lo referente a la emisión de una copia del escrito presentado en su contra, transgrediéndose así el derecho de petición del agraviado. En congruencia con lo anterior, se dirigieron a la Contraloría Gubernamental, en su carácter de superior jerárquico, las siguientes RECOMENDACIONES:

“...PRIMERA.- Ordene al servidor público responsable, dicte el acuerdo relativo a la petición del quejoso sobre la entrega de una copia certificada de la queja que fuera interpuesta en su contra, que le hiciera mediante escrito de fecha 25 de septiembre del año inmediato anterior, e instruirlo para que, en lo sucesivo, toda petición que se le formule por escrito, proceda como lo prevé el artículo 8 de nuestra Ley Suprema.- SEGUNDA.- En los términos señalados en el capítulo de conclusiones, analizar y valorar las irregularidades cometidas por el Servidor Público Responsable, con el objeto de dictar y aplicar las medidas correctivas y disciplinarias procedentes conforme a la Ley”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 040/2002.

A través del acuerdo de fecha 21 de mayo, esta recomendación se dio por cumplida en forma total, toda vez que la Contraloría Gubernamental acreditó que mediante proveído de fecha 21 de octubre del 2001, se decidió lo relativo al escrito presentado por el quejoso en fecha 25 de septiembre de ese mismo año, ordenándose la entrega de una copia certificada de la queja interpuesta en contra de LEOPOLDO ESPINOZA SANDOVAL. Además, se acreditó que la autoridad recomendada instruyó al C.P. SERGIO ESTRADA COBOS, Titular del Órgano de Control de la Secretaría de Salud, para que en lo que hace a la instauración y sustanciación de los procedimientos de responsabilidad se observe estrictamente la legalidad, respetando las garantías consagradas a favor de los servidores públicos, a través de la Ley de Responsabilidades respectiva.

 

RECOMENDACIÓN No. 041/2002.

El C. PANFILO URBINA ESCOBAR, acudió a este Organismo para denunciar que en fecha 10 de noviembre del año 2000, elementos de la Policía Preventiva Municipal lo detuvieron injustificadamente, cuando en compañía de otras personas se dirigía a su domicilio tras haber acudido a las instalaciones de “La Feria”. URBINA ESCOBAR, narró que al pedir una explicación los agentes, éstos se limitaron a responder que los aprehendían por haber arrojado piedras, situación totalmente ajena al agraviado y sus acompañantes; agrega que fue tratado de manera prepotente, siendo recluido en las celdas de Seguridad Pública, para posteriormente, no sin antes haber cubierto una multa, salir en libertad. Por su parte, la Autoridad admitió la existencia del acto reclamado, pero allegó, sin acreditar, que los detenidos habían participado en una riña.

Esta Comisión, tras el detenido estudio del expediente de mérito, concluyó que efectivamente el quejoso y dos de sus acompañantes fueron detenidos de manera arbitraria, atendiendo para esta resolución diversos testimonios, documentales y en especial la declaración informativa del Policía SANTIAGO LÓPEZ VÉLEZ, quien en relación a los hechos imputados dijo: “...nosotros no vimos cuando tiraron las piedras y a los demás también nos los llevamos porque andaban en bola... nosotros levantamos a todos los que andaban en la bola...” (sic).

Así, la autoridad transgredió en perjuicio de los detenidos las siguientes disposiciones legales: Artículos 16 de la Carta Magna, 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Regla Quince del Código de Ética Policial y el numeral 33 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RECOMENDÓ al Presidente Municipal de Victoria, ordene a quien corresponda el inicio del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra del C. SANTIAGO LÓPEZ VÉLEZ y demás elementos de la Policía Preventiva que participaron en los hechos aquí descritos. Así mismo se recomendó proveer lo necesario a fin de reintegrar a los agraviados el numerario que por concepto de multa tuvieron que pagar injustamente.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 041/2002.

Esta resolución se tuvo por cumplida parcialmente, a través del acuerdo de fecha 15 de mayo del año que se informa, toda vez que la autoridad acreditó haber girado las instrucciones necesarias al Director de Administración y Finanzas a fin de reintegrar a los quejosos el numerario que por concepto de multa liquidaron sin causa justificada; por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que se nos brinde posteriormente sobre el acatamiento a dichas instrucciones.

 

RECOMENDACIÓN No. 042/2002.

El C. JUAN ESPINOZA PALOMINO acudió a este Organismo para denunciar hechos presuntamente violatorios a Derechos Humanos, imputados a ELEMENTOS DE LA DELEGACIÓN DE TRÁNSITO con desempeño en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Así, se dio inicio al expediente 186/2001-L, toda vez que el C. ESPINOZA PALOMINO se dolió de actos considerados como EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LESIONES, al efecto, narró la forma en que los Agentes SERGIO ROCHA y JOSÉ LUIS LÓPEZ RAMOS, lo detuvieron cuando circulaba en su automóvil por las calles de aquella ciudad fronteriza (aceptando que lo hacía con aliento alcohólico), para después esposarlo, aún sin haber opuesto resistencia al arresto, y remitirlo a la Delegación donde estuvo privado de su libertad por un espacio de trece horas, señalando que al momento de ponerle las esposas, éstas le produjeron heridas las cuales acreditó con diversas fotografías.

La Autoridad por su parte aceptó haber detenido al quejoso, argumentando que tal acción la efectuaron porque el C. JUAN ESPINOZA se desplazaba a exceso de velocidad en su vehículo. Sin embargo, los Agentes viales no reconocieron haber incurrido en violencia innecesaria.

Una vez analizadas las probanzas, esta Institución llegó a la conclusión de que, efectivamente, los servidores públicos ejercieron acciones no justificables que redundaron en un menoscabo de la salud del quejoso, pues antes de someter por la fuerza (medida por cierto no explicable), pudieron haber logrado su objetivo de forma diversa. Ya que si su intención era conseguir las llaves del vehículo infractor, tal y como lo manifestaron, un proceder distinto y de pleno apego a Derecho hubiera sido utilizar por ejemplo una grúa.

Basados en esta y otras consideraciones expuestas en la resolución de mérito, se estimó prudente emitir la siguiente Recomendación:

“....ÚNICA. Se recomienda al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, gire instrucciones al Organo de Control Interno a fin de que inicie, tramite y resuelva el procedimiento administrativo que se indica en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en contra de los CC. SERGIO ROCHA y JOSÉ LUIS LÓPEZ, elementos de Tránsito Adscritos, para que se determine su responsabilidad y sean sancionados de acuerdo a la gravedad de la falta en que incurrieron, valorando para ello las consideraciones señaladas en el capítulo de conclusiones de la presente resolución”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 042/2002.

Esta recomendación, se aceptó mediante el oficio 2668/2002, de fecha 27 de diciembre del año que se informa, firmado por el C.P. JOSE MANUEL SUAREZ LOPEZ, Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN No. 043/2002.

Firmada el 18 de abril del año en curso, esta resolución puso fin a la integración del expediente 062/00-M, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. CRUZ LUMBRERAS MORENO, en contra del C. SERGIO PUIG CANALES, ahora ex comandante de la Policía Ministerial del Estado, destacamentado en Matamoros, Tamaulipas. El quejoso narró que en la Agencia Primera del Ministerio Público, se encuentra en trámite la averiguación previa 1116/1998, iniciada con motivo de los hechos donde perdiera la vida JUANA LUMBRERAS SAÉNZ, hija del aquí agraviado; agregando que dentro de dicha indagatoria se ha requerido en diversas ocasiones a los Comandantes de la Plaza, lleven a cabo diligencias ordenadas por el Fiscal, sin que se atiendan las indicaciones giradas. Tal imputación fue robustecida con las probanzas recabadas por este Organismo, quien concluyó que efectivamente, los Comandantes de la Policía Ministerial asignados a la Ciudad de Matamoros PUIG CANALES, JAIME YAÑEZ CANTÚ (finado) y HÉCTOR CASTRO LÓPEZ no han acatado las indicaciones que en su carácter de superior jerárquico les ha dirigido el Fiscal, acarreando con ello dilación en la procuración de justicia.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, asentó en la resolución:

“...debemos decir que cada vez que un delito queda impune, el Estado de Derecho sufre quebranto, pero cuando la impunidad es amparada o propiciada desde el poder, precisamente por quienes deben combatir la delincuencia, estamos ante una situación intolerable que no permite transformar y fortalecer la procuración de justicia...”.

En ese tesitura, al Procurador General de Justicia se recomendó:

“....PRIMERA. Ordene al Agente Primero del Ministerio Público Investigador de H. Matamoros, Tamaulipas, vigile el cabal cumplimiento de los oficios de investigación girados en la averiguación previa penal número 1116/1998, hasta su total observancia, y se resuelva ésta a la mayor brevedad posible, determinando lo que en derecho proceda.

SEGUNDA. En su caso, se apliquen las medidas disciplinarias a los servidores públicos que resulten responsables por las omisiones descritas en estas conclusiones”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 043/2002.

Advirtiéndose que la autoridad recomendada ha ordenado ya al Agente del Ministerio Público Investigador en Matamoros, Tamaulipas, vigile el cabal cumplimiento de los oficios de investigación girados en la Averiguación Previa Penal 1116/1998, justo en los términos en que se emitió la recomendación de mérito, a través del acuerdo de fecha 22 de noviembre, se tuvo por cumplida ésta de manera parcial, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información complementaria que al respecto nos remita la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 

RECOMENDACIÓN No. 044/2002.

La Recomendación 44/2002 puso fin a la integración del expediente 366/2001-L, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. GREGORIO FAZ GÓMEZ en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, imputándoles hechos que en su oportunidad se calificaron como VIOLATORIOS A DERECHOS HUMANOS.

Esencialmente, el C. FAZ GÓMEZ denunció que tras haber tenido un altercado con algunos vecinos, elementos de la Policía Preventiva se introdujeron por la fuerza a su domicilio, realizando diversas averías como destrucción de chapas y cerrojos, hasta encontrarlo en la recámara, lugar donde se había refugiado, y con lujo de violencia ser conducido a la Delegación de Policía.

A pesar de que la Autoridad arguyó haber realizado la detención en la vía pública, diversos testimonios y la contradicción en las informativas de los Agentes, acreditaron ante esta Institución que el día 7 de septiembre del año pasado, los tripulantes de la unidad C-36, ERNESTO PÉREZ ALONSO, FERNANDO VILLEGAS RÍOS y DAVID MARTÍNEZ ISLAS, incurrieron en el delito de ALLANAMIENTO DE MORADA por haber ingresado sin autorización al domicilio del ahora quejoso ocasionando varios desperfectos en el mismo.

En congruencia con lo anterior, la CODHET emitió RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a efecto de que gire instrucciones al Órgano de Control Interno para iniciar, tramitar y resolver el procedimiento administrativo que se indica en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en contra de los elementos señalados y los demás que resulten implicados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 044/2002.

Esta recomendación, se aceptó mediante el oficio 2668/2002, de fecha 27 de diciembre del año que se informa, firmado por el C.P. JOSE MANUEL SUAREZ LOPEZ, Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN No. 045/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 81/01-M, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. EDUARDO PÉREZ SANTIAGO en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL PREVENTIVA con desempeño en Matamoros, Tamaulipas, imputándoles hechos violatorios a Derechos Humanos los cuales en su oportunidad se calificaron como DETENCIÓN ARBITRARIA Y LESIONES.

Pérez Santiago denunció que elementos de la Policía Preventiva lo detuvieron de forma injusta argumentando que se encontraba en estado de ebriedad, además de infringirle diversas lesiones, para posteriormente ser puesto a disposición del Juez Calificador.

Por su parte, la Autoridad aceptó haber detenido al quejoso mas no admitió irregularidad alguna en su proceder.

Tras las investigaciones de rigor, la CODHET advirtió innumerables contradicciones entre las versiones que aportaron los agentes aprehensores JUAN VILLANUEVA y JOSÉ SANTOS ESPITIA VÁZQUEZ, lo cual, agregado a la no existencia de examen de alcoholemia alguno, puso de manifiesto la ilegalidad de la detención. Además, se demostró que los referidos servidores públicos emplearon violencia física innecesaria en agravio de Eduardo Pérez.

Tomando en cuenta lo anterior y sin perder de vista que la Autoridad no acreditó la licitud de su actuar, se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, a fin de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias a que haya lugar a los servidores públicos implicados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 045/2002.

A través del acuerdo de fecha 27 de junio, esta recomendación se tuvo por cumplida totalmente, toda vez que la autoridad acreditó haber sancionado con una suspensión de labores por el término de 5 días sin goce de sueldo a los Policías JUAN VILLANUEVA Y JOSE SANTOS ESPITIA VAZQUEZ, producto de la valoración de su conducta solicitada por la CODHET.

 

RECOMENDACIÓN No. 046/2002.

El día 22 de marzo del año 2000, ISMAEL AGUILAR HERNÁNDEZ conducía su microbús por el Crucero Germinal de la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, cuando accidentalmente se impactó con un señalamiento vial. Acto seguido, elementos de la Delegación de Tránsito de aquella localidad arribaron al lugar de los hechos, deteniendo de manera arbitraria a AGUILAR HERNÁNDEZ argumentando que tenían conocimiento de la existencia de lesionados, lo cual, como se verá más adelante, no está acreditado. Además los agentes viales trasladaron el microbús de referencia a las instalaciones de su corporación para después ponerlo a disposición del Ministerio Público.

La Autoridad pretendió justificar su actuación señalando que en el percance vial habrían resultado heridas varias personas, circunstancia que ante este Organismo jamás se demostró. Alegaron además los Agentes Viales el daño causado a un señalamiento que rotulaba “Cuidado con el Tren”, sin embargo, investigaciones realizadas arrojaron que dicha señal había sido deteriorada anteriormente. Por último, los oficiales esgrimieron que el conductor había observado una conducta agresiva. Al respecto se recabaron diversas testimoniales de las cuales se concluyó que en realidad ISMAEL AGUILAR sufrió violencia física innecesaria por parte de los precitados servidores públicos. Agréguese a esto que la CODHET detectó diversas irregularidades de procedimiento en la labor desempeñada por DIEGO GÓMEZ COLLIN, RUBEN RUIZ DEL ÁNGEL y MARIO EDGAR MALDONADO CERVANTES.

Por tales motivos se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPICO, TAMAULIPAS, en su carácter de superior jerárquico, la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en contra de los servidores públicos implicados. Lo anterior, sin perjuicio de que se adopten las acciones conducentes para evitar la repetición de hechos como los aquí consignados.

De esta forma se puso fin al expediente de queja 124/00-T.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 046/2002.

Esta recomendación se tuvo por cumplida parcialmente a través del acuerdo de fecha 10 de junio del año que se informa, toda vez que la autoridad recomendada informó que los servidores públicos implicados serán capacitados en la correcta aplicación de la Ley y Reglamento de Tránsito, específicamente sobre la forma de aplicar las sanciones que dichos ordenamientos contemplan; por lo que su satisfacción total, queda supeditada a la información que con posterioridad se nos remita sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 047/2002.

El día 26 de abril de este año, la CODHET emitió la RECOMENDACIÓN 47/2002, la cual pone fin a la integración de los expedientes acumulados 132/01-R, 133/01-R y 134/01-R, iniciados con motivo de las quejas formuladas por varios padres de familia en contra del Director y Personal de la Escuela Secundaria General número 44 “Ciencia y Progreso” imputándoles hechos violatorios a Derechos Humanos.

Los quejosos, padres de familia pertenecientes a la Asociación Religiosa denominada “Testigos de Jehová”, denunciaron ante este Organismo que el Director de la citada escuela negó la inscripción a sus menores hijos, arguyendo como obstáculo su religión y la abstención de rendir culto a los símbolos patrios.

Cabe señalar que la Autoridad admitió lisa y llanamente el acto reclamado, invocando incluso la legislación que a su juicio avala su proceder.

Es pertinente mencionar que el Consejo de la CODHET, en relación a la problemática con la que se enfrentan cada inicio del ciclo escolar o en el desarrollo del mismo, los alumnos de los diversos planteles educativos del Estado de Tamaulipas, que pertenecen a la religión “Testigos de Jehová”, a fin de solucionar en forma conciliatoria tales situaciones, emitió el día 1º de julio de 1995 un acuerdo del cual destacaremos lo siguiente:

“...El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, con fundamento en el artículo 16 Fracción I de la Ley que rige este Organismo y;

CONSIDERANDO

I.- ANTECEDENTES.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recepcionado diversas quejas formuladas por padres de familia que pertenecen a la asociación religiosa denominada “Testigos de Jehová”, quiénes han imputado a directores y profesores de planteles educativos, violaciones a los derechos de sus hijos, al haberlos suspendido o expulsado del centro escolar, o impedido su inscripción, por negarse a saludar y honrar a la Bandera Nacional y a cantar el Himno Nacional.

Los argumentos expresados en las quejas son similares y en el fondo se puede resumir de la siguiente manera: su negativa a participar en las citadas ceremonias cívicas se fundamenta en motivos religiosos, en un afán de apegarse a los principios y palabras de Jehová; para ellos, saludar o jurar lealtad a la Bandera se considera un acto reverencial de devoción sagrada y, por lo tanto, una forma de idolatría desde el punto de vista bíblico. Los alumnos se niegan a rendir honores a los símbolos patrios “porque su conciencia y principios morales no se los permite”, pero guardan una actitud pasiva de respeto.

II. MARCO JURIDICO.- Para estar en condiciones de emitir dictamen es necesario identificar previamente el marco constitucional y legal relacionado con el problema, por lo que enseguida se citan los ordenamientos y preceptos del Sistema Jurídico Mexicano aplicables a los casos planteados.

A. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

1.- El artículo 3º establece lo siguiente:

a) Todo individuo tiene derecho a recibir educación;

b) La educación primaria y secundaria son obligatorias;

c) La educación que imparta el Estado fomentará el amor a la Patria y la conciencia de solidaridad;

d) Garantizada la libertad de creencias, dicha educación será laica y se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

f) La educación luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y prejuicios.

2.- El artículo 24 otorga la garantía de libertad del hombre “para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.

3.- El artículo 130 consigna que las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley y que los ministros de culto no podrán oponerse a las leyes del país o a sus instituciones ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.

B.- LEY GENERAL DE EDUCACION.

1.- Los artículos 2º y 3º establecen que todo individuo tiene derecho a recibir educación y el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

2.- El artículo 4º menciona que todos los habitantes del país deben cursar la educación primaria y secundaria, y que es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad lo hagan.

3.- El artículo 7º Fracción III expresa que la educación tendrá, entre otros fines, el de “fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales...”

4.- El artículo 42 dice que “en la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

C.- LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES.

1.- El artículo 9 expresa que en festividades cívicas o ceremonias oficiales en que está presente la Bandera Nacional deberán rendírsele los honores que, cuando menos, consistirán en el saludo civil simultáneo de todos los presentes;

2.- El artículo 14 señala que el saludo civil a la Bandera Nacional se hará en posición de firme, colocando la mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo a la altura del corazón; y los varones saludarán, además, con la cabeza descubierta;

3.- El artículo 15 ordena que las autoridades educativas federales, estatales y municipales dispondrán que en las instituciones de enseñanza se rindan honores a la Bandera Nacional los lunes, así como al inicio y fin de cursos.

4.- El artículo 21 manda que todos los planteles educativas del país, oficiales o particulares, deberán poseer una Bandera Nacional, con el objeto de utilizarla en actos cívicos y afirmar entre los alumnos el culto y respeto que a ella se debe profesar;

5.- El artículo 42 prevé que el Himno Nacional se ejecutará, total o parcialmente, en actos solemnes escolares y para rendir honores a la Bandera Nacional;

6.- El artículo 45 dice que la demostración civil de respeto al Himno Nacional se hará en posición de firme y los varones, además, con la cabeza descubierta.

7.- El artículo 46 expresa que es obligatoria la enseñanza del Himno Nacional en todos los planteles de educación primaria y secundaria, y que cada año las autoridades educativas convocarán a un concurso de coros infantiles sobre su interpretación donde participen los alumnos de dichos niveles;

8.- El artículo 55 consigna que compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta Ley con el auxilio de todas las autoridades del país y concretamente ordena que las autoridades educativas vigilarán su cumplimiento en los planteles educativos.

9.- El artículo 56 establece que las contravenciones a esta Ley que no constituyan delito pero que impliquen desacato o falta de respeto a los símbolos patrios, se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientos cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas.

D.- LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO.

1.- Los artículos 1 y 2, al confirmar y precisar las garantías constitucionales en materia religiosa, consignan las limitaciones que a continuación se transcriben:

“... Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del País. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes”.

2.- El artículo 3 ratifica que el Estado mexicano es laico y ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros.

3.- El artículo 29 Fracción II determina que constituye una infracción a esta ley, agraviar a los símbolos patrios o de cualquier modo inducir si rechazo;

4.- El artículo 31 expresa que las infracciones a esta Ley se sancionarán tomando en cuenta su naturaleza y gravedad, la posible alteración de la tranquilidad social y el orden público, la situación económica y el grado de instrucción de infractor, y la reincidencia, si la hubiere.

5.- El artículo 32 señala como sanciones que podrán imponerse a los infractores de la ley, el apercibimiento y la multa hasta de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

D.- CODIGO PENAL FEDERAL.

1.- El artículo 191 prevé que el ultraje al escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, será sancionado de seis meses a cuatro años de prisión o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones a juicio del juez.

2.- El artículo 192 establece: “al que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacionales, se le aplicará de tres días a un año de prisión y multa de veinticinco mil pesos”.

E.- CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

(D.O.F. 25 DE ENERO DE 1991)

1.- El artículo 1 define como niño a todo ser humano menor de 18 años de edad;

2.- El artículo 3 establece como principio que todas las acciones públicas o privadas relativas al niño, deberán tener en cuenta su interés superior;

3.- El artículo 14 consagra el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, con sujeción únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral, la salud pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

4.- Los artículos 28 y 29 instituyen el derecho del niño a la educación, la cual estará encaminada a desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades, e inculcarle, entre otras cosas, el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural y de los valores nacionales.

F.- NORMAS REGLAMENTARIAS.

La Secretaría de Educación pública expidió el Acuerdo Nº 96 (D.O.F. 7 de diciembre de 1982), el Acuerdo Nº 97 (D.O.F. 3 de diciembre de 1982) y el Acuerdo Nº 98 (D.O.F. 7 de diciembre de 1982), mediante los cuales se establece, respectivamente, la organización y funcionamiento de las Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias Técnicas y Escuelas Secundarias. En estas normas de carácter general se precisan los derechos y obligaciones de los directores, personal docente y administrativo, y de los alumnos; los requisitos de ingreso, las reglas sobre disciplina y las sanciones previstas por las faltas cometidas.

En el Acuerdo Nº 96 para Escuelas Primarias, las únicas medidas disciplinarias aplicables a los educandos son la amonestación en privado por parte de los maestros o por la dirección del plantel, y la comunicación por escrito a los padres o tutores, quedando prohibido cualquier otra.

En el Acuerdo Nº 97 para Escuelas Secundarias Técnicas sólo permite la separación temporal del educando hasta por ocho días, por determinación de las autoridades del plantel, o según la gravedad de la falta, por más de ocho días mediante resolución fundada que emitan las autoridades superiores.

En el Acuerdo Nº 98 para las Escuelas Secundarias se consigna como máxima sanción aplicable a los alumnos de este nivel, la suspención en todas sus actividades escolares hasta por diez días hábiles, determinada por el Consejo Técnico Escolar y previo aviso a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.

Estas medidas disciplinarias pueden aplicarse, sin prejuicio de la obligación que tienen los educandos de acreditar sus estudios conforme a los planes y programas, así como de las disposiciones sobre evaluación.

III.- Realizando una interpretación sistemática y axiológica de las normas citadas en el apartado anterior podemos llegar a las siguientes conclusiones y argumentaciones:

1.- El derecho a recibir educación y la libertad religiosa son derechos humanos garantizados por el orden jurídico mexicano.

2.- La educación primaria y secundaria son obligatorias, lo cual significa que el ejercicio del derecho subjetivo a la educación se encuentra fundado y condicionado en el cumplimiento de un deber.

3.- La libertad para profesar creencia religiosa es absoluta, mientras que la libertas de culto es relativa, por estar sujeta a las limitaciones previstas en las leyes.

4.- De acuerdo con la ley de la materia, rendir honores a la Bandera Nacional con el saludo civil los lunes y al inicio y fin de cursos, así como cantar el Himno Nacional, es obligatorio para los alumnos, docentes y personal directivo y administrativo del sistema educativo nacional.

Los anteriores preceptos constituyen una restricción a la libertad jurídica de los individuos, entendida ésta como la facultad de hacer o de omitir las conductas que no estando ordenadas tampoco se encuentran prohibidas. Esto significa que en el caso, al ordenar la ley que se rindan honores a la Bandera, las personas no tienen la libertad jurídica para dejar de hacerlo; si en el ejercicio de su libre albedrío, los alumnos, docentes y demás personal de los planteles educativos, se abstienen de cumplir con el citado mandato, su conducta estaría ubicada en el campo de la ilicitud.

5.- La simple abstención de rendir honores a la Bandera y de cantar el Himno Nacional son hechos ilícitos que implican desacato o falta de respeto a los Símbolos Patrios, sancionables con multa o arresto.

Agraviar a los Símbolos Patrios o de cualquier modo inducir a su rechazo también constituyen ilícitos sancionables administrativamente con apercibimiento y multa, además de otras penas si aquéllos proviniesen de organizaciones religiosas.

Ultrajar o hacer uso indebido de los Símbolos Patrios son hechos ilícitos que tienen la categoría de delitos sancionables con prisión o multa.

6.- Los alumnos menores de edad son inimputables y, por lo tanto, no se les pueden aplicar las sanciones mencionadas en el punto anterior. Caso contrario sucede con los docentes y personal directivo y administrativo, a quienes, además de dichas sanciones, también se les pueden aplicar las previstas en la legislación laboral por violaciones a las condiciones generales de trabajo.

7.- La negativa de inscripción o la expulsión de un alumno por no rendir honores a la bandera y cantar el himno Nacional son medidas que carecen de fundamento jurídico. De la misma manera, es improcedente imponer una calificación reprobatoria tomando en cuenta únicamente el incumplimiento de dichas obligaciones. Esto de ninguna forma significa que no deba tomarse en cuenta; por el contrario, tales conductas pueden ser consideradas como un elemento más para otorgar una calificación de acuerdo con el sistema de evaluación autorizado.

8.- Habiéndose adoptado en México el principio de Derecho Internacional “El interés superior del niño”, las medidas correctivas autorizadas por la Secretaría de Educación Pública deben de aplicarse respetando la dignidad del menor tomando en cuenta su edad, la gravedad del caso y la conveniencia de la medida, tanto para él como para la disciplina en el plantel educativo”.

Así, este Organismo no estima legal ni lógico el proceder del Director ALFONSO WONG MORENO, pues no respeta el derecho a la educación que le asiste a los menores no inscritos. Educación, a través del cual se debe buscar fortalecer nuestra identidad como mexicanos, la que se sustenta en los valores y símbolos patrios. Negar el derecho a la educación, es privar a los menores de la oportunidad para acercarse a las raíces de nuestra patria, lo que a la postre significará una mejor arma contra cualquier fanatismo religioso.

En esa tesitura se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES:

“...PRIMERA. Se recomienda al Secretario de Educación, Cultura y Deporte ordene al C. Profesor ALFONSO WONG MORENO, Director de la Escuela Secundaria General Número 44 “Ciencia y Progreso”, de Reynosa, Tamaulipas, modifique su postura respecto a la negativa a inscribir a los menores ... a efecto de que se les restituyan sus derechos a ser inscritos en el citado plantel educativo, por prevalecer el Derecho a la Educación en nuestra Constitución General de la República, al ser obligatoria la educación primaria y secundaria, y el principio del “interés superior del niño” de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de los Niños, y, en caso que al encontrarse los menores actualmente inscritos en otra escuela y por lo avanzado del curso escolar no sea posible su cambio, se les permita la inscripción en el próximo año lectivo 2002-2003.

SEGUNDA. Se recomienda a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, ordene al Profesor ALFONSO WONG MORENO, Director de la Escuela Secundaria General número 44 “Ciencia y Progreso” de Reynosa, Tamaulipas y demás personal docente que labore en la misma evite tomar medidas que lesionen y vulneren los derechos a la educación de los menores que profesen la religión “Testigos de Jehová” consagrados en la Constitución, debiendo abstenerse de realizar prácticas estigmatizantes.

TERCERA. Se recomienda a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte para que dicte y aplique medidas correctivas y disciplinarias al Profesor ALFONSO WONG MORENO, Director de la Escuela Secundaria General número 44 “Ciencia y Progreso”, de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en virtud de haber quedado acreditada su responsabilidad como servidor público, al negarles el derecho a la educación a los menores (...), lo cual es violatorio de sus garantías constitucionales.

CUARTA. Sin menoscabo de la evidente actitud patriótica expresada por el personal de dicho centro escolar, lo cual es motivo de reconocimiento por parte de este Organismo Protector de los Derechos Humanos, se recomienda que en los casos que sea necesario aplicar una medida disciplinaria, ésta se realice con un amplio criterio de conciliación, adoptando las medidas que se requieran, los mecanismos y programas para lograr concientizar a los padres de los alumnos que profesen la religión “Testigos de Jehová” a efecto de que cumplan sus obligaciones como ciudadanos mexicanos, teniendo el deber además de hacer énfasis en la importancia que tienen los símbolos patrios, para mantenernos unidos en el esfuerzo de construir un México mejor”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 47/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante el oficio de fecha 7 de mayo del año en que se informa, firmado por el LIC. BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado. Se recibió posteriormente copia del oficio SECyD/DJ133/2002, signado por el mismo funcionario y dirigido al Profesor LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA, Subsecretario de Educación Básica y Normal, a quien se le instruyó para realizar lo conducente y dar cumplimiento a nuestra resolución. El día 3 de julio, se recibió copia del oficio dirigido al Profesor ALFONSO WONG MORENO, Director de la Escuela Secundaria Técnica No.44 “Ciencia y Progreso” de Reynosa, Tamaulipas, en el cual se le ordenó que en lo subsecuente se abstuviera de tomar decisiones que lesionaran el derecho a la educación de los alumnos que profesen la religión Testigos de Jehová, haciéndole saber además los términos de la Recomendación. Sin embargo, el día 30 de octubre, personal de este Organismo entabló comunicación vía telefónica con la quejosa ROSA ELVA GLORIA RAMÍREZ, quien manifestó que el Profesor ALFONSO WONG MORENO, negó la inscripción en el plantel a su cargo del menor ARTURO ROGELIO LOPEZ GLORIA ante lo cual, la CODHET solicitó al Secretario de Educación, cultura y Deporte, la aplicación de medidas urgentes para lograr no solo el respeto del derecho a la educación del menor agraviado, sino también de su dignidad y la de su familia, pues a pesar de que a la fecha cursa su instrucción secundaria en una institución particular, ello no libera al Estado de su obligación educadora, máxime si lo anterior es resultado de una mala interpretación de la Ley por parte del servidor público responsable. A esta petición, solo se obtuvo como respuesta una copia recibida vía fax del oficio SECyD/DJ329/2002, firmado por el LIC. ANTONIO HUERTA RAMOS, Director Jurídico de la SECUDE, y dirigido al Profesor LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA, en donde se le comunica el sentido de nuestro requerimiento, sin que a la fecha se haya abundado sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 048/2002.

El C. GILBERTO LOREDO RANGEL, acudió a este Organismo denunciando haber sido víctima de las siguientes violaciones a derechos humanos:

Ilícitos contra el Honor imputados al Comandante y elementos de la Policía Ministerial del Estado destacamentados en Reynosa, Tamaulipas.

Insuficiente protección de personas por parte del Licenciado JUAN ANTONIO VARGAS SUAREZ, Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de Reynosa, Tamaulipas.

Dilación en la integración de la Averiguación Previa por parte del Agente Primero del Ministerio Público Investigador de Reynosa, Tamaulipas.

Así, se integró el expediente 51/00-R, mismo que se resolvió al tenor de lo siguiente:

Al entrar al estudio de los actos que el quejoso LOREDO RANGEL imputara a los elementos de la Policía Ministerial del Estado, al mando del Comandante ERICK GUZMÁN ZAMORANO, de nombres JUAN JOSE GONZÁLEZ HINOJOSA, Jefe de Grupo, MARIO GUADALUPE VEGA SOTO y ENRIQUE AGUILAR MORENO, en el sentido de que los mismos ejercieron violencia física en su persona cuando acompañando a su defenso, los elementos policiales ejecutaron una orden de aprehensión en contra de éste último. En autos de la queja se encuentra comprobada la actuación indebida de los Agentes Policiales, quienes al ejercer una violencia excesiva lesionaron al defensor particular del detenido, causándole fractura del dedo anular izquierdo, lo que se acredita con la fe ministerial de lesiones dada por el Oficial Secretario de la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de Reynosa, Tamaulipas y con el certificado médico de lesiones, constancias ambas que obran dentro de la averiguación previa iniciada con motivo de la denuncia presentada por el profesionista mencionado y que se radicara bajo el número 268/2000, cuya situación actual también fue motivo de estudio.

En lo que hace a la actuación del Licenciado JUAN ANTONIO VARGAS SUAREZ, esta Comisión determinó emitir ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD en su favor, por no advertirse, tras el detenido estudio de las constancias, que su actuar haya sido contrario a Derecho.

En lo referente a la dilación en la integración de la averiguación previa penal 268/2000, de lo recabado por esta Institución, se detectó que a la fecha la misma se encuentra sin resolver. Desprendiéndose además que la citada indagatoria fue remitida a la Coordinación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En esa tesitura se emitieron los siguientes puntos de RECOMENDACIÓN:

“...PRIMERA. De conformidad con los razonamientos hechos valer en el punto TERCERO de conclusiones de la presente resolución se emite RECOMENDACIÓN al Procurador General de Justicia del Estado, para que se dé inicio al Procedimiento administrativo contemplado por la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos en contra del Licenciado ERICK GUZMAN ZAMORANO, Comandante, JUAN JOSÉ GONZÁLEZ HINOJOSA, Jefe de Grupo y los agentes de la Policía Ministerial de nombres MARIO GUADALUPE VEGA SOTO, ENRIQUE GUZMAN MORENO E ISMAEL MIRANDA VALADEZ, por los ilícitos contra el honor (lesiones) que cometieran en agravio del Licenciado GILBERTO LOREDO RANGEL, al ejecutar una orden de aprehensión en contra de su defenso y hecho que sea lo anterior, se apliquen en su contra las medidas disciplinarias a que se hubieran hecho acreedores y, en caso, de que alguno de ellos ya no pertenezca a la corporación se haga la anotación correspondiente en su expediente personal para constancia.

SEGUNDA. Con fundamento en el análisis efectuado en el considerando QUINTO de la resolución que nos ocupa, se emite RECOMENDACIÓN al Procurador General de Justicia del Estado, a fin de que ordene al Coordinador de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, a la brevedad se emita resolución definitiva dentro de la averiguación previa que se iniciara con motivo de la indagatoria 268/2000, que le fuera remitida por declinatoria de competencia por parte del Agente Primero del Ministerio Público Investigador de Reynosa, Tamaulipas, en fecha 20 de febrero del presente año”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 048/2002.

Esta recomendación cuenta con cumplimiento parcial, toda vez que la autoridad recomendada acreditó haber instruido al Coordinador de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, a efecto de que a la brevedad emita resolución dentro de la Averiguación Previa que se iniciara con motivo de la indagatoria 268/2000, justo en los términos de la recomendación que nos ocupa, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que posteriormente nos brinde la autoridad sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 049/2002.

Una interna del Centro de Readaptación Social número 2 de Matamoros, Tamaulipas, imputó actos violatorios a Derechos Humanos a los CC. JOSÉ AMADO ESTRADA JIMÉNEZ y EZEQUIEL GRACIA PEÑA, Director y Médico, respectivamente, del referido establecimiento penal, iniciándose así el expediente 190/01-M.

La quejosa denunció ineficiente atención médica y malos tratos por parte del citado médico adscrito, agregando la necesidad de ser operada, sin que al momento de la resolución se haya realizado su excarcelación para tal efecto. Por su parte, la Autoridad admitió la existencia del acta reclamado (a excepción de los malos tratos), argumentando no contar con elementos indispensables para efectuar la cirugía, asentándolo así en un informe signado por el Doctor GRACIA PEÑA, de fecha 5 de noviembre del año 2001.

Una vez analizadas las constancias, esta Institución concluyó que la Autoridad no ha dado cabal cumplimiento al artículo 35 del Reglamento para los Centros de Readaptación Social del Estado, cuyo texto es:

“Artículo 35.- El servicio médico funcionará de manera permanente y estará organizado a fin de:

A.- Que se atiendan los problemas de salud de los internos, con la urgencia debida.

B.- Que se den a los enfermos y a los visitantes primeros auxilios y se detecte a tiempo cualquier indisposición que requiera de cuidados en clínicas especializadas o instituciones hospitalarias.

El Gobierno del Estado velará porque existan convenios entre los establecimientos y el sector salud, a fin de que en los centros hospitalarios que dependan de él sean atendidos los enfermos que requieran cuidados médicos como los odontológicos, ginecobstétricos, pediátricos, cardiológicos, oftalmológicos, cancerológicos, inmunológicos, nutricionales, quirúrgicos, y cualesquiera otros de índole especializada. Se implementarán mecanismos suficientes para que en dichos centros hospitalarios se atienda a los internos enfermos con la urgencia que se requiera para evitarles el agravamiento y el sufrimiento posible. Por tanto, en los convenios deberá establecerse claramente, en función de las necesidades de transporte y del grado de dificultad de la comunicación que, por motivos geográficos, exista con el centro de salud más cercano, cuáles serán los medios de traslado de los enfermos y cuáles los requisitos para que sean aceptados.

Salvo que, por razones probadas de seguridad, no sea conveniente hacerlo, se deberá permitir, previa autorización del Consejo Técnico o, en caso de urgencia, cuando éste no esté reunido, del Director, que los internos sean examinados y atendidos por médicos particulares y en instituciones privadas de salud. Los honorarios y gastos médicos y hospitalarios correrán a cargo del interno que los provoque, salvo que la intervención de particulares haya sido solicitada por la autoridad y se deba a que no hay otra manera de garantizar el derecho a la salud del enfermo, en cuyo caso los gastos deberán ser pagados por el establecimiento.

C.- Que se tomen medidas constantes para prevenir enfermedades. Para ello se establecerán las normas de higiene que deban regir en cada una de las áreas del establecimiento, y se vigilará que se cumplan estrictamente”.

Por consiguiente, de dicha transcripción se advierte claramente que las autoridades del Centro de Readaptación Social Dos de Matamoros, Tamaulipas, no han cumplido con la normatividad antes descrita, mostrando una total falta de sensibilidad en su encomienda de velar por la salud de los internos, evidenciando el desconocimiento del seguimiento y atención que deben procurar a los reos con alteraciones graves en la salud, para evitarles su agravamiento y sufrimiento, como en el caso aquí expuesto.

Además, no obra en el sumario documento donde se acredite que las autoridades carcelarias hayan promovido diligencia alguna y obtener así lo necesario para efectuar la cirugía; es decir, no se ha proporcionado al paciente el tratamiento adecuado a su padecimiento, lo que se traduce en una grave violación a los derechos humanos, sin perder de vista que la salud es un derecho constitucional de los mexicanos.

En consecuencia, se estimó necesario emitir la Recomendación que enseguida se transcribe, dirigida al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado:

“...UNICA.- Ante la evidencia de que la interna ... presenta alteración en su salud de alto riesgo, la cual se precisa en el cuerpo de conclusiones de la presente, con el fin de evitar su agravamiento y como medida humanitaria y jurídica se recomienda que orden en forma inmediata la ejecución de todas las medidas necesarias para que se le proporcione a la quejosa, la atención médica y hospitalaria requerida, cumpliendo de esta manera lo preceptuado en el artículo 35 del Reglamento de la Materia”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 049/2002.

Esta recomendación, se tuvo por aceptada y cumplida totalmente a través del proveído de fecha 23 de mayo del año que se informa, toda vez que la autoridad recomendada remitió pruebas de las acciones emprendidas para solicitar la excarcelación de la interna del fuero federal IRMA ESTRADA MARTINEZ, con el objeto de que reciba atención médica.

 

RECOMENDACIÓN No. 050/2002.

La CODHET, por conducto de su Tercera Visitaduría con residencia en Reynosa, Tamaulipas, recibió por comparecencia la queja presentada por JOSÉ MORALES OLASCUADA en contra del Presidente y demás personal de la Junta Especial número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la misma Ciudad, por hechos que en su momento se calificaron como EJERCICIO INDEBIDO Ó INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, al tenor de lo siguiente:

“...Que en el mes de marzo del año en curso, presenté un a demanda laboral en contra de la maquiladora Stuard Intertaimets, llevándose a cabo dos audiencias, una en el mes de mayo y la otra en el mes de agosto, y desde este último mes que menciono no he sabido el avance del procedimiento a mi demanda, y que al ir a preguntar por mi expediente ante la Junta, me dicen que es a los abogados a los que les dan informes y a mi que soy el que demanda no me dan ningún informe, es por eso que acudo a este Organismo para que me ayuden a informarme el estado que guarda mi expediente antes citado, ya que tengo el temor que no se esté actuando conforme a derecho y se le estén dando consideraciones a la parte demandada, para que incumpla con las prestaciones que le reclamo en mi escrito inicial de demanda”.(sic)

Es menester señalar que a pesar de diversos intentos, la autoridad omitió rendir informe sobre los hechos imputados, por lo que ante esa eventualidad y de conformidad con el artículo 36 de la Ley que rige a este Organismo, se acordó tener por ciertos los hechos denunciados, salvo prueba en contrario, determinando abrir un período probatorio por el término de 10 días hábiles, circunstancia que se hiciera del conocimiento de la Junta Especial señalada como responsable, para que si lo estimaba pertinente aportara las medidas de prueba que convinieran a su interés.

Al no encontrarse desvirtuada la presunción arriba señalada, se tuvo acreditado que el personal de la Junta Especial número 7 le ha restringido al quejoso MORALES OLASCUADA el acceso al expediente número 169/00, donde tiene el carácter de parte actora y que, de igual forma, se le niega cualquier información respecto a su estado.

No pasó desapercibido para este Organismo, que la autoridad no proporcionó el informe que le fuera requerido, por lo que, en congruencia con lo anterior, se emitieron las siguientes recomendaciones:

“...PRIMERA.- Al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que gire las instrucciones pertinentes al Presidente de la Junta Especial número 7 y demás personal para que cuando se constituya el actor José Morales Olascuada se le facilite el acceso al expediente laboral número 169/00 y asimismo se le informe el estado actual que guarda el mismo.- SEGUNDA.- Al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a fin de que instruya al Lic. JORGE DOSAL HERNANDEZ, Presidente de la Junta Especial número 7, con sede en Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, para que en lo subsecuente rinda los informes y demás documentación que se le solicite con motivo de las quejas que se interpongan ante esta Organización en contra de actos de esa autoridad”.

 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 050/2002.

Esta recomendación se tuvo por cumplida totalmente, toda vez que obra en autos copia del oficio número 601 de fecha 20 de mayo del año que se informa, dirigido al Licenciado JORGE DOSAL HERNÁNDEZ, Presidente de la Junta Especial Número 4 ( antes 7) de la Local de Conciliación y Arbitraje, instruyéndolo para que se facilite el acceso al expediente laboral número 169/00 al quejoso y se le informe el estado actual del mismo. Se le instó además, para que en lo subsecuente rinda los informes que esta Comisión le requiera.

 

RECOMENDACIÓN 051/2002.

Esta resolución tuvo su origen en el expediente 307/00-T, instaurado en razón de la queja formulada por los CC. MARÍA ARNULFA GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA GUADALUPE TREJO GARCÍA y FELIPE DE JESÚS CERVANTES VALDIVIA, en contra de las siguientes autoridades con desempeño en Tampico, Tamaulipas:

- Agentes de la Policía Ministerial, dictándose en su momento ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD.

- Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, emitiéndose al respecto ACUERDO DE IMPROCEDENCIA.

- Agente Segundo del Ministerio Público Investigador, a quien se le imputó IRREGULAR INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA y de cuya actuación se derivó la Recomendación que a continuación se detalla.

En su relato, los quejosos señalaron:

“...a).- Interponemos formal queja en contra de la Agencia del Ministerio Público que resulte responsable, ya que violando claramente la Constitución, conculcó flagrantemente nuestro derecho de audiencia al no citarnos en ninguna ocasión para darnos a conocer la ilegal e injusta acusación instruida en nuestra contra por el delito de despojo promovido por la C. MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ, quien firma a ruego de EPIFANIO GARCÍA MARTÍNEZ, ya que de habernos notificado le hubiéramos demostrado al Fiscal que nosotros somos inocentes y así evitar todo lo que nosotros hemos sufrido a la fecha. De este acto de autoridad emanó la temeraria orden de aprehensión que se giró en nuestra contra y que nos puso en riesgo de ser privados por demás arbitrariamente de nuestra libertad”.

Al respecto, la autoridad rindió un informe en donde asevera ser falso lo arriba expuesto, agregando que realmente sí se citó a los indiciados y haciendo mención a la constancia de inasistencia elaborada.

Una vez agotado el procedimiento, esta Institución advirtió que, efectivamente, obra en autos copia certificada de un citatorio en cuyo reverso se hizo una anotación vaga e imprecisa de la forma en que presuntamente se llevó a cabo la notificación.

Detectado ello, esta Comisión asentó en la resolución el razonamiento que se transcribe:

“...Ahora, veamos lo establecido en el Código de Procedimientos Penales en su artículo 18: “...En las actuaciones se expresará el día, mes y año en que se practiquen, escribiéndose con número y letra las fechas y cantidades ...”. Con lo anterior, podemos afirmar que aún y cuando se hubiese llevado a cabo tal diligencia de notificación, ésta no terminó de reunir los elementos de formalidad deseables para la acreditación del respeto a la garantía de audiencia. Esto resulta de suma trascendencia si nos remitimos a los dispuesto por el artículo 112 del Código Adjetivo Penal, el cual señala que la representación social “procurará” la declaración del indiciado, sin que esto implique una facultad discrecional, sino, por el contrario, ordena la realización de actos tendientes a obtener la comparecencia del señalado como responsable de un ilícito. En ese tenor, el Ministerio Público debe ser el principal interesado en que las notificaciones se apeguen estrictamente a la legalidad y de que se asiente en autos una razón clara y precisa de la forma en que se llevan a cabo dichas diligencias a fin de asegurarse que se está respetando la garantía de audiencia del indiciado.- Así, ante lo planteado por los quejosos, es la autoridad quien debe probar que el acto jurídico de la notificación existió, y en el caso que nos ocupa contamos sólamente con una anotación vaga e imprecisa de la forma en que se comunicó a los indiciados que era necesaria su presencia ante el fiscal investigador. En esa tesitura, obran indicios pues de que el acto jurídico existió, pero no hay acta que haga evidente su eficacia. Por lo tanto, este Organismo estima necesario que los actuarios notificadores elaboren actas en las cuales se relaten claramente las notificaciones y demás actos jurídicos, lo anterior con el fin de que se consigne el intento de la autoridad para escuchar al indiciado, tal y como lo marca la Ley”.

Congruentes con lo anterior se emitió RECOMENDACIÓN al AGENTE SEGUNDO DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR con residencia en Tampico, Tamaulipas, a fin de que en lo sucesivo vigile estrechamente el trabajo del personal a su cargo, indicándoles la elaboración de actas detalladas de todas las actuaciones que se practiquen, especialmente las relativas a notificaciones.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 051/2002.

El día 28 de mayo del 2002, se tuvo por cumplida totalmente esta recomendación, toda vez que la autoridad acreditó haber instruido a los Agentes del Ministerio Público Investigador, para que a su vez ordenen a los actuarios notificadores la elaboración de actas en las diversas diligencias que practiquen, observando estrictamente el procedimiento señalado en la Legislación Estatal. En especial, se instruyó en ese sentido al Agente Segundo del Ministerio Público Investigador en Tampico, Tamaulipas.

 

RECOMENDACIÓN No. 052/2002.

El C. ROMAN GAMEZ ORTIZ acudió a la Primera Visitaduría de este Organismo a fin de formular queja en contra de los CC. RAMÓN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y JESÚS TREJO CASTILLO, elementos de la Policía Preventiva con desempeño en esta Capital, imputándoles haber ingresado al negocio de la Familia Gámez Ortiz intentando someter a una revisión al quejoso, so pretexto de que habían recibido insultos por parte de personas no identificadas que se encontraban en ese lugar, a lo que el C. ROMAN GAMEZ opuso resistencia, siendo agredido entonces por los Agentes, quienes incluso habrían ejercido violencia excesiva en su perjuicio, causando además daños materiales en el local, sin lograr su cometido gracias a la intervención de la familia del agraviado.

Así se dio inicio al expediente 142/2001.

Por su parte, la Autoridad aceptó prácticamente todos los hechos, a excepción de haber agredido al C. GÁMEZ ORTIZ, pero aceptando que intentaron someterlo porque el quejoso se comportó, según su dicho, de manera agresiva al tratar de practicarle una “revisión de rutina”, tras haber sido insultados por personas desconocidas.

Este Organismo estimó contraria a Derecho la actuación de los policías, toda vez que no había elementos para someter a ninguna revisión al agraviado y no estaban seguros de quién había sido la persona que les profirió insultos. Además, respecto a su reacción quizá de defensa, no se puede pedir al gobernado que acepte de buena gana un acto injusto, pues es la Autoridad quien debe acreditar la legalidad de sus actos, como en el presente asunto no sucede.

De esta manera los CC. RAMÓN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y JESÚS TREJO CASTILLO, transgredieron en perjuicio de ROMÁN GÁMEZ las garantías de libertad, legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, por lo que, en consecuencia, la CODHET recomendó al PRESIDENTE MUNICIPAL DE VICTORIA, TAMAULIPAS, la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en contra de los precitados servidores públicos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 052/2002.

Esta recomendación fue aceptada con el oficio número 118/02 de fecha 3 de junio, firmado por el Licenciado RICARDO GAMUNDI ROSAS, Secretario del Ayuntamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Posteriormente, se nos informó que el Departamento Jurídico de la Presidencia Municipal, puso a disposición de la Contraloría a los Policías RAMON HERNÁNDEZ GONZALEZ Y JESÚS TREJO CASTILLO, para que se inicie en su contra el procedimiento de responsabilidad administrativa. Cabe señalar, que a la fecha no contamos con documentación que nos permita establecer si se ha dado inicio a tal procedimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 053/2002.

El expediente 48/01-M fue instaurado de oficio por la Cuarta Visitaduría de este Organismo con residencia en Matamoros, Tamaulipas, al advertir que un menor de edad fue puesto a disposición del Ministerio Público por el Juez Calificador NORBERTO REYES GONZÁLEZ, quien con su determinación transgredió lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley para la Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social para el Estado de Tamaulipas, el cual dispone: “Toda autoridad que tenga conocimiento de hechos comprendidos en el Artículo 19 de esta Ley o ante el cual se ha presentado un menor por igual motivo, informará de inmediato al Consejo Tutelar que corresponda, proveyendo en su caso el traslado al Centro de Observación de esa dependencia...”

En congruencia con lo anterior se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, en los términos siguientes:

“ÚNICA. Instruya por escrito al Licenciado NORBERTO REYES GONZÁLEZ, Juez Calificador, a fin de que en lo sucesivo, cuando tenga conocimiento de hechos comprendidos en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social para el Estado, proceda de manera inmediata a informar y proveer, en su caso, el traslado al Consejo Tutelar correspondiente.”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 053/2002.

Esta recomendación, fue aceptada mediante el oficio número 742/2002 de fecha 18 de junio, signado por el C.P. JOSE DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Contralor Municipal en Matamoros, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con mayor información sobre su seguimiento, a pesar de los recordatorios que se han emitido.

 

RECOMENDACIÓN NO. 054/2002.

Una interna del Centro de Readaptación Social Número Dos de Matamoros, Tamaulipas, se inconformó ante este Organismo imputando al C. ANTONIO TRUJILLO, Comandante de Custodios en el referido centro penitenciario, haberla acusado injustamente de una falta, agredirla física y verbalmente, para después confinarla bajo condiciones infrahumanas en una bodega conocida por la población penitenciaria como “Almoloyita”.

El Licenciado JOSÉ AMADO JIMÉNEZ ESTRADA, quien en la época de los hechos fungía como Director del citado establecimiento penal, negó en su informe los hechos, justificando la labor ANTONIO TRUJILLO, al señalar que el custodio sorprendió a la quejosa cometiendo una infracción al Reglamento, por lo que tras dar aviso al Coordinador de Seguridad Teniente MAXIMINO ELADIO JIMÉNEZ ESTRADA, por instrucción de este último se remitió a la interna al “área de aislamiento”.

Ahora bien, este Organismo concluyó que la medida disciplinaria aplicada a la interna constituye una violación a los Derechos Humanos, propiciada por la falta de preparación y profesionalismo de los servidores públicos involucrados. En la resolución de mérito se hace hincapié en que el Coordinador de Seguridad carece de atribuciones para aplicar correctivos o decidir sobre las medidas a tomar respecto a los internos que transgredan la seguridad interna, pues en ese sentido el Reglamento para los Centros Penitenciarios vigente en el Estado, señala en sus artículos 87 y 88 que solamente el Director del establecimiento, o quien lo sustituya durante sus ausencias, podrá imponer sanciones disciplinarias, siguiendo para ello un procedimiento establecido y tomando siempre el parecer del Consejo Técnico Interdisciplinario; aún así el interno cuenta con 48 horas para inconformarse con la sanción, teniendo derecho a comunicarse con sus familiares y/o su defensor.

En lo tocante al hostigamiento y lesiones, siendo omisa la autoridad para informar sobre su existencia o inexistencia, y al no obrar prueba en contrario, de conformidad con el artículo 36 de la Ley que rige a esta Institución, se estableció la presunción de ser ciertos los hechos reclamados.

En congruencia con lo anterior se recomendó al DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, en los términos siguientes:

“...PRIMERA. Instruya por escrito al Director del Centro de Readaptación Social Número Dos de Matamoros, Tamaulipas, para que evite la aplicación de medidas disciplinarias sin que previamente se observe el procedimiento establecido en el Reglamento para los Centros de Readaptación Social, con el propósito de lograr con mayor eficiencia y eficacia la readaptación de los internos...SEGUNDA. Gestionar lo necesario para que se apliquen las medidas correctivas procedentes a los custodios que de manera directa e ilegal ejecutaron diversas conductas en agravio de la interna, conforme lo establece el ordenamiento en materia de responsabilidad...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 054/2002.

Esta recomendación se tuvo por cumplida totalmente a través del proveído de fecha 8 de julio, toda vez que la autoridad recomendada informó que el C.ANTONIO TRUJILLO MARTINEZ, quien se desempeñaba como custodio en el CERESO de Matamoros, Tamaulipas, ha perdido su carácter de servidor público, desvaneciéndose así la posibilidad de sancionarlo administrativamente. Además, se instruyó al Director de dicho establecimiento penal para que dé cabal cumplimiento a las reglas de disciplina que establece el Reglamento para los establecimientos penales en el Estado.

 

RECOMENDACIÓN No. 055/2002.

El C. FERNANDO URIBE HERNÁNDEZ motivó el inicio del expediente 157/00-R, al denunciar actos presuntamente violatorios a Derechos Humanos imputados a la Policía Preventiva y personal de la Delegación de Seguridad Pública Municipal de Reynosa, Tamaulipas, calificados en su oportunidad como DETENCIÓN ARBITRARIA y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

URIBE HERNÁNDEZ narró cómo, tras una acalorada discusión con unos vecinos, elementos de seguridad privada lo detuvieron a instancia de parte ofendida, para que después Policías Preventivos lo trasladaran a la Delegación de Seguridad Pública, en donde sin seguirse el procedimiento legal le fue impuesta una multa por doscientos pesos, la cual cubrió sin que se le extendiera el recibo correspondiente.

Tras las investigaciones de rigor este Organismo estimó legal el actuar de los policías preventivos, por lo que se emitió en su favor ACUERDO DE NO REPONSABILIDAD.

Sin embargó se advirtieron diversas irregularidades, pues el Juez Calificador encargado del asunto omitió seguir el procedimiento que le ordena el Bando de Policía y Buen Gobierno de Reynosa, Tamaulipas, afectando así las garantías constitucionales de audiencia y legalidad del C. Uribe Hernández. Además, se observó que la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, incurrió en una falta al no entregar al quejoso el recibo correspondiente a la cantidad de $200.00, mismos que cubriera aquel para obtener su libertad.

En tal virtud se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS, ordenara a los Jueces Calificadores que invariablemente sigan el procedimiento señalado en el Bando de Policía y Buen Gobierno para la calificación de los detenidos por supuestas faltas administrativas y además que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias conducentes al personal de la Dirección de Ingresos Municipal encargado de recibir el pago de las multas impuestas por los Jueces Calificadores.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 055/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada a través del acuerdo de fecha 20 de diciembre del año que se informa, sin que a la fecha contemos con mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN 056/2002.

La madrugada del día 6 de Octubre del año 2001, el C. GREGORIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ conducía su vehículo por la Calle Bravo de esta Capital, su esposa estaba a punto de dar a luz y habían acordado con el médico de una clínica particular su atención inmediata. A la altura de la Calle 12 una patrulla de la Policía Preventiva le marcaba el alto con el encendido de las torretas, al tratarse de una emergencia y no encontrando pertinente detenerse, HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ continuó su camino hasta llegar al centro médico, donde se estacionó para después ser abordado por dos elementos policíacos, quienes sin tomar en cuenta el estado de gravidez de la Señora de Hernández ni las explicaciones del Doctor Díaz Rodríguez, esposaron al ahora quejoso bajo el argumento de que un automóvil con las características del suyo había sido “reportado” por una ciudadana y era necesario conducirlo ante su presencia para la debida “identificación”. Cabe señalar que una vez en el domicilio de la quejosa GREGORIO HERNÁNDEZ no fue reconocido como el autor de falta alguna y, aun así, los oficiales insistieron en que la presunta agraviada debía acompañarlos a la clínica para que “identificara” a la esposa del C. Hernández Rodríguez. De regreso en el centro médico, un agente se introdujo sin autorización alguna al consultorio acompañado de la ciudadana, quien de nueva cuenta manifestó que esas no eran las personas que ella había “reportado”. Después de esta aclaración y con un simple “disculpe Usted” los Agentes de la unidad 57 JOSÉ ALFREDO PUGA PARRAS y JAVIER GARCÍA ZÚÑIGA se retiraron del lugar.

El relato anterior cobró forma cuando este Organismo realizó las investigaciones conducentes a través de documentales y testigos.

Es menester decir que la Autoridad aceptó lisa y llanamente el acto reclamado, pretendiendo justificar su actuación en el hecho de que habían recibido una denuncia por parte de una civil.

Esta Institución concluyó que los Agentes de la Policía Preventiva obraron de manera arbitraria, pues si bien es cierto existía queja de una ciudadana, no se configuraban elementos de flagrancia o de notoria urgencia para proceder a la detención del C. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, quien cometió el “delito” de conducir un vehículo con características similares al denunciado.

No puede perderse de vista que con la conducta desplegada por los elementos de Seguridad Pública Municipal se puso en riesgo la integridad física de la Señora de Hernández, así como la del producto que se encontraba en vías de ser concebido.

Ante tales irregularidades, este Organismo Defensor de los Derechos Humanos se vio precisado a recomendar al PRESIDENTE MUNICIPAL DE VICTORIA, TAMAULIPAS, la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en contra de los servidores públicos JOSÉ ALFREDO PUGA PARRAS y JAVIER GARCÍA ZÚÑIGA.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 056/2002.

A pesar de que esta Recomendación fue aceptada por la Presidencia Municipal de Victoria, Tamaulipas, a la fecha carecemos de pruebas sobre su cumplimiento. No omitimos manifestar que sobre el particular se han girado diversos recordatorios.

 

RECOMENDACIÓN No. 057/2002.

Tres padres de familia de la Escuela Primaria “Carlos Riestra Rodríguez”, interpusieron ante esta Institución queja en contra del Profesor JOSÉ TEODORO MARTÍNEZ GARCÍA, Director del plantel de referencia, quien a inicios del presente año escolar negó la inscripción a los hijos de los quejosos, toda vez que estos últimos se negaron a firmar de conformidad un Reglamento Interno por considerarlo arbitrario y lesivo a sus intereses.

A pesar de que el citado servidor público negó los hechos imputados, este Organismo recabó pruebas suficientes para aseverar que el Profesor MARTÍNEZ GARCÍA transgredió el derecho a la educación de los menores, al intentar obligar a sus padres a suscribir un cuerpo normativo con el que no estaban de acuerdo por contener disposiciones como las siguientes:

“...3. Enviar al niño debidamente aseado, alimentado y uniformado...”

Al respecto es necesario destacar que la Ley de Educación vigente en el Estado, dispone que el alumno deberá presentarse a su escuela aseado, mas nunca establece la obligatoriedad del uniforme.

“...16. Para solicitar inscripción al ciclo escolar próximo deberá cumplirse con la liquidación total del donativo solicitado...”

“...17. Los padres de familia de nuevo ingreso de cada año siguiente (sic), deberán cubrir la aportación de $200.00 que se le denominará Derecho de Admisión para el Laboratorio de Informática....”

“...18. La aportación económica que regirá en el curso escolar se fijará en el mes de enero de cada año a fin de que los padres de los alumnos que deseen ingresar a primer grado la cubran en el mes de febrero, asegurando de este modo su inscripción (para este ciclo escolar 2001-2002 será de 1,200.00)...”

“...20. Adoptar la aportación económica que se le denominará ‘de inscripción’ como obligatoria aún cuando la propaganda publicitaria (sic) diga que es voluntaria, pues se debe estar conciente de que el apoyo material por parte de las oficinas gubernamentales no es suficiente y como padres debemos esforzarnos porque nuestros hijos reciban las mejores instalaciones para su desenvolvimiento y estudio es esta institución...Padre de familia que no cubra este requisito no tendrá acceso a esta escuela y buscará opciones en otra que se adapte a sus necesidades (en casos especiales se realizará un estudio socioeconómico que se permita condonar la aportación...”

“...Padre de familia que no respete las disposiciones antes mencionadas y su proceder vaya en detrimento del buen funcionamiento de esta escuela se hará acreedor a sanciones conforme lo marca el artículo 19 del Reglamento General de Asociaciones de Padres de Familia de los Estados Unidos Mexicanos que puede ser desde la suspensión definitiva de esta institución...”(sic).

Como es de verse este tipo de normas contravienen flagrantemente lo consignado en el Artículo Tercero Constitucional, donde se consagra la gratuidad de la educación. Sin embargo, lo más grave del caso es que un servidor público avale tales requisitos y orille incluso a los padres de familia a acatar esas disposiciones con la finalidad de que sus hijos no se vean afectados, tal y como sucede con los niños cuyos progenitores acudieron a este Organismo.

Cabe agregar que el Profesor JOSÉ TEODORO MARTÍNEZ GARCÍA ha sido requerido en diversas ocasiones por sus superiores para que admita en su plantel a los menores agraviados, sin que a la fecha haya acatado dichas órdenes, evidenciando así que la Autoridad responsable no tiene la más mínima intención de solucionar el conflicto aquí planteado.

En congruencia con lo expuesto se recomendó al SECRETARIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE EN EL ESTADO, dé inicio, tramite y resuelva el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Profesor JOSÉ TEODORO MARTÍNEZ GARCÍA, lo anterior sin perjuicio de que se adopten las medidas pertinentes para resarcir el daño ocasionado a los menores y, en su caso, sean admitidos en la Escuela Primaria “Profesor Carlos Rodríguez Riestra”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 057/2002.

Una vez aceptada esta recomendación, la autoridad informó el 19 de octubre del 2002, que a raíz de la misma se integra el procedimiento administrativo número DC-SECUDE/001/02 en contra del Profesor JOSE TEODORO MARTINEZ GARCIA, Director de la Escuela Primaria “Profr. Carlos Riestra Rodríguez” de Ciudad Madero, Tamaulipas, el cual se encuentra en proyecto de resolución. Visto lo anterior, se le tuvo por cumplida parcialmente, pues además la autoridad demostró haber instruido al servidor público responsable en los términos de la resolución que nos ocupa, por lo que solo aguardamos información complementaria sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 058/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 72/2002, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. OSCAR SÁNCHEZ REYNA en contra de elementos de la Policía Preventiva de este Municipio, imputándoles hechos violatorios a Derechos Humanos. El quejoso narró que alrededor de las 2:30 horas del día 17 de marzo del año en curso, transitaba por una de las calles de la Colonia Unidad Modelo cuando intempestivamente una patrulla de la Policía Preventiva lo abordó, por lo que su reacción fue echarse a correr rumbo a su casa sin lograr llegar a ella toda vez que se cayó, situación que aprovecharon los elementos de Seguridad Pública para someterlo, ejerciendo en su contra violencia física innecesaria, trasladándolo posteriormente a la Delegación ubicada en el 2 Zaragoza.

Al rendir su informe la Autoridad argumentó que el quejoso caminaba en “actitud sospechosa”, por lo que intentaron practicarle una “revisión de rutina” advirtiendo entonces que se encontraba en estado de ebriedad. Además, negó haber inferido lesiones a SÁNCHEZ REYNA.

Tras las investigaciones de rigor esta Comisión concluyó que OSCAR SÁNCHEZ fue víctima de una detención arbitraria, pues si bien es cierto obra en autos certificado médico donde se asienta que se conducía en estado de ebriedad, tal estado no constituye en sí mismo una falta administrativa, toda vez que a tal circunstancia debe ir agregada la alteración al orden público de acuerdo a lo establecido por el artículo 5 fracción VII del Bando de Policía y Buen Gobierno, cuyo texto es:

“...Son faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, cuando se originen o surtan efectos en los lugares públicos las siguientes conductas...VII.- Ingerir bebidas alcohólicas en lugares no autorizados para ello, o transitar en la vía pública en estado de embriaguez, o bajo el influjo de alguna droga y alterando el orden público...”

Ahora bien, en el supuesto de que el quejoso se haya opuesto al arresto, puede inferirse que tal actitud obedeció a la injusticia que realizaba en su contra, pues al momento de su detención no cometía ninguna falta o delito.

Luego entonces la Autoridad violó las garantías individuales del quejoso consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna.

No pasó desapercibido para esta Institución que en el presente asunto el Juez Calificador no ajustó el procedimiento a lo ordenado por el Bando de Policía y Buen Gobierno, mismo que obliga al Juez a elaborar acta pormenorizada de toda actuación que ante él se celebre, además de escuchar en su defensa al presunto infractor quien incluso podrá ofrecer las pruebas que estima convenientes, operando en su favor el principio asentado en el artículo 49 del citado ordenamiento:

“...La duda razonable favorece al reo...”

Con base en estas y otras consideraciones, la CODHET juzgó necesario emitir la siguientes RECOMENDACIONES:

“...PRIMERA. Se recomienda al C. Presidente Municipal de esta localidad, a efecto de que gestione ante el Consejo de Honor y Justicia, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los CC. LAURA ANGÉLICA PÉREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ VÁZQUEZ GUZMÁN y ANTONIO ABAD CASTILLO, quienes detuvieron arbitrariamente al quejoso el día 17 de marzo del año en curso y en su oportunidad se emita la resolución que proceda en derecho...SEGUNDA. De igual forma, de recomienda al C. Presidente Municipal de esta Ciudad, gestione lo conducente a efecto de que se le reintegre al quejoso el numerario que pagó por concepto de la sanción administrativa, con motivo de la falta que le imputaron los elementos aprehensores... TERCERA. Así mismo, se RECOMIENDA al C. Presidente Municipal de esta localidad, ordene a los Jueces Calificadores que invariablemente observen el procedimiento reglamentario señalado en los ordenamientos antes referidos, a fin de que al momento en que pongan a su disposición a un detenido por supuestas faltas administrativas, sean respetadas las garantías constitucionales de audiencia y legalidad...”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 058/2002.

El día 25 de septiembre del 2002, se tuvo por cumplida totalmente esta recomendación, pues la autoridad acreditó haber sancionado con un arresto de 24 horas a los Policías LAURA ANGELICA PEREZ RODRÍGUEZ, JOSE VAZQUEZ GUZMÁN Y ANTONIO ABAD CASTILLO, producto del procedimiento administrativo CHJ04/2002. Además, en su oportunidad se instruyó al Coordinador de Jueces Calificadores para que en lo sucesivo sea respetada la garantía de audiencia y la de legalidad a los detenidos por supuestas faltas administrativas. Por otra parte, se solicitó al Director de Administración y Finanzas, la reintegración del numerario que por concepto de multa liquidó sin causa justificada el quejoso.

 

RECOMENDACIÓN No. 059/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 10/00-R, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. ROGELIO SÁNCHEZ MUÑOZ en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA y PRESIDENTE MUNICIPAL (1999-2001), ambas autoridades con desempeño en GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS, imputándoles actos que en su oportunidad se calificaron como detención arbitraria y ejercicio indebido de la función pública.

SÁNCHEZ MUÑOZ relató que la tarde del día 26 de enero del año 2000, cuando transitaba en su vehículo, fue abordado por una patrulla de la Policía Preventiva marcada con el número 06 y tripulada por dos agentes de la misma corporación, quienes le refirieron que por órdenes del Presidente Municipal iba a ser detenido a la par de su camioneta.

La Autoridad aceptó haber detenido al quejoso argumentado que ello obedeció a una denuncia anónima que reportaba a un vehículo circulando a exceso de velocidad.

Una vez realizadas las investigaciones pertinentes, este Organismo reunió pruebas suficientes para aseverar que el ahora ex Presidente Municipal de Díaz Ordaz ordenó sin causa justificada la detención de SÁNCHEZ MUÑOZ, orden que, aun siendo notoria su ilegalidad, fue acatada puntualmente por los policías FERNANDO GUTIERREZ MUÑOZ y CESAR MAUS MARTÍNEZ.

Es pertinente resaltar que ante la conclusión del trienio 1999-2001, el C. RAMÓN JAIME AGUAYO actualmente ya no funge como Presidente Municipal de Díaz Ordaz, Tamaulipas, por lo cual resultó procedente decretar el sobreseimiento del asunto por falta de materia para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa, sin perjuicio de que el quejoso pueda hacer valer su interés jurídico ante las autoridades correspondientes.

No obstante se emitió RECOMENDACIÓN en los términos que a continuación se anotan:

“...ÚNICA. Al Presidente Municipal de Díaz Ordaz, Tamaulipas, a efecto de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias a los agentes de la Policía Preventiva de nombre JUAN FERNANDO GUTIERREZ MUÑOZ y MARTÍN ADRIANO GUTIÉRREZ, y de igual forma se deje constancia en el expediente personal del elemento CESAR MAUZ MARTÍNEZ, por la detención arbitraria cometida en agravio de ROGELIO SÁNCHEZ MUÑOZ, al primero y último de los nombrados, y por retención ilegal al segundo en mención, de conformidad con lo expuesto en el capítulo de conclusiones de la presente resolución...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 059/2002.

Esta recomendación se tuvo cumplida totalmente a través del proveído de fecha 20 de agosto, toda vez que la autoridad recomendada acreditó haber sancionado con un arresto de 24 horas a los Policías FERNANDO GUTIERREZ MUÑOZ Y MARTÍN ADRIANO GUTIERREZ, producto de la resolución que ahora nos ocupa.

 

RECOMENDACIONES 060/2002 Y 061/2002.

La CODHET, por conducto de su Tercera Visitaduría en Reynosa, Tamaulipas, recibió vía comparecencia la queja del C. RAÚL GUTIÉRREZ CANTÚ en contra de elementos de la Delegación de Seguridad Pública de aquel Municipio, denunciando FALSA ACUSACIÓN, DISPARO DE ARMA DE FUEGO y ALLANAMIENTO DE MORADA; y en contra de elementos de la Policía Ministerial del Estado con desempeño en esa ciudad fronteriza, imputándoles FALSA ACUSACIÓN, ALLANAMIENTO DE MORADA, DETENCIÓN ARBITRARIA y LESIONES. Así, se dio inicio a la integración del expediente 144/00-R.

El C. GUTIÉRREZ CANTÚ relató:

“...Que el pasado domingo 8 de octubre, como a la 1:30 horas, yo me encontraba en una fiesta en el Casino de los Telefonistas, ubicado en la colonia La Cañada, cuando un amigo de nombre JULIAN, cuyos apellidos ignoro y yo, nos salimos, pero afuera de ese lugar aproximadamente ocho personas nos empezaron a golpear, porque supuestamente yo había bailado con la novia de una de esas personas; como eran ocho, golpearon mucho a JULIAN, pero a mí no tanto, porque me alcancé a cubrir, como nos estaban golpeando, nos fuimos corriendo hacia nuestras casas, que quedan como a tres cuadras del casino, pero en el camino, JULIAN que estaba sangrando, se cayó varias veces y yo lo ayudaba; en eso estábamos cuando nos alcanzó la unidad R-5 de la Policía Preventiva, con cuatro elementos y como JULIAN estaba en el piso inconsciente me dijeron que yo lo había matado; yo sabía que no era cierto, que sólo estaba inconsciente, pero me asustó la actitud de los policías y me fui corriendo a mi casa a donde me metí, pero me fueron persiguiendo, disparando hacia el piso; enseguida, ya en mi casa, llegaron cuatro patrullas de la preventiva y varios elementos me gritaban que saliera, a la vez que seguían disparando, esta vez al aire; unos momentos después, llegaron diez o doce elementos de la Policía Ministerial, quienes no dispararon, pero sí se metieron a mi casa, una vez que tiraron la puerta con un barrote varios policías preventivos, quienes también se metieron, sacándome de mi casa a la fuerza, percatándose de todo lo anterior mi papá SANTIAGO GUTIÉRREZ SAUCEDO, mi mamá BERTA CANTU DE GUTIÉRREZ, mi hermana SANDRA GUTIÉRREZ CANTU, mi cuñada NORMA ONTIVEROS DE GUTIÉRREZ, mi sobrina de catorce años JESSICA GUTIÉRREZ CANTU y mi sobrino de cuatro años AZAEL SANTIAGO GUTIÉRREZ ONTIVEROS; de mi casa los policías ministeriales me llevaron a la casa de JULIAN, quien estaba frente a su casa, todavía inconsciente; en eso el hermano de JULIAN, decía que yo había golpeado a JULIAN, a lo que yo le decía que no era cierto; de ahí fui trasladado a los separos de la Ministerial, siendo golpeado en el trayecto con la cancha de sus pistolas en la boca del estómago, en la cabeza, en la espalda y en la barandilla; finalmente, me dejaron salir, pero hasta que JULIAN declaró que yo no lo había golpeado, sin que me hubieran puesto a disposición de una Agencia Investigadora. En estos momentos, hago entrega de un recorte de periódico en donde se aprecia como fui detenido por los referidos policías....” (SIC)

En síntesis, el quejoso hizo referencia a las siguientes irregularidades:

a) Disparo de arma de fuego o ataque peligroso por parte de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Reynosa, Tamaulipas.

b) Falsa acusación y allanamiento de morada, por Agentes de las Corporaciones de Policía Preventiva y Policía Ministerial de Reynosa, Tamaulipas, y

c) Detención arbitraria, lesiones y daño en propiedad por parte de Agentes de la Policía Ministerial.

A pesar de que las corporaciones policíacas aportaron versiones distintas a la del quejoso, esta Comisión pudo sacar en conclusión lo siguiente:

Que los elementos de la Policía Preventiva cuya conducta fue denunciada lo son JACINTO GARCÍA GONZÁLEZ y JESÚS JAIME ALEJANDRO ROSAS. Quienes, según se desprende de los distintos testimonios recabados, realizaron innecesariamente disparos de arma de fuego durante la persecución que se hiciera al quejoso, poniendo en riesgo su integridad física y la de otros ciudadanos.

En lo tocante a la falsa acusación, se estimó que no se encontraba configurado tal ilícito, toda vez que los elementos de ambas corporaciones policíacas actuaron ante la imputación directa que se formulara contra GUTIÉRREZ CANTÚ y en vista de la forma en que, a primera instancia, se apreciaran los hechos.

Por lo que hace al allanamiento de morada, tampoco se acreditó dicha irregularidad, pues se demostró que la Autoridad ingresó al domicilio con la anuencia de quien legalmente podía autorizárselo. Sin embargo, sí existen suficientes indicios para aseverar que los elementos de la Policía Ministerial se excedieron en el uso de la fuerza al detener a RAÚL GUTIÉRREZ, ocasionando incluso daño en propiedad.

En ese tenor se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICPAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS, se aplicaran las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes en contra de los Policías Preventivos JACINTO GARCÍA GONZÁLEZ y JESÚS JAIME ALEJANDRO ROJAS.

Así mismo se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO para que se aplicaran las medidas correctivas y disciplinarias pertinentes a los elementos de la Policía Ministerial involucrados en los hechos aquí consignados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 060/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada a través del acuerdo de fecha 20 de diciembre del año que se informa, sin que a la fecha contemos con mayor información al respecto.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 061/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada a través del acuerdo de fecha 20 de diciembre del año que se informa, sin que a la fecha contemos con mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN No. 062/2002.

La C. MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ MOLAR motivó el inicio del expediente 180/00-M, al acudir a la Cuarta Visitaduría de este Organismo en representación de su esposo PEDRO MORAN ANDRADE, para formular una denuncia en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, imputándoles haber arrestado al C. MORAN ANDRADE de manera arbitraria, acusándolo falsamente de portación de arma.

A pesar de que la Autoridad negó la ilegalidad de su acto, las investigaciones realizadas arrojaron como resultado que, efectivamente, agentes de la Policía Preventiva detuvieron injustificadamente al representado de la C. HERNÁNDEZ MOLAR, bajo el argumento de que fue sorprendido portando un par de armas blancas, circunstancia que jamás pudieron demostrar ante esta Comisión ni ante el Ministerio Público, pues los servidores públicos cayeron al rendir sus informativas en serias contradicciones.

Por tal motivo se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, a fin de que dicte y ejecute las medidas correctivas y disciplinarias conducentes en contra de los Agentes que efectuaron la detención arbitraria del C. PEDRO MORÁN ANDRADE.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 062/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada mediante el proveído de fecha 16 de diciembre del año 2002. Cabe señalar que no contamos con pruebas de su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 063/2002.

La CODHET, por conducto de su Octava Visitaduría con residencia en Tula, Tamaulipas, recibió la denuncia de los CC. JUAN LÓPEZ ZÚÑIGA y FERNANDO LÓPEZ PADILLA, quienes se dolieron de actos cometidos por ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA con desempeño en aquella localidad, imputándoles irregularidades consistentes en DETENCIÓN ARBITRARIA, LESIONES, DAÑO EN PROPIEDAD Y ALLANAMIENTO DE MORADA.

Los quejosos relataron que el día 21 de abril del año 2001 participaron en un accidente vial, optando por no detenerse y continuar hasta su vivienda. Acto seguido, elementos de la Policía Preventiva llegaron hasta la vivienda de los agraviados introduciéndose en ella sin autorización alguna y procediendo a su arresto injustificadamente, haciendo uso además de violencia física innecesaria.

A pesar de que la Autoridad sostuvo que la detención fue realizada en la vía pública y se ajustó a Derecho, las investigaciones realizadas dieron como resultado que en realidad los agentes preventivos actuaron de manera arbitraria al allanar el domicilio de los CC LÓPEZ ZÚÑIGA y LÓPEZ PADILLA, para aprehenderlos sin que para ello existiera causa legal pues, ni por lo menos, se podía hablar de flagrancia. Además, quedó demostrado que los policías agredieron físicamente a los aquí quejosos, remitiendo incluso a un menor de edad a las celdas de la Delegación de Seguridad Pública.

Por tales razones se emitió una RECOMENDACIÓN dirigida al PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULA, TAMAULIPAS, a efecto de que aplique las medidas correctivas a los Policías Preventivos que participaron en los hechos violatorios a Derechos Humanos aquí anotados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 063/2002.

Esta recomendación fue aceptada a través del oficio número 106 de fecha 20 de junio del 2002, firmado por el Profesor JUAN ANDRES DIAZ CRUZ, Presidente Municipal de Tula, Tamaulipas, quien informó además que los CC. ANTONIO MALDONADO CAMACHO, AMBROSIO VILLANUEVA CAMACHO Y ARMANDO FRANCO RUIZ han perdido su carácter de servidores públicos. Ante tal circunstancia, este Organismo sugirió a la autoridad dejar copia de nuestra resolución en cada uno de los expedientes laborales de los ex funcionarios implicados, sin que a la fecha contemos con respuesta afirmativa o negativa sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 064/2002.

La C. ANA MARÍA MARTÍNEZ SILVA, acudió a la Sexta Visitaduría de esta Comisión con residencia en San Fernando, Tamaulipas, para formular queja en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL con desempeño en esa misma localidad, imputándoles hechos violatorios a Derechos Humanos en agravio de su esposo el C. ARTURO REYES HERNÁNDEZ, los cuales serían calificados como DETENCIÓN ARBITRARIA, LESIONES, INTIMIDACIÓN y TORTURA.

La quejosa aseguró que su esposo había sido detenido sin el mandamiento judicial necesario, ni en flagrancia, cuando realizaba su trabajo de vendedor de tacos, para posteriormente, a través de amenazas y tortura ser involucrado en la comisión de diversos ilícitos.

La Autoridad por su parte negó la veracidad de los actos imputados, manifestando que el C. REYES HERNÁNDEZ fue aprehendido toda vez que al tratar agentes ministeriales de “entrevistarse” con él para fines de investigación, el agraviado emprendió la huida, por lo que, según su criterio, fue necesario perseguirlo y someterlo, encontrándole entre sus ropas una navaja, motivo por el cual sería trasladado a la Comandancia de la Corporación para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Tras las investigaciones de rigor, este Organismo Protector de los Derechos Humanos, concluyó que el C. REYES HERNÁNDEZ fue perseguido y detenido sin causa fundada para tal efecto, pues la revisión corporal que se le practicó y en donde se le encontrara el arma blanca, fue posterior a los actos de molestia perpetrados arbitrariamente por la Autoridad, pues no existía flagrancia en la comisión de delito alguno. Puede pensarse incluso que, de existir el arma, esta haya sido portada por ARTURO REYES como un instrumento de trabajo, dado que se encontraba laborando al momento de los hechos en un puesto de tacos.

Así, a juicio de esta Institución, se encuentra acreditada la plena responsabilidad de los Agentes de la Policía Ministerial, en virtud de haber realizado actos de molestia en la persona de ARTURO REYES HERNÁNDEZ, sin existir causa legal que motivara su actuación, contraviniendo el Artículo 16 de nuestra Carta Magna cuyo contenido en lo conducente es:

“...Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”

Cabe destacar que en lo relativo a la INTIMIDACIÓN y TORTURA denunciadas, este Organismo no encontró elementos de convicción, por lo que se emitió ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS.

Por lo que hace a las LESIONES, estas se estimaron como probadas en autos, pues del dictamen médico emitido se desprende que varias de ellas, atendiendo a sus características, fueron infligidas sin razón alguna, aun y tomando como necesario el sometimiento.

Basados en lo anterior se emitió RECOMENDACIÓN al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, en su carácter de superior jerárquico, con la finalidad de que aplique las medidas correctivas y disciplinarias a que haya lugar a los Agentes de la Policía Ministerial implicados en los hechos aquí consignados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 064/2002.

Esta recomendación se tuvo por cumplida parcialmente el 29 de noviembre del 2002, toda vez que la autoridad recomendada acreditó que se ha dado inicio al procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos implicados, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que con posterioridad se nos brinde sobre la substanciación y/o conclusión del procedimiento señalado.

 

RECOMENDACIÓN No. 065/2002.

La C. CAROLINA RIVAS SALAS acudió a la Tercera Visitaduría de la CODHET, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para formular queja en contra del personal de la Agencia Tercera del Ministerio Público Investigador de aquella misma Ciudad, imputándoles actos que en su momento se calificaron como EJERCICIO INDEBIDO E INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

La Señora RIVAS SALAS expuso como motivo de su inconformidad, negación en la procuración de justicia por parte del Titular, Oficial Secretario y un oficinista de la referida Agencia Investigadora, puesto que no se le dio el debido curso a una querella que la agraviada presentara por hechos ilícitos cometidos en su perjuicio.

Si bien es cierto que el personal ha sido renovado y en la actualidad la C. CAROLINA RIVAS ha visto satisfecha su pretensión, este Organismo, tras las investigaciones necesarias detectó diversas irregularidades que no se pueden soslayar.

Quedó acreditado que efectivamente la quejosa presentó una querella ante la Autoridad y que esta a su vez no le otorgó el debido seguimiento, a grado tal que no aparecía registrada tal denuncia en los libros correspondientes, aun y cuando la agraviada presentó las pruebas que estimó necesarias.

Con su actuación los servidores públicos JUAN ANTONIO VARGAS SUÁREZ (titular) y EDGAR URIZA ALANIS (oficial secretario), transgredieron lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional y el numeral 24 fracciones II, IV y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, generando con ello dilación en la procuración de Justicia y muy posiblemente incurriendo en el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones.

Por tales razones se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, en su carácter de superior jerárquico, valore la actuación de los servidores públicos implicados y, en su caso, determinar si se instaura en su contra el procedimiento administrativo o se integra averiguación previa penal.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 065/2002.

Esta recomendación se tuvo por cumplida parcialmente el 2 de diciembre del 2002, toda vez que la autoridad acreditó que se ha dado inicio al procedimiento administrativo número 35/2002, en contra de los CC. Licenciados JUAN ANTONIO VARGAS SUAREZ, EDGAR URIZA ALANIS Y ALBERTO CARRANZA, Agente del Ministerio Público Investigador, Oficial Secretario y Oficinista, respectivamente, en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, justo en los términos de la resolución que nos ocupa, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que con posterioridad se nos brinde sobre la substanciación y/o conclusión del procedimiento señalado.

 

RECOMENDACIÓN No. 066/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 131/01-L, instaurado con motivo de la queja formulada por la C. MARÍA DEL ROSARIO GAYTÁN MARTÍNEZ en contra del OFICIAL DE TRÁNSITO DANIEL BORQUES HERNÁNDEZ, elemento de Seguridad Vial con desempeño en Nuevo Laredo, Tamaulipas, imputándole actos que en su oportunidad se calificaron como EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

La quejosa denunció que el referido agente se negó a elaborar un parte de accidente de tránsito, tras haberse suscitado un percance en el cual resultó dañado el vehículo propiedad de la C. GAYTÁN MARTÍNEZ..

Cabe destacar que la Autoridad aceptó lisa y llanamente el acto reclamado.

En tal virtud se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, para que ordene a quien corresponda la valoración de la conducta del precitado servidor público, ejecutándose las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 066/2002.

Esta recomendación, se aceptó mediante el oficio 2668/2002, de fecha 27 de diciembre del año que se informa, firmado por el C.P. JOSE MANUEL SUAREZ LOPEZ, Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN No. 067/2002.

Los CC. OMAR MARTÍN ALCALÁ OLIVARES y JUAN MARTÍNEZ FIGUEROA motivaron el inicio del expediente 11/01-M, al denunciar actos violatorios a Derechos Humanos imputados al PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Los quejosos manifestaron su inconformidad toda vez que fueron suspendidos por tiempo indefinido y sin goce de sueldo de sus funciones como policías preventivos, esto sin existencia de causa justa.

La Autoridad admitió lisa y llanamente el acto reclamado, argumentando que tal determinación había sido tomada en virtud de que los referidos servidores públicos estaban señalados como presuntos responsables dentro de una averiguación previa penal.

Este Organismo estimó ilegal e injusto el actuar del Director Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que la medida adoptada no fue consecuencia del procedimiento que para tal efecto marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado, además de que prejuzgó sobre la posible responsabilidad penal de los quejosos, quienes como todo ciudadano deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

En congruencia con lo anterior se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, analice y valore la labor del servidor público responsable, aplicando en su caso las medidas correctivas y disciplinarias a que haya lugar. Así mismo, se recomendó revisar la situación legal de los quejosos y, de ser material y jurídicamente posible, restituirles en el goce y ejercicio de sus derechos como agentes policíacos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 067/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada y cumplida en forma total el día 5 de julio del 2002, toda vez que la autoridad demostró que los quejosos OMAR MARTÍN ALCALA OLIVARES Y JUAN MARTINEZ FIGUEROA, actualmente se encuentran laborando en la Secretaría de Seguridad Pública de Matamoros, Tamaulipas, además de informar que el Licenciado GERARDO TIENDA DIAZ, quien fungiera como Director Administrativo de esa Secretaría renunció a su cargo.

 

RECOMENDACIÓN 068/2002.

La CODHET por conducto de su Primera Visitaduría recibió vía comparecencia la queja de la C. MAGDALENA CRUZ MIGUEL, en contra del Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de Matamoros, Tamaulipas, expresando su inconformidad dada la dilación de la Averiguación Previa Penal número 916/2000, radicada con motivo de los hechos donde perdiera la vida el esposo de la quejosa.

La Autoridad remitió a este Organismo copia certificada de la referida indagatoria, advirtiéndose tras su estudio que, efectivamente, la Agencia Investigadora no ha desahogado las diligencias necesarias para normar debidamente su criterio, faltando así a las obligaciones que le imponen los artículos 21 Constitucional y 24 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Por tal motivo se dictó RECOMENDACIÓN al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, a efecto de que instruya por escrito al Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de Matamoros, Tamaulipas, para que subsane las omisiones que se describieron en la resolución de mérito y realice cuantas diligencias sean necesarias para estar en condiciones de emitir una determinación conforme a Derecho.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 068/2002.

Esta recomendación fue aceptada el día 6 de junio del 2002. El día 10 del mismo mes, la autoridad hizo llegar a los autos las acciones emprendidas para darle cumplimiento, remitiendo al efecto copia del oficio 2131 dirigido originalmente al Agente Tercero del Ministerio Público Investigador en Matamoros, Tamaulipas, instruyéndolo para dentro de la Averiguación Previa Penal 916/2000 desahogara diversas diligencias. Sin embargo, a la fecha carecemos de mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIONES 069/2002 Y 070/2002.

Con motivo de la queja presentada por la C. LUZ MARÍA GONZÁLEZ ARMENTA, este Organismo dio inicio al expediente 139/01-M, a través del cual se investigó la actuación tanto del Licenciado CARLOS GAMALIEL CISNEROS (Juez Calificador), como del Licenciado ALBERTO VARGAS GONZÁLEZ (Agente Tercero del Ministerio Público Investigador), ambas autoridades con desempeño en Matamoros, Tamaulipas.

La quejosa denunció que estando un menor de edad a disposición de las referidas autoridades, éstas omitieron turnarlo al Consejo Tutelar respectivo, violando de esa manera sus derechos fundamentales.

Tras las averiguaciones de rigor se comprobó la existencia del acto reclamado.

El Juez Calificador intentó justificar su actuar manifestando que ante él no se había demostrado la minoría de edad del detenido y el Agente del Ministerio Público argumentó exceso de trabajo.

Así, los precitados servidores públicos desatendieron lo ordenado por el artículo 35 de la Ley para la Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social, en el sentido de que toda autoridad ante la cual sea presentado un menor informará inmediatamente al Consejo Tutelar que corresponda, además de proveer su traslado al Centro de Observación de esa dependencia.

Visto lo anterior se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES:

“...PRIMERA. Al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, se recomienda instruya por escrito, al Juez Calificador implicado, LIC. CARLOS GAMALIEL CISNEROS RUIZ, para que en lo sucesivo, cuando tenga conocimiento de hechos comprendidos en el artículo 19 de la Ley para la Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, proceda de manera inmediata a informar y proveer en su caso, el traslado al Consejo Tutelar correspondiente; ello sin perjuicio de la medida disciplinaria que se considere procedente aplicar.

SEGUNDA. Al Procurador General de Justicia en el Estado, se recomienda, que instruya por escrito al Agente Tercero del Ministerio Público Investigador implicado, a fin de que en lo sucesivo, cuando tenga conocimiento de hechos comprendidos en el artículo 19 de la Ley para la Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, proceda de manera inmediata a informar y proveer en su caso, el traslado al Consejo Tutelar correspondiente, como así se determina, en la circular 3, de fecha 6 de septiembre de 1999...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 069/2002.

Mediante el oficio número 729/02, fechado el 24 de septiembre, el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, Tamaulipas, informó a este Organismo la aceptación de nuestra recomendación, agregando que como consecuencia de ello procedería a instruir al Juez Calificador CARLOS GAMALIEL CISNEROS RUIZ, en los términos recomendados. Cabe señalar que a la fecha no hemos recibido la documentación que avale tal acción.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 070/2002.

Esta recomendación se tuvo por satisfecha totalmente mediante proveído de fecha 17 de junio, toda vez que la autoridad recomendada acreditó haber instruido al Agente Tercero del Ministerio Público Investigador en Matamoros, Tamaulipas, para que en lo sucesivo dé estricto cumplimiento a lo ordenado en los artículos 19 y 30 de la Ley de Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Victimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado.

 

RECOMENDACIONES 071/2002 y 072/2002.

La CODHET por conducto de su Segunda Visitaduría, con residencia en Tampico, Tamaulipas, recibió la queja de una persona cuyo nombre se reserva por razones de confidencialidad, quien denunció actos violatorios de Derechos Humanos por parte de la PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA (Violación a los Derechos de la Mujer y el Niño e Ilícitos contra el Honor en su modalidad de vejaciones) y ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL (Detención Arbitraria, Ejercicio Indebido de la Función Pública e Ilícitos contra el Honor en su modalidad de vejaciones).

La agraviada denunció que elementos de la Policía Ministerial del Estado la detuvieron de manera ilegal para después ser obligada a entregar a su menor hijo en las instalaciones de la Casa Hogar de la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, cuando los referidos servidores públicos acompañaban a su esposo y obedecían instrucciones de éste.

Además, imputó a la Licenciada PAULINA PÉREZ MORALES, Delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, haber otorgado, sin causa justa, la custodia del menor a su esposo, sin brindarle oportunidad de defensa y mostrando en todo momento una actitud degradante hacia su persona.

Si bien las Autoridades argumentaron que sus actos eran legales, ante esta Institución quedó plenamente acreditado que los Policías Ministeriales prácticamente secuestraron a la denunciante hasta obligarla a entregar a su menor hijo y depositarlo en una casa de expósitos. Así mismo, se demostró que la Licenciada Pérez Morales tomó una decisión por encima de sus funciones, privando a la quejosa de su maternal derecho de convivencia e incluso propiciando la suplantación de esta a efecto de registrar al infante.

Derivado de lo anterior se emitió resolución RECOMENDANDO al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, girar instrucciones al órgano de control interno para iniciar, tramitar y resolver el procedimiento administrativo contemplado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en contra de los elementos de la Policía Ministerial que participaron en los hechos aquí expuestos.

De la misma forma, se RECOMENDÓ al DIRECTOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMPICO, TAMAULIPAS, (DIF-Tampico), gestionar ante quien corresponda el inicio, trámite y resolución del procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de la C. PAULINA PÉREZ MORALES.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 071/2002.

El día 6 de enero del 2003, se recibió vía fax el oficio sin número firmado por la Arquitecta LETICIA VALENCIA NACIANCENO, Directora General del Sistema DIF Tampico, a través del cual nos informó sobre la aceptación de la recomendación que ahora nos ocupa. Así mismo, acreditó las acciones que la dependencia a su cargo ha emprendido para lograr la recuperación del menor JOSE ANGEL TADEO NAVARRETE, tal y como se indicaba en nuestra resolución, por lo que se otorgó el cumplimiento parcial. Sin embargo, este Organismo queda en espera de las constancias que demuestren el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la C. PAULINA PEREZ MORALES quien fungiera como Delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en aquella localidad.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 072/2002.

El día 27 de noviembre, este Organismo estimó necesario otorgar el cumplimiento parcial a la recomendación que ahora nos ocupa, al advertir que se ha iniciado el procedimiento administrativo número DC-100-02, en contra de los CC.ARMANDO FLORES VILLEGAS, JUAN CARLOS FLORES FLORES Y GERARDO GRACIA GUERRA, Agentes de la Policía Ministerial en el Estado, justo en los términos en que se emitió nuestra resolución. En consecuencia, su satisfacción total, queda supeditada a información que posteriormente nos brinde la autoridad sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 073/2002.

La Quinta Visitaduría de esta Comisión radicó el expediente 69/2001-L, tras recibir la denuncia formulada por la menor ERENDIRA RANGEL HERNÁNDEZ en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL destacamentados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, imputándoles actos que en su oportunidad se calificaron como DETENCIÓN ARBITRARIA.

RANGEL HERNÁNDEZ se dolió esencialmente de que Agentes de la Policía Ministerial la detuvieron arbitrariamente, confundiéndola con persona distinta, para después ser trasladada a las oficinas de la citada Corporación donde permanecería por espacio de dos horas pese a ser ajena a los hechos delictivos que se perseguían.

Cabe destacar que en el transcurso de la investigación y recabadas las probanzas necesarias, se pudo comprobar que el Agente OZIEL BENAVIDES CANTÚ fue el autor de tal violación a los Derechos Humanos de la menor, pues además así lo reconoció tácitamente en su declaración rendida ante esta Institución.

En la resolución de mérito se anotó que dicho servidor público procedió de manera irresponsable, dado que al pretender dar cumplimiento a una orden de aprehensión no tuvo la precaución de asegurarse si la persona detenida era la correcta, transgrediendo así el artículo 16 de nuestra Carta Magna.

Así las cosas se emitió RECOMENDACIÓN al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, a efecto de que aplique las medidas disciplinarias conducentes al C. OZIEL BENAVIDES CANTÚ.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 073/2002.

Esta recomendación se tuvo por cumplida totalmente el día 27 de junio, toda vez que la autoridad acreditó haber amonestado y apercibido al servidor público OZIEL BENAVIDES CANTU, instándolo para que en lo sucesivo desempeñe sus funciones bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Cabe señalar que tal sanción se ajustó a lo recomendado.

RECOMENDACIÓN No. 074/2002.

El expediente 115/2001-L tuvo su origen en la queja que formulara la C. MARÍA ISABEL RAMOS PARRA en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA con desempeño en Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunciando que tras haber sido detenida en flagrancia por agentes de la referida corporación, no le fueron devueltas las pertenencias que portaba al momento de la aprehensión.

Realizadas las averiguaciones de rigor y después de tener acceso al expediente que guarda la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en donde se asentó que los objetos quedaron a disposición de dicha autoridad sin que obre constancia de su devolución, este Organismo estimó pertinente emitir RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, para que proceda investigar si tales enseres fueron restituidos a la quejosa y, de no ser así, dicte las medidas conducentes para su entrega o compensación.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 074/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación, mediante el oficio número 2668/2002, firmado por el C. P. JOSE MANUEL SUAREZ LOPEZ, Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que actualmente se encuentra en vía de cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 075/2002.

Un interno del Centro de Readaptación Social Número Dos de Matamoros, Tamaulipas, motivó el inicio del expediente 183/01-M, al denunciar que fue obligado, mediante la violencia física, a realizar labores de limpieza (“talacha”) por un custodio de nombre ANTONIO TRUJILLO MARTÍNEZ..

El servidor público intentó justificar su actuación arguyendo que tal medida fue pactada por el quejoso y el Director del establecimiento penal, a fin de evitar que el primero de ellos fuera recluido en el área de segregación, negando haberlo golpeado,

Durante la integración del expediente de mérito, ésta Comisión obtuvo material probatorio suficiente para aseverar que los internos del precitado Centro de Readaptación son forzados a realizar labores de limpieza, utilizando para ello la autoridad y fuerza física. Lo anterior constituye una violación a los Derechos Humanos, pues si bien la disciplina en los reclusorios es necesaria para procurar la seguridad y el orden, nada justifica la implementación de acciones que denigran la persona humana. No podemos perder de vista que la normatividad establece claramente el cómo y el cuándo los reos deben coadyuvar en el aseo de los espacios que utilizan, no permitiendo que la Autoridad utilice a discreción o como providencia represiva dicha faena.

En congruencia con lo anterior se RECOMENDÓ al DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, que instruya por escrito al Director del Centro de Readaptación Social Número Dos y se adopten las medidas necesarias para evitar las prácticas de “talacha” a las que son obligados los internos. Lo anterior, sin perjuicio de que se aplique una medida disciplinaria al custodio ANTONIO TRUJILLO MARTÍNEZ y demás personas que resulten responsables por la violación a los Derechos Humanos del denunciante.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 075/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada y cumplida en forma total a través del acuerdo de fecha 22 de junio del 2002, pues la autoridad recomendada acreditó haber instruido al Director del CERESO en Matamoros, Tamaulipas, para evitar la practica de “talachas” en dicho establecimiento penal, además, probó haber amonestado y apercibido al custodio ANTONIO MARTINEZ TRUJILLO.

 

RECOMENDACIÓN No. 076/2002.

La C. LUZ MARÍA GONZÁLEZ ARMENTA presentó por escrito ante la Cuarta Visitaduría de este Organismo, queja en contra de AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERAL destacamentados en Matamoros, Tamaulipas.

GONZÁLEZ ARMENTA denunció que en los separos de la citada corporación, los detenidos son recluidos en celdas con poco espacio y en condiciones denigrantes, además que no se les permite ser visitados salvo en el horario establecido por la propia Autoridad, quedando entonces incomunicados.

Es menester señalar que el Comandante HÉCTOR CASTRO LÓPEZ negó la veracidad de lo expresado por la quejosa, sin embargo, personal de esta Institución se constituyó con fines de inspección en las instalaciones de la Policía Ministerial, dando fe que en una celda de aproximadamente treinta metros cuadrados se encontraban 23 personas detenidas y una empleada de la citada corporación manifestó que los fines de semana se recluía en el mismo espacio hasta 60 individuos. Así mismo se constató que la cámara destinada a las mujeres es aun más pequeña, observándose en ambos aposentos condiciones infrahumanas. Se verificó además que está señalado un “horario de visitas” comprendido entre las 10:00 y 11:00 horas y de las 13:00 horas a las 15:00.

Detectado lo anterior se emitieron al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO las siguientes RECOMENDACIONES:

“...PRIMERA. Realice las gestiones conducentes a fin de adecuar las celdas de la Comandancia de la Policía Ministerial de Matamoros, Tamaulipas, para que las personas detenidas puedan permanecer en condiciones que no afecten la dignidad humana.

SEGUNDA. Que se destine un espacio privado para que el detenido, en el momento que lo requiera, tenga las facilidades de dialogar con abogado o persona de su confianza a efecto de su defensa.

TERCERA. Se instruya al Comandante de la plaza para que se abstenga de colocar en la puerta de acceso de las propias oficinas el anuncio del horario de visitas...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 076/2002.

Esta recomendación se tuvo por cumplida en forma total, toda vez que la autoridad acreditó haber instruido al Licenciado PLACIDO DE JESÚS MARTINEZ GUTIERREZ, Comandante de la Policía Ministerial en Matamoros, Tamaulipas, para que se abstenga de fijar horario de visita en la Comandancia a su cargo, justo en los términos recomendados. Por otra parte, se informó que actualmente se construye la primera etapa de lo que serán las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de aquella localidad, satisfaciéndose así los puntos primero y segundo de la resolución que nos ocupa.

 

RECOMENDACIONES 077/2002 y 078/2002.

Estas resoluciones tuvieron como origen común la integración del expediente 42/00-M, instaurado con motivo de la queja formulada, ante la Cuarta Visitaduría de esta Institución con residencia en Matamoros, Tamaulipas, por la C. LUZ MARÍA GONZÁLEZ ARMENTA en contra de las siguientes autoridades: JEFE DE LA TERCERA JURISDICCIÓN SANITARIA, JEFE DE REGULACIÓN SANITARIA, SUBADMINISTRADOR DE LA PLAYA BAGDAD y DIRECTOR JURÍDICO DE CONCERTACIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

La quejosa denunció:

“...Con esta propia fecha y según lo refiere un matutino de la localidad, nos enteramos de que los funcionarios antes citados realizaron sorpresivamente un operativo en la playa Bagdad, siendo éstos, el DR. IGNACIO MENDOZA y EDUARDO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, así como inspectores a su mando; operativo este en el que procedieron a decomisar o asegurar el ostión que estaban vendiendo en dicho lugar en puestos semifijos algunos comerciantes, mismos que fueron desapoderados de los productos que estaban vendiendo, es decir, se les decomisaron los ostiones por parte de los citados funcionarios; sin que fueran notificados oportunamente de tal medida, esto, por los conductos legales correspondientes.- Por otra parte, durante el operativo sorpresa, algunos comerciantes manifestaron contar con los recibos de pago, que realizan a la Presidencia Municipal para que se les permita realizar el comercio de ostiones; citando que diariamente pagan 30 pesos, señalando que quien recibe dicho dinero, es MIGUEL ANGEL CEPEDA VELA, Sub o Administrador de la Playa, en tanto que quien extiende los recibos de pago, es ANDRES MARTÍNEZ, de concertación social de la Presidencia Municipal.- Indudablemente que, los comerciantes fueron víctimas de abusos cometidos por autoridad, ya que no se explica, cómo es posible que personal de la Presidencia Municipal, les cobre por comercializar el ostión; y sea el Sub o Administrador de la Playa MIGUEL ANGEL CEPEDA, quien diariamente reciba dinero de dichos comerciantes para permitirles comercializar los ostiones; en tanto que sorpresivamente personal del sector los desapodere sorpresivamente de su mercancía.- Por lo antes expuesto, solicitamos que esa H. Comisión, inicie de inmediato el trámite correspondiente; a fin de que estos abusos no se sigan cometiendo; independientemente de las disposiciones contempladas por el sector salud para proteger la salud de los ciudadanos; habrá que recordarles que como elementos de autoridad, sus actos deberán de realizarse siempre con estricto apego a derecho, respetando, desde luego, los derechos de los ciudadanos; así mismo, estimamos que la conducta desplegada por ANDRES MARTÍNEZ MERA y MIGUEL ANGEL CEPEDA VELA contradice a todas luces, el buen desarrollo de sus funciones, ya que nada los faculta para aprovecharse del cargo que ostentan, haciéndose allegar recursos económicos a costa del desconocimiento de los comerciantes afectados en la playa Bagdad”(sic).

Este Organismo solicitó oportunamente a las Autoridades señaladas como responsables, un informe sobre los hechos imputados. Mediante el oficio 1764/00, los Doctores IGNACIO MENDOZA HERNÁNDEZ (Jefe de la Jurisdicción Sanitaria) y EDUARDO RODRÍGUEZ V. (Coordinador de Regulación y Fomento Sanitario, manifestaron de manera conjunta su postura, aceptando como propio el acto reclamado y alegando la legalidad del mismo. Por su parte, los CC. MIGUEL ANGEL CEPEDA VELA (Sub-administrador de la Playa Bagdad) y ANDRÉS MARTÍNEZ (Director Jurídico de Concertación Social de la Presidencia Municipal), omitieron rendir el informe requerido, por lo que estableció, de conformidad con el artículo 36 de la Ley que rige a este Organismo, la presunción de ser ciertos los hechos denunciados, salvo prueba en contrario.

Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente quedó en estado de resolución, obteniéndose entonces como conclusión que las autoridades del Sector Salud no respetaron, al decomisar los mariscos, el principio de legalidad, transgrediendo entonces la esfera jurídica de los comerciantes, quienes fueron afectados en sus derechos sin procedimiento previo y sin el más mínimo respeto a la garantía de audiencia. En efecto, aun y cuando los servidores públicos tenían como finalidad proteger a la población de posibles daños en su salud, la forma en que ejecutaron el acto fue ilegal pues no se ajustó a la reglamentación de la materia.

Por lo que hace a la actuación de los empleados municipales, una vez establecida la presunción de ser ciertos los hechos denunciados, no se ofreció prueba en contrario, por lo que esta Comisión decidió dar por acreditada la responsabilidad de los CC. MIGUEL ÁNGEL CEPEDA VELA y ANDRÉS MARTÍNEZ.

Basados en lo anterior se emitieron RECOMENDACIONES tanto al SECRETARIO DE SALUD EN EL ESTADO como al PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, a efecto de que se valore el proceder de los funcionarios a su cargo y, en su caso, se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias pertinentes.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 077/2002.

Esta recomendación fue aceptada el día 11 de junio del 2002, mediante oficio número 184/2002 firmado por el Licenciado ANTONIO BAEZ CORONADO, Jefe del Departamento Jurídico en la Secretaría de Salud. Sin embargo, a la fecha no contamos con pruebas que avalen su cabal cumplimiento.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 078/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada mediante el proveído de fecha 16 de diciembre del año 2002. Cabe señalar que no contamos con pruebas de su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 079/2002.

Los días 6 y 11 de febrero del año en curso, las CC. SILVIA MIRELES TORRES y JUANA BADILLO CERVANTES, respectivamente, acudieron a esta Comisión para denunciar actos violatorios a Derechos Humanos imputándolos al Profesor RAÚL GÓMEZ QUIÑÓNEZ, adscrito a la Escuela Secundaria “Silvestre Ábrego Flores”, del Ejido Alianza de Caballeros, Municipio de Victoria, Tamaulipas.

Las quejosas denunciaron que el citado servidor público golpeó a sus hijos el día 29 de enero del presente año, durante el desarrollo de la clase impartida por el propio mentor.

La Autoridad manifestó en su informativa: “...entre los alumnos Lorenzo y Rafael estaban discutiendo por una pluma...yo le llamé la atención a Lorenzo diciéndole que se fuera a sentar y lo tomé de la espalda, a lo cual se sobresaltó y a Rafael simplemente le dije que se calmara y lo tomé de la cabeza...”.

Sin embargo, se reunieron suficientes testimoniales (rendidas incluso por personal que labora en la escuela secundaria de referencia), que acreditan la conducta irregular del Profesor GÓMEZ QUIÑÓNEZ, quien, según lo recabado, agredió físicamente a los menores hijos de las quejosas, violentando así diversas disposiciones que protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo anterior se emitió RECOMENDACIÓN al SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EN EL ESTADO, en su carácter de superior jerárquico, a fin de que se dicten las medidas disciplinarias procedentes al Profesor RAUL GÓMEZ QUIÑÓNEZ.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 079/2002.

Esta recomendación fue aceptada el día 4 de junio del 2002, mediante oficio firmado por el Licenciado BALTASAR HINOJOSA OCHOA, Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado. Para tal efecto, dicho servidor público instruyó al Profesor LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA, Subsecretario de Educación Básica y Normal para que realizara lo conducente a fin de dar cumplimiento a la resolución. El día 18 de diciembre, se despachó oficio a la autoridad recomendada solicitándole las documentales que estime pertinentes para tener por satisfecha totalmente la recomendación 79/2002, pues si bien obra en autos copia del oficio 1021, signado por el Profesor HINOJOSA OCHOA y dirigido al Profesor RAUL GOMEZ QUIÑÓNEZ, Director de la Escuela Secundaria “Silvestre Abrego Flores”, del Ejido “Alianza de Caballeros”, de este Municipio, en donde se le comunica que el asunto en donde se encuentra involucrado será ventilado en el Departamento de lo Contencioso y Administrativo perteneciente a la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, a la fecha carecemos de mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN No. 080/2002.

Esta resolución tuvo su origen en el expediente 344/2000, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. ADAN HERRERA MEDELLÍN en contra del C. FÉLIX ZÚÑIGA CASTILLO, Agente Vial con desempeño en esta Capital.

El quejoso acudió a la CODHET al estimar que el citado servidor público aplicó irregularmente el Reglamento de Tránsito, consignando en la boleta de infracción faltas que no se habían cometido realmente y que, además, por la naturaleza de la falta principal (circular en sentido contrario) eran de imposible realización.

A pesar de que la Autoridad admitió haber infraccionado al agraviado, no reconoció exceso alguno.

Al revisarse minuciosamente las probanzas allegadas al sumario de mérito, se concluyó que, efectivamente, el Agente ZÚÑIGA CASTILLO anotó injustamente en la boleta de infracción faltas en las que el C. ADAN HERRERA no incurrió, quebrantando así el principio de legalidad que debe regir siempre su labor.

Así mismo, quedó demostrado que el C. FÉLIX ZÚÑIGA contravino los artículos 50 de la Ley de Tránsito y 200 del Reglamento respectivo, al retener el vehículo que conducía el quejoso para garantizar el pago de la infracción. Pues tales numerales establecen que para ese efecto sólo podrá conservar la Autoridad la tarjeta de circulación.

En esa tesitura se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL DE VICTORIA, TAMAULIPAS, instruya a los agentes viales para que se abstengan de retener los vehículos como garantía de pago, además de procurar la devolución del numerario que cubrió el quejoso por las faltas no cometidas.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 080/2002.

A pesar de los diversos oficios recordatorios que han sido girados, a la fecha carecemos de respuesta sobre la aceptación o rechazo de esta recomendación, por lo que el quejoso conserva su derecho de acudir, mediante el recurso de impugnación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

RECOMENDACIÓN No. 081/2002.

Esta resolución tuvo su origen en el expediente 30/2000-SF, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. MILTON CARLOS DE JESÚS CORONADO ZAVALA en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL destacamentados en San Fernando, Tamaulipas, imputándoles actos violatorios a Derechos Humanos los cuales fueron calificados como EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

CORONADO ZAVALA expuso en su comparecencia que aproximadamente a las 10:30 horas del día 11 de noviembre del año 2000, al circular en su camioneta por las calles de San Fernando, Tamaulipas, fue interceptado sin causa justificada por elementos de la Policía Ministerial quienes lo sometieron, junto con sus acompañantes, a una revisión arbitraria mediando incluso la violencia para tal efecto, además de interrogarlos sobre hechos para ellos desconocidos.

La Autoridad por su parte admitió haber marcado el alto al quejoso e incluso haber registrado el vehículo propiedad del agraviado, negando sin embargo cualquier tipo de agresión física o verbal. Para ello, el Comandante de la plaza arguyó en su informe que la revisión al quejoso y sus acompañantes, se dio dentro de un “operativo de vigilancia”, ordenado por sus superiores.

Esta Institución, a través de testimonios y documentales, logró establecer que los Agentes GERARDO YÁNEZ MASSO, JUAN MANUEL CHAGOYA HERNÁNDEZ, JOSÉ GUADALUPE ORTIZ GARCÍA, JORGE ENRIQUE MONTELONGO GONZÁLEZ y CARLOS MONFORTE CRUZ, actuando bajo las órdenes del Comandante HÉCTOR CASTRO LÓPEZ, sometieron a una revisión al C. MILTON CORONADO, agrediéndolo física y verbalmente. Respecto a dicha revisión, cabe destacar que, efectivamente, se dio en el marco de un operativo sin sustento legal alguno, transgrediéndose entonces lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional que a la letra ordena: “...Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”

Consecuentemente, a criterio de la CODHET, los operativos implementados por las autoridades policiales, so pretexto de combatir la delincuencia, se han convertido en constantes generadores de violación a los derechos fundamentales de las personas que son sometidas a revisiones, sin que para ello medie causa legal y justa.

Por tal motivo, se RECOMIENDA al PROCURADOR GENERLA DE JUSTICIA EN EL ESTADO, aplique medidas correctivas y disciplinarias a los ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL que participaron en los hechos denunciados por MILTON CARLOS DE JESÚS CORONADO ZAVALA.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 081/2002.

El día 22 de junio del 2002, esta Comisión tuvo por cumplida totalmente la recomendación 81/2002, toda vez que la autoridad recomendada acreditó haber instruido al Licenciado RAUL VILLARREAL QUIROGA, Agente del Ministerio Público Investigador, a fin de que, cuando esté al frente de un operativo, vigile que el mismo se realice con estricto apego a las garantías individuales de los ciudadanos; así mismo, se nos hizo saber que se amonestó y apercibió a los Policías Ministeriales HECTOR CASTRO LOPEZ, GERARDO YÁNEZ MASSO, JUAN MANUEL CHAGOYA HERNÁNDEZ, JOSE GUADALUPE ORTIZ GARCIA, JORGE ENRIQUE MONTELONGO GONZALEZ Y CARLOS MONFORTE CRUZ.

 

RECOMENDACIÓN No. 082/2002.

La C. MARÍA DEL PILAR LARA TOVAR acudió a la Segunda Visitaduría de esta Comisión para formular denuncia en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE TAMPICO, TAMAULIPAS, imputándoles actos en perjuicio de su menor hija de once años de edad, toda vez que el elemento NOE LÓPEZ TORRES, haciendo uso indebido de su función aprehendió arbitrariamente a la citada menor, ejerciendo violencia física innecesaria, situación que además no fue impedida por los policías GUILLERMO LOBATÓN ESCAMILLAS y EDUARDO PUGA URBINA.

La autoridad admitió haber detenido a la menor, bajo el argumento de que ésta alteraba el orden público, además de agredir al agente LÓPEZ TORRES, imputaciones que jamás se acreditaron ante la CODHET. Además, se demostró en autos que la ex Juez Calificadora MARITZA AVENDAÑO, omitió dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 13 del Bando de Policía y Buen Gobierno de Tampico, Tamaulipas, en el sentido de poner inmediatamente a disposición del Consejo Tutelar a los menores que, habiendo cometido una falta administrativa, le sean turnados.

Tomando en cuenta la anterior se emitió la siguiente RECOMENDACIÓN:

“...ÚNICA: Se recomienda al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, a efecto de que gire las instrucciones necesarias para la implementación de programas de capacitación a los elementos de la Policía Preventiva y Jueces Calificadores, haciendo énfasis en el trato digno que se debe brindar a los menores de edad y las medidas legales procedentes cuando estén a su disposición. Sin perjuicio de lo anterior y tomando en cuenta que los CC. NOE LÓPEZ TORRES Y MARITZA AVENDAÑO RAMÍREZ, ya no laboran en la Delegación de Seguridad Pública, háganse las anotaciones pertinentes en sus respectivos expedientes para futuras referencias...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 082/2002.

Esta recomendación se tuvo por cumplida totalmente, mediante el proveído de fecha 30 de julio, dado que de las constancias allegadas a autos se constató que la autoridad recomendada ordenó la implementación de un curso de capacitación dirigido a elementos de la Policía Preventiva y Jueces Calificadores, sobre garantías individuales. Así mismo, se realizaron las anotaciones pertinentes en los expedientes personales de los ex servidores públicos NOE LOPEZ TORRES Y MARITZA AVENDAÑO RAMÍREZ.

 

RECOMENDACIÓN No. 083/2002.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por conducto de su Primera Visitaduría General, con residencia en la Capital del Estado, recibió el día 19 de abril del año en curso, la queja por comparecencia del C. OSCAR FLORENCIO SERNA MORALES, mediante la cual denunció DETENCIÓN ARBITRARIA y FALSA ACUSACIÓN, cometidas en su agravio, por parte de AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL destacamentados en Victoria, Tamaulipas.

SERNA MORALES manifestó que el día 18 de abril del presente año, se encontraba laborando en un negocio de telefonía celular cuando cuatro personas quienes se identificaron como Agentes Ministeriales lo aprehendieron sin mostrarle mandamiento judicial alguno, para después imputarle falsamente el delito de portación de arma prohibida.

Mediante el oficio número 608, de fecha 26 de abril, el Licenciado HERNÁN GÓMEZ EDDY, Comandante de la plaza, rindió el informe que le fuera solicitado afirmando que el quejoso fue detenido en flagrancia de delito portando un arma.

Los elementos de la Policía Ministerial MARTÍN DE LEÓN GARCÍA, FIDEL RAMÍREZ ESPINOZA y PEDRO REJO NAVA, Agentes y Jefe de Grupo respectivamente de dicha corporación, asentaron en su parte informativo que el agraviado fue detenido tras haberlo observado caminando en “actitud sospechosa” por la zona centro de la Ciudad, por lo que tras haberlo sometido a una revisión lograron localizarle “...en la bolsa del pantalón del lado derecho de adelante...” (sic), una navaja.

Sin embargo, testigos presenciales declararon ante esta Institución que, efectivamente, Agentes de la Policía Ministerial se introdujeron al comercio donde laboraba el C. SERNA MORALES deteniéndolo injustificadamente y con lujo de violencia.

Con esas y otras probanzas, se concluyó que los Agentes de la Policía Ministerial incurrieron en irregularidades al actuar sin mandamiento judicial e imputar falsamente un delito al quejoso. Cabe hacer mención que en realidad los policías contaban solamente con una orden de investigación girada por el Ministerio Público, lo cual en ningún momento los facultaba para detener a personas y menos bajo la antiquísima e ilegal práctica de “sembrar” armas.

Por último en la resolución de mérito se hizo hincapié en que la actitud sospechosa no es una conducta que evidencie un delito, por lo que no se puede permitir que bajo dicho argumentó se proceda a revisar o detener a ciudadanos.

En esa tesitura, se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, gestione ante quien corresponda el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los elementos de la Policía Ministerial involucrados en los hechos aquí expuestos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 083/2002.

El día 27 de noviembre del 2002, se tuvo por cumplida parcialmente este recomendación toda vez que la autoridad recomendada informó el inicio del procedimiento administrativo número DC-101-02, en contra de los CC. MARTÍN DE LEON GARCIA Y FIDEL RAMÍREZ ESPINOZA, Agentes de la Policía Ministerial del Estado, justo en los términos recomendados. La satisfacción total de esta resolución queda supeditada a la información que con posterioridad se nos brinde sobre la substanciación y/o conclusión del procedimiento respectivo.

 

RECOMENDACIÓN No. 084/2002.

El expediente 436/2000 dio inicio cuando ANTONIO GARDUÑO BALDOVINOS denunció a esta Comisión que Agentes de la Policía Ministerial ingresaron ilegalmente a su domicilio para aprehenderlo junto con dos personas más que en esos momentos lo acompañaban, agregando haber sido golpeado. Expresó además haber sufrido malos tratos durante su internamiento en los separos de la referida corporación.

La autoridad por su parte admitió haber detenido al quejoso y sus acompañantes, mas aseguró que su labor estuvo ajustada a Derecho, sosteniendo además que GARDUÑO BALDOVINOS fue aprehendido en la vía público en posesión de diversos objetos producto de un robo.

Tras las investigaciones de rigor, esta Institución concluyó que los agentes ministeriales incurrieron en el ilícito de allanamiento de morada al introducirse a la vivienda del quejoso sin que mediase orden de cateo o bien sin que fuesen autorizados por la persona indicada para brindarles el acceso al domicilio.

Se acreditó, por lo tanto, que ANTONIO GARDUÑO y sus acompañantes fueron objeto de una detención arbitraria. Además, diversas constancias elaboradas por personal de este Organismo, contienen datos fehacientes sobre el maltrato sufrido por el precitado quejoso.

Se RECOMENDÓ entonces al PROCURADOR GENERAL DE JUSITICIA EN EL ESTADO, en su carácter de superior jerárquico, aplique las correcciones disciplinarias que considere procedentes, en los términos de los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Policía Judicial del Estado, a los servidores públicos que detuvieron y golpearon al C. ANTONIO GARDUÑO BALDOVINOS.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 084/2002.

En virtud de haberse iniciado el procedimiento administrativo número 85/02, en contra de los Agentes de la Policía Ministerial del Estado, involucrados en el presente asunto, el día 2 de diciembre del 2002, se tuvo por cumplida parcialmente esta recomendación. La satisfacción total de esta resolución queda supeditada a la información que con posterioridad se nos brinde sobre la substanciación y/o conclusión del procedimiento respectivo.

 

RECOMENDACIÓN No. 085/2002.

Un interno del Centro de Readaptación Social ubicado en la Capital del Estado, formuló ante este Organismo una queja en contra de los CC. JAVIER SALGADO RUBIO y ERNESTO FUENTES CERVANTES, elementos de la Policía Estatal Preventiva que durante el mes de septiembre del año 2000 realizaron labores de custodia en el establecimiento penal arriba citado.

El quejoso denunció que su esposa fue retirada injustificadamente por los servidores públicos anotados, cuando aquella realizaba una visita autorizada por la Dirección del CERESO, además de hacerlos objeto de diversas vejaciones.

Es menester señalar que si bien los agentes admiten haber efectuado tal acto, no aceptan que el mismo haya sido arbitrario o denigrante.

Sin embargo, una vez agotadas las investigaciones de rigor se concluyó que, en efecto, los CC. SALGADO RUBIO y FUENTES CERVANTES abusaron de su autoridad para actuar en perjuicio del quejoso y su cónyuge, impidiendo el desarrollo normal de una visita autorizada, acción que indudablemente va en detrimento de los fines de readaptación social.

Por tal motivo, se RECOMENDÓ al DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, en su carácter de superior jerárquico, la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias a los agentes implicados en el asunto de mérito.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 085/2002.

El día 22 de noviembre del año 2002, esta recomendación se tuvo por cumplida parcialmente atendiendo al inicio del procedimiento administrativo número DC-SGG/053/2002, en contra de los CC. JAVIER SALGADO RUBIO Y ERNESTO FUENTES CERVANTES, Comandantes habilitados de la Policía Estatal Preventiva, justo en los términos recomendados, por lo que su satisfacción total quedó supeditada a la información que con posterioridad de nos brinde sobre la substanciación y/o conclusión del procedimiento señalado.

 

RECOMENDACIÓN No. 086/2002.

El C. JUAN ALBERTO ALVARADO GARZA acudió a la Sexta Visitaduría de este Organismo con residencia en San Fernando, Tamaulipas, a fin de formular queja en contra del C. EMILIANO HERNÁNDEZ, quien fungió como Delegado en el Ejido La Loma de aquel municipio, durante la administración municipal 1999-2001.

El quejoso denunció que el referido servidor público abusó de su autoridad al golpearlo cuando se encontraba esposado, tras haber sido detenido por elementos de la policía preventiva del lugar

Cabe señalar que la Autoridad admitió la existencia del acto reclamado, tanto ante esta Comisión como ante el Ministerio Público, arguyendo que reprendió al agraviado por conducirse de manera agresiva.

Así quedó entonces acreditada la arbitrariedad sufrida por el C. ALVARADO GARZA a manos del Delegado del Ejido La Loma, quien transgredió con su actuar, entre otras disposiciones, las señaladas en el artículo 33 fracciones VII y XII del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas del Estado: “...Son obligaciones de los integrantes de las Corporaciones: VII. Respetar y hacerse respetar por la población guardando la consideración debida a la dignidad e integridad corporal de las personas debiendo abstenerse de todo acto arbitrario...XII. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia, de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles e inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra...”

Por lo tanto se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAMULIPAS, a fin de que se realicen las anotaciones correspondientes en el expediente personal del C. EMILIANO HERNÁNDEZ, lo anterior en virtud de que dicha persona ya no ostenta el cargo de Delegado, dada la conclusión de la administración municipal 1999-2001.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 086/2002.

Esta recomendación fue aceptada por la autoridad mediante el oficio 13/01-SF, suscrito por el Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, JUAN JOSE GALVAN GARCIA. Dicho servidor público tuvo a bien informar a este Organismo que las instalaciones de la Delegación de Seguridad Pública en el Ejido La Loma de aquel Municipio, han sido debidamente remozadas, acreditándolo fehacientemente. En lo que hace a las anotaciones que deberán hacerse en el expediente personal del C. EMILIANO HERNÁNDEZ, quien fungiera como Delegado en el Ejido antes citado, carecemos hasta el momento de información alguna.

 

RECOMENDACIÓN No. 087/2002.

La CODHET, por conducto de su Primera Visitaduría recepcionó la queja del C. ARMANDO DE LA O ESTAVILLO, quien denunció actos violatorios a Derechos Humanos imputados a la Licenciada ALMA CHAIDEZ VILLARREAL, quien fungía en esta Capital como AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CONCILIADOR.

El quejoso manifestó que la citada servidora pública giró citatorios a sus menores hijos, apercibiéndolos incluso que de no comparecer se actuaría penalmente en su contra.

Es preciso señalar que la Autoridad admitió lisa y llanamente el acto reclamado, agregando como explicación que tales citatorios fueron enviados a fin de cumplir con su función conciliadora (pues desconocía el nombre de los padres de los menores) y por ser el único formato que para el efecto maneja.

Resultan inatendibles tales argumentos, pues la servidora pública debió en todo caso requerir a la parte ofendida para que proporcionara los nombres de los padres de los menores y no diligenciar un procedimiento para imputables dada la minoría de edad de los presuntos responsables. Además, es menester señalar que el no contar con formatos distintos a los ordinarios, no exime de responsabilidad a la Licenciada CHAIDEZ VILLARREAL, quien debe poseer los conocimientos necesarios para prescindir de una forma prediseñada, pero sobre todo, para desempeñar eficazmente su labor.

Visto lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, a fin de que analice y valore la conducta de la servidora pública responsable y determine lo procedente conforme a Derecho.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 087/2002.

El día 26 de junio del 2002, se tuvo por cumplida totalmente la Recomendación de mérito, toda vez que la Autoridad acreditó haber instruido a la Licenciada ALMA CHAIRES VILLAREAL, Oficial Secretaria de la Agencia del Ministerio Público Conciliador en Victoria, Tamaulipas, para que, en los casos en que esté involucrado un menor de edad, se apegue a lo dispuesto por los artículos 4 fracción III, 5, 6 fracción I, 19 y 52 de la Ley para la Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a la Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, así como al artículo 5 fracción I, incisos d y g de la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Estado de Tamaulipas, justo en los términos recomendados.

RECOMENDACIÓN No. 088/2002.

Una ciudadana cuyo nombre se reserva por razones de confidencialidad, motivó el inicio del expediente 313/2000, al acudir a esta Institución para denunciar actos violatorios a Derechos Humanos imputados al AGENTE PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR con desempeño en la Capital del Estado.

La quejosa manifestó que la precitada Autoridad no la citó en su carácter de indiciada dentro de una averiguación previa penal, situación que redundara en que tal indagatoria fuera consignada la órgano jurisdiccional sin tener oportunidad de defensa.

La Autoridad arguyó que en realidad ordenó la citación de la quejosa y que para tal efecto se ordenó a la C.P.D. SARA REYES PÉREZ GONZÁLEZ se constituyera en el domicilio de la agraviada para realizar la diligencia respectiva, lo cual se hizo sin encontrar persona alguna y dejando el citatorio en la puerta de la vivienda.

Sin embargo, este Organismo concluyó que aún y cuando resultase cierta la versión del Representante Social, el actuario omitió elaborar acta pormenorizada en la que se asentaran las circunstancias del acto notificatorio, incluyendo la forma en que se cercioró de la autenticidad del domicilio. En ese sentido se puede aseverar entonces que la Autoridad no acreditó la verdad de su dicho y se puede aseverar que, de haber existido la notificación, ésta no reunió las formalidades instrumentales preestablecidas en la Ley Adjetiva Penal, afectando los derechos subjetivos de audiencia y defensa del indiciado.

En congruencia con lo anterior se giró RECOMENDACIÓN al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, para que por escrito instruya al Licenciado PEDRO EFRAÍN GONZÁLEZ ARANDA, Agente del Ministerio Público Investigador, indicándole que en el curso de una averiguación previa procure garantizar los derechos de audiencia y defensa del indiciado, cerciorándose, cuando no haya detenido, sobre la legalidad de la primera notificación.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 088/2002.

Mediante proveído de fecha 30 de julio del 2002, se tuvo por cumplida de manera total la Recomendación que nos ocupa, toda vez que de las constancias remitidas por la Autoridad en vía de cumplimiento, se advirtieron las instrucciones giradas al Agente del Ministerio Público Investigador, Licenciado PEDRO EFRAÍN GONZÁLEZ ARANDA, para que, en el curso de una averiguación previa, procure hacer valer la garantía de audiencia que tienen los indiciados en esa etapa del procedimiento penal, cerciorándose, cuando no haya detenido, que la primera notificación se haga en estricto apego a la Ley. Lo anterior, se ajusta a los términos de nuestra resolución.

 

RECOMENDACIÓN No. 089/2002.

La CODHET, por conducto de su Cuarta Visitaduría, recibió la queja de un interno del Centro de Readaptación Social Número Dos de Matamoros, Tamaulipas, en contra del Coordinador de Seguridad del referido establecimiento penal, a quien le imputó el haberle agredido física y verbalmente.

Cabe señalar que el Director del precitado Centro Penitenciario se limitó a negar la veracidad de lo denunciado, sin apoyar mayor información.

Bajo esa circunstancia fue necesario acudir al Reglamento para los Centros de Readaptación Social en el Estado, el cual señala en su artículo 3 que a los internos debe brindarse un trato que atienda a la obligación de respetar en todo momento derechos inalienables de la persona.

En la resolución de mérito se anotó:

“...En esa virtud, si el Director del Penal, afirmó que en ningún momento se había golpeado o agredido física y verbalmente al reo, a él le correspondía la obligación de demostrar tales afirmaciones, y en la especie, no aportó durante el proceso de investigación de la queja, prueba fehaciente tendiente a acreditar que, como lo afirmó el interno de mérito, no presentaba lesiones en su humanidad, cuya existencia, este Organismo comprobó, por lo que es inobjetable, que el día cuatro de septiembre del año 2001, aproximadamente a las veintidós treinta horas, el reo agraviado, fue golpeado y lesionado en su cuerpo, sin que se haya comprobado de manera indubitable la responsabilidad del Coordinador implicado; sin embargo, en los autos de la queja, no existe prueba alguna de la autoridad que acredite que al haber tenido en conocimiento los hechos, hubiera procedido como era su obligación, de velar por la vida, integridad y salud de los internos, porque su falta de profesionalismo o acción de encubrimiento, no le permitió ordenar se revisara la salud del reo...”

Visto lo anterior se giró RECOMENDACIÓN al DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, a fin de que instruya al Director del Centro de Readaptación Social Número Dos de Matamoros, Tamaulipas, para que vigile y dé estricto cumplimiento a lo establecido en el Ordenamiento Penitenciario, garantizando así la salud y seguridad de la población interna.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 089/2002.

Esta resolución se tuvo por cumplida totalmente el día 17 de septiembre del año que se informa, pues la Autoridad acreditó haber instruido al Licenciado EDUARDO OSCAR BENAVIDES GÓMEZ, Director del CERESO en Matamoros, Tamaulipas, para que vigile el estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3 incisos A y C y 86 del Reglamento para los Centros de readaptación Social en el Estado. Así mismo, se giraron instrucciones a la Dirección Administrativa de la Dirección General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social, a efecto de agregar la resolución que nos ocupa al expediente del Licenciado JOSÉ AMADO JIMPENEZ ESTRADA, quien fungiera en la época de los hechos como Director del precitado establecimiento penal.

 

RECOMENDACIÓN No. 090/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 52/02-M, instaurado de oficio por la Cuarta Visitaduría de esta Comisión, al advertir que un interno del Segundo Centro de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas, fue retenido ilegalmente aun y cuando había transcurrido el tiempo fijado para la compurgación de su pena.

Tras las investigaciones de rigor se concluyó que, efectivamente, un interno del referido establecimiento penal continuó en el lugar tras haberse agotado su periodo de reclusión, hecho violatorio de Derechos Humanos pues resulta evidente la privación ilegal de la libertad. Esta situación es imputable tanto al Director como al Consejo Técnico Interdisciplinario quienes no cuidaron lo relativo a la libertad del agraviado y, además, no le proporcionaron oportunamente información sobre la posibilidad de hacerse merecedor de un beneficio de libertad anticipada.

Por tales motivos se RECOMENDÓ al DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL, instruya por escrito al Director y Consejo Técnico Interdisciplinario del precitado centro de reclusión, sobre el estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 75, 95 y 97 del Reglamento de la materia.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 090/2002.

Esta resolución se tuvo por cumplida totalmente el día 17 del mes de septiembre del 2002, atendiendo a las constancias que hiciera llegar la autoridad recomendada a los autos, consistentes en diversos oficios de los que se desprenden las instrucciones giradas a los CC. Licenciado EDUARDO OSCAR BENAVIDES GÓMEZ, Director del CERESO en Matamoros, Tamaulipas, Licenciado JOSÉ MARTÍN BARRÓN CASTILLO, encargado de la Dirección de Readaptación Social en el Estado, y a los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario de establecimiento penal citado líneas arriba. Al primero de ellos se le ordenó vigilar el debido cumplimiento de los numerales 75, 95 y 97 del Reglamento para los Centros de Readaptación Social en el Estado. Al Licenciado BARRÓN CASTILLO, se le asignó la tarea de constituirse en el CERESO de Matamoros, para identificar a los internos que contaran con la posibilidad de obtener un beneficio de libertad anticipada, además de capacitar al personal de dicho reclusorio. Por último, a los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario, se les mandó obedecer lo dispuesto en los artículos 75, 95 y 97 del Reglamento para los Centros de Readaptación Social del Estado.

 

RECOMENDACIÓN No. 091/2002.

La CODHET por conducto de su Séptima Visitaduría con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, recepcionó el día 4 de abril del año en curso la queja por comparecencia del C. HERACLIO GONZÁLEZ PIÑA, quien denunció:

“...Que no recordando la fecha exacta, pero fue entre los días 18 o 19 de marzo del presente año, aproximadamente a las 18:30 horas, cuando me encontraba en la orilla del canal ya que me iba a bañar, llegaron ante mí los elementos de la Policía Rural a bordo de la patrulla 043, la cual era tripulada por tres elementos y se acercaron a mi y sin decirme ninguna palabra me empezaron a revisar una cajita de plástico que traía en mi bicicleta, donde traía unos jabones ya que me iba a bañar, y los sacaron de la cajita y los empezaron a tirar, y que ésta acción duró entre 15 a 20 minutos y después se retiraron, sigo manifestando que el día de los hechos me encontraba solo en dicho lugar ...”

Es menester señalar que la Autoridad admitió la existencia del acto reclamado mediante el oficio signado por el C. DOMINGO MANZANO LOZA, Jefe de Grupo de la Policía Rural del Estado con destacamento en Gómez Farías, Tamaulipas, arguyendo que el quejoso fue detenido y sometido a una revisión por mostrar “actitud sospechosa”.

A criterio de este Organismo se encuentra demostrada la irregular actuación de los elementos policíacos JUAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y FELIPE SÁNCHEZ PÉREZ, quienes bajo las órdenes del precitado Jefe de Grupo y sin mediar motivo o mandamiento judicial ejecutaron un acto de molestia en la persona del quejoso, pues la mera sospecha no es razón suficiente para someter a revisión a persona alguna.

Por tal motivo se RECOMENDÓ a la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA el inicio y tramitación del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos implicados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 091/2002.

El día 22 de noviembre del 2002, esta resolución se tuvo por cumplida parcialmente, atendiendo al inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa DC-SGG/056/2002, en contra de los CC. DOMINGO MANZANO LOZA, JUAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y FELIPE SÁNCHEZ PÉREZ, elementos de la Policía Rural del Estado con destacamento en Gómez Farías, Tamaulipas, justo en los términos que se emitió la Recomendación que nos ocupa, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que con posterioridad nos brinde la Autoridad sobre la substanciación y/o conclusión del citado procedimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 092/2002.

El C. RAMÓN SALAZAR HERNÁNDEZ acudió a la Primera Visitaduría de la CODHET para formular denuncia, representando al C. JOSÉ AMADO GUERRERO LÓPEZ, en contra del Licenciado JUAN ALBERTO MATA RAMÍREZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR con desempeño en Soto la Marina, Tamaulipas, imputándole hechos presuntamente violatorios a Derechos Humanos los cuales en su oportunidad se calificaron como IRREGULARIDADES EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

Tras las investigaciones necesarias esta Institución advirtió que el C. GUERRERO LÓPEZ fue retenido en exceso de tiempo por el Fiscal Investigador, quien no acordó lo relativo a su libertad o consignación a la autoridad judicial, sino hasta 59 horas después de que fuera puesto a su disposición, transgrediendo así lo ordenado por el artículo 16 párrafo VII de nuestra Carta Magna: “Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal...”

En tal virtud se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, analizar y valorar la conducta del precitado servidor público, determinando lo procedente conforme a Derecho.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 092/2002.

Esta resolución se dio por cumplida parcialmente mediante el proveído de fecha 22 de noviembre del año que se informa, toda vez que se advirtió el inicio del procedimiento administrativo número 40/02, en contra del Licenciado JUAN ALBERTO MATA RAMÍREZ, Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigador en Soto la Marina, Tamaulipas, justo en los términos recomendados. La satisfacción total de esta resolución, queda entonces supeditada a la información que con posterioridad se nos brinde sobre la substanciación y/o conclusión del citado procedimiento.

 

 

RECOMENDACIÓN No. 093/2002.

El C. JUAN FRANCISCO CHAVIRA GALLEGOS motivó el inicio del expediente 82/00-R, al denunciar hechos que en su momento se calificaron como INEJECUCIÓN DE LAUDO, imputándolos al PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 7 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE con sede en Reynosa, Tamaulipas, Licenciado JORGE DOSAL HERNÁNDEZ.

La queja interpuesta por el señor JUAN FRANCISCO CHAVIRA GALLEGOS, a nombre de su hermano JOSÉ MARTÍN de los mismos apellidos, la hizo consistir en la inejecución del laudo dictado el 15 de febrero de 1999 dentro del expediente laboral 513/96.

Es menester destacar que a la fecha este Organismo se ha visto imposibilitado para constatar la veracidad de las irregularidades denunciadas por el quejoso, ello ante la conducta omisiva del Licenciado Dosal Hernández quien se ha negado a rendir la información solicitada por nuestra Tercera Visitaduría. Sin embargo y ante tal circunstancia, cabe decir que la Autoridad no demostró haber llevado a cabo la ejecución del laudo que interesa al quejoso, por lo que resultó necesario RECOMENDAR al PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE en los términos siguientes:

“...PRIMERA. Al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a fin de que instruya al Licenciado JORGE DOSAL HERNÁNDEZ, Presidente de la Junta Especial número 7, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, para que en lo subsecuente rinda los informes y demás documentación que se le solicite con motivo de las quejas que se interpongan ante este Organismo en contra de autos de esta autoridad; ello con independencia de aplicar en su contra las medidas correctivas y disciplinarias que procedan por su actitud reincidente en obstaculizar la labor de esta Institución.- SEGUNDA. Al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que gire instrucciones al Licenciado JORGE DOSAL HERNÁNDEZ, Presidente de la Junta Especial número 7 en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a fin de que a la brevedad posible, se proceda a la búsqueda y localización del expediente laboral 513/96 y se determine si a la fecha ya se ejecutó el laudo de 15 de febrero de 1999, y en caso contrario, se proceda a su ejecución inmediata...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 093/2002.

El día 4 de julio del 2002 se tuvo por aceptada y cumplida en forma parcial esta recomendación, pues la autoridad recomendada demostró haber instruido al servidor público JORGE DOSAL HERNÁNDEZ, Presidente de la Junta Especial número 7 (ahora 4) de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que en lo subsecuente rinda los informes y proporcione la documentación que le requiera este Organismo. Así mismo, consta que se le amonestó para que cumpla cabalmente con lo previsto por el artículo 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Sin embargo, en lo relativo a la localización del expediente laboral 513/96, y a la ejecución del Laudo del 15 de febrero de 1999, no se cuenta con información alguna.

RECOMENDACIÓN No. 094/2002.

La CODHET por conducto de su Tercera Visitaduría General con residencia en Reynosa, Tamaulipas, recibió la queja por comparecencia del C. PAULINO CARAJAL MAR, mediante la cual denunció DETENCIÓN ARBITRARIA Y LESIONES, cometidos en su agravio por parte de un COMANDANTE Y ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA.

La autoridad admitió haber privado de su libertad al quejoso, argumentado que éste se encontraba en estado de ebriedad, además de haber agredido a un elemento de la corporación policiaca.

Tras las investigaciones de rigor este Organismo advirtió diversas irregularidades en la aprehensión del C. CARBAJAL MAR, toda vez que la autoridad no acreditó haber practicado examen de alcoholemia alguno al doliente ni logró demostrar la legitimidad de su acto. Es menester destacar que el quejoso resultó con diversas lesiones imputables a los Agentes de la Policía Municipal.

Basados en lo anterior se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS, a fin de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes en contra del Comandante ALFREDO GUERRERO y de los elementos de la Policía Preventiva, presuntos responsables de la detención ilegal y lesiones de que fue objeto PAULINO CARBAJAL MAR. Así mismo, se hizo énfasis en la necesidad de aplicar sanciones a los Policías Preventivos MARCO ANTONIO PÉREZ GARCÍA y LEONARDO SALAZAR CRUZ, quienes falsearon la información rendida a este Organismo, obstaculizando la función de buena fe que se desarrolla al tratar de llegar a la verdad de los hechos denunciados por la ciudadanía.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 094/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada el día 20 de diciembre del 2002, en razón al oficio número 430/02, firmado por el C.P. VICTOR MANUEL OLVERA DE SANTIAGO, Contralor Municipal en Reynosa, Tamaulipas, sin que a la fecha obre mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN No. 095/2002.

Los CC. REYNALDO CRUZ GONZÁLEZ y JACOBO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, en nombre propio y en representación del Escuadrón Dieciocho, A.C., CUSTODIOS del CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL de esta Ciudad, denunciaron ante esta Institución lo siguiente:

“...Los suscritos somos celadores que hemos conformado la Asociación Civil ya mencionada a fin de que se procure la armonía y eficiencia en nuestro trabajo, siendo el caso que existen diferencias entre trabajadores del mismo nivel pues existen celadores que devengan un salario mensual de $4,500.00 pesos, mientras nosotros se nos paga uno inferior y que lo es el de $2,700.00 pesos por lo que pedimos que a trabajo igual salario igual, disposición constitucional que también la contiene el Reglamento que rige la Relación Laboral.- En nuestro trabajo debe señalarse que no contamos para desarrollarlo con los servicios más esenciales como son baños en condiciones de ser utilizados para hacer nuestras necesidades fisiológicas elementales y los pocos que hay están en condiciones deplorables sin funcionar por lo que la acumulación de excremento y orina abundan, igualmente no existen dormitorios, no existen comedor, no existen regaderas para el personal que se dedica a cuidar el CERESO, por lo que ocurrimos ante Usted para que se solucione nuestro problema en cuanto al salario y en cuanto a las condiciones en que se presta el trabajo ...”

La CODHET se dio a la tarea de investigar lo denunciado, encontrando que efectivamente el establecimiento penal de esta Ciudad no cuenta con servicios sanitarios para que los custodios puedan realizar sus necesidades fisiológicas, además de haberse constatado diversas irregularidades que van en perjuicio de la dignidad del personal de seguridad de dicho reclusorio. En lo que hace a la manifestación de los quejosos respecto a su salario, nos encontramos por ley imposibilitados para conocer y resolver del asunto.

Atendiendo a las deficiencias encontradas se RECOMENDÓ al DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO en los términos que enseguida se anotan:

“...PRIMERA: Esta Comisión de Derechos Humanos emite RECOMENDACIÓN al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, a efecto de que realice las gestiones necesarias con el fin de que se construyan las instalaciones necesarias de sanitarios en los lugares donde puedan ser utilizados debidamente por los custodios del Centro de Readaptación Social de esta Ciudad, durante el desempeño de sus labores y dotarlos de lo necesario; así mismo, sean conectados al sistema de drenaje, evitando con ello la existencia de fosas al aire libre, como en la actualidad existen.- SEGUNDA: Así mismo, se RECOMIENDA al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, realice las gestiones necesarias para que se habilite a los custodios que laboran en el Centro de Readaptación Social de esta Ciudad, un área destinada para consumir sus alimentos...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 095/2002.

Esta recomendación, fue aceptada mediante el oficio 12345, por el Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social, MANUEL DEL RIEGO DE LOS SANTOS. Dicha autoridad nos hizo saber posteriormente que instruyó al Licenciado JOSE AMADO JIMÉNEZ ESTRADA, Director del CERESO en Victoria, Tamaulipas, para que le informara de manera detallada sobre la estructura de los sanitarios en ese establecimiento penal y, para que a la brevedad posible, realice las gestiones necesarias, a efecto de habilitar un área para que los custodios puedan tomar sus alimentos. El día 1 de diciembre, personal de este Organismo se reunió con los CC. REYNALDO CRUZ GONZALEZ Y JACOBO MARTINEZ RODRÍGUEZ, representantes del denominado Escuadrón 18, parte quejosa, y el Licenciado JOSE AMADO JIMÉNEZ ESTRADA. De tal reunión, se acordó que en un término de 30 días se construirían e instalarían 3 baños para que sean utilizados por los custodios, manifestando los quejosos que con tal acción verían satisfechas sus pretensiones. A la fecha, solo resta verificar si se han construido ya las instalaciones prometidas.

 

RECOMENDACIÓN No. 096/2002.

Un interno del Segundo Centro de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas, motivó el inicio del expediente 90/01-M, al denunciar que custodios del referido establecimiento penal de nombres ISMAEL ACOSTA LÓPEZ, HUGO ÁNGEL DE LA CRUZ, ARTURO BAUTISTA XOCHILTUA, GABINO GARCÍA GARCÍA y PERFECTO ESTRADA POLANCO, lo agredieron física y verbalmente sin causa justificada.

A pesar de que la autoridad negó la veracidad de lo imputado, este Organismo concluyó, tras haber realizado las investigaciones pertinentes, que efectivamente el reo fue golpeado por los citados servidores públicos, quienes manifestaron en su defensa que tan solo habían sometido al quejoso sin caer en violencia física innecesaria. Argumento que se consideró inatendible en virtud de la naturaleza de las lesiones.

Por tal motivo se RECOMENDÓ al DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, aplique las medidas correctivas y disciplinarias en contra de los custodios que ocasionaron la alteración a la integridad física del interno. Además, se recomendó la implementación de manera inmediata de un curso de capacitación al personal de seguridad y custodia del referido centro penitenciario.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 096/2002.

Esta recomendación, fue aceptada mediante el oficio 12347 por el Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social, MANUEL DEL RIEGO DE LOS SANTOS. El día 20 de septiembre, se recibió copia del oficio firmado por la misma autoridad y dirigido originalmente a la Directora Administrativa de esa Dirección General, C.P. MARIA GRISELDA GARZA OROZCO, instruyéndola para que realice acciones tendientes a la implementación de un curso dirigido al personal de Seguridad y Custodia del CERESO en Matamoros, Tamaulipas. A la fecha, solo falta por acreditar lo relativo a la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en contra de los Custodios que violaron los derechos fundamentales del quejoso.

 

RECOMENDACIÓN No. 097/2002.

La CODHET, por conducto de su Primera Visitaduría, recibió por comparecencia la queja del C. JOSÉ JUAN SALDAÑA CONTRERAS, quien denunció DETENCIÓN ARBITRARIA, TORTURA y EXTORSIÓN por parte de Agentes de la Policía Ministerial.

El quejoso denunció que sus menores hijos fueron detenidos sin mandamiento judicial ni en flagrancia de delito, imputación que quedó plenamente comprobada en autos.

Así mismo, aseguró que tras haber sido aprehendidos los menores recibieron tratos de tortura, situación que no se corroboró por ningún medio de convicción, ante lo cual se dictó ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS, lo mismo sucedió en lo que hace a la extorsión.

Así las cosas y demostrada la detención arbitraria, este Organismo RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, analizar y valorar la conducta de los Agentes de la Policía Ministerial RICARDO YÉPEZ NÚÑEZ, AGUSTÍN CASTAÑEDA PIÑA y MANUEL HERNÁNDEZ GALVEZ, y de resultar procedente se dicten las medidas correctivas y disciplinarias a que haya lugar.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 097/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento administrativo número 45/02 en contra de los CC. RICARDO YÉPEZ NÚÑEZ, AGUSTÍN CASTAÑEDA PIÑA Y MANUEL HERNÁNDEZ GALVEZ, justo en los término en que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida parcialmente, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que con posterioridad nos brinde la autoridad sobre la substanciación y/o conclusión del citado procedimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 098/2002.

El C. BERNARDO ALEMAN CAMACHO y otros, acudieron mediante escrito a esta Institución denunciando haber sido detenidos arbitrariamente por elementos de la Policía Ministerial del Estado. Así mismo manifestaron que durante su estancia en el CERESO de esta Capital no se les brindó alimentación alguna, refiriendo además circunstancias degradantes durante su reclusión, dadas las condiciones del área donde fueron confinados.

Una vez abierto el expediente 183/01, se demostró que los Agentes de la Policía Ministerial actuaron en cumplimiento de una orden de aprehensión, por lo que al respecto se dictó ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD. En cuanto a la falta de alimentación presumiblemente sufrida por los quejosos, es menester decir que no se encontraron mayores elementos de convicción salvo el dicho de los denunciantes, y en tal razón se dictó ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS.

Sin embargo, personal de esta Comisión constató el 16 de mayo del año en curso, que el área de clasificación y diagnóstico en donde permanecieron los agraviados durante su reclusión en el establecimiento penal, carece de agua y luz, encontrándose en pésimas condiciones de higiene. Se verificó además que los internos ahí destinados no cuentan con utensilios ni un lugar adecuado para la ingesta de sus alimentos, recibiendo un trato degradante.

Con base en lo anterior se RECOMENDÓ al DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACION SOCIAL EN EL ESTADO, instruya a quien corresponda el acondicionamiento del área denominada de Clasificación y Diagnóstico del Centro de Readaptación Social de esta Ciudad, a fin de que se garantice un lugar adecuado para la estancia de los internos hasta en tanto se resuelva su situación jurídica.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN No. 098/2002.

El día 17 de septiembre, se tuvo por cumplida totalmente esta recomendación, toda vez que la autoridad acreditó haber instruido al Director del CERESO en Victoria, Tamaulipas, para que en cumplimiento al artículo 75 de la Ley para la Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Victimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social para el Estado y los numerales 3, 4, 31, 32, 38, 39, 40 y 44 del Reglamento para los Centros de Readaptación Social en el Estado, formalizara lo necesario para mejorar el área destinada para clasificación y diagnóstico de los internos. Tales acciones fueron debidamente probadas en autos con las documentales pertinentes.

 

RECOMENDACIÓN No. 099/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 47/01-SF, instaurado con motivo de la queja formulada por una madre de familia en contra del Profesor CRISPIN PÉREZ MACIAS, entonces Director de la Escuela Primaria “Progreso de la Revolución” ubicada en el Ejido el Águila Azteca del Municipio de San Fernando Tamaulipas.

La quejosa denunció que el referido servidor público abusó de su menor hija al hacerle tocamientos de naturaleza sexual. A pesar de que el C. PÉREZ MACIAS negó la autenticidad de lo imputado, esta Institución consiguió reunir suficiente material probatorio para aseverar que la menor sufrió actos impúdicos por parte del precitado profesor.

No obstante lo anterior y aún y cuando en la actualidad el inculpado se encuentra libre bajo fianza dentro del procedimiento que se le instruye por los mismos hechos, las autoridades educativas se han limitado a cambiar de adscripción al responsable, ubicándolo en la Escuela José Delgado del Ejido El Ebanito, Municipio de Matamoros, Tamaulipas, sin que se haya iniciado procedimiento administrativo en su contra.

Así las cosas se emitió RECOMENDACIÓN al SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EN EL ESTADO, a fin deque gestione ante quien corresponda el inicio, trámite y resolución del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Profesor CRISIPIN PÉREZ MACIAS.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 099/2002.

Esta resolución, fue aceptada mediante oficio de fecha 9 de julio, signado por el Licenciado BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado. Dicho servidor público, hizo saber a este Organismo que el asunto sería turnado al Órgano de Control Interno de la Dependencia a su cargo. Sin embargo, a la fecha carecemos de información que nos permita establecer si se ha dado cabal cumplimiento a nuestra resolución.

 

RECOMENDACIÓN No. 100/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 114/00-M, instaurado con motivo de la queja presentada por la C. LUZ MARÍA GONZÁLEZ ARMENTA en contra de la Ingeniero SONIA GUADALUPE CHACÓN DEL ÁNGEL, TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL MUNICIPAL, en Matamoros, Tamaulipas.

La quejosa argumentó que habiendo solicitado la intervención de la referida Autoridad en un asunto de salud pública, haciéndolo en los términos del artículo 8 de nuestra Carta Magna, la Ingeniero Chacón del Ángel omitió dar respuesta alguna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho de petición, al prescribir que los funcionarios públicos deberán emitir un acuerdo por escrito respecto a los asuntos que también por escrito y de forma pacífica y respetuosa les planteé la ciudadanía.

En el asunto que nos ocupa, la servidora pública no acreditó haber dado respuesta alguna a lo solicitado por la quejosa, vulnerando así sus derechos fundamentales.

Se demostró además que no cumplió con su labor desatendiendo un problema de contaminación, sin tomar las medidas adecuadas para satisfacer la inquietud ciudadana.

En virtud de lo anterior, se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS: “... dictar y ejecutar las medidas que sean necesarias para erradicar la contaminación que origina el lugar que ocupa la ‘Hielera Cedillo’, con independencia de aplicar las medidas disciplinarias procedentes en contra de quien resulta responsable por las omisiones advertidas en esta resolución...Instruya por escrito al Director de Control Ambiental Municipal, para que dé respuesta a la Licenciada LUZ MARÍA GONZÁLEZ ARMENTA, de lo concerniente al estado que guarda el seguimiento del procedimiento administrativo 541/99, de la ‘Hielera Cedillo’...”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 100/2002.

Mediante el oficio 984/02 de fecha 12 de diciembre, el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, Tamaulipas, informó sobre la aceptación de la recomendación que ahora nos ocupa, sin que a la fecha contemos con documentación que nos permita establecer si se ha dado cabal cumplimiento a la misma.

 

RECOMENDACIÓN No. 101/2002.

Una interna del Centro de Readaptación Social número II de Matamoros, Tamaulipas, motivó el inicio del expediente 127/01-M al denunciar maltrato y confinamiento injustificado por parte de una custodio de nombre HILARIA PACHECO CRUZ.

Cabe señalar que la autoridad admitió el acto reclamado, argumentando que la quejosa incurrió en una falta al reglamento de la institución penitenciaria, por lo que el Comandante de Custodios decidió ordenar su aislamiento, sin que el Director del Reclusorio tuviera conocimiento de dicha determinación.

Lo anterior contraviene lo señalado por los artículos 87 y 88 del Ordenamiento Penitenciario, los cuales señalan como facultad exclusiva del Director la imposición de sanciones disciplinarias, no sin antes escuchar la opinión del Consejo Técnico Interdisciplinario y seguir un procedimiento perfectamente establecido.

Se RECOMENDÓ entonces al DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACION SOCIAL EN EL ESTADO, instruyera por escrito al Director del precitado establecimiento penal para que en lo sucesivo la aplicación de medidas disciplinarias de los internos se haga por la autoridad competente y observándose el procedimiento establecido en la Ley.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 101/2002.

Mediante proveído de fecha 25 de septiembre, este Organismo estimó dar por cumplida totalmente nuestra recomendación 101/2002, puesto que la autoridad recomendada acreditó haber instruido al Licenciado JUAN ROBERTO MONTES ROMERO, Director del Centro de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas, para que vigile el cabal cumplimiento de los numerales 87 y 88 del Reglamento para los Centros de Readaptación Social en el Estado y, además adopte las medidas necesarias para que el personal de Seguridad y Custodia desarrolle su labor conforme a la Ley. Tales instrucciones se ajustan entonces a lo recomendado.

 

RECOMENDACIÓN No. 102/2002.

La CODHET, por conducto de su Tercera Visitaduría en Reynosa, Tamaulipas, recibió la queja por comparecencia del C. BEDERMIN GÓMEZ LÓPEZ, en contra de elementos de la Delegación de Seguridad Pública de aquel Municipio.

GÓMEZ LÓPEZ denunció que policías preventivos lo aprehendieron sin causa justificada cuando se encontraba en la base de su trabajo como taxista, donde fue abordado por agentes policíacos quienes abusando de su autoridad lo sometieron y trasladaron a las celdas de la corporación.

La autoridad por su parte arguyó que en un operativo de vigilancia se intentó practicar una “revisión de rutina” al ahora quejoso, oponiendo este resistencia e insultando a los policías, procediéndose entonces a su detención.

Tras las investigaciones de rigor este Organismo concluyó que el actuar de la autoridad resultó arbitrario, pues la pretendida revisión implicaba un acto de molestia sin fundamento alguno. Es decir, los elementos policíacos detuvieron al quejoso por la resistencia a una revisión corporal, siendo que se encontraba en su derecho de oponerse a ella al constituir una invasión ilegal a su privacidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional.

En mérito de lo expuesto se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS, para que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes a los elementos de la Policía Preventiva VÍCTOR MANUEL TOVAR MONCAYO y RICARDO TREVIÑO PÉREZ.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 102/2002.

Esta recomendación, fue aceptada el día 6 de diciembre del 2002, por la Presidencia Municipal de Reynosa, Tamaulipas, conforme a lo comunicado en el oficio 430/02, firmado por el C.P. VICTOR MANUEL OLVERA DE SANTIAGO, Contralor Municipal. Hasta el momento, no contamos con la información que nos permita establecer si se le ha brindado cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 103/2002.

Emitida el día primero de julio del año en curso, esta resolución puso fin a la integración del expediente 409/2000, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. MARIO ALBERTO LEAL RODRÍGUEZ en contra de la Licenciada MARTHA ALICIA MORALES AMADOR, entonces Agente del Ministerio Público con desempeño en Jiménez, Tamaulipas.

LEAL RODRÍGUEZ denunció que la citada servidora pública se negó en repetidas ocasiones a recibir una promoción que la fuera presentada e incluso cerró las oficinas de la Agencia a fin de no atenderle.

La Licenciada Morales Amador negó los hechos que se le imputaran, afirmando que en realidad el C. ALBERTO LEAL mostró una actitud descortés hacia ella.

Tras efectuar las investigaciones correspondientes, la CODHET logró demostrar que la Autoridad no desempeñó adecuadamente sus funciones, dilatando la procuración de justicia y, aun más, ordenó a agentes de la policía ministerial cerrarán las instalaciones de la fiscalía cuando el ahora quejoso acudió a presentar una promoción.

Este Organismo asentó en la resolución de mérito, que en el caso de que efectivamente el C. LEAL RODRÍGUEZ hubiese incurrido en alguna falta, la Agente del Ministerio Público estaba en aptitudes de utilizar las medidas correctivas previstas en la ley, sin llegar al extremo de cerrar las oficinas de la Representación Social.

Así las cosas, se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSITICIA EN EL ESTADO, en su carácter de superior jerárquico, valorar la conducta asumida por la precitada servidora pública y, en su caso, disponer lo procedente conforme a Derecho.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 103/2002.

El día 1 de agosto, se tuvo por cumplida totalmente esta recomendación, toda vez que la autoridad recomendada acreditó haber instruido al Licenciado SERGIO ALARCÓN RIVERA, Director Administrativo de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a efecto de que se agregue copia de nuestra resolución al expediente personal de la Licenciada MARTHA ALICIA MORALES AMADOR, quien fungía como Agente del Ministerio Público en Jiménez, Tamaulipas.

 

RECOMENDACIÓN No. 104/2002.

Teniendo como origen el expediente 204/2001, la Recomendación 104/2002, consignó los hechos violatorios a Derechos Humanos que denunciara la C. JUANA SALAS PÉREZ en perjuicio de su hijo SAMUEL RIGOBERTO CHARLES SALAS, imputados a ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

A la queja original se sumó la declaración del directamente agraviado, quien narro que tras haber presenciado una riña, sin participar de manera alguna en ella, fue perseguido y golpeado por agentes de la policía preventiva municipal.

En el informe rendido por la Autoridad, se alegó que CHARLES SALAS fue señalado por terceras personas como uno de los sujetos que escenificó una reyerta en las inmediaciones de una escuela secundaria, por lo que se intentó su captura, sin llegar a consumarse ésta toda vez que el perseguido logró introducirse a un domicilio saltando un portón causándose lesiones en ese momento.

La CODHET estableció que la autoridad transgredió los derechos fundamentales de SAMUEL RIGOBERTO CHARLES, pues sin existir flagrancia de falta o delito procuró capturarlo, propiciando incluso que éste se lesionara. Además, logró demostrarse que CHARLES SALAS fue señalado originalmente solo como testigo de la riña que originó el acto de molestia denunciado.

Por tal motivo, se emitió la siguiente RECOMENDACIÓN:

“...UNICA: Esta Comisión de Derechos Humanos, emite RECOMENDACIÓN al C. Presidente Municipal de esta localidad, como superior jerárquico de los servidores públicos implicados, a efecto de que gire instrucciones a los Agentes de la Policía Preventiva, para que en lo subsecuente se abstengan de intentar detener a personas que no se encuentren en flagrancia de delito o que hayan cometido alguna falta administrativa, tal y como sucedió en el caso del C. SAMUEL RIGOBERTO CHARLES SALAS, sin perjuicio de que les apliquen a los agentes responsables las sanciones administrativas procedentes conforme a derecho”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 104/2002.

El día 26 de noviembre del 2002, este Organismo despachó el último oficio recordatorio al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, solicitándole una respuesta definitiva sobre la aceptación o rechazo de la recomendación que ahora nos ocupa. Sin embargo, a la fecha no se nos ha acusado recibo, por lo que el quejoso conserva su derecho de acudir, mediante el recurso de impugnación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

RECOMENDACIÓN No. 105/02

El día 4 de diciembre del año 2001, este Organismo recibió la queja del C. NESTOR DANIEL RESENDIZ JUÁREZ, quien denunció que elementos de la Policía Ministerial lo detuvieron sin causa injustificada para posteriormente acusarlo de portar una navaja, circunstancia absolutamente falsa. Así mismo expresó que los agentes le imputaban diversos robos haciendo uso de la violencia física y moral.

La autoridad definió su postura al manifestar en diversas ocasiones que la detención del quejoso tuvo su origen en un oficio de investigación emitido por la Representación Social, relativo a diversos robos. En el transcurso de la investigación, se localizó a una persona que se conducía de manera sospechosa, por lo cual se le sometió a una “revisión de rutina”, encontrándosele en el acto una arma.

Una vez que se practicó un minucioso análisis a todas y cada una de las constancias que integraron el expediente 494/2001, la CODHET concluyó que los Agentes de la Policía Ministerial MIGUEL ANGEL IBARRA IBARRA y TERESO RIVERA ALEJOS, incurrieron en irregularidad cuando sometieron al quejoso a una revisión corporal, pues el referido oficio de investigación no los facultaba para realizar actos de molestia a persona alguna ni, mucho menos, a efectuar una detención.

En la recomendación se hizo hincapié que esta Institución no se opone a la labor de las corporaciones policíacas, sin embargo su actuación debe ajustarse en todo momento a la Ley para evitar que se vulneren las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los gobernados.

En varias ocasiones se ha demostrado que los agentes policiales construyen la flagrancia para tratar de justificar sus acciones afectando la situación jurídica de las personas detenidas. Cabe precisar que la autoridad implicada tiene facultades para perseguir delitos, más esto no implica detener a persona alguna por encontrarse en actitud sospechosa.

“...Es decir, desde el punto de vista jurídico, las detenciones arbitrarias no encuentran asidero legal porque son contrarias al principio de inocencia; se detiene para confirmar la sospecha y no para determinar quien es el probable responsable de haber cometido un delito; en este contexto resulta irrelevante si, como consecuencia de la revisión corporal, los Agentes implicados encontraron o no algún objeto de delito, pues la transgresión a los derechos fundamentales y a las garantías constitucionales, se consumó cuando se dio la detención sin fundamento legal...”.

Por lo que hace a la agresión denunciada, no existieron elementos para acreditar tal ilícito.

En consecuencia se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO gire instrucciones a los CC. MIGUEL ANGEL IBARRA IBARRA y TERESO RIVERA ALEJOS, acerca del procedimiento de investigación y su forma dentro del orden jurídico. Lo anterior sin perjuicio de que se les apliquen las correcciones disciplinarias a que haya lugar.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 105/2002.

Esta recomendación, se tuvo por aceptada y cumplida en forma total mediante el acuerdo de fecha 9 de agosto del 2002, toda vez que la autoridad recomendada acreditó haber instruido a los Agentes de la Policía Ministerial MIGUEL ANGEL IBARRA IBARRA Y TERESO RIVERA ALEJOS, a fin de que ajusten su labor a la legalidad, evitando vulnerar las garantías individuales de los gobernados. De tal forma, tales instrucciones se ajustan a lo recomendado.

 

RECOMENDACIÓN No. 106/2002.

Un padre de familia cuya hija estudió en la Escuela Secundaria Número 6, denunció actos violatorios a Derechos Humanos imputados a la Directora del referido plantel educativo, toda vez que la servidora pública suspendió durante tres días a la menor cuando se percató de que ésta no rendía los honores a la Bandera Nacional ni interpretaba el Himno Nacional.

Es de señalarse que la Profesora MARÍA SAN JUANA GUZMÁN QUINTANILLA, aceptó lisa y llanamente el acto reclamado, arguyendo que su actuar se ajustó a lo establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales e invocando una tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del decimocuarto Circuito que data de la octava época y cuyo rubro es: “...ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, LEY SOBRE EL. NO SE VIOLAN GARANTIAS CONSTITUCIONALES AL SEPARAR A UN ALUMNO DE SU ESCUELA POR INCUMPLIRLA...” .

En la resolución se anotó que el acto de autoridad resultó arbitrario pues en primer lugar, la tesis invocada resulta con fecha anterior a la iniciación de la vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Enero 1991) y obviamente a la entrada en vigor de la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Abril 2000), instrumentos normativos que taxativamente adoptan el principio del “interés superior del niño”.

Por lo tanto se consideró excesiva la sanción impuesta a la menor pues se le coartó el derecho a recibir en forma integral la educación secundaria, máxime que su actitud fue de omisión y no irrespetuosa hacia los símbolos patrios.

Algunas de las disposiciones legales que con motivo de la intolerancia mostrada por la servidora pública se infringieron son:

“...El artículo 24 de nuestra Ley Fundamental, garantiza la libertad de convivencia, al ordenar que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para celebrar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la Ley.- De la Ley General de Educación: Los artículos 2 y 3 que establecen que todo individuo tiene derecho a recibir educación y el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria; del artículo 42, en la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.- De la Convención sobre los Derechos del Niño: El artículo 14, que consagra el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, con sujeción únicamente a las limitaciones prescritas por la Ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral, la salud pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás; y artículos 28 y 29 que instituyen el derecho del niño a la educación, la cual estará encaminada a desarrollar su personalidad, aptitudes, y capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades, e inculcarle, entre otras cosas, el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural y de los valores nacionales.- Acuerdo 98, expedido por la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1982, mediante el cual se establece la organización y funcionamiento de las escuelas secundarias. En esta norma de carácter general, se precisan los derechos y obligaciones de los directores, personal docente y administrativo, de los alumnos; y los requisitos de ingreso, reglas sobre disciplina y sanciones previstas por las faltas cometidas: en el Acuerdo Número 98 para Escuelas Secundarias, se consigna como máxima sanción aplicable a los alumnos de este nivel, la suspensión de todas sus actividades escolares hasta por diez días hábiles, determinada por el Consejo Técnico escolar y previo aviso a quienes ejerzan la patria potestad o tutela...”.

Atendiendo a lo anterior se RECOMENDÓ al secretario de Cultura y Deporte en los términos siguientes:

“...Instruya por escrito a la Directora de la Escuela Secundaria General Número 6 de Matamoros, Tamaulipas, para que en los casos donde alumnos se nieguen a participar en ceremonias cívicas por motivos religiosos, se adopten medidas que tiendan a provocar conciencia sobre los deberes, obligaciones que nos correspondan como mexicanos, para garantizar el fortalecimiento de nuestra identidad regional y nacional, unidos en la orientación y el desarrollo hacia la excelencia...”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 106/2002.

Esta recomendación, fue aceptada mediante el oficio número SECyD/DJ212/2002, de fecha 6 de agosto, firmado por el Licenciado BALTASAR HINOJOSA OCHOA, Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, dicho funcionario nos informó a la par que el asunto se había turnado al Subsecretario de Educación Básica y Normal LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA. El día 12 de septiembre, el Profesor HINOJOSA OCHOA, informó a esta Comisión que se ha instruido a la Profesora MARIA SANJUANA GUZMÁN QUINTANILLA, Directora de la Escuela Secundaria General número 6 en Matamoros, Tamaulipas, a efecto de que cumpla con la recomendación en todos sus términos. Sin embargo, tales instrucciones no se encuentran acreditadas en autos y, mucho menos, lo relativo a la aplicación de las medidas correctivas y disciplinarias que se recomendaron.

 

RECOMENDACIÓN No. 107/2002.

La CODHET, por conducto de su Cuarta Visitaduría, radicó el día 9 de julio del presente año, con el número 154/02-M, la queja presentada por el C. AGUSTÍN HERNÁNDEZ PERALES, representando a su hijo LUIS DONALDO HERNÁNDEZ ARMENDÁRIZ, en contra de la DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA “JOSÉ VASCONCELOS” de Matamoros, Tamaulipas.

El quejoso denunció que la Profesora MARÍA TERESA AYARZAGOITIA, negó la inscripción a su menor hijo argumentando que se actuaba así para evitar problemas como los suscitados en el ciclo escolar anterior y que guardan relación incluso con diversa queja presentada ante este Organismo.

El día 15 de julio la Autoridad señalada como responsable rindió informe sobre los hechos imputados, manifestando entre otras cosas lo siguiente:

“...en ningún momento se le negó la inscripción al niño... sólo pedíamos que todas las madres que se vieron envueltas en situaciones bochornosas que mucho denigran la integridad de un centro de trabajo con su intrigas y mentiras ante la opinión pública nos firmaran un compromiso contraído donde ellas ya no se iban a meter en este tipo de problemas... Señora Licenciada ¿cree usted que por ser escuela pública la que yo represento, tenemos la obligación de soportar todo tipo de injurias por parte de los padres, alumnos y hasta de los ciudadanos de la comunidad, que sin tener hijos en la escuela se involucran en los problemas que ellos mismos originan... Quiero decirle que una servidora, el personal docente y la asociación de padres de familia, no estamos dispuestos a tolerar todas las arbitrariedades pues estamos exponiendo hasta la vida con gente de esta índole, sin escrúpulos ni educación, y por lo tanto tendrán que llevar a sus hijos a otas escuelas pues aquí es determinante que ya ni firmando compromisos entrarán a esta Institución...”

Como es de verse, la Autoridad aceptó lisa y llanamente el acto reclamado.

En la Recomendación de mérito se anotó que la citada servidora pública incurrió en una notoria y grave violación a los derechos del menor, pues según se desprende del propio informe, para sustentar la negativa de inscripción se adujo que la madre del agraviado se negaba a firmar un “compromiso”, de donde se concluye que por una conducta de su progenitora se priva al niño de su derecho a la educación. Así también cabe decir que nuestra Ley Suprema, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Ley Federal para la protección de los Derechos de los Niños y las Niñas, pugnan porque la labor de las autoridades respete en todo momento el INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO.

No pasamos por alto que la Profesora Ayarzagoitia invocó además la mala conducta del menor, sin embargo, además de no acreditar su dicho, la negativa de inscripción no es una sanción aplicable al efecto.

En congruencia con lo anterior se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES al SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:

“...PRIMERA. Instruya por escrito a la Directora de la Escuela Primaria “José Vasconcelos”, de Matamoros, Tamaulipas, acepte la inscripción del alumno LUIS DONALDO HERNÁNDEZ ARMENDÁRIZ, por las consideraciones expuestas en la presente resolución...SEGUNDA. Aplique las medidas correctivas procedentes a la funcionaria de mérito, por las irregularidades advertidas en el capítulo de conclusiones de este documento, en virtud de haberse excedido en sus facultades, al negar la inscripción de un alumno del plantel sin causa justificada...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 107/2002.

Esta recomendación, fue aceptada mediante el oficio número SECyD/DJ233/2002, de fecha 6 de septiembre, firmado por el Licenciado BALTASAR HINOJOSA OCHOA, Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, dicho funcionario nos informó a la par que el asunto se había turnado al Subsecretario de Educación Básica y Normal LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA. El día 20 de diciembre, se tuvo por recibido un oficio firmado por el Licenciado ANTONIO HUERTA RAMOS, Director Jurídico de la Dependencia recomendada, quien informó que se ha instruido a la Directora de la Escuela Primaria “José Vasconcelos” de Matamoros, Tamaulipas, para que admita la inscripción del alumno LUIS DONALDO HERNÁNDEZ ARMENDÁRIZ. Sin embargo, el acatamiento de tales instrucciones no se encuentra acreditado en autos y, mucho menos, lo relativo a la aplicación de las medidas correctivas y disciplinarias que se recomendaron.

 

RECOMENDACIÓN No. 108/2002.

El C. MARIO ALBERTO CORONADO GARCÍA motivó el inicio del expediente 244/01-R, al acudir a las instalaciones de la Tercera Visitaduría de la CODHET para denunciar actos violatorios a Derechos Humanos imputados a ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA de REYNOSA, TAMAULIPAS.

CORONADO GARCÍA denunció que el día 6 de diciembre del año 2001, fue interceptado por policías preventivos quienes intentaron extorsionarlo y al no lograr su objetivo lo detuvieron haciendo uso de la violencia.

La Autoridad por su parte arguyó que en el parte informativo quedó consignada como causa de la detención: “...por andar bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, resistencia al arresto e insultos a la autoridad...”

Sin embargo, en las informativas rendidas ante la Comisión por los agentes JOSÉ LUIS SALINAS LÓPEZ y TEOFILO SAÚL RODRÍGUEZ CRUZ, se advirtieron diversas contradicciones e incongruencias, pues no se cuenta con dictamen médico alguno que acredite el estado de intoxicación del quejoso; además, los servidores públicos alegaron que CORONADO GARCÍA se golpeó accidentalmente durante el traslado a la Comandancia, circunstancia que, de ser cierta, habla de la falta de cuidado al custodiar a las personas que detienen, esto sin perder de vista que el quejoso aseveró haber sido golpeado. Por si fuera poco, las declaraciones de los aprehensores no coinciden entre sí sobre las causas reales de la detención quedando así totalmente debilitada la postura de la Autoridad.

Así las cosas, se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL DE REYNOSA, TAMAMULIPAS, determinara las medidas conducentes respecto a las irregularidades cometidas por policías preventivos JOSÉ ANGEL GARCÍA, TEOFILO SAÚL RODRÍGUEZ y JOSÉ SALINAS, además de girar instrucciones a los elementos de dicha corporación sobre las precauciones que deberán tomarse para evitar que las personas detenidas sufran lesiones innecesarias.

En lo que hace a la extorsión denunciada, esta se tuvo por no acredita ante la falta de elementos probatorios fehacientes, sin perjuicio de que un futuro se alleguen nuevos datos que hagan necesario el inicio de diverso expediente.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 108/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada el día 20 de diciembre del 2002, tomando para ello en cuenta el oficio 430/02, de fecha 6 de diciembre del mismo año, firmado por el C.P. VICTOR MANUEL OLVERA SANTIAGO, Contralor Municipal en Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, a la fecha carecemos de información que nos permita establecer si se le ha dado cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 109/2002.

El C. MIGUEL SAÉNZ SÁNCHEZ acudió a la Oficina del Registro Civil en Nuevo Morelos, Tamaulipas, a solicitar copia certificada del acta de nacimiento de su hija CAROLINA SAÉNZ RAMÍREZ, siendo informado por el personal de esa dependencia que la menor no se encontraba registrada en los libros que para el efecto se utilizan, esto, a pesar de contar el interesado con copia fotostática simple de una anterior certificación expedida por la misma oficialía.

La CODHET radicó su asunto bajo el número 010/2001-MTE, solicitando a la Autoridad señalada un informe detallado sobre la denuncia.

El C. MARTE LUCIO CAMACHO, Oficial del Registro Civil en Nuevo Morelos, Tamaulipas, explicó: “...se realizó una búsqueda minuciosa en los libros, no encontrándose inscrita, aunque traía una copia extendida por esta Oficialía, puesto que el número de acta y fecha nunca coincidió con la del libro, por tal motivo no se le extendió el acta solicitada, porque yo extiendo actas conforme a lo que me consta que se encuentra en los mismos, al mismo tiempo se le indicó a la persona solicitante que pasara a solicitarla a la Dirección del Registro Civil del estado en Ciudad Victoria, para ver que le resolvían allá...” (sic).

Sin embargo, personal de la Primera Visitaduría de este Organismo realizó una diligencia de inspección en la Dirección Estatal del Registro Civil, constatando que en libro número 1 del año 1982 del municipio de Nuevo Morelos, se encuentra asentada el acta número 305, folio 08305, levantada en fecha 26 de noviembre del año 1982, apareciendo como registrada CAROLINA SAÉNZ RAMÍREZ y como padres MIGUEL SAÉNZ SÁNCHEZ e HILDA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ante la fe del Oficial del Registro Civil CAYETANO SÁNCHEZ LÓPEZ.

Atendiendo lo anterior y a criterio de este Organismo, la Oficialía del Registro Civil con residencia en Nuevo Morelos, Tamaulipas, incurrió en irregularidad, pues omitió realizar el registro necesario en los libros de control interno o bien la búsqueda solicitada por el interesado fue del todo ineficiente, acarreándole con ello gastos y molestias innecesarias.

Por tal motivo se RECOMENDÓ a la DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL en el Estado, ordene una inspección en la Oficialía con residencia en Nuevo Morelos, Tamaulipas, con el objeto de corregir las irregularidades denunciadas por el quejoso y las demás que surjan en el curso de la misma.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 109/2002.

El 1 de noviembre del 2002, se tuvo por cumplido totalmente esta recomendación, pues la Licenciada BLANCA ROSA GARCIA GALVAN, Directora del REgistro Civil en el Estado, informó a este Organismo que se ha iniciado el procedimiento administrativo de reposición contemplado en el párrafo primero del artículo 43 del Código Civil vigente en la Entidad, respecto del acta de nacimiento, cuya no expedición originó la queja 10/2001-7, tomando en cuenta además la instrucción girada a los Oficiales del Registro Civil en el Estado, para que soliciten la reposición de una inscripción o de un libro cuando así sea necesario. Lo anterior, sin prejuicio de que se notificó al quejoso, que en tanto se concluye la reposición correspondiente, puede solicitar el documento que le interesa ante la Dirección Estatal del Registro Civil.

 

RECOMENDACIÓN No. 110/2002.

El C. MARGARITO RUIZ VARGAS motivó el inicio del expediente 50/2002, al denunciar actos violatorios a Derechos Humanos imputados a ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINITERIAL DEL ESTADO destacamentados en esta Capital.

RUIZ VARGAS refirió que desempeñando su trabajo como velador en un panteón de la localidad, fue víctima de un robo perpetrado en las oficinas del lugar. Agregando que al acudir a rendir su informativa ante la Agencia del Ministerio Público, un agente de la Policía Ministerial lo condujo hacia una oficina en donde varios policías lo presionaron física y verbalmente con la intención de inmiscuirlo en el asalto. Así mismo, denunció ser hostigado por personal de la referida corporación durante varios días, al grado de allanarle su domicilio.

Tras las investigaciones de rigor la CODHET concluyó, no obstante la negativa de la Autoridad, que ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL se introdujeron al domicilio del quejoso, siendo coincidentes en ese sentido la propia imputación del agraviado como los diversos testimonios que en autos obran. Cabe destacar que el allanamiento de morada proviene de la introducción furtiva, mediante engaño, violencia y sin autorización, sin causa justificada u orden de autoridad competente a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada. En el caso que nos ocupa, los servidores públicos transgredieron con su actuar lo señalado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone:

“...Artículo 16.-...Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”

Es menester agregar que también se acreditó que los agentes policíacos hostigaron durante varios días al quejoso y sus familiares al amenazarlos y acudir a sus domicilios sin contar para ello con mandamiento de autoridad competente.

En lo que hace a la tortura física denunciada por RUÍZ VARGAS, los elementos reunidos no resultaron suficientes para acreditar de manera eficaz tal irregularidad.

Visto lo anterior se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, en su carácter de superior jerárquico, instruya a quien corresponda el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Agentes de la Policía Ministerial que allanaron el domicilio del quejoso y hostigaron a él y su familia.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 110/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa número 57/2002, en contra de los Agentes de la Policía Ministerial implicados en este asunto, justo en los términos en que se emitió nuestra recomendación, ésta se tuvo por cumplida parcialmente mediante el proveído de fecha 27 de noviembre del 2002, por lo que su satisfacción total quedó supeditada a la información que posteriormente nos remita la autoridad sobre la substanciación o conclusión del citado procedimiento.

RECOMENDACIÓN No. 111/2002.

Un interno del Centro de Readaptación Social Número 2 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, motivó el inicio del expediente 59/2001-L, al denunciar que personal de seguridad del referido Centro Penitenciario abusó, de su autoridad al golpearlo con la finalidad de obtener información sobre una riña de la cual fue testigo y en donde resultó lesionado un custodio.

Es menester precisar que en primera instancia la Dirección del reclusorio negó tajantemente la veracidad de los hechos, sin embargo, este Organismo reunió pruebas suficientes para demostrar que el día 17 de abril del año 2001, el custodio JORGE CASTILLO PONCE fue agredido por algunos internos que no logró identificar, acudiendo entonces con el aquí quejoso para a base golpes conseguir los nombres de sus ofensores. Cabe destacar que tal acción fue admitida por el propio CASTILLO PONCE al expresar en su informativa rendida ante la CODHET: “...y como yo no vi a los que me golpearon fui con el ahora quejoso para que me dijera quien había sido y le di tres patadas y no me dijo nada...” .

Además se logró acreditar que en el ataque al denunciante intervinieron otros elementos de seguridad sin poder precisar su identidad.

Así las cosas, se emitió RECOMENDACIÓN en los términos siguientes:

“...Se recomienda al C. Director General de Prevención y Auxilio Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, gire sus instrucciones al Organo de Control Interno a fin de que inicie, tramite y resuelva el procedimiento administrativo que se indica en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en contra del C. JORGE CASTILLO PONCE, y demás personal del CERESO número 2, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que resulte responsable por su participación en los presentes hechos, para que, en su caso, sean sancionados de acuerdo con la gravedad de la falta que cometieron. Sin perjuicio de proceder conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de la citada Ley...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 111/2002.

El día 13 de diciembre, este Organismo estimó pertinente tener por cumplida parcialmente esta recomendación, toda vez que la autoridad acreditó el inicio del procedimiento administrativo número DC-SGG/085/2002, en contra del C. JORGE CASTILLO PONCE, Custodio con desempeño en el CERESO número 2 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, justo en los términos en que se emitió nuestra resolución, por lo que su satisfacción total quedó supeditada a la información que posteriormente nos remita la autoridad sobre la substanciación o conclusión del citado procedimiento.

RECOMENDACIÓN No. 112/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 151/02-M, instaurado con motivo de la queja formulada por la C. SILVIA RODRÍGUEZ SANDOVAL, representando a las menores SILVIA SARAHI, KATYA JANET y KEILA CECILIA de apellidos RODRÍGUEZ MORALES, en contra de la Profesora MARÍA TERESA AYARZAGOITIA LARA, Directora de la Escuela Primaria “José Vasconcelos” de Matamoros, Tamaulipas.

La quejosa denunció que la citada servidora pública negó la inscripción a sus representadas por no acceder a firmar un “compromiso” en el sentido de abstenerse de generar problemas en la Escuela Primaria “José Vasconcelos”.

La Autoridad expresó que lo imputado carecía de veracidad, mas reconoce la existencia de la “carta-compromiso” que debería firmar la C. RODRÍGUEZ SANDOVAL.

Tras las investigaciones de rigor, este Organismo concluyó que efectivamente la Profesora AYARZAGOITIA LARA conculcó los derechos de las menores al hacer depender su derecho a la educación a una conducta ajena, lo cual resulta inadmisible si se toma en consideración el principio del INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO proclamada por distintos ordenamientos vigentes en nuestro país.

En la resolución de mérito se anotó:

“...La conducta mostrada por la Directora Escolar, a nuestra consideración es, como ya se dijo, violatoria del derecho a la educación de las niñas, toda vez que en dado caso de que existiera alguna conducta difamatoria por parte de la abuela de las alumnas hacia la institución, se debería tomar alguna medida en ese sentido y contra esa persona, pero no coartar el derecho que tienen las menores a recibir en forma integral la educación primaria...”

Se RECOMENDÓ entonces al SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, instruir por escrito a la Directora de la Escuela Primaria “José Vasconcelos”, para que acepte la inscripción de las precitadas menores, además de aplicar las medidas correctivas y disciplinarias que se estimen pertinentes en contra de dicha servidora pública.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 112/2002.

Esta recomendación, fue aceptada mediante el oficio número SECyD/DJ231/2002, de fecha 20 de agosto, firmado por el Licenciado BALTASAR HINOJOSA OCHOA, Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado. Dicho funcionario nos informó a la par que el asunto se había turnado al Subsecretario de Educación Básica y Normal LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA. El día 20 de diciembre, se tuvo por recibido un oficio firmado por el Licenciado ANTONIO HUERTA RAMOS, Director Jurídico de la Dependencia recomendada, quien informó que se ha instruido a la Directora de la Escuela Primaria “José Vasconcelos” de Matamoros, Tamaulipas, para que admita la inscripción de las alumnas SILVIA SARAHI, KATIA JANETH Y KEILA CECILIA RODRÍGUEZ MORALES. Sin embargo, el acatamiento de tales instrucciones no se encuentra acreditado en autos y, mucho menos, lo relativo a la aplicación de las medidas correctivas y disciplinarias que se recomendaron.

 

RECOMENDACIÓN No. 113/2002.

El día 20 de marzo del presente año, la CODHET, por conducto de su Cuarta Visitaduría, radicó el expediente 62/02-M, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. VICENTE GUERRERO ZÚÑIGA en contra de la DEFENSORA DE OFICIO ADSCRITA AL JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL de Matamoros, Tamaulipas.

GUERRERO ZÚÑIGA manifestó:

“...Que acudo ante personal de la Cuarta Visitaduría para que me ayuden a saber de mi caso, pues tengo casi un año recluido en el CERESO II y nadie me dice nada, tampoco tengo un defensor de oficio. Mi expediente está en el Juzgado Segundo, desconociendo el número de expediente...”

Con el escrito de fecha 28 de mayo del año en curso, la Licenciada SILVIA M. ESTRADA RODRÍGUEZ, Defensora de Oficio adscrita al Juzgado Segundo Penal de Matamoros, Tamaulipas, rindió un informe sobre los hechos imputados en el siguiente tenor:

“...Por medio del presente escrito doy contestación a su queja 062-02-M del procesado VICENTE GUERRERO ZÚÑIGA con el número de expediente 195/2001, por el delito de -----, declaración preparatoria la rindió el 3 de junio del 2001, el auto de formal prisión se le dictó el 16 de junio del 2001, por el delito de ---- junto con (...) se le solicitó el cierre de instrucción el 8 de abril, se le volvió a solicitar el cierre de inscripción el 14 de mayo del 2002, se me dio para conclusiones el 30 de mayo del mismo año y la audiencia de vista es para el día 3 de junio para posteriormente llegarle la sentencia en un no mayor término de 15 días hábiles ...” (sic).

Analizadas que fueron las constancias que dieron forma al expediente de mérito, esta Institución concluyó la citada servidora pública no puso el empeño necesario en el manejo de la defensa del inculpado, incurriendo en dilaciones e irregularidades en su proceder. De esa manera, GUERRERO ZÚÑIGA vio vulnerada la garantía que le concede la fracción IX del artículo 20 Constitucional:

“...Artículo 20. En todo proceso del orden penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías: IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no puede o no quiere nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera...”

Efectivamente, la Licenciada Silvia Estrada no cumplió adecuadamente su labor, pues de su propio informe se desprende que fue ineficaz su actuación al no realizar gestiones de defensoría a favor del procesado, omitiendo así cumplir con lo ordenado en el artículo 12 de la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado:

“...Artículo 12. Serán obligaciones de los defensores de oficio, atendiendo al área de su adscripción, las siguientes:

I. Asumir la defensa del inculpado cuando éste lo nombre o lo designe el Ministerio Público o el Juez de la causa y comparecer a todos los actos de la averiguación previa o del proceso en que se requiera su intervención...V. Concurrir, cuando menos una vez a la semana, a los centros de readaptación social y consejos tutelares, de su adscripción, a entrevistarse con los inculpados cuya defensa tengan a su cargo, debiendo recabar constancia de cada entrevista...VIII. Promover en todas las etapas procedimentales las pruebas necesarias, atendiendo a su desahogo, así como la interposición de los recursos e incidentes que procedan y, en su caso, el juicio de amparo.... XIII.- Informar oportunamente a los interesados sobre el estado de sus asuntos”.

Visto lo anterior, se RECOMENDÓ al DIRECTOR DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO EN EL ESTADO, supervisar y evaluar la actuación de la Licenciada SILVIA M. ESTRADA RODRÍGUEZ, por las irregularidades advertidas en el presente asunto, sin perjuicio de la sanción administrativa a que se haya hecho acreedora de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 113/2002.

Mediante el oficio número 5110, de fecha 28 de agosto, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, Licenciado ERNESTO MELÉNDEZ CANTU, informó a este Organismo sobre la situación de la recomendación que ahora nos ocupa. Dicho funcionario nos informó con posterioridad que se había instruido al Licenciado HOMERO GONZALEZ SÁNCHEZ, Supervisor de Defensorías de Oficio en la Zona Norte del Estado, para efectuar una supervisión y evaluación en la actuación de la Licenciada SILVIA MARGARITA ESTRADA RODRÍGUEZ, Defensora de Oficio adscrita al Juzgado Segundo de lo Penal en Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, a la fecha no contamos con los resultados de tal supervisión.

 

RECOMENDACIÓN No. 114/2002.

La presente resolución puso fin a la integración del expediente 148/01-M, instaurado de oficio tras la constancia que elaborara personal de este Organismo, en donde se asentó que dos menores de edad fueron llevados a la Comandancia de la Policía Ministerial esposados, siendo conducidos a un cuarto, de donde posteriormente se escucharían frases como “no señor, yo no fui”, “le digo señor, que yo no fui”, acompañadas estas exclamaciones de llanto. Se anotó también que habiendo solicitado autorización para entrar al referido cuarto, no se permitió el acceso sino hasta media hora después, cuando arribara al lugar el Jefe de Grupo ELISEO SERRATO ESTRADA, quien afirmó que los menores no se encontraban detenidos, sino que sólo apoyaban para una investigación. Se consignó además que el Agente Ministerial RICARDO YÉPEZ NÚÑEZ acompañaba a los menores en el interior de la pieza. En su informe, los Policías Ministeriales ELISEO A. SERRATO ESTRADA, RICARDO YÉPEZ NÚÑEZ y JOSÉ C. BANDA CERVANTES, sostuvieron su postura, expresando que los menores acudieron por su propia voluntad para cooperar con algunas investigaciones de robo, como regularmente lo hacen (siempre según su dicho) “...personas de diferentes sexos y edades...a fin de proporcionar informes útiles para la consecución de diversas investigaciones...” Visto lo anterior, cabe decir que nuestra Carta Magna claramente establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Al respecto, en el caso que nos ocupa, la Autoridad no acreditó jamás la legalidad de su actuación, pues si bien es cierto los agentes ministeriales tienen facultades de investigación y persecución de los delitos, esto no los autoriza para detener a persona alguna fuera de los casos de flagrancia o sin que medie para ello instrucciones escritas de los órganos competentes. Sobra decir que toda investigación debe emanar de una orden girada por el superior competente y no realizarse de motu proprio, circunstancia tampoco demostrada por los implicados. La conducta de los Agentes de la Policía Ministerial, descubierta por el personal de la CODHET, resulta totalmente irregular y contraria a lo dispuesto por la Ley, generando serio peligro para le seguridad física y jurídica de los gobernados. Se demuestra así una práctica contraria al orden legal, producto de una deficiente capacidad profesional. En congruencia, se emitió RECOMENDACIÓN al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, a fin de que instruya por escrito a los agentes implicados se abstengan de practicar investigaciones contrarias a la legalidad y se apliquen en su contra las medidas correctivas y disciplinarias a que haya lugar.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 114/2002.

El día 22 de noviembre, se tuvo por cumplida parcialmente la recomendación que nos ocupa, advirtiendo que la autoridad recomendada instruyó por escrito a los Agentes de la Policía Ministerial ELISEO SERRATO ESTRADA, RICARDO YÉPEZ NÚÑEZ Y JOSE BANDA CERVANTES, para que se abstengan de practicar investigaciones contrarias al orden legal, justo en los términos del resolutivo primero de la resolución; por lo tanto, su satisfacción total, queda supeditada a la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en contra de los referidos servidores públicos, sin pasar por alto que al respecto se instruye el procedimiento 68/02.

 

RECOMENDACIÓN No. 115/2002.

La C. MARÍA DE LA LUZ PLAZA RODRÍGUEZ, motivó el inicio del expediente 317/2000-L, al denunciar que ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL allanaron su domicilio, aprehendiéndola sin causa justa junto con su esposo, para ser conducidos a la Comandancia de la citada Corporación, dejándolos en libertad mediante la promesa del pago de una suma de dinero. Cabe destacar que la Autoridad no rindió el informe que le fuera solicitado, por lo que se estableció la presunción de ser ciertos los hechos salvo prueba en contrario. Sin embargo, tras las investigaciones de rigor, se logró establecer que, efectivamente, los Agentes ADAN CERVANTES ROBLEDO y EDUARDO REYES MARTÍNEZ, incurrieron en violación a los Derechos Humanos de la quejosa, traduciéndose en detención arbitraria, allanamiento de morada y amenazas.

Por tal motivo, se emitió RECOMENDACIÓN al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, a fin de que valore la actuación de los agentes implicados, y aplique en su caso las medidas correctivas y disciplinarias a que haya lugar. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 115/2002.

Advirtiendo el inicio del procedimiento administrativo número 59/2002, en contra de los CC. ADAN CERVANTES ROBLEDO Y EDUARDO REYES MARTINEZ, Agentes de la Policía Ministerial destacamentados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, justo en los términos en que se emitió la recomendación que nos ocupa, el día 22 de noviembre se tuvo por cumplida parcialmente la misma, quedando su satisfacción total supeditada a la información que posteriormente nos brinde la autoridad sobre el citado procedimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 116/2002.

El día 2 de septiembre del año 2000, Agentes de la Policía Preventiva de Güémez, Tamaulipas, realizaban un operativo de vigilancia en el acceso al Ejido La San Juana de aquel municipio, cuando emprendieron la persecución de un vehículo tripulado, entre otros, por ALFREDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Una vez que le dieron alcance al automóvil, GONZÁLEZ GONZÁLEZ intentó huir, por lo que varios policías fueron en su búsqueda hiriéndolo de muerte con un arma de fuego. Minutos antes, los mimos elementos habían disparado sus armas contra el vehículo y utilizado gas lacrimógeno para someter al resto de los tripulantes. Estos lamentables hechos fueron puestos del conocimiento de esta Institución por la C. MARÍA DE JESÚS CORTÉZ PAULÍN, esposa del hoy occiso, dando así inicio al expediente 382/2000. Recabadas que fueron las testimoniales y efectuadas las demás diligencias, se logró establecer la cronología de los hechos arriba expuestos, concluyéndose que la Autoridad obró arbitrariamente al utilizar medios fuera de toda proporción para lograr la detención de personas, independientemente de las faltas administrativas que éstas hubieran cometido, mostrando así un total desconocimiento en materia de seguridad pública al no respetar la dignidad humana ni las garantías constitucionales. Los servidores públicos emplearon de manera por demás deficiente y excesiva su equipamiento operativo, trayendo como consecuencia el terrible deceso de quien en vida llevó el nombre de ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Por tal motivo, y sin perjuicio de la responsabilidad penal que deslindan las autoridades correspondientes, se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS, a efecto de que aplique las medidas correctivas y sanciones administrativas correspondientes a los servidores públicos que se encuentren en funciones e intervinieron en los hechos aquí expuestos.RECOMENDACIÓN 117/2002. Una madre de familia acudió a esta Institución para denunciar que su hijo fue puesto a disposición del Consejo Tutelar Distrital de Güémez, Tamaulipas, en donde se le siguió un proceso a su criterio anticonstitucional, pues no se le permitió una defensa adecuada ni aportar pruebas en su beneficio. Por su parte, la Autoridad negó las acusaciones que se le formularan, agregando que al menor en realidad se le designó a la Licenciada MARTHA LETICIA ACUÑA OLAZARÁN, promotora adscrita al citado Consejo, a efecto de que lo asistiera gratuitamente durante el procedimiento.

La CODHET, después de analizar las constancias que dieron forma al expediente de mérito, concluyó que efectivamente existió irregularidad en el expediente tutelar número 96/2000-C: “... ya que el día 22 de junio del 2000, a las 12:10 horas, personal de dicho Consejo Tutelar recabó la declaración del menor, y si bien es cierto de dicha diligencia se advierte que se le hizo saber el derecho que tenía para nombrar a un Licenciado en Derecho o a cualquier persona de su confianza para que lo defendiera, y que de no hacerlo se le designaría al promotor adscrito a ese Consejo Tutelar, no se aprecia en ningún momento que el menor haya hecho manifestación alguna al respecto... y al final de la documental se advierte que se le dio el uso de la voz a la Licenciada MARTHA LETICIA ACUÑA OLAZARÁN, promotora...”

Lo anterior, resulta violatorio al derecho de audiencia, pues no obstante que la Ley para la Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social vigente en el Estado, establece como Órgano Auxiliar Oficioso la figura de PROMOTOR, sobre el que recaen las facultades de defensa del menor, inclusive la de interponer recursos, dicha Ley no cumple con la garantía de audiencia, en virtud de que dentro del procedimiento tutelar no se da oportunidad al menor para que intervenga en su defensa por conducto de sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o del profesional de su confianza.

Apoya nuestro criterio la Tesis cuyo rubro es “...MENORES INFRACTORES. LA LEY PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES, AUXILIO A LAS VÍCTIMAS, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN TANTO QUE NO PREVE LA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO TUTELAR RESPECTIVO DE QUIEN EJERCE LA PATRIA POTESTAD DE AQUELLOS O DEL PROFESIONAL DE SU CONFIANZA, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA (LEY PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL 27 DE DICIEMBRE DE 1986)...”

En razón de lo anterior, se formuló RECOMENDACIÓN a la DIRECCIÓN DE MENORES INFRACTORES, como superior jerárquico del Consejo Tutelar implicado, a efecto de que gire instrucciones y en lo subsecuente se otorgue a los menores infractores la Garantía Constitucional de Audiencia.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 116/2002.

El día 29 de noviembre del 2002, se despachó el último oficio recordatorio al Presidente Municipal de Güemez, Tamaulipas, solicitándole una respuesta definitiva sobre la aceptación o rechazo de esta recomendación. Es menester decir que no se nos ha acusado recibo, por lo que el quejoso conserva su derecho de acudir, mediante el recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

RECOMENDACIÓN No. 117/2002.

Una madre de familia acudió a esta Institución para denunciar que su hijo fue puesto a disposición del Consejo Tutelar Distrital de Güémez, Tamaulipas, en donde se le siguió un proceso a su criterio anticonstitucional, pues no se le permitió una defensa adecuada ni aportar pruebas en su beneficio. Por su parte, la Autoridad negó las acusaciones que se le formularan, agregando que al menor en realidad se le designó a la Licenciada MARTHA LETICIA ACUÑA OLAZARÁN, promotora adscrita al citado Consejo, a efecto de que lo asistiera gratuitamente durante el procedimiento.

La CODHET, después de analizar las constancias que dieron forma al expediente de mérito, concluyó que efectivamente existió irregularidad en el expediente tutelar número 96/2000-C: “... ya que el día 22 de junio del 2000, a las 12:10 horas, personal de dicho Consejo Tutelar recabó la declaración del menor, y si bien es cierto de dicha diligencia se advierte que se le hizo saber el derecho que tenía para nombrar a un Licenciado en Derecho o a cualquier persona de su confianza para que lo defendiera, y que de no hacerlo se le designaría al promotor adscrito a ese Consejo Tutelar, no se aprecia en ningún momento que el menor haya hecho manifestación alguna al respecto... y al final de la documental se advierte que se le dio el uso de la voz a la Licenciada MARTHA LETICIA ACUÑA OLAZARÁN, promotora...”

Lo anterior, resulta violatorio al derecho de audiencia, pues no obstante que la Ley para la Prevención de Conductas Antisociales, Auxilio a las Víctimas, Medidas Tutelares y Readaptación Social vigente en el Estado, establece como Órgano Auxiliar Oficioso la figura de PROMOTOR, sobre el que recaen las facultades de defensa del menor, inclusive la de interponer recursos, dicha Ley no cumple con la garantía de audiencia, en virtud de que dentro del procedimiento tutelar no se da oportunidad al menor para que intervenga en su defensa por conducto de sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o del profesional de su confianza.

Apoya nuestro criterio la Tesis cuyo rubro es “...MENORES INFRACTORES. LA LEY PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES, AUXILIO A LAS VÍCTIMAS, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN TANTO QUE NO PREVE LA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO TUTELAR RESPECTIVO DE QUIEN EJERCE LA PATRIA POTESTAD DE AQUELLOS O DEL PROFESIONAL DE SU CONFIANZA, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA (LEY PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL 27 DE DICIEMBRE DE 1986)...”

En razón de lo anterior, se formuló RECOMENDACIÓN a la DIRECCIÓN DE MENORES INFRACTORES, como superior jerárquico del Consejo Tutelar implicado, a efecto de que gire instrucciones y en lo subsecuente se otorgue a los menores infractores la Garantía Constitucional de Audiencia.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 117/2002.

El día 15 de octubre del 2002, se tuvo por cumplida totalmente esta recomendación, toda vez que la Licenciada MARIA CONCEPCIÓN CARRERA PEREA, Encargada de la Dirección de Menores Infractores, demostró haber instruido a los Presidentes de los Consejos Tutelares Distritales, para que en lo subsecuente a los menores sujetos a un procedimiento administrativo, se les brinde la oportunidad de intervenir en su defensa por conducto de sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o de profesional de su confianza, a fin de respetar su garantía de audiencia. Tales instrucciones, como es de verse, se ajustan a lo recomendado.

 

RECOMENDACIÓN No. 118/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 13/2001, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ en contra ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA adscritos a SANTA ENGRACIA, Municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

El quejoso denunció esencialmente que al conducir una camioneta de su propiedad, le fue marcado el alto por una patrulla de la policía preventiva. Al detenerse, el agente le indicó que se desplazaba a exceso de velocidad, y pidiéndole de mala forma que descendiera del vehículo, efectuó una revisión sobre su persona y la unidad. Acto seguido, fue conducido a la Subdelegación de Policía y Tránsito, en donde tuvo que pagar la cantidad de $100.00 como multa, según le refirieron sin expedirle recibo alguno.

El Comandante de la Policía Preventiva, WALTER BALBOA HERNÁNDEZ, al rendir su informe admitió como cierto el acto reclamado, a excepción de los malos tratos y la revisión, afirmando que el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ conducía su camioneta a exceso de velocidad.

Atendiendo a lo anterior, se tuvo por acreditada la responsabilidad del agente de la policía preventiva, quien al advertir la infracción al Reglamento de Tránsito debió solicitar la intervención de la autoridad respectiva y no emplear atribuciones que no le corresponden.

Así las cosas, se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL DE HIDALGO, TAMAULIPAS, instruya a quien corresponda sobre la capacitación que debe brindarse a los cuerpos de seguridad pública a fin de evitar la invasión de funciones y, así mismo, se abstengan de retener a personas o vehículos por infracciones al Reglamento de Tránsito y Transporte.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 118/2002.

Mediante el oficio número 1393/2002, el Profesor JUAN LINARES REYES, Presidente Municipal de Hidalgo, Tamaulipas, tuvo a bien informar a este Organismo, la aceptación de nuestra recomendación; sin embargo, a la fecha carecemos de información que nos permita establecer si se le ha dado cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIONES 119/2002 y 120/2002.

La C. RAMONA GARCÍA PERALES acudió a la Cuarta Visitaduría de la CODHET para denunciar que ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL con desempeño en Matamoros, Tamaulipas, incurrieron en serias irregularidades al detener arbitrariamente y golpear a su esposo el C. MIGUEL DEL ANGEL MELO.

El Comandante SERGIO PUIG CANALES, informó que los agentes actuaron conforme a una orden de investigación, por lo que el C. MIGUEL ÁNGEL MELO fue interceptado cuando conducía un vehículo y al ser sometido a una revisión corporal se le encontró una navaja, siendo entonces puesto a disposición del Ministerio Público. Negó además que se haya empleado violencia física en perjuicio del agraviado.

Tras las investigaciones de rigor, se concluyó que los ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL vulneraron los derechos humanos de MIGUEL ÁNGEL MELO al marcarle el alto y someterlo a una revisión, pues una orden de investigación en ningún momento los faculta para ello. Por lo tanto, resulta irrelevante si, como consecuencia de la revisión corporal, los Agentes encontraron o no el objeto del delito, pues la transgresión a los derechos fundamentales y a las garantías constitucionales, se consumó desde la detención sin fundamento.

Se demostró además la existencia de lesiones y que éstas no pudieron ser auto infringidas. Por último, se tomó nota que el Director del Centro de Readaptación Social Número Dos de aquella misma Ciudad, omitió dar parte al Ministerio Público sobre las citadas lesiones en cuanto ingresó al reclusorio el agraviado, transgrediendo así las disposiciones aplicables en materia penitenciaria.

En tal virtud, se emitieron RECOMENDACIONES en los siguientes términos:

“...Al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO...Aplique las medidas correctivas y disciplinarias a los Agentes de la Policía Ministerial del Estado que intervinieron en los hechos, por los actos arbitrarios cometidos en el desempeño de su servicio...y, en su caso, ordene la integración de una averiguación previa en los términos del artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

...Al DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL, instruir por escrito al Director del Centro de Readaptación Social Número Dos de Matamoros, Tamaulipas, para que dé estricto y oportuno cumplimiento a lo contenido en el artículo 27 del Orden de la Materia...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 119/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento administrativo número 56/02 en contra de los elementos de la Policía Ministerial involucrados en este asunto, justo en los términos en que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, el día 27 de noviembre se tuvo por cumplida parcialmente ésta, por lo que su satisfacción total quedó supeditada a la información que posteriormente nos brinde la autoridad recomendada sobre el particular.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 120/2002.

Atendiendo, a que la autoridad recomendada acreditó haber instruido al Director del CERESO en Matamoros, Tamaulipas, para que en lo sucesivo de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento para los Centros de Readaptación Social en el Estado, justo en los términos en que se emitió nuestra recomendación, el día 11 de octubre del 2002, se tuvo por cumplida totalmente ésta para los efectos legales a que haya lugar.

RECOMENDACIONES 121/2002 y 122/2002.

El C. FIDEL SÁNCHEZ CABRERA hizo consistir su denuncia en dos situaciones a saber:

- Detención arbitraria, robo y lesiones por parte de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA de Tampico, Tamaulipas.

- Lesiones y Ejercicio Indebido de la Función Pública por AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL, destacamentados en la misma localidad. SÁNCHEZ CABRERA afirmó que sin mediar motivo y a instancia de un particular, agentes de la policía preventiva se presentaron en su domicilio apresándolo con lujo de violencia para trasladarlo a las instalaciones de Seguridad Pública, en donde fue despojado de $650.00. La Autoridad en este caso negó lo imputado, manifestando en su informe el Delegado de Seguridad Pública que el ahora quejoso fue detenido: “...por alterar el orden y molestar a las personas y a petición de sus vecinos...” Sin embargo, esta Comisión advirtió diversas contradicciones en las informativas que rindieron los Policías Preventivos FELIPE CASTILLO MELO, ANTONIO MARTÍNEZ SOLORIO y JULIO CÉSAR OLVERA ACOSTA, al momento de narrar y describir las circunstancias de la detención del agraviado, además de que en ningún momento se acreditó la legalidad del acto. Los policías no encontraron a Sánchez Cabrera en flagrancia de delito o falta administrativa, y por lo tanto si existía denuncia en su contra por algún ciudadano, lo correcto era remitir al inconforme al Ministerio Público para que este realizara su labor. En congruencia se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPICO, TAMAULIPAS, para que ordene a quien corresponda el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los policías preventivos implicados en la arbitraria detención del quejoso. Por si fuera poco, todavía SÁNCHEZ CABRERA sufriría un atentado más a sus derechos fundamentales, pues AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL ejecutaron en él una orden de reaprehensión girada contra persona distinta. Según la versión proporcionada por los propios elementos de la Policía Ministerial DOMINGO CRUZ BALLATO y EDGAR ALEJANDRO GARZA AGUILAR, se recibió en la comandancia de la citada corporación una llamada de Seguridad Pública Municipal solicitando se revisara en sus registros sobre algún asunto en donde estuviera involucrada una persona de nombre FIDEL SÁNCHEZ CABRERA, encontrando una orden de reaprehensión en contra de FIDEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, una vez llevada a cabo la “consulta”, estos servidores públicos se trasladaron a las celdas de la policía preventiva para posteriormente poner a disposición del Juez Penal al quejoso como FIDEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, debido a un vergonzoso error imputable incluso a sus superiores (el oficio de remisión lo firma el Comandante José Ángel Martínez Botello) por la falta de cuidado al efectuar su labor. No es sino hasta que el Juez de la causa se dispone a recabar la declaración del agraviado, cuando se percata de que se trata de una persona distinta y lo deja en absoluta libertad. Visto lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, para que ordene a quien corresponda el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los policías DOMINGO CRUZ BALLATO, EDGAR ALEJANDRO GARZA AGUILAR y los demás que con su negligencia violaron los Derechos Humanos del quejoso.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 121/2002.

Esta recomendación, originalmente fue rechazada, mediante el oficio de fecha 17 de septiembre del 2002, firmado por el Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, C.P. ARTURO ELIZONDO NARANJO, quien alegó que nuestra resolución no podía ser atendida toda vez que de acuerdo al artículo 43 del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas en el Estado, las facultades otorgadas a las autoridades para imponer sanciones de carácter administrativo, prescriben en un término de 90 días, haciendo notar que los hechos que motivaron nuestra recomendación tuvieron verificativo en el año 2000. Dada la naturaleza de la respuesta, este Organismo se vio en la necesidad de emitir el oficio aclaratorio número 5205/2002, de fecha 10 de octubre, en el cual se realizaron algunas precisiones sobre el sentido y alcance de la recomendación que ahora nos ocupa. Por ejemplo, invocamos el contenido del artículo 114 de la Constitución Política Federal, el cual establece como plazo de prescripción en los casos graves de responsabilidad administrativa, un término no inferior a los 3 años. Además, acudimos a tres tesis del Poder Judicial Federal que en lo general avalan nuestra postura, pues en lo esencial coinciden con el criterio de este Organismo al consignarse en ellas que en los casos de actos u omisiones graves que impliquen violación a los derechos humanos deberá contarse el término de tres años. Por último, se precisó que el argumento expresado por la autoridad se funda en un reglamento heterónomo, que por sí mismo, no puede estar por encima de una Ley. Afortunadamente, se recibió en este Organismo el oficio 3765, firmado por el propio Presidente Municipal de aquella localidad, mediante el cual manifiesta haber reconsiderado su determinación y aceptar la recomendación 121/02, turnando todas sus constancias al Consejo de Honor y Justicia Municipal. Una vez acordado lo anterior, aún aguardamos las pruebas que acrediten un cumplimiento total.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 122/2002.

Esta recomendación, fue aceptada el día 9 de septiembre, por el Procurador General de Justicia en el Estado, Licenciado FRANCISCO TOMAS CAYUELA VILLARREAL. Posteriormente se nos informaría que se ha dado inicio al procedimiento administrativo número 58/02 en contra de los Agentes de la Policía Ministerial implicados en el asunto, por lo que solo guardamos la información complementaria sobre la substanciación o conclusión del citado procedimiento para otorgar un cumplimiento total.

 

RECOMENDACIÓN No. 123/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 337/00-T, instaurado en razón de la queja formulada por la C. YOLANDA GONZÁLEZ DE ÁVALOS y otros, en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA de Tampico, Tamaulipas. Los quejosos denunciaron esencialmente que Policías Preventivos detuvieron a sus hijos ERICK GERARDO GUTIÉRREZ ROMERO, MIGUEL ÁNGEL VALDÉS MORENO, ÁLVARO MATOVICH MARTÍNEZ, ALBERTO GARZA PEDRAZA, SERVIO TULIO ÁVALOS GONZÁLEZ y TOMÁS GUZMÁN DÍAZ DE LEÓN, con engaños, pues les refirieron que se requería su presencia en la Delegación de Seguridad Pública para fungir como testigos, una vez ahí fueron internados en las celdas y no recobraron su libertad sino mediante el pago de una multa de $70.00 por persona, a la que se hicieron acreedores después de que se les imputara una violación al Bando de Policía y Buen Gobierno. El entonces Delegado de Seguridad Pública, JORGE TÉLLEZ RANGEL, argumentó que los agraviados fueron capturados por infringir el artículo 7 fracción XXIV del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual señala como falta contra el bienestar colectivo: “...Turbar la tranquilidad de las personas con gritos, música, ruidos o molestias de cualquier clase provocado por personas, aparatos o animales domésticos, cuyos propietarios no impidan que se causen dichas molestias...”. Los oficiales patrulleros JUAN AMBRÍZ GONZÁLEZ y ALFREDO GÓMEZ, señalaron en su parte informativo que uno de los detenidos amenazaba a una persona y el resto sólo escandalizaba y acompañaba al infractor. Sin embargo, la Autoridad nunca logró demostrar la necesidad de la medida, pues en primer lugar no señalan la conducta específica que condujo a la privación de libertad y posteriormente arguyeron que los menores abordaron voluntariamente la unidad “invitados” por uno de los detenidos. En resumen se advirtieron diversas incongruencias en lo declarado por la Autoridad, lo cual vino a debilitar su postura.

En consecuencia se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPICO, TAMAULIPAS, a efecto de que ordene a quien corresponda el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los elementos de la Policía Preventiva implicados en los actos violatorios a Derechos Humanos aquí expuestos. Lo anterior, sin perjuicio de que se giren las instrucciones necesarias para evitar en lo futuro este tipo de situaciones que solo generan temor y desconfianza entre la ciudadanía.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 123/2002.

Cabe señalar, que esta recomendación corrió con la misma suerte de su similar 121/02, puesto que la Presidencia Municipal de Tampico, Tamaulipas, insistió en su criterio de prescripción en lo que hace a sus facultades de sancionar a los servidores públicos implicados. Afortunadamente, una vez que la CODHET solicitó una reconsideración de la decisión, debidamente fundada y motivada, la autoridad dio marcha atrás y aceptó esta resolución turnando sus constancias al Consejo de Honor y Justicia Municipal, por lo que actualmente se encuentra en vías de cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 124/2002.

Una madre de familia acudió a la Segunda Visitaduría de esta Institución, para señalar como acto reclamado el cambio de turno (matutino a vespertino), que como medida disciplinaria en contra de su menor hija, aplicara la Profesora EVANGELINA PALOMINO CASTRO, Directora de la Escuela Secundaria General Número Tres “Club de Leones” de Tampico, Tamaulipas. La citada servidora pública rindió un informe en el cual expuso que la estudiante observaba mala conducta y, que si bien oficialmente estaba inscrita en el turno vespertino, tomaba sus materias en el matutino dada la petición formulada por la madre de la alumna en ese sentido, pero apercibida que, de no conservar una disciplina adecuada en el plantel, sería reasignada a su grupo de origen. Sin embargo, revisadas cuidadosamente las constancias, se pudo advertir que la Autoridad no señaló jamás un acto específico merecedor de la sanción recurrida. Se limitó a enviar “reportes de conducta” en donde no se aprecia una sola grave. El problema estibó entonces en la arbitrariedad de la medida, que incluso redundó en que la alumna perdiera el tercer año de su educación secundaria. No hubo proporción, ni relación directa (o al menos la Autoridad no la señaló) entre la falta(s) y la sanción. Se concluyó entonces que el acto careció de motivación y fundamentación, deduciéndose incluso que la decisión bien pudo ser una represalia por una circunstancia ajena a los fines educativos. En ese estado de cosas, se emitió RECOMENDACIÓN al SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, a efecto de que aplique las medidas correctivas y disciplinarias que considere procedentes, previa valoración de la conducta asumida por la Profesora EVANGELINA PALOMINO CASTRO. Lo anterior, sin perjuicio de que se investigue la situación actual de la menor agraviada y de ser necesario se tomen las providencias conducentes para reparar el daño causado.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 124/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante el oficio número SECyD/DJ254/2002, de fecha 17 de septiembre, firmado por el Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, Licenciado BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, a la par dicho funcionario nos hizo saber que el asunto fue turnado a la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. El día 17 de diciembre, se recibió oficio firmado por el Director Jurídico de la Dependencia recomendada, Licenciado ANTONIO HUERTA RAMOS comunicando que se ha instruido al Profesor GUILLERMO AMAYA TIJERINA, Jefe del Departamento de Secundarias Generales, expedir un extrañamiento por escrito a la Directora de la Escuela Secundaria Número 3 “Club de Leones”, en Tampico, Tamaulipas. Sin embargo, a la fecha no se ha demostrado el acatamiento a estas instrucciones.

 

RECOMENDACIÓN No. 125/2002.

Una ciudadana motivó el inicio del expediente 289/2000-L, al denunciar que ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA adscritos al área de seguridad del CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO UNO, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, utilizaron violencia física innecesaria en perjuicio de su esposo, quien se encuentra interno en dicho reclusorio.

Si bien es cierto que los Policías JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ y MARCO ANTONIO ACUÑA CANTÚ negaron las acusaciones que se les hacían, esta Institución logró demostrar que los citados servidores públicos lesionaron innecesariamente al interno tras sorprenderlo en un acto contrario a la normatividad del establecimiento penal. Se estableció además que tal violación a los Derechos Humanos tenía como fin obtener una confesión de culpabilidad.

Se RECOMENDÓ entonces al DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA la ejecución de medidas disciplinarias en contra de los policías responsables y, en su caso, dar vista al Ministerio Público de los hechos aquí consignados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 125/2002.

El día 11 de noviembre del 2002, se otorgó cumplimiento parcial a esta recomendación, pues la autoridad acreditó que se ha dado inicio al procedimiento administrativo DC-SGG/066/2002, en contra de los CC. JOSE ANTONIO SÁNCHEZ DORIA, JOSE GAMEZ BELTRÁN Y MARCO ANTONIO ACUÑA CANTU, Agentes de la Policía Estatal Preventiva. Ahora bien, su satisfacción total queda supeditada a la substanciación o conclusión del citado procedimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 126/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 208/01-M, instaurado con motivo de la queja formulada por la C. IRMA DELGADO PÉREZ, en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

La quejosa denunció esencialmente que un elemento de la citada corporación la insultó sin motivo alguno, cuando se encontraba en compañía de su esposo, acto seguido arribaron al lugar más policías procediendo a la detención de ambos y agrediendo verbalmente a sus hijas.

En su informe, el Licenciado GILBERTO VILLARREAL CHAVARRÍA, entonces Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, negó la arbitrariedad de la detención, alegando que los agraviados alteraban el orden en la vía pública al momento de ser capturados.

Tras las investigaciones de rigor, se concluyó que los agentes de Seguridad Pública Municipal cometieron irregularidades en el desempeño de su servicio al detener a los CC. IRMA DELGADO PÉREZ y ANTONIO VÁZQUEZ, sin que se encontraran en los supuestos de flagrancia delictuosa o de infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno, pues jamás acreditaron la razón específica de la privación de libertad, además de haber lesionado el honor de la primera en mención, violentándola físicamente en presencia de su familia. Así, demostraron su falta de preparación y conocimiento en la práctica del deber, evidenciando además su carencia de valores éticos, al no saber respetar las garantías de constitucionalidad y legalidad de las personas.

Atendiendo a lo anterior, se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas:

“...PRIMERO. Instruir por escrito al Secretario de Seguridad Pública de la localidad, ordene a los elementos de esa corporación, se abstengan de efectuar detenciones contrarias a lo dispuesto en el Bando de Policía y Buen Gobierno...SEGUNDO. Con el objeto de procurar una cultura de respeto a los derechos humanos por parte de los agentes policiales, implemente un curso sobre el particular en donde se promueva la enseñanza y correcta aplicación del Bando de Policía y Buen Gobierno...TERCERO. Aplique la medida correctiva disciplinaria a los agentes que intervinieron en los hechos que se resuelven, por haber basado su proceder contrario al orden legal...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 126/2002.

Mediante el oficio número 722/02, de fecha 23 de septiembre, el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, Tamaulipas, comunicó la aceptación de nuestra recomendación, agregando a su respuesta copia del oficio dirigido al Secretario de Seguridad Pública Municipal, en donde se le instruye para que gestione lo necesario a fin de darle cabal cumplimiento. Sin embargo, a la fecha carecemos de información que nos permita establecer si tales instrucciones han sido acatadas.

 

RECOMENDACIÓN No. 127/2002.

La C. ALICIA TOVAR VENEGAS acudió a la Segunda Visitaduría de este Organismo para denunciar el deceso de su esposo, quien fuera recluido en las celdas de la policía preventiva, en Tampico, Tamaulipas, la noche del 21 de mayo del año 2000 y encontrado muerto al día siguiente. La quejosa presumió la existencia de irregularidades por parte de los agentes de la citada corporación incluso violencia física, por lo que decidió formular su queja.

La Autoridad negó cualquier exceso en actuación, argumentando que el hoy occiso, al ingresar a las bartolinas, presentaba una conducta anormal, quizá causada por el alcohol o diversa sustancia.

Iniciadas las investigaciones, se determinó, vía peritajes médicos (uno de ellos realizado por la CODHET), que la muerte sobrevino a causa de asfixia por sumersión en el agua, derivada de la falta de precaución para asear las celdas, pues en ellas se presenta acumulación del líquido. Efectivamente, la evidencia encontrada y analizada por los peritos arrojó como conclusión que el hoy occiso perdió el conocimiento (debido a una intoxicación etílica o la ingesta de sustancia tóxica) sobre un encharcamiento, provocándose así la asfixia.

En la resolución de mérito se anotó:

“...No obstante lo anterior, la Autoridad no sale limpia del asunto, pues una vez en prisión, la seguridad e integridad física de los reos es su absoluta responsabilidad. Este caso nos habla de la poca precaución y cuidado que existe en nuestras cárceles municipales.

Ante la llegada de un detenido agresivo y con obvias señales de inestabilidad física o mental, ninguna previsión es excesiva, ni basta el aislamiento como solución. Los separos deben estar constantemente vigilados o bien, aprovechando los avances tecnológicos, monitoreados mediante cámaras especiales durante las veinticuatro horas del día. El expediente de mérito también pone en evidencia las deplorables condiciones de estos lugares de reclusión, húmedos, insalubres y tenebrosos como mazmorras medievales. Este tipo de eventos proclama urgente la necesidad, más allá de las limitaciones presupuestales, de realizar esfuerzos para modernizar la infraestructura carcelaria pero, sobre todo, los esquemas de seguridad...”

En congruencia con lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPICO, TAMULIPAS, en los términos siguientes:

“...Se RECOMIENDA al PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPICO, TAMAULIPAS, gire instrucciones a quien corresponda, para la modernización de las instalaciones de la prisión municipal, además de ordenar la implementación de medidas tendientes a garantizar la seguridad de los internos. Lo anterior, sin perjuicio de investigar los hechos expuestos en esta resolución y, de resultar personas responsables por acción u omisión, se actúe en consecuencia conforme a Derecho...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 127/2002.

Esta recomendación, fue aceptada parcialmente mediante el oficio 2781, de fecha 17 de septiembre, por el Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, C.P. ARTURO ELIZONDO NARANJO, manifestando que en esa misma fecha se había instruido al Director de Obras Públicas Municipal para que realice las obras de mejora necesarias en la Cárcel Pública. Además, de implementar un curso dirigido a los elementos de la Policía Preventiva. Sin embargo, dicho servidor público estimó rechazar la recomendación en el punto relacionado a la investigación de los hechos que motivaron la recomendación, alegando que en todo caso el Ministerio Público Investigador es la autoridad competente para tal efecto. Vista esta respuesta, este Organismo se vio en la necesidad de precisar el sentido y alcance de la resolución rechazada, haciendo notar a la autoridad recomendada que la investigación por la cual pugna esta Comisión versará sobre la posible responsabilidad administrativa de quienes, posiblemente, vía acción u omisión, influyeron con su indebido proceder en la muerte de JORGE ALBERTO LOPEZ FLORES, quien falleciera en las instalaciones de la Cárcel Municipal, debido asfixia por sumersión en agua. Además, se hizo hincapié en las diferencias que existen entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal, ésta sí investigada en su primera fase por el Ministerio Público, quien pugnará por su sanción a través de la acción correspondiente. Se consignó además que todo funcionario público, al efectuar su labor puede caer en faltas que van en perjuicio de la legalidad, imparcialidad, honestidad y eficiencia, que deben acompañar a su desempeño; en tal caso, incurrirá en responsabilidad administrativa. Ahora bien, si se cometen ilícitos en el encargo, se tratará de una responsabilidad penal. Por lo tanto, su naturaleza es diversa, y no obsta para investigar la responsabilidad administrativa, la existencia de una Averiguación Previa Penal. Es menester decir que nuestro criterio es compartido por diversas tesis jurisprudenciales. Afortunadamente, la autoridad reconsideró su decisión y a la fecha ha turnado las constancias pertinentes al Consejo de Honor y Justicia de aquel Municipio, por lo que a la fecha esta resolución se encuentra aceptada totalmente y en vías de cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 128/2002.

La C. EVA MURILLO LÓPEZ, acudió a la Tercera Visitaduría de esta Institución con residencia en Reynosa, Tamaulipas, a fin de manifestar su inconformidad con la actuación del AGENTE TERCERO DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR con desempeño en aquella misma localidad, quien ha dilatado la integración de la Averiguación Previa 438/2000, iniciada a raíz de los hechos en donde perdiera la vida un hijo de la quejosa.

Se logró demostrar que, si bien, el Fiscal ordenó diversas actuaciones dentro de la indagatoria, la última diligencia data del 23 de enero del año 2001, fecha en la que se recabó una declaración testimonial, sin que obre mandato posterior por parte de la Representación Social para perfeccionar la investigación que se denuncia como irregular.

Por tal motivo, se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, en su carácter de superior jerárquico: “...ordene al AGENTE TERCERO DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, y a la POLICÍA MINISTERIAL bajo su mando, se intensifiquen las investigaciones para la debida integración de la Averiguación Previa 483/2000, y en su oportunidad, se emita la determinación correspondiente conforme a Derecho...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 128/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante el oficio número 3252, de fecha 9 de septiembre, firmado por el Licenciado FRANCISCO TOMAS CAYUELA VILLARREAL, Procurador General de Justicia del Estado. Posteriormente, se recibió información por parte del Licenciado JUAN ANTONIO JARA BENAVIDES, Agente Tercero del Ministerio Público Investigador en Reynosa, Tamaulipas, en el sentido de que la Averiguación Previa 438/2000 sigue en trámite y en ella se practican aún diversas diligencias por parte de la Fiscalía a su cargo. Por lo tanto, esta recomendación se encuentra aceptada y en vías de cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 129/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 385/2001, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. EFRAÍN GARCÍA RAMÍREZ en representación del C. GUILLERMO MARTÍNEZ HERRERA, denunciando actos presuntamente violatorios a Derechos Humanos imputados a la DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO.

La parte quejosa señaló como acto reclamado su traslado a un penal de alta seguridad, solicitado por el entonces Director de la Dependencia señalada como responsable, Licenciado PEDRO BENAVIDES BENAVIDES, petitoria que hiciera a través de un oficio dirigido al Director General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, arguyendo la peligrosidad del reo.

Esta Institución cuenta en su poder con una copia de la citada solicitud, en la cual efectivamente se señala como causa de la petición de traslado la peligrosidad de MARTÍNEZ HERRERA. Sin embargo, no se anexaron constancias que justificaran la necesidad de la medida, por lo que tal determinación violentó lo establecido por el artículo 16 Constitucional en su primer párrafo: “...Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”.

Lo anterior, debido a que todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

Por tal motivo, se RECOMENDÓ al DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL, instruya a quien corresponda, a fin de evitar futuras violaciones a los Derechos Humanos de los reclusos, sobre la fundación y motivación que deberán contener las determinaciones sobre traslados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 129/2002.

Esta recomendación se tuvo por cumplida totalmente el día 21 de octubre del 2002, toda vez que la autoridad informó a este Organismo que a fin de evitar futuras violaciones de los derechos de los reclusos, se ha decidido fundar y motivar los traslados de los internos, definiendo el procedimiento a través de la verificación no solo de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios, sino también sancionándose por esa Dirección General y la Secretaría General de Gobierno. Como es de verse, tal disposición se ajusta a los términos recomendados.

 

RECOMENDACIÓN No. 130/2002.

En la Tercera Visitaduría de la CODHET, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, se recibió la queja interpuesta por el C. FERNANDO ESCOBAR DÍAZ en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA de aquella localidad.

El quejoso narró que aún y cuando agentes de la citada corporación presenciaron una tentativa de secuestro en agravio de sus hijos GUALBERTO ANGEL y JUAN GERARDO ESCOBAR GARCÍA, aquellos no cumplieron con su función al negarse a detener a los agresores, no obstante habérselos solicitado el promovente.

Tras las investigaciones de rigor, se demostró que los Agentes JUAN RAMÓN ROMAN GARCÍA, GILBERTO PRADO TREVIÑO y VICTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS, omitieron cumplir con su labor, pues cuando arribaron al lugar de los hechos aún se perpetraba un ataque en contra de los hijos del quejoso, sin intervenir de alguna forma, a pesar de estar legitimados para ello en razón de la flagrancia delictuosa.

Ante esa circunstancia, se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL de REYNOSA, TAMAULIPAS, a fin de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias procedentes, en contra de los servidores públicos previamente citados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 130/2002.

El día 8 de octubre del 2002, se recibió el oficio número SAY-3804/2002, firmado por el Licenciado GENARO OCTAVIO GARZA RODRÍGUEZ, Secretario del Ayuntamiento en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual se acepta la recomendación que ahora nos ocupa, afirmando que la misma ha sido remitida a la Contraloría Municipal para el inicio del procedimiento administrativo a que haya lugar. Sin embargo, a la fecha, no contamos con pruebas que avalen el cabal cumplimiento de nuestra resolución.

 

RECOMENDACIÓN No. 131/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 115/00-R, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. JORGE PRISCILIANO RENTERÍA CAMPOS denunciando las siguientes irregularidades:

Detención arbitraria, amenazas, lesiones y disparo de arma de fuego, cometidas en agravio de su representado JUAN ALBERTO CONTRERAS TORRES, por parte de Elementos de Seguridad Vial de Reynosa, Tamaulipas.

Detención arbitraria, incomunicación, lesiones, allanamiento de morada y tortura en agravio de LUIS HERRERA RODRÍGUEZ y FRANCISCO RAMÓN ORTIZ DONCEL, y tortura en perjuicio de JUAN ALBERTO CONTRERAS TORRES, anomalías imputadas a Agentes de la Policía Ministerial destacamentados en la misma localidad.

Irregularidades en la integración de averiguación previa por parte del Agente Cuarto del Ministerio Publico Investigador con desempeño en aquella Ciudad.

Por lo que hace a la actuación de los Elementos de Seguridad Vial, no se acreditó que hayan detenido arbitrariamente al quejoso, pues según se desprende de autos, éste cometió una infracción al Reglamento de Tránsito, iniciándose su persecución y posterior captura. Tampoco está demostrado que se hubiera hecho uso de arma de fuego. Sin embargo, hay probanzas suficientes para aseverar que sí hubo exceso en la detención, pues se lesionó innecesariamente al C. CONTRERAS TORRES.

En lo tocante a la labor de los Agentes de la Policía Ministerial y el Agente del Ministerio Público Investigador, al momento de resolver no existieron elementos probatorios suficientes para fincar responsabilidad alguna, emitiéndose en consecuencia ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS.

Así las cosas, se giró RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL de REYNOSA, TAMAULIPAS, para que se realicen las investigaciones necesarias, a efecto de determinar el grado de responsabilidad de los Agentes de Tránsito Local CARLOS GRAJALES HERNÁNDEZ y ROGELIO VILLAGRÁN.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 131/2002.

Esta resolución fue aceptada el día 3 de octubre del 2002, mediante oficio firmado por el Licenciado GENARO OCTAVIO GARZA RODRÍGUEZ, Secretario del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, sin que a la fecha obre constancia del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, tal y como se recomendó.

 

RECOMENDACIÓN No. 132/2002.

El expediente 436/2000, tuvo su origen en la queja que formulara la C. ANDREA HERNÁNDEZ VILLASANA en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA con desempeño en el Municipio de Victoria, quienes detuvieron a su hijo JOSÉ ÁNGEL TORRES HERNÁNDEZ al encontrarle una pistola de plástico.

EL C. HILARIÓN HERNÁNDEZ TORRES, Segundo Oficial de la Policía Preventiva, relató en su parte informativo que el joven TORRES HERNÁNDEZ había sido visto portando un arma, por lo que se le efectúo una revisión, encontrándole una pistola de juguete, circunstancia por la cual fue llevado a la Delegación de Seguridad Pública.

En la resolución de mérito se asentó, que si bien la revisión corporal resulta explicable, la detención carece de sustento, pues una vez descubierto el artefacto y cerciorados que se trataba de un juguete, no había motivo para que los agentes trasladaran a JOSÉ TORRES a las instalaciones de la citada corporación, amén de que nunca se acreditó que el detenido fuera sorprendido alterando el orden público o existiera señalamiento por persona alguna en ese sentido.

Así las cosas, se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICPAL de Victoria, Tamaulipas, aplicar las medidas correctivas y disciplinarias procedentes en contra de los CC. HILARIÓN HERNÁNDEZ TORRES, JUAN MARIO GARZA SEGURA y JOSÉ ELÍAS MARTÍNEZ CRUZ, Agentes de la Policía Preventiva implicados en el asunto que nos ocupa.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 132/2002.

El día 10 de septiembre del 2002, esta recomendación se tuvo por aceptada atendiendo al contenido del oficio 182/02, de fecha 11 de septiembre, firmado por el Licenciado RICARDO GAMUNDI ROSAS, Secretario del Ayuntamiento en Victoria, Tamaulipas. Posteriormente, el Jefe del Departamento Jurídico Municipal, nos informaría que se ha instruido al Licenciado JAVIER CORDOBA GONZALEZ, Director de Seguridad Pública y Vialidad, para que aplique las medidas correctivas y disciplinarias a los Policías HILARION HERNÁNDEZ TORRES, JUAN MARIO GARZA SEGURA Y JOSE ELIAS MARTINEZ CRUZ; sin embargo, a la fecha no contamos con las pruebas que acrediten el acatamiento a tales instrucciones.

 

RECOMENDACIÓN No. 133/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 318/2000, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. LUIS FERNANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL.

El quejoso denunció esencialmente, que Agentes de la Policía Ministerial lo detuvieron en cumplimiento de diversas ordenes de aprehensión giradas en su contra, agregando que fue objeto de diversos golpes y maltratos que le infirieran dichos servidores públicos sin causa justificada.

La Autoridad por su parte negó cualquier exceso en la captura de MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.

Es menester señalar, que tras las investigaciones de rigor, no se logró demostrar que los agentes policíacos abusaran de su poder en perjuicio del presunto agraviado, sin embargo, sí se demostró que transcurrieron más de quince horas entre la detención y el momento en que fuera puesto a disposición del Órgano Jurisdiccional, contraviniendo así lo establecido en el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que en su texto dice: “...Siempre que se lleve a cabo una aprehensión en virtud de orden judicial, quien la hubiere ejecutado deberá poner al aprehendido, sin dilación, a disposición del juez respectivo, informándose a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que se efectúo, y dando a conocer al aprehendido el derecho que tiene para designar defensor...” .

Por tal motivo se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENRAL DE JUSTICIA, instruir por escrito a todos los Comandantes de la Policía Ministerial del Estado, para que, siempre que se ejecuten órdenes de aprehensión, pongan a los detenidos inmediatamente a disposición de los órganos jurisdiccionales correspondientes.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 133/2002.

A esta recomendación se le otorgó el carácter de cumplida totalmente, mediante acuerdo de fecha 14 de octubre del 2002, toda vez que la autoridad acreditó haber instruido al Comandante de la Policía Ministerial en Altamira, Tamaulipas, en el sentido de que la ejecución de órdenes de aprehensión se haga de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, poniendo a los detenidos inmediatamente a disposición de los Órganos Jurisdiccionales correspondientes. Como es de verse, tales instrucciones se ajustan a los términos recomendados.

 

RECOMENDACIÓN No. 134/2002.

El C. CRUZ DÍAZ motivó el inicio del expediente 157/01-T, al denunciar que Elementos de la Policía Preventiva de Matamoros, Tamaulipas, le detuvieron arbitrariamente.

La Autoridad, por su parte, argumentó que el quejoso, al momento de su aprehensión se encontraba en estado de ebriedad y alterando el orden público, sin embargo, en ningún momento acreditó tales circunstancias, aún más, ni por lo menos se le practicó oportunamente examen de alcoholemia.

Así las cosas, se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL de MATAMOROS, TAMAULIPAS, valorar la conducta de los agentes MARTÍN ESPINOZA PIÑA, JOSÉ LUIS GARCÍA y JOAQUIN RAMOS MEDINA, aplicando en su caso las medidas correctivas y disciplinarias a que haya lugar.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 134/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante el oficio número 724/02, de fecha 23 de septiembre, firmado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. Así mismo, informó haber instruido al Secretario de Seguridad Pública Municipal para que a la brevedad posible sancione a los Policías MARTÍN ESPINOZA PIÑA, JOSE LUIS GARCIA Y JOAQUIN RAMOS MEDINA, sin que a la fecha contemos con mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN No. 135/2002.

El señor MARCO ANTONIO GALERO SALAZAR acudió a la Tercera Visitaduría de la CODHET, para denunciar DETENCIÓN ARBITRARIA y GOLPES perpetrados en su agravio por ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA de Reynosa, Tamaulipas.

La Autoridad arguyó que el quejoso fue detenido por encontrarse en estado de ebriedad, sin embargo, jamás demostraron la legalidad de su proceder con probanza alguna, como bien pudiera serlo el examen de alcoholemia. Alegaron además insultos por parte del agraviado, mas al hacer las precisiones en sus informativas cayeron en serias contradicciones.

En lo tocante a los golpes denunciados, no se contó al momento de resolver con elementos de convicción suficientes, dictándose en consecuencia ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS.

Visto lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL de REYNOSA, TAMAULIPAS, a efecto de ordene el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos implicados.

 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 135/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante el oficio 430/02, del día 6 de diciembre del 2002, firmado por el C.P. VICTOR MANUEL OLVERA DE SANTIAGO, Contralor Municipal en Reynosa, Tamaulipas. Es preciso manifestar que a la fecha no contamos con pruebas que acrediten su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 136/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 35/2002-6, instaurado con motivo de la queja formulada por la C. MARÍA VILLAGRANA SALAZAR, en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL con desempeño en San Fernando, Tamaulipas.

Esencialmente la quejosa denunció:

a) Que los citados servidores públicos detuvieron a su hijo Ignacio Guajardo, haciendo uso de violencia física innecesaria y acusándolo de haber disparado un arma de fuego.

b) Que los policías ministeriales, al momento de efectuar su labor, se dirigieron a los presentes con palabras obscenas.

c) Que, en busca del arma, allanaron el domicilio del agraviado e intimidaron a sus familiares.

Tras realizarse las investigaciones de rigor, se acreditó que la detención de Ignacio Guajardo se ajustó a derecho, pues fue sorprendido en flagrancia al detonar un arma de fuego. Sin embargo, al recabar distintas testimoniales, se concluyó que los servidores públicos golpearon injustificadamente al aprehendido, además de mantener en un estado de zozobra a sus familiares, introduciéndose incluso, sin autorización, al domicilio de ellos.

En esta resolución, se aclaró que la CODHET apoya el abatimiento de la delincuencia, siempre y cuando las medidas adoptadas no vayan en contra de las garantías individuales que consagra nuestra Carta Magna.

Atendiendo a lo anterior, se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, dicte las medidas correctivas y disciplinarias procedentes en contra de los Agentes de la Policía Ministerial que se excedieron, en perjuicio del detenido y terceras personas, al realizar su trabajo.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 136/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada el día 30 de octubre del 2002, atendiendo el contenido del oficio 3494, firmado por el Licenciado JOSE CARLOS MORA GARCIA, Segundo Subprocurador General de Justicia en el Estado. Posteriormente, se le otorgó el cumplimiento parcial, toda vez que se ha iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa número 83/2002 en contra de los Agentes de la Policía Ministerial involucrados en los hechos, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que con posterioridad se nos brinde sobre la substanciación o conclusión del citado procedimiento.

RECOMENDACIÓN No. 137/2002.

La C. XÓCHITL BENAVIDES CIRA, motivó el inicio del expediente 43/00-R al denunciar actos violatorios a Derechos Humanos calificados en su oportunidad como DETENCIÓN ARBITRARIA y FALSA ACUSACIÓN, en agravio del C. GUSTAVO ANDRÉS REYNA GALLEGOS, e imputados a ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO con desempeño en Reynosa, Tamaulipas.

La quejosa, y el propio agraviado, narraron cómo, basándose en engaños, Agentes de la Policía Ministerial lograron someterlo a una revisión en donde presuntamente le encontraron un arma y por tal motivo remitirlo al Ministerio Público.

Obran en autos diversas testimoniales que corroboran lo anterior, a pesar que la Autoridad arguye haber sorprendido en flagrancia al C. REYNA GALLEGOS portando un arma blanca.

Más adelante se demostraría, que el actuar de los policías ministeriales transgredió la esfera jurídica del gobernado al revisarlo sin existir para ello mandamiento de autoridad competente y, aun más, al “sembrar” un arma entre sus pertenencias o bien, si es que efectivamente fue encontrada, la presentada ante el Órgano Jurisdiccional no es de las prohibidas por la Ley.

Por tal motivo, se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, a efecto de que determine la responsabilidad que les resulte a los Policías JUAN JOSÉ GONZÁLEZ HINOJOSA, JAVIER CLEMENTE LÓPEZ y MARTÍN ALONSO GUEVARA DE LA ROSA.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 137/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento administrativo número 63/2002 en contra de los Agentes de la Policía Ministerial involucrados en los hechos, justo en los términos en que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida parcialmente mediante proveído de fecha 22 de noviembre, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que con posterioridad se nos brinde sobre la substanciación o conclusión del citado procedimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 138/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 152/00-R, instaurado con motivo de la queja que formulara el C. JUAN LUIS VILLANUEVA CARVAJAL en contra de ELEMENTOS DE LA DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA de REYNOSA, TAMAULIPAS.

El quejoso denunció que sin causa justificada le fue marcado el alto por elementos de la citada corporación cuando conducía su vehículo. Una vez que se detuvo fue abordado por uno de los agentes, quien a base de insultos le pidió la documentación de su automóvil. Acto seguido, voluntariamente se condujo a la Delegación de Seguridad Pública, en donde fue golpeado por los mismos elementos. Su versión fue robustecida con lo declarado por sus acompañantes en la noche de autos.

Los policías preventivos alegaron que el quejoso se desplazaba a exceso de velocidad, además de que los insultó y opuso resistencia al arresto, por lo que se vieron precisados a someterlo.

Se reunieron en sumario probanzas suficientes que terminaron por demostrar los abusos en que incurrieron los agentes MARTÍN SOTELO y SEVERO PLATA, por lo que se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL de REYNOSA, TAMAULIPAS, la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 138/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante el oficio de fecha 3 de octubre, firmado por el Licenciado GENARO OCTAVIO GARZA RODRÍGUEZ, Secretario del Ayuntamiento en Reynosa, Tamaulipas, sin que a la fecha obre constancia alguna sobre su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 139/2002.

El C. ABEL GUERRA GUTIÉRREZ acudió a esta Institución para denunciar cómo ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA de Reynosa, Tamaulipas, allanaron su domicilio para detenerlo injustificadamente.

La Autoridad por su parte, señaló que el quejoso fue capturado a petición de parte ofendida, pues efectuaba en el domicilio de ésta, actos reñidos con la moral.

Realizadas las investigaciones de rigor dentro del expediente 2/01-R, se comprobó a través de testimoniales que, efectivamente, al momento de su captura GUERRA GUTIÉRREZ se encontraba en su casa, hasta donde llegaron los servidores públicos para efectuar el arresto sin causa justificada, pues en esos momentos lo único que hacía era convivir con un par de amigos. Los policías alegaron que incluso sorprendieron al agraviado sin prendas de vestir, circunstancia que no lograron demostrar nunca, siendo al contrario desvirtuada por los elementos de convicción recabados por la CODHET.

Visto lo anterior, se giró RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL de REYNOSA, TAMAULIPAS, a fin de que aplique las medidas correctivas y disciplinarias a que haya lugar en contra de ATILANO ANIBAL PALACIOS y JORGE CASIMIRO SEGUNDO GÓMEZ.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 139/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante el oficio de fecha 3 de octubre, firmado por el Licenciado GENARO OCTAVIO GARZA RODRÍGUEZ, Secretario del Ayuntamiento en Reynosa, Tamaulipas, sin que a la fecha obre constancia alguna sobre su cabal cumplimiento.

RECOMENDACIÓN No. 140/2002.

La C. MARÍA ESTHER GRACÍA CANTÚ motivó el inicio del expediente 179/01-M, al acudir a la Cuarta Visitaduría de la CODHET para denunciar que ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA con desempeño en Matamoros, Tamaulipas, detuvieron arbitrariamente a sus hijos JUAN CARLOS, ALEJANDRO y JORGE de apellidos GARCÍA GRACIA.

La Autoridad alegó que los arriba anotados fueron sorprendidos en “actitud sospechosa” por lo que se intentó su revisión. Agregó que dos de los agraviados pretendieron huir, sin embargo fueron alcanzados y se les encontró diversas sustancias ilícitas.

Esta Comisión advirtió irregularidad en el actuar de los servidores públicos, pues efectuaron un acto de molestia desde el momento en que revisaron a los hermanos GARCÍA GRACIA sin contar para ello con mandamiento de autoridad competente, lo anterior con independencia de si, resultado de dicha revisión, les resultara algún delito, pues no es dable a la Autoridad combatir o prevenir la delincuencia a través de actos igualmente ilícitos.

Considerando lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL de MATAMOROS, TAMAULIPAS, a fin de que aplique las medidas correctivas y disciplinarias a que haya lugar en contra de los policías FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ GÁMEZ, JUAN CARLOS MUÑOZ CASTILLO y JOSÉ ÁNGEL SAUCEDO TOVAR.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 140/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante el oficio número 728/02, de fecha 24 de septiembre, firmado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, sin que a la fecha contemos con pruebas de su cabal cumplimiento, a excepción de una copia simple de un oficio dirigido al Secretario de Seguridad Pública Municipal ordenándole instruir a los Policías FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ GAMEZ, JUAN CARLOS MUÑOZ CASTILLO Y JOSE ANGEL SAUCEDO TOVAR, para que se abstengan de realizar detenciones arbitrarias. Es menester decir que sobre el particular no hay mayor información.

 

RECOMENDACIÓN No. 141/2002.

Una ciudadana acudió a la Cuarta Visitaduría de la CODHET para relatar cómo, estando internada en las celdas de la policía preventiva de Matamoros, Tamaulipas, un elemento de dicha corporación le arrojó agua, además de ordenarle a otra detenida que la golpeara.

Esta Institución recabó las informativas de los policías José López González y Juan Carlos Leal Saldivar, éste último señalado por la agraviada, quienes negaron la autoría de los hechos, sin embargo, admitieron su veracidad.

Independientemente del agresor, este Organismo estima que cualquier elemento que hubiere presenciado el acto, estaba obligado a impedirlo o bien a denunciarlo, tomando en consideración que ninguna persona debe ser objeto de tratos degradantes. En la resolución de mérito, se hizo hincapié además, que el Juez Calificador es el responsable de vigilar para que no se vulneren los derechos de los detenidos conforme lo ordena el Bando de Policía y Buen Gobierno de aquel Municipio en su Artículo 23.

En congruencia con lo anterior se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL de MATAMOROS, TAMAULIPAS, a efecto de que ordene a los elementos implicados y al Juez Calificador en turno, se abstengan de efectuar o de permitir actos degradantes en contra de las personas a su disposición.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 141/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante oficio de fecha 23 de septiembre del 2002, firmado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, quien además afirmó haber instruido al Secretario de Seguridad Pública Municipal, para que sancionara a los CC. JUAN CARLOS LEAL SALDIVAR Y JOSE LOPEZ GONZALEZ, en virtud de los hechos denunciados, sin que a la fecha contemos con pruebas fehacientes sobre el acatamiento de dichas instrucciones.

 

RECOMENDACIÓN No. 142/2002.

Una ciudadana mostró su inconformidad ante esta Institución por la actuación irregular de dos ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA de Matamoros, Tamaulipas, quienes sin causa justificada la detuvieron junto con su acompañante, en los momentos que intentaban reparar un automóvil.

Los policías HECTOR MAURICIO AMARO GUILLÉN y ALEJANDRO FLORES SALAZAR, alegaron en su favor haber sorprendido a los detenidos en “actitud comprometedora” a bordo de un “vehículo sospechoso”. Sin embargo, ante la CODHET no lograron demostrar la legalidad de su acción, pues no ofrecieron probanza alguna, además de caer en diversas contradicciones al momento de rendir sus informativas. Agréguese a esto que jamás precisaron cuál fue o en qué consistió la “actitud sospechosa” que originó la detención.

Por otra parte, se recabó un testimonio que vino a hacer evidente la arbitrariedad con que actuó la Autoridad.

En congruencia con lo anterior, se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL de MATAMOROS, TAMAULIPAS, instruya a su Secretario de Seguridad Pública para que aleccione a sus subalternos, y en especial a los implicados en el caso que nos ocupa, sobre la forma correcta de aplicar el Bando de Policía y Buen Gobierno. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que se hayan hecho acreedores los responsables.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 142/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante oficio de fecha 23 de septiembre del 2002, firmado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, quien además afirmó haber instruido al Secretario de Seguridad Pública Municipal, para que sancionara a los CC. ALEJANDRO FLORES SALAZAR Y HECTOR MAURICIO AMARO GUILLEN, en virtud de los hechos denunciados, sin que a la fecha contemos con pruebas fehacientes sobre el acatamiento de dichas instrucciones.

 

RECOMENDACIÓN No. 143/2002.

El C. PROTO ZAVALA JUÁREZ motivó el inicio del expediente 206/00-T, al formular queja en contra del personal médico y administrativo del Hospital “Doctor Carlos Canseco” de Tampico, Tamaulipas.

El quejoso denunció esencialmente, que su hijo fue internado de urgencia en el referido hospital la noche del 12 de mayo del año 2000. Al día siguiente, al constituirse en el nosocomio para solicitar información sobre la salud de aquél, le fue manifestado que había sido de alta, sin embargo no le fueron proporcionados mayores datos. Horas después, Maximino Zavala Orta sería encontrado muerto.

En su informe, la Autoridad aseguró que Zavala Orta abandonó voluntariamente la atención médica, cayendo entonces en contradicción con lo que, en su momento, le fue notificado al quejoso.

Si bien se demostró que el hoy occiso recibió tratamiento desde su ingreso al hospital y que se valoró su estado de salud, ordenándose incluso lo relativo a su atención, ninguno de los médicos cuyo testimonio recabó esta Comisión, supo precisar el momento en que Maximino Zavala se retiró.

En la resolución de mérito se anotó:

“... De lo anterior, se puede colegir que, aun y cuando MAXIMINO ZAVALA hubiera abandonado voluntariamente el hospital, era responsabilidad de los médicos y demás personal estar al tanto de su atención y, advirtiendo su intención de marcharse, prevenirle sobre las probables consecuencias. Resulta sumamente delicado que nadie se percate de la falta de un paciente en un hospital, pero es más grave aún que tal desatención redunde posiblemente en la muerte de un ser humano...”

Bajo esas circunstancias, se emitió la siguiente RECOMENDACIÓN:

“... Se RECOMIENDA al SECRETARIO DE SALUD EN EL ESTADO, gire instrucciones a quien corresponda para que se inicie una minuciosa investigación sobre los hechos aquí consignados y, de ser necesario, adopte las medidas correctivas y disciplinarias que se estimen pertinentes. Lo anterior, sin perjuicio de las providencias que se dicten para evitar en lo sucesivo eventos como los aquí expuestos...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 143/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento administrativo número DC-SSP/12/02 en contra del personal adscrito al Hospital General “Dr. Carlos Canseco”, en Tampico, Tamaulipas, justo en los términos en que se emitió la recomendación que nos ocupa, se tuvo por cumplida parcialmente ésta mediante el proveído de fecha 27 de noviembre, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que posteriormente nos brinde la autoridad sobre la substanciación o conclusión del citado procedimiento.

 

RECOMENDACIÓN NO. 144/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 44/2001, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ ROSALES en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL con desempeño en esta Capital.

Hernández Rosales denunció esencialmente haber sido detenido en forma ilícita por policías ministeriales, quienes lo persiguieron en dos patrullas cuando se desplazaba en su vehículo hasta darle alcance. Acto seguido fue sometido a una revisión en donde le “sembraron” una navaja, para posteriormente ser conducido ante el Ministerio Público.

Cabe señalar que la Autoridad admitió haber detenido al quejoso tras encontrarle un arma. Sin embargo, aún en el extremo de ser esto cierto, la actuación de los policías ministeriales resulta arbitraria desde el momento en que se arrogan la facultad de efectuar actos de molestia sin que medie para ello mandamiento de autoridad competente. Además, en el presente asunto se reunieron probanzas suficientes para aseverar que, efectivamente, Hernández Rosales no portaba arma alguna.

Por tales motivos se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, a fin de que ordene a quien corresponda el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Policías FIDENCIA TERÁN MARTÍNEZ, LUIS PERALES GARCÍA, ELÍAS NAVARRO GUTIÉRREZ y MANUEL MARROQUÍN, quienes participaron en los hechos ilícitos aquí consignados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 144/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento administrativo número 66/02 en contra de los Policías FIDENCIA TERAN MARTINEZ, LUIS PERALES GARCIA, ELIAS NAVARRO GUTIERREZ Y MANUEL MARROQUIN, justo en los términos en que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida parcialmente mediante el proveído de fecha 22 de noviembre, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que posteriormente nos brinde la autoridad sobre la substanciación o conclusión del citado procedimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 145/2002.

El C. JUAN ANTONIO GARCÍA BADILLO acudió a la Primera Visitaduría de la CODHET para denunciar que ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA del Municipio de Victoria, Tamaulipas, le golpearon tras haber sido detenido.

Iniciado el expediente 122/2001, García Badillo precisó que al abordar la patrulla, dos agentes de Seguridad Pública lo esposaron y comenzaron a golpearlo con pies y manos.

A pesar que la Autoridad negó cualquier exceso en la detención, esta Institución logró reunir probanzas suficientes para aseverar que los policías preventivos abusaron de sus atribuciones en perjuicio de Juan Antonio García. Efectivamente, se recabaron durante la integración del expediente que nos ocupa, los testimonios necesarios para desvirtuar la negativa de los servidores públicos responsables.

Por tal motivo, se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL de VICTORIA, TAMAULIPAS, ordene el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los policías LUIS ERNESTO LÓPEZ ALONSO, CRISPIN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RICARDO IZAGUIRRE RESENDIZ.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 145/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante el oficio número 198/02, de fecha 7 de octubre, firmado por el Secretario del Ayuntamiento en Victoria, Tamaulipas, Licenciado RICARDO GAMUNDI ROSAS. Cabe mencionar que no obstante lo anterior, no contamos con pruebas que acrediten su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 146/2002.

Emitida el día 11 de septiembre del año en curso, esta resolución puso fin a la integración del expediente 466/2000, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. ADAN LERMA SALAS en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, quienes detuvieron arbitrariamente al quejoso y dos personas más, cuando estos se encontraban en el domicilio de LERMA SALAS.

La Autoridad, al rendir su informe, arguyó que al quejoso y sus acompañantes no se les detuvo, sino que sólo se les “presentó”, pues al realizar una investigación ordenada por el Ministerio Público, localizaron a los agraviados en la vía pública portando algunos objetos de los cuales no lograron acreditar su legítima procedencia.

Tras las investigaciones de rigor, este Organismo concluyó que los servidores públicos vulneraron los derechos humanos de ADÁN LERMA y sus compañeros, puesto que el oficio de investigación no los facultaba para realizar detención alguna, aún y cuando aleguen que se trataba sólo de una “presentación”. Por otra parte, existen serios indicios en el sentido de que los policías ministeriales sustrajeron los objetos supuestamente encontrados a los detenidos, de la casa del quejoso, basta decir que la madre de éste último logró recuperarlos en la Fiscalía Investigadora tras acreditar la propiedad de los mismos.

Por último, es necesario insistir que, si de sus investigaciones los policías ministeriales obtienen datos relevantes, deberán notificar tal circunstancia al Ministerio Público y no actuar de propia cuenta.

Por tal motivo, se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, en su carácter de superior jerárquico, a efecto de que aplique las medidas correctivas y disciplinarias en contra de los policías RICARDO YÉPEZ NÚÑEZ, MANUEL HERNÁNDEZ GÁLVEZ y los demás que resulten responsables de los hechos violatorios a Derechos Humanos aquí enunciados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 146/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento administrativo número 67/2002, en contra de los Policías Ministeriales RICARDO YÉPEZ NÚÑEZ, MANUEL HERNÁNDEZ GALVEZ Y AGUSTÍN CASTAÑEDA PIÑA, justo en los términos en que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida en forma parcial mediante el acuerdo de fecha 22 de noviembre, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que posteriormente nos brinde la autoridad sobre la substanciación o conclusión del citado procedimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 147/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 456/2001, instaurado a raíz de la queja formulada por el C. ALBERTO CERVANTES BADILLO, en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

Cervantes Badillo denunció esencialmente que, encontrándose en su domicilio, arribaron hasta ahí policías preventivos, quienes sin causa justificada intentaron aprehenderlo. Agregó que gracias a la intervención de sus familiares evitó la detención, sin embargo, los servidores públicos se introdujeron a su casa en donde insistían capturarlo sin lograr su objetivo, pero causando algunos estropicios, para posteriormente retirarse llevándose detenido a un tercero.

Los policías preventivos LUIS ERNESTO PÉREZ ALONSO, JULIAN CHARLES ZÚÑIGA, CARLOS ADRIÁN MARTÍNEZ NIETO y JESÚS ALBERTO BORREGO ÁVALOS, alegaron en su favor que su actuación obedeció a una queja de algunos vecinos en contra del quejoso, por lo que al constituirse al domicilio de éste, lo encontraron en compañía de un tercero ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, motivo por el cual intentaron su captura, oponiéndose a ello vecinos y familiares. Negaron además haberse introducido al domicilio del agraviado.

Tras las investigaciones necesarias, se concluyó que los servidores públicos actuaron ilícitamente al abusar de su autoridad y excederse en sus funciones, allanando el domicilio del quejoso, situación que se acreditó con los numerosos testimonios que en autos obran. Agréguese a esto, que los responsables no lograron demostrar a este Organismo que al momento de efectuar su labor, el quejoso o diverso ciudadano, incurriera en flagrancia de delito o falta administrativa.

Visto lo anterior se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL DE VICTORIA, TAMAULIPAS, a fin de que se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos que participaron los hechos aquí expuestos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 147/2002.

A pesar de que el Secretario del Ayuntamiento en Victoria, Tamaulipas, Licenciado RICARDO GAMUNDI ROSAS, informó a este Organismo, en fecha 8 de octubre, la situación de nuestra recomendación, a la fecha carecemos de pruebas que avalen su cabal cumplimiento, no obstante los oficios recordatorios oportunamente emitidos.

 

RECOMENDACIÓN No. 148/2002.

El expediente 160/01-T tuvo su origen en la queja que formulara el C. FERMIN ANTONIO ARELLANO CARRILLO en contra de ELEMENTOS DE LA DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA de Tampico, Tamaulipas.

El quejoso denunció en lo esencial, haber sido detenido por los policías MARTÍN NAVA y RENÉ BARRIENTOS sin causa justificada, imputándoles además lesiones en su agravio.

En su informe, la Autoridad negó cualquier exceso o arbitrariedad en la captura del quejoso, invocando como causal lo dispuesto en el artículo 8 fracción VII del Bando de Policía y Buen Gobierno de aquel municipio, el cual señala como infracción a la moral y las buenas costumbres lo siguiente:

“...ARTÍCULO 8.- Son infracciones en contra de la moral y las buenas costumbres: VII.- Ingerir bebidas alcohólicas en lugar público en notorio estado de ebriedad perturbando la paz pública o bajo el influjo de alguna droga enervante, ocasionando un mal ejemplo para la colectividad...” (sic)

Este Organismo hizo hincapié en la oscuridad del precepto arriba transcrito, mereciendo comentario aparte, sin embargo en lo tocante al asunto que de momento nos ocupa, debemos decir que la detención del quejoso, para ser legal, debió obedecer a alguna de las hipótesis en él contenidas, para lo cual la Autoridad no precisó jamás cuál de ellas resultó actualizada. No se remitió examen de alcoholemia o diversa documental que demostrara la necesidad de la privación de libertad.

Es menester agregar que los oficiales, al rendir sus informativas, afirmaron que el C. ARELLANO CARRILLO los agredió, mas al respecto no aportaron probanza alguna, antes bien sus declaraciones fueron por demás inconsistentes.

En congruencia, se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL de TAMPICO, TAMAULIPAS, para que gire instrucciones a quien corresponda y se dé inicio, tramite y resuelva el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los policías MARTÍN NAVA RUBIO y RENÉ BARRIENTOS.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 148/2002.

Esta resolución se tuvo por aceptada totalmente mediante el acuerdo del día 16 de diciembre del 2002, atendiendo el contenido del oficio de fecha 29 de noviembre, firmado por el Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, quien a la vez informó haber turnado nuestra recomendación al Consejo de Honor y Justicia en aquel Municipio, por lo que abordamos las constancias que avalen su cumplimiento total.

 

RECOMENDACIÓN No. 149/2002.

El C. RAÚL RAMÍREZ GALVÁN denunció esencialmente que su hermano, el C. ALFONSO RAMÍREZ GALVÁN, fue víctima de violencia física innecesaria por parte de elementos de la Delegación de Seguridad Pública de Tampico, Tamaulipas, cuando al ser detenido se le golpeó sin causa justificada. Agregó, que no obstante la existencia de lesiones, no se brindó al agraviado la atención médica oportuna. Se inició así el expediente 90/01-T.

La Autoridad expresó su versión de los hechos, aseverando que RAMÍREZ GALVÁN fue detenido tras incurrir en faltas administrativas, y si bien resultó lesionado, esto se debió a que el aprehendido fue al suelo en su intento de huir. Así mismo, el entonces Delegado de Seguridad Pública, Jorge Téllez Rangel, afirmó que el quejoso agredió a los policías preventivos, por lo que estos se vieron en la necesidad de someterlo. Por último, negó que no se le haya brindado atención médica al detenido.

Es menester hacer notar que la detención no es señalada como acto reclamado, por lo que este Organismo no se pronunció al respecto. En lo que hace a las lesiones, su existencia se encontró plenamente demostrada con el Dictamen Médico Previo número 642/2001, firmado por el Doctor José Othón Hernández Sobrevilla. En sus informativas, los policías JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ VEGA y JORGE JUÁREZ VÁZQUEZ, admiten haber sometido al agraviado empleando la fuerza, e invocan en su defensa el hecho de que el infractor se opuso fuertemente al arresto. Basta leer las citadas informativas para darnos cuenta que el acto de la detención degeneró en una auténtica riña callejera, lo que nos habla, independientemente de las circunstancias, de la escasa capacitación policíaca para actuar en este tipo de eventos. No se trataba de vapulear al quejoso hasta agotar su resistencia, sino de emplear las técnicas de sometimiento que deben ser instrumento cotidiano de un policía. La naturaleza de las lesiones (estudiadas detalladamente en la resolución) nos obliga a pensar más en un acto excesivamente represivo que en una acción policíaca en regla.

Quedó demostrado además, que no se brindó atención médica oportuna al detenido sino hasta horas después de su captura.

Así las cosas, se giró la RECOMENDACIÓN que enseguida se transcribe:

“...Se RECOMIENDA al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, en su carácter de superior jerárquico, gire instrucciones a quien corresponda para capacitar adecuadamente a los ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA, sobre las técnicas de sometimiento apropiadas en la aprehensión de personas, a fin de evitar los excesos y prevenir situaciones de consecuencias mayores. Así mismo, ordene al Delegado de Seguridad Pública la inmediata atención médica de aquellos detenidos que presenten lesiones, con absoluta independencia de las circunstancias de su arresto...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 149/2002.

Esta recomendación se aceptó mediante el oficio número 3246, de fecha 30 de septiembre, firmado por el Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, quien a la vez informó sobre el inicio de un curso dirigido a los elementos de la Policía Preventiva, con el fin de capacitarlos en la adecuada interpretación del Bando de Policía y Buen Gobierno. Sin embargo, a la fecha no contamos con mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN No. 150/2002.

El C. FRANCISCO ABUNDIS VILLANUEVA, denunció esencialmente haber sido interceptado por Agentes de Tránsito de Tampico, Tamaulipas, cuando conducía un automóvil por las calles de aquella Ciudad. Dichos servidores públicos, a decir del denunciante, ejercieron indebidamente su función, pues sin existir motivo justificado le remitieron a las oficinas de la corporación en dónde se le practicó un examen de alcoholemia. Agrega el presunto agraviado que las infracciones anotadas en la boleta que se le expidió resultan falsas a excepción de la no portación de la licencia de conducir.

Es menester hacer notar, que la autoridad presuntamente responsable no rindió el informe requerido por esta Comisión. Así, el Delegado de Tránsito Local dio pie a que se concretara la hipótesis planteada por el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y cuyo texto es:

“...La falta de presentación del informe o de la documentación que lo apoye, así como el retraso injustificado en su entrega, además de la responsabilidad correspondiente, establecerá la presunción de ser ciertos los actos u omisiones que se reclaman, salvo prueba en contrario”.

En cuanto al fondo del asunto, ABUNDIS VILLANUEVA afirmó que la noche de autos se desplazaba normalmente en su vehículo, que una vez que le fue marcado el alto, el Agente JOSÉ FRANCISCO DEMES MARTÍNEZ lo insultó y sin razón lo condujo a la Delegación de Tránsito. Una vez ahí se le practicó examen de alcoholemia el cual según su dicho fue irregular. Por último, se anotaron en su boleta infracciones que, salvo la no portación de licencia para conducir, resultan falsas.

Sobra decir que la Autoridad no desvirtuó una sola de las imputaciones formuladas.

En ese tenor, se emitió RECOMENDACIÓN en los términos siguientes:

“...PRIMERO. Se RECOMIENDA al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, instruya por escrito al Delegado de Tránsito Local, a fin de que en lo subsecuente dé el debido cumplimiento a los requerimientos de este Organismo Protector de los Derechos Humanos.- SEGUNDO. Se RECOMIENDA a la misma Autoridad, gire instrucciones al Delegado de Tránsito Local para que sus subalternos actúen con estricto apego a la Ley. Lo anterior, sin perjuicio de que se investiguen los hechos aquí expuestos y de ser necesario, aplicar las medidas correctivas y disciplinarias en contra de los responsables...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 150/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada mediante el proveído de fecha 29 de noviembre del 2002, atendiendo el contenido del oficio de fecha 7 de noviembre, firmado por el Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, mediante el cual informó haber turnado esta resolución al Consejo de Honor y Justicia de aquel Municipio, por lo que a la fecha aguardamos las pruebas que nos permitan establecer el cabal cumplimiento de nuestra resolución.

 

RECOMENDACIÓN No. 151/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 145/2000, instaurado con motivo de la queja formulada por la C. MARÍA GUADALUPE CEDILLO BAEZ en contra del entonces SIPOBLADURT.

La quejosa denunció que el referido Organismo no respetó sus derechos sobre un bien inmueble que le fuera asignado y el cual se encontraba en trámites de escrituración ante la misma Dependencia.

La Autoridad por su parte admitió el acto reclamado, aduciendo que la C. CEDILLLO BAÉZ no había efectuado algunos pagos, procediendo en consecuencia a cancelar los trámites de escrituración, para realizarlos a favor de tercera persona.

La CODHET estimó como irregular la actuación del entonces SIPOBLADURT, toda vez que previo al acto de autoridad, se debió acudir a los tribunales competentes para resolver el asunto y no resolver la cancelación administrativamente, desatendiendo lo ordenado por el Código Civil vigente en la Entidad.

Por tal motivo, se emitió RECOMENDACIÓN en los términos que a continuación se anotan:

“...PRIMERA. Se recomienda al Director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización, considerando la función social de este Organismo, promover lo necesario para que se asigne un nuevo predio a la C. MARTHA GUADALUPE CEDILLO BÁEZ, previa celebración del contrato respectivo, debiendo abonarse al precio los pagos realizados por la quejosa.- SEGUNDA. Así mismo, se le recomienda ordene a quien corresponda analice los términos y mecanismos instrumentados por esa Institución en la contratación de predios, a fin de establecer y regular debidamente la rescisión administrativa...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 151/2002.

Esta recomendación fue aceptada el día 9 de octubre del 2002, por el Director General del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización, PABLO ZARATE JUÁREZ, quien afirmó que dicho Organismo reasignaría un lote a la quejosa, debiendo presentarse ésta a la Delegación Victoria para cumplir con los requisitos de rigor. Además, aseguró se le devolverá la cantidad aportada por concepto del pago del lote 37, manzana 6 de la Colonia Nuevo Santander, previo descuento del 20% por gastos de administración. Por último, tuvo a bien informar que se modificarán los convenios de compra-venta que el ITAVU celebra con los particulares, en lo que hace a las cancelaciones administrativas. Cabe señalar, que esta respuesta fue turnada oportunamente a la quejosa, quien manifestó que en fechas próximas acudiría a las oficinas de la autoridad recomendada.

 

RECOMENDACIÓN No. 152/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 147/2000, instaurado con motivo de la queja formulada por los CC. MAGDALENA CASTILLO TORRES y RAMIRO ROSALES GARCÍA, en contra de AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA de Ciudad Victoria, Tamaulipas. En ella, se denunció que elementos de la citada corporación detuvieron sin causa justificada a ROSALES GARCÍA cuando éste conducía su bicicleta en compañía de su hijo de dos años de edad, para posteriormente ser golpeado y trasladado a la Delegación de Seguridad Pública.

Al respecto, se recabaron diversas testimoniales que robustecieron el dicho del agraviado. Por su parte, los Agentes JORGE HERNÁNDEZ RUIZ, CARLOS ARRIAGA MORENO y HERBERTO HERNÁNDEZ GUZMÁN, arguyeron que el quejoso los insultó y en consecuencia fue detenido. Sin embargo, la Autoridad no acreditó de manera alguna la constitucionalidad y legalidad de sus actos.

Se estimó además como verdadera la imputación que se les hiciera a los servidores públicos sobre las lesiones ocasionadas a RAMIRO ROSALES.

Bajo esas circunstancias, se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL de VICTORIA, TAMAULIPAS, a fin de que ordene el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los agentes involucrados en los hechos aquí expuestos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 152/2002.

Esta recomendación, fue aceptada mediante el oficio número 200/02, de fecha 7 de octubre, firmado por el Licenciado RICARDO GAMUNDI ROSAS, Secretario del Ayuntamiento en Victoria, Tamaulipas. Sin embargo, a pesar de que se han enviado diversos oficios recordatorios carecemos de mayor información sobre el particular.

 

 

RECOMENDACIÓN No. 153/2002.

Emitida el 11 de septiembre del año en curso, esta resolución puso fin a la integración del expediente 56/00-M, iniciado a raíz de la queja que interpusieran las CC. ELIZABETH AGUIRRE MOLINA y NANCY CASTELLANOS OVANDO, contra actos de ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL destacamentados en Matamoros, Tamaulipas.

Las quejosas denunciaron que tras haber sido aprehendidas y una vez en la Comandancia de la Policía Ministerial, fueron objeto de vejaciones por parte de elementos de la referida corporación, quienes les refirieron insultos en repetidas ocasiones.

A pesar de que la Autoridad negó lo imputado, se recabaron probanzas suficientes, las cuales en su conjunto, arrojaron como verdadero lo denunciado por las agraviadas.

En ese tenor, se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, aplique las medidas correctivas y disciplinarias a los Agentes Ministeriales GUADALUPE REYES TORRES, JUAN REQUENA AGUILAR y MIGUEL MALDONADO ESPINOZA, por las irregularidades en las que incurrieron.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 153/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento administrativo número 5/2002, en contra de los CC. GUADALUPE REYES TORRES, JUAN REQUENA AGUILAR Y MIGUEL MALDONADO ESPINOZA, Agentes de la Policía Ministerial, así como del Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador en Matamoros, Tamaulipas, justo en los términos en que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que posteriormente nos brinde la autoridad sobre la substanciación o conclusión del citado procedimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 154/2002.

El C. HÉCTOR DE JESÚS SALINAS RODRÍGUEZ, acudió a la Tercera Visitaduría de esta Institución para interponer queja en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE REYNOSA, TAMAULIPAS y JUEZ CALIFICADOR. Se inició así el expediente 3/01-R.

El quejoso relató cómo fue detenido sin causa justificada por un par de policías preventivos, quienes al conducir su vehículo, le cerraron el paso con la patrulla que tripulaban. Acto seguido le profirieron insultos y lo relacionaron con hechos ilícitos ajenos, fue golpeado y, por último, conducido junto con su novia a la Delegación de Seguridad Pública. Ahí le fue impuesta una multa excesiva para recuperar su libertad.

Los policías alegaron en su favor que el quejoso se conducía en “actitud sospechosa” y además se ostentó como policía ministerial, ante lo cual fue consignado al Juez Calificador.

Este Organismo concluyó que la actuación de los policías preventivos resultó irregular, atendiendo a las probanzas recabadas en autos, pues además de no demostrar la legalidad de su actuación, en el extremo de ser cierto su dicho, no había razón para detener a la novia del agraviado y mucho menos para hacer uso de la violencia.

Por otra parte, se consideró excesiva la multa de $500.00 que impusiera la Juez Calificador, pues no tomó en cuenta la condición de estudiante del detenido, y no se le extendió el recibo correspondiente.

Así las cosas, se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL de REYNOSA, TAMAULIPAS, a fin de que aplique las medidas correctivas y disciplinarias en contra del elemento de la Policía Preventiva REYNALDO AGUILAR y se hagan las anotaciones respectivas en el expediente del ex policía FILIBERTO SALAS YUNES. Así mismo, se recomendó la imposición de medidas disciplinarias en contra de la Licenciada KARLA MARISELA Robinson AYALA, Juez Calificador.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 154/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada el día 11 de octubre del 2002, atendiendo al contenido del oficio de fecha 3 de octubre, firmado por el Licenciado GENARO OCTAVIO GARZA RODRÍGUEZ, Secretario del Ayuntamiento en Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, a la fecha no contamos con información que nos permita establecer el cabal cumplimiento de nuestra resolución.

 

RECOMENDACIÓN No. 155/2002.

Una ciudadana motivó el inicio del expediente 60/01-R al denunciar que los Agentes de la Policía Ministerial OSVALDO RODRÍGUEZ CABALLERO y MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CARRILLO, abusaron de su autoridad al ejecutar una orden de aprehensión en su contra, pues para tal efecto hicieron uso de violencia física y verbal innecesariamente.

Si bien los agentes admiten haber ejecutado la orden de aprehensión, no aceptan exceso alguno, pues argumentan que se vieron precisados a someter a la quejosa dada la resistencia que ésta opuso al arresto y la intervención de una de sus hijas. Esta explicación resulta inatendible para este Organismo, tomando en consideración que los elementos policiales se encontraban en ventaja en relación con la agraviada, respecto a la fuerza física que pueden desplegar, su condición de varones y su complexión, además de su edad.

Por si fuera poco, se recabaron testimonios que vienen a debilitar cualquier argumento esgrimido por la Autoridad, pues en ellos se describen los excesos en que incurrieron los citados servidores públicos.

En tal virtud, se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en contra de los responsables.

 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 155/2002.

Esta recomendación fue rechazada por la Procuraduría General de Justicia, mediante el oficio número 3277, de fecha 20 de septiembre del 2002, en el cual la autoridad expuso las razones en las cuales basaba su decisión. Ante tal circunstancia este Organismo se vio precisado a despachar el oficio número 5603/2002, del día 29 de octubre, consignando textualmente lo siguiente:

“...He recibido su oficio 3277, de fecha 20 de septiembre del año en curso, a través del cual comunica la NO ACEPTACIÓN de nuestra RECOMENDACIÓN 155/2002. Atento al contenido del mismo, quisiera exponerle algunas razones a fin de que reconsidere su determinación, con la plena convicción de que su buen juicio como abogado y su encomiable espíritu de servidor público, influirán decisivamente en una ulterior aceptación de la resolución de mérito.

Con el propósito de hacer más clara la enumeración de los argumentos, acudiré al cuerpo de su oficio, dividido para tal efecto en 4 partes, y enseguida detallaré nuestro parecer:

a) En primer lugar Usted afirma:

“...Las anteriores aseveraciones que fueron vertidas en la queja como violaciones a los Derechos de la detenida, consideramos deben analizarse de manera imparcial, valorando no solamente las manifestaciones de la supuesta afectada y de sus testigos, que por su relación familiar o de afecto podrían estar alterando la verdad histórica de los hechos...”(sic)

Puedo asegurarle señor Procurador, que este Organismo, en aras siempre del interés superior del gobernado, y fiel a su papel de protector de los derechos fundamentales, en cada una de sus resoluciones valora cuidadosamente, bajo los principios de la lógica y la experiencia, las probanzas que se allegan, con el único propósito de arribar a la verdad histórica de los acontecimientos. No es, ni será nunca, intención de la CODHET, que sus determinaciones sean ociosos ejercicios de burocratismo, pues siempre que se emite una resolución, lo hacemos convencidos del esfuerzo realizado para que no sólo nos asista la razón legal, sino también la razón jurídica y la razón moral.

Es menester precisar que en el caso en cuestión, los Agentes de la Policía Ministerial se negaron a ampliar los datos proporcionados, limitándose a ratificar el informe que rindiera su Comandante, y mostrando una actitud descortés y rústica al momento de rendir sus informativas, tal y como se asentó en la constancia elaborada por nuestros colaboradores el día 7 de junio del 2001. Vale la pena hacer notar que si así es su conducta ante un Organismo Público de Protección a los Derechos Humanos, poco habrá que esperar a la hora de desenvolverse frente a una ciudadana de avanzada edad y con problemas de salud, que cuenta con una orden de aprehensión en su contra.

Ahora bien, la Autoridad es quien está obligada a demostrar la legalidad de sus actos, y en la integración del expediente que concluyó en la Recomendación controvertida, los servidores públicos no solo no aportaron probanza alguna a su favor, sino que se negaron a responder adecuadamente a las preguntas que en su momento se les formularon. Por otra parte, las declaraciones recabadas a los testigos son claras y precisas, y no son desestimables por razón de afinidad o parentesco, dado que su relato mantiene una coherencia con lo denunciado por la quejosa e, incluso, con lo vagamente informado por la Autoridad.

b) Usted continúa en su respuesta:

“...es incuestionable que independientemente de que se hubiese mostrado o no el mandamiento judicial que ordena la aprehensión de la C. MAGDALENA GARCÍA MELÉNDEZ, este existía, pues fue emitido por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal, dentro del expediente 044/01 en fecha 5 de marzo de 2001 y los hechos de que se duele la quejosa, sucedieron el 27 de marzo del mismo año, luego entonces la orden jurisdiccional se encontraba en vigor y justificaba la aprehensión de la quejosa; por lo que consideramos que el hecho de informarle que era detenida por la existencia de un mandamiento judicial, cumpla perfectamente los requerimientos legales para ejecutar dicho mandamiento, pues de nada serviría mostrarla a una persona que opone resistencia a ser aprehendida, un documento expedido por autoridad judicial que autoriza la intervención de la autoridad ejecutora, sin la disposición de esta persona no es la de acatar dicho mandamiento...”(sic)

Basta una cuidadosa lectura de la Recomendación que de momento nos interesa, para advertir que la aprehensión no es el acto que la motiva, sino la forma de su ejecución. Si bien la detención es el origen del problema, no es sino lo accesorio lo que nos llevó a concluir que la Autoridad abusó de su poder al momento de cumplimentar el mandamiento judicial. Esta Institución no se pronunció al respecto, pero ahora que viene a colación el tema, habrá que decir que si bien es cierto el agente ejecutor debe llevar a cabo la captura para cumplir con su deber, tal acción no debe reñir jamás con el respeto a los derechos humanos de las personas. Una orden de aprehensión no es una patente de corso, y el ciudadano tiene derecho a saber a qué se debe la privación de libertad, y no sólo él, sino también los familiares o amigos cuando están en el lugar de los hechos, pues solamente ellos, dentro de sus posibilidades, auxiliarán al detenido jurídica o moralmente. Resulta obvio que llegado el caso, la Autoridad puede emplear los medios que su capacitación como policías les permite para efectos del sometimiento, pero siempre procurando no dañar la integridad física o moral del gobernado.

c) Retomando el punto, la Recomendación no se emitió en contra de la aprehensión, sino del modo su cumplimiento. Para ilustrar lo anterior nos es muy útil acudir a su oficio-respuesta:

“...Se desprende, que tanto la quejosa como su hija LEYDIANA CAMARGO GARCIA, se opusieron a la detención, la primera cuestionando el porque la detenía y la segunda incluso de manera física y directa, pues en su propia declaración dice “ Al querer intervenir para que no se la llevaran a uno de los agentes le jale la camisa” manifestación expresa que prueba su intervención para impedir que los policías cumplieran con la función que se les tiene encomendada; es más, esto se corrobora no obstante que fueron desestimadas por ese Organismo Defensor de los Derechos Humanos, con las declaraciones rendidas por los elementos de la policía que intervinieron en la aprehensión, a través del informe que rinden al Comandante de la Policía Ministerial de Reynosa, Tamaulipas, cuando señalaron que tanto la ahora quejosa como su hija, se habían opuesto a la ejecución del mandato judicial...”

En este punto, claramente define Usted cuáles son, según su criterio, las circunstancias que deben interpretarse como oposición al arresto y llevaron a los policías ministeriales a emplear la fuerza en la detención:

1. El hecho de que la quejosa “cuestionara” el porqué de su detención.

2. El momento en que LEYDIANA CAMARGO GARCÍA tomara de sus ropas a uno de los agentes.

Como ya se ha dicho, la Autoridad debe acreditar la legalidad de sus actos. Partiendo de esa premisa, la C. MARGARITA GARCÍA denunció que los policías llegaron a su casa y sin más la jalonearon a la par que le informaban la existencia de una orden de aprehensión en su contra. Es de suponerse señor Procurador, que cualquier ciudadano desea y necesita saber cuál es el motivo del acto privativo de libertad, y el hecho de solicitar información al respecto no es muestra de desacato, sino una reacción natural ante la inminencia de un arresto y sus futuras consecuencias. Por lo tanto, no es válida la conclusión expuesta en el sentido que tal “cuestionamiento” derivara en el uso (en este caso abuso) de la fuerza pública.

En lo que hace a la oposición de LEYDIANA CAMARGO, es claro que este Organismo valoró dicha conducta como un indicio más del poco cuidado de los agentes aprehensores al realizar su labor. Es menester precisar que si bien no es justificable la resistencia violenta a la Autoridad, se explica perfectamente en el asunto que nos ocupa si la entendemos como el intento de impedir un acto arbitrario (de nueva cuenta habrá que detallar que no nos referimos a la detención en sí, sino a la forma de su ejecución); visto así el actuar de LEYDIANA CAMARGO, lejos de ser una causa para legitimar el uso de la fuerza, es una prueba contundente del atropello en que incurrieron los servidores públicos. Pedirle al ciudadano que adopte una actitud pasiva ante un evento injusto, y sobre todo, cuando se trata de un daño moral y físico a un ser querido, es pedirle el temperamento de un estoico.

Además, la CODHET no desestimó lo afirmado por la Autoridad en su informe, como errónea y lamentablemente se concluye. Al contrario, de lo expuesto por el entonces Comandante LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ MASSO, se desprende el reconocimiento del acto reclamado, es decir, del uso extraordinario e innecesario de la fuerza para cumplimentar la orden de aprehensión; si un agente de la policía ministerial no está preparado para someter sin violencia excesiva a una persona del sexo femenino, de edad avanzada y con problemas de salud, estamos en presencia de la más evidente de las incapacidades, sin que sea atenuante para afirmar lo anterior que haya intervenido un tercero, y máxime si se trató de otra mujer.

d) Regresemos al contenido de su respuesta:

“...Por otra parte y en relación a los insultos y malos tratos de que se queja la SRA. MAGDALENA GARCIA MELÉNDEZ, consideramos no existen suficientes indicios que prueben tanto el dicho de la quejosa como sus testigos, pues si bien ellas declaran que fue golpeada y tumbada en la camioneta y en el piso, no existe ninguna evidencia que fortalezca dicho testimonio, pues si dicha conducta se hubiese dado la ahora quejosa hubiese sufrido marcas o lesiones en su cuerpo y no hay evidencias que fortalezcan las declaraciones testimoniales a que hemos hecho referencia por lo que consideramos que no obstante a las imputaciones que realicen la SRA. MAGDALENA GARCIA MELÉNDEZ y su hija, en contra de los elementos oficiales aprehensores, estas no son pruebas suficientes para considerar que hubo excesos por parte de los funcionarios públicos en los hechos que nos ocupa; pero además, los propios policías hacen referencia en su informe que al oponer resistencia la detenida y su hija tuvieron que utilizar la fuerza para someter a la presunta responsable y el hecho de que no existan evidencias físicas ni materiales en la humanidad de la detenida, demuestra el uso de la fuerza que utilizaron, fue la necesaria para dar cumplimiento al mandamiento judicial que ordenaba la detención...pues seria ilógico pensar que la autoridad ejecutora al encontrarse ante una persona que opone resistencia para ser aprendido, cuando existe un mandamiento judicial, por la naturaleza de la persona o por sus características, dejaran de cumplir con lo que legalmente están obligados, pues entonces incurrirían en una omisión en el cumplimiento de su deber, lo cual traería como consecuencia la comisión de un ilícito o responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos...”

Afirma Usted que si los policías se hubiesen excedido al desempeñar su labor, la existencia de marcas o lesiones en la humanidad de la quejosa lo harían patente. Respetuosamente, no creemos que dicha conclusión sea certera. Recordemos que la quejosa no refiere golpes que pudieran dejar huella, describe sí, una conducta impropia por parte de sus aprehensores. Narra por ejemplo que fue aventada al interior de la camioneta y cómo durante el traslado a las instalaciones de la corporación policíaca fue víctima de ofensas y maltrato físico. Resulta obvio entonces que no es necesaria evidencia material para tener por acreditadas las violaciones a Derechos Humanos, sobre todo si se toma en cuenta que las conductas referidas se desarrollaron sin la presencia de testigos, no como en el momento de la detención en que sí los hubo y cuyo atesto obra en autos. La dignidad de la persona también es vulnerable, y para demostrar una transgresión a ella no es indispensable contar con una lesión o un menoscabo físico. En la Recomendación de mérito se hizo una exposición de los indicios que en conjunto nos condujeron a la certeza. Además, apoya nuestra postura la tesis que a continuación se transcribe:

“...OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN.

La imputación del ofendido merece credibilidad en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario, de tal suerte que si su versión está adminiculada con algún otro medio de convicción, debe concluirse que adquiere validez preponderante para sancionar al acusado.

SEGUNDO TRIBUNAL, COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 462/98. Jaime leal Arellano. 30 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa.

Amparo directo 597/92. Reyes Saucedo Ríos. 08 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores.

Amparo directo 721/92. Epifanio Berra Olascoaga. 21 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente José Angel Mandujano Gordillo. Secretara: Lidia López Villa.

Amparo directo 851/92. Demetrio Ovando Aviles. 07 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Héctor Fernando Vargas Bustamante.

Amparo directo 292/93. Ramón Robles Bañuelos. 20 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa.

Por último, quisiera reiterar lo expresado en otras ocasiones. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, no pretende con sus resoluciones orillar a la Autoridad a no cumplir con su deber. Somos un garante de los derechos fundamentales, pero somos también atentos guardianes de la vigencia del Estado de Derecho. Jamás nos opondremos a que los servidores públicos realicen su trabajo, siempre y cuando éste se desarrolle con apego a la legalidad y a los principios de honradez y eficiencia. Siempre que la Autoridad actúe legítimamente, nuestro Organismo sabrá advertirlo y ponderarlo.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a Usted reconsidere su decisión de NO ACEPTAR la Recomendación 155/2002, recordándole que su seguimiento es de interés colectivo. No omito decirle que la quejosa conserva su derecho de acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para intentar el recurso de impugnación, si se persiste en el rechazo a la mencionada recomendación.

Esperando encontrar una respuesta satisfactoria, quedamos en espera del inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los policías ministeriales OSVALDO RODRÍGUEZ CABALLERO y MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CARRILLO, a fin de que no queden impunes los actos ilícitos denunciados...”.

Sin embargo, la autoridad continua en su postura, manifestando mediante el oficio 3594 de fecha 7 de noviembre, que las conductas asumidas por los individuos que ven en peligro su libertad son de oposición y no de manera pacífica y que por lo regular observan una conducta violenta en contra de los servidores públicos que pretenden dar cumplimiento a un mandamiento jurisdiccional. Además, a su juicio no obran evidencia u otros elementos que fortalezcan la imputación de la quejosa en el sentido de haber sido agredida, pues no demostró haber sufrido daño físico alguno. Por último la autoridad expresa, que sería incomprensible que ante la más mínima posición de quien ha incurrido en un delito, el servidor público encargado de la persecución de los delitos en el auxilio del Ministerio Público, como lo es la Policía Ministerial, para evitar el enojo de esas personas dejara de cumplir con su deber, lo cual traía consecuencias muy graves para la sociedad; agregando que de aceptarse nuestra recomendación implicaría una limitación a las facultades Constitucional y Legalmente tiene encomendadas la Procuraduría General de Justicia en el combate y persecución del delito.

Atentos a lo anterior, este Organismo tuvo por rechazada la recomendación que nos ocupa a través del proveído de fecha 13 de noviembre, en el entendido de que no compartimos la apreciación de la autoridad recomendada en el presente asunto, pues basta remitirse a la resolución y su seguimiento, para advertir que en todo momento la CODHET dio por sentado que tanto la aprehendida como su hija, más que oponerse a la ejecución del mandamiento judicial, manifestaron su inconformidad por la forma en que se desarrollaron los hechos, pues se comprobó que el actuar de los servidores públicos fue excesivo. En ese tenor, queda claro que no es intención de esta Institución que la autoridad incumpla con su deber, sino que su labor no riñe con la legalidad y los derechos fundamentales. Así las cosas, la aceptación de esta recomendación no redundaría en una limitación de facultades, pues el abuso y exceso no son atribuciones constitucionales (no olvidemos por ejemplo el artículo 19 de la Carta Magna), antes bien, refrendaría el compromiso de todos los servidores públicos para conseguir la vigencia plena del Estado de Derecho, en donde la impunidad no tiene cabida.

Se notificó a la quejosa que conserva su derecho de acudir, mediante el recurso de impugnación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; además, si es su deseo, podrá denunciar ante el Ministerio Público estos mismos hechos por la probable comisión del delito de abuso de autoridad, de acuerdo a la fracción II del artículo 212 del Código Penal vigente en el Estado.

 

RECOMENDACIÓN No. 156/2002.

Esta resolución tuvo su origen en la queja que interpusiera la C. MARGARITA NÁJERA LARA, representando a su hijo OMAR ELEAZAR MARTÍNEZ NAJERA, en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA MONTADA del Municipio de Victoria.

La quejosa denunció, tal y como posteriormente lo narraría su hijo, que dichos policías lo interceptaron cuando se dirigía, acompañado de varios amigos, a un baile, revisándolo sin su consentimiento y tratándolo de mala manera, incluso cortándole el cabello con una navaja.

El C. FELIX MATA VELÁZQUEZ, sargento de la Policía Montada Municipal, informó a esta Institución que el día 4 de marzo del año 2001, aproximadamente a las 22:00 horas, mientras realizaba un recorrido de vigilancia junto con los agentes GRACIANO DE ALEJANDRO, FELIX MANUEL DELGADO, LEONARDO PINEDA ROCHA, JOSÉ SANDRO RAMÍREZ, ASAEL MEDINA RAMÍREZ, JESÚS VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ y JUAN BERNARDO MARTÍNEZ HERRERA, recibió instrucciones de su coordinador operativo para “checar” a un grupo de jóvenes que se acercaba al lugar en donde se llevaba a cabo un baile popular, procediendo entonces a someterlos a una “revisión de rutina”. El servidor público agregó que al no encontrar nada anormal entre las pertenencias de los revisados se les permitió retirarse sin más.

No obstante lo anterior, la CODHET recabó diversas testimoniales que vinieron a robustecer el dicho de la parte agraviada, concluyéndose que efectivamente el joven MARTÍNEZ NÁJERA fue víctima del abuso de autoridad perpetrado por los agentes arriba anotados.

En tal virtud se resolvió el expediente 148/2001, emitiendo RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIAL DE VICTORIA, TAMAULIPAS, a fin de que se valore la conducta de los servidores públicos responsables, aplicándoles en su caso la sanción correspondiente.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 156/2002.

Esta recomendación carece de respuesta, no obstante y se han girado oportunamente los oficios recordatorios necesarios, por lo que la quejosa conserva su derecho de acudir, mediante el recurso de impugnación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

RECOMENDACIÓN No. 157/2002.

El C. DAVID GARCÍA CHÁVEZ sufrió el robo de su camioneta el día 15 de mayo del año 2000. Minutos después de percatarse del hurto, acudió a las oficinas de la Delegación de Tránsito en Tampico, Tamaulipas, ahí fue atendido por el oficial de guardia ISIDORO VEYRO MENDOZA, a quien le solicitó reportara vía radio a las unidades de la corporación las particularidades del vehículo para su pronta localización. A esto, VEYRO MENDOZA no accedió pues se carecía de un dígito de las placas, acto seguido se le pidió emitiera el comunicado con las características restantes siendo también en vano pues el servidor público permaneció en su postura. Por último, se le sugirió revisar en los archivos de la Dependencia a efecto de localizar el número de placas correcto, ya que días antes se había levantado una infracción, negándose de nueva cuenta el citado VEYRO MENDOZA. En esos instantes, la camioneta del quejoso cruzaba el límite con el Estado de Veracruz, lo cual ha redundado en serias dificultades para recuperarla.

Cabe destacar que el entonces Delegado de Tránsito Local CÉSAR COSSIO MERCADO admitió lisa y llanamente el acto reclamado, argumentando que el servidor público le indicó al quejoso: “...que presentara la denuncia por escrito ante la Agencia del Ministerio Público en turno, para poder solicitar los datos...” .

A pesar de que esta Institución requirió a la Autoridad para que hiciera comparecer al C. VEYRO MENDOZA, jamás se dio respuesta a dicha solicitud y, mucho menos, se obtuvo la declaración del presunto responsable, por lo que no aportó ninguna probanza que desvirtuara las imputaciones que le formulara el quejoso.

Por lo tanto, la CODHET estimó como lesivo el actuar del precitado servidor público, pues ante un acto ilícito la respuesta de la Autoridad, independientemente del papel que desempeñe en el esquema de Seguridad Pública, debe ser inmediata, máxime cuando el agraviado acudió a requerir su auxilio y aportó todos los medios a su alcance para lograr la localización del vehículo robado.

Asó las cosas, se resolvió el expediente 199/00-T, RECOMENDANDO al PRESIDENTE MUNICIPAL de TAMPICO, TAMAULIPAS, se dé inicio, tramite y resuelva el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del Oficial de Tránsito ISIDORO VEYRO MENDOZA.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 157/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada mediante el proveído de fecha 29 de noviembre del 2002, atendiendo el contenido del oficio número 3800, firmado por el Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con pruebas que acrediten su cumplimiento cabal.

 

RECOMENDACIÓN No. 158/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 60/01-T, instaurado con motivo de la queja formulada por la C. MARÍA ELIZABETH VIDAL VILLANUEVA representando a su menor hija ELIZABETH YONELI CABRERA VIDAL, en contra del DIRECTOR y SUBDIRECTORA de la ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NÚMERO 1 “FRANCISCO NICODEMO” con residencia en Tampico, Tamaulipas.

La quejosa denunció esencialmente, que tras haber participado su hija en un accidente donde resulto lesionado un alumno, la Dirección de la precitada escuela decidió cobrarle los gastos generados en la atención médica del lastimado. Por considerar lo anterior injusto, se negó a efectuar el referido pago, trayendo como consecuencia la suspensión escolar de su hija por el término de cinco días.

Cabe señalar que la Autoridad aceptó lisa y llanamente el acto reclamado, arguyendo que se cobraban a la alumna Elizeth Yoneli Cabrera Vidal los gastos de atención médica, por ser ella la responsable del accidente al caminar por una zona cuyo acceso está reservado a los alumnos de otro grado, agregó que tal determinación derivaba del “sentido común” y encontraba su fundamento en el reglamento interior de la escuela secundaria.

Visto lo anterior, es menester hacer notar el arbitrario proceder de la Autoridad. Si nos remitimos al origen del problema, tenemos que la negativa de la C. VIDAL VILLANUEVA a liquidar un adeudo trascendió hasta vulnerar el derecho a la educación de su menor hija. En todo caso, si fuera dable reclamar pago alguno por el menoscabo a la salud ocasionado al menor lesionado, tal acción correspondía ejercitarla en otras instancias y no propiciar un deterioro irreparable en la formación académica de las alumnas ELIZETH YONELI CABRERA VIDAL y VERÓNICA MÁRQUEZ CARRILLO, pues no perdamos de vista que se trató de un percance.

Si bien la Autoridad apela a su Reglamento Interno y al “sentido común” para justificar su actuación, tal ordenamiento jamás puede estar por encima del derecho subjetivo público concedido en el Artículo 3º de la Carta Magna para recibir educación:

“...Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria...”.

La determinación impugnada contraviene también lo dispuesto en el Artículo 4º de la Ley de Educación vigente en el Estado:

“...El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria, y los habitantes tienen derecho a recibirlos...”

Ahora bien, suponiendo sin conceder que existió una conducta sancionable por parte de la agraviada, las medidas disciplinarias debieron ser compatibles con su edad y respetando, en todo momento, el principio universal recogido en el orden jurídico mexicano sobre el INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, mismo que vela para que en todos los actos emanados de autoridad sean tomadas en cuenta las consecuencias negativas y/o positivas que involucren a los menores de edad.

Por tal motivo se RECOMENDÓ al SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EN EL ESTADO, instruya a la DIRECCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA “FRANCISCO NICODEMO” de Tampico, Tamaulipas, para que en lo sucesivo se abstengan de aplicar sanciones excesivas a los alumnos, atendiendo a lo expuesto en la resolución de mérito.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 158/2002.

Mediante proveído de fecha 20 de diciembre, se tuvo por cumplida esta recomendación de manera total, toda vez que la autoridad acreditó haber instruido al Director de la Escuela Secundaria General número 1 de la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, para que se abstenga de aplicar sanciones excesivas a los alumnos de dicho plantel. Como es de verse, tales instrucciones se ajustan a lo recomendado.

 

RECOMENDACIÓN No. 159/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 25/2002-L, instaurado con motivo de la queja formulada por el C. JORGE PEDROZA VARGAS en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA de Nuevo Laredo, Tamaulipas, imputándoles actos violatorios a Derechos Humanos los cuales en su momento se clasificaron como DETENCIÓN ARBITRARIA y ALLANMIENTO DE MORADA.

PEDROZA VARGAS denunció esencialmente que agentes de la citada corporación llegaron a su domicilio golpeando la puerta, al responder al llamado, dos uniformados se introdujeron al interior sin autorización buscando objetos al parecer robados, acto seguido fue llevado a la Delegación de Seguridad Pública no sin antes maltratar a su esposa.

La Autoridad por su parte alegó haber actuado a petición de parte ofendida, pues se señalaba al ahora quejoso como responsable de un robo. Sin embargo, este Organismo logró reunir evidencia suficiente para demostrar que sin actualizarse flagrancia el C. PEDROZA VARGAS fue privado de su libertad, además de verse molestado en su domicilio por los precitados policías.

Efectivamente, la Autoridad actuó violentando las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna, especialmente las tuteladas por los artículos 14 y 16.

Por tal motivo se emitió RECOMENDACIÓN al PRESIDENTE MUNICIPAL de NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, a fin de que promueva ante quien corresponda el inicio, tramite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los agentes NICOLÁS SILVA MACÍAS, JESÚS SILVESTRE MENDOZA y los demás que resulten implicados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 159/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada mediante proveído de fecha 30 de diciembre del 2002, por lo que quedamos en espero de las pruebas que avalen su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 160/2002.

La queja que ahora nos ocupa se inició a raíz de que, en fecha 14 de septiembre del 2001, acudió a este Organismo el C. ALFREDO HERNÁNDEZ ORTIZ, interno en aquel entonces del Centro de Readaptación Social II de Reynosa, Tamaulipas, manifestando ignorar si dentro de la causa penal que se le instruía podía obtener su libertad bajo caución, imputando los hechos de que se dolió al Defensor de Oficio adscrito al Órgano Jurisdiccional.

Cabe destacar que ésta Institución constató que el quejoso ha recobrado ya su libertad, esto el día 4 de abril del año que transcurre, sin embargo, se demostraron irregularidades en el proceder de la Defensora de Oficio MARÍA ANTONIETA RUÍZ SALDAÑA, dado que, una vez radicada la queja ante la CODHET fue omisa al rendir los informes que reiteradamente se le solicitaron, además de incurrir en dilación al efectuar su labor, en una clara falta a lo establecido en la fracción IX del artículo 20 de nuestra Constitución, consagrando el derecho a una defensa adecuada en el transcurso del procedimiento.

Por tal motivo se emitió RECOMENDACIÓN al DIRECTOR DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO EN EL ESTADO, a fin de que evalúe la función de la defensora de oficio implicada, aplicando en su caso la sanción a que se haya hecho acreedora.

 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 160/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante el oficio número 5433 de fecha 1 de octubre, firmada por el Licenciado ERNESTO MELÉNDEZ CANTU, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, carecemos a la fecha con pruebas que acrediten su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIONES No. 161/2002 y 162/2002.

Una interna del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, motivó el inicio del expediente 13/2001-R, al denunciar actos violatorios a Derechos Humanos imputados a una custodia del referido establecimiento penal de nombre JUANA MARÍA SALAZAR GRIMALDO.

La quejosa refirió que la servidora pública constantemente la hacía objeto de malos tratos y amenazas. Por su parte, la C. SLAZAR GRIMALDO negó la veracidad de lo denunciado, alegando que la interna era una persona conflictiva, asegurando además contar con pruebas para desvirtuar las imputaciones. Cabe señalar que jamás se recibieron las aludidas pruebas, a pesar de que se requirió con insistencia a la custodia para tal efecto.

No obstante lo anterior, se recabaron indicios suficientes para aseverar la existencia del actuar arbitrario de la Autoridad, lo cual sirvió como base para emitir RECOMENDACIÓN al DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y AUXILIO, MEDIDAS TUTELARES Y READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO, a efecto de que se apliquen en contra de la custodia JUANA MARÍA SALAZAR JARAMILLO las medidas correctivas y disciplinarias a que se hubiera hecho acreedora.

Por otra parte, la quejosa expuso también que no obstante haber presentado una querella ante la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador en Reynosa, Tamaulipas, motivándose así el inicio de la averiguación previa 1307/2000, ésta no ha sido resuelta. Es menester precisar que tal anomalía fue plenamente comprobada en autos, resultando incluso que la referida indagatoria se encuentra extraviada.

Así las cosas, se RECOMENDÓ al PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, girar las instrucciones necesarias para localizar la precitada averiguación previa, determinándose entonces lo procedente conforme a Derecho.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 161/2002.

Atendiendo al oficio número 18963, firmado por el Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, de donde se advierte que ha dado inicio al procedimiento administrativo número DC-SGG/075/2002, en contra de la C. JUANA MARIA SALAZAR GRIMALDO, Custodia del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, justo en los términos de la recomendación que nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida parcialmente el día 16 de diciembre del 2002, por lo que su satisfacción total quedó supeditada a la información que con posterioridad se nos remita sobre la substanciación o conclusión del citado procedimiento.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 162/2002.

Esta resolución se aceptó mediante el oficio número 3500, de fecha 24 de octubre, firmado por el Licenciado FRANCISCO TOMAS CAYUELA VILLARREAL, Procurador General de Justicia del Estado. Posteriormente, se nos informaría sobre las instrucciones giradas al Agente Primero del Ministerio Público Investigador en Reynosa, Tamaulipas, para que emita determinación dentro de la Averiguación Previa Penal número 1307/2000. Por lo que actualmente, nuestra resolución está en vías de cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 163/2002.

A través de esta resolución se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL de REYNOSA, TAMAULIPAS, la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en contra de los elementos de la policía preventiva JESÚS MANUEL MARTÍNEZ PADILLA, FERNANDO GUERRERO PALACIOS, GUSTAVO ADOLFO GARCÍA y JUAN JOSÉ MUÑIZ SALAS.

Tal determinación se tomó después de analizar lo expuesto en la queja 65/01-R por el C. ROBERTO CHÁVEZ VARGAS, quien denunció que los policías arriba mencionados se introdujeron violentamente al bar de su propiedad, y al cuestionarles sobre su actitud fue aprehendido resultando lastimado.

En sus informativas, los responsables alegaron la necesidad de someter por la fuerza al denunciante, pues se resistió a la revisión de su negocio, además de agredir a un oficial.

Esta Institución reunió elementos probatorios suficientes (testimonios y documentales) para aseverar que el C. CHÁVEZ VARGAS fue lesionado y detenido arbitrariamente cuando solicitó información acerca de la diligencia que se iba a verificar en su establecimiento.

En consecuencia, se giró la RECOMENDACIÓN arriba descrita.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 163/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada mediante proveído de fecha 20 de diciembre del 2002, atendiendo el contenido del oficio número 430/02, de fecha 6 de diciembre, firmado por el C.P. VICTOR MANUEL OLVERA DE SANTIAGO, Contralor Municipal de Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, a la fecha carecemos de mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIONES No. 164/2002 y 165/2002.

El C. RAÚL ARIEL PUERTO DÍAZ motivó el inicio del expediente 98/2001, al denunciar actos violatorios a Derechos Humanos imputados a ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL destacamentados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

PUERTO DÍAZ refirió que encontrándose afuera de su domicilio, tras escuchar algunas detonaciones de arma de fuego, llegaron al lugar agentes de la policía ministerial quienes sin razón alguna lo abordaron, obligándolo a ponerse de rodillas, amagándolo con sus armas, e introduciéndose ilegalmente a su casa para posteriormente retirarse. Agregó que justo en esos momentos, algunos periodistas captaron imágenes del operativo, apareciendo entonces su fotografía en los diarios de la localidad, acarreándole esto perjuicios en su dignidad.

El entonces comandante de la plaza, ALBERTO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, arguyó que tal acción se llevó a cabo pues se había perpetrado un acto ilícito “...y en ese momento todo mundo era sospechoso...”(sic).

Como es de verse se admitió lisa y llanamente la existencia del acto reclamado, amén de que se reunieron probanzas más que suficientes para aseverar que se vulneraron los derechos humanos y garantías individuales del quejoso.

Sobra decir que el agraviado no se encontraba en flagrancia delictiva, ni se trataba de un asunto de notoria urgencia, siendo totalmente ajeno a los hechos que se pretendían esclarecer.

Se logró saber además que en dicho atropello tuvo participación también un policía municipal de nombre BENITO JULIÁN SOSA.

Visto lo anterior se emitieron las siguientes RECOMENDACIONES:

“...PRIMERA. Se recomienda al Procurador General de Justicia del Estado, ordene a quien corresponda, valore la actuación de los policías ministeriales que participaron en los hechos a que se contrae la presente, tomando en cuenta las peculiaridades que los motivaron a conducirse en la forma que quedó descrita, y, según el análisis exhaustivo del mismo, se dicten las medidas correctivas y disciplinarias a que diere lugar.- SEGUNDA. Se recomienda al C. PRESIDENTE MUNICIPAL de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en su carácter de superior jerárquico, instruya a quien corresponda valore la actuación del policía municipal BENITO JULIAN SOSA, comisionado en la comandancia de la Policía Ministerial con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la época en que acontecieron los hechos a que se contrae la presente, por su participación en la detención del C. RAÚL ARIEL PUERTO DIAZ”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 164/2002.

Advirtiendo el inicio del procedimiento administrativo número 84/02, en contra de Agentes de la Policía Ministerial, justo en los términos en que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida parcialmente el día 27 de noviembre, por lo que su satisfacción total queda supeditada a la información que posteriormente nos proporcione la autoridad sobre el particular.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 165/2002.

Esta recomendación, se tuvo por aceptada el día 30 de diciembre, atendiendo al oficio número 268/2002, firmado por el C.P. JOSE MANUEL SUAREZ LOPEZ, Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien a la vez informó haber indicado al Contralor Municipal el inicio del procedimiento administrativo en contra del Policía BENITO JULIAN SOSA. Por lo que solo guardamos las pruebas que acrediten su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN 166/2002.

Esta resolución tuvo su origen en el expediente 347/2001, instaurado con motivo de la queja formulada por un ciudadano en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA de Victoria, Tamaulipas.

El quejoso denunció esencialmente, que estando en compañía de un par de amigos en las afueras de su domicilio ingiriendo bebidas embriagantes, advirtieron que se acercaba un operativo policiaco, la primera de las patrullas les indicó que deberían entrar a la casa, a lo cual accedieron, sin embargo, una vez que procedían a entrar el resto de las unidades se detuvo, descendiendo de ellas varios policías quienes con lujo de violencia los aprehendieron e incluso allanaron el hogar del denunciante.

Cabe señalar que la Autoridad admitió la detención, pero negó cualquier exceso en su cumplimiento, arguyendo que los detenidos infringían el Bando de Policía y Buen Gobierno.

No obstante lo precisado por la Autoridad, este Organismo asentó en la resolución que nos ocupa:

“...es de considerarse que le corresponde a la autoridad acreditar la legalidad de su proceder, y no obstante que la conducta del quejoso aparentemente implicaba una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno de este Municipio, la irregularidad en la detención del quejoso no estriba en el motivo por el cual se llevó a cabo, sino en el hecho de que para la consecución de la misma se allanó el domicilio del quejoso, sin que las autoridades señaladas como responsables acreditaran de manera alguna la constitucionalidad y legalidad de sus actos con relación al allanamiento de morada, advirtiéndose de autos del presente sumario la inexistencia de medios de convicción que permitan desvirtuar los argumentos expresados por el quejoso...”

Se logró demostrar además que tras la detención el denunciante requirió atención hospitalaria debido al uso excesivo de fuerza en su aprehensión.

Por tal motivo, se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL de VICTORIA, el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los agentes de la policía preventiva implicados en el presente caso.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 166/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante el oficio número 206/02, de fecha 10 de octubre, firmado por el Licenciado RICARDO GAMUNDI ROSAS, Secretario del Ayuntamiento en Victoria, Tamaulipas, sin embargo, a pesar de los recordatorios girados carecemos de mayor información al respecto.

RECOMENDACIÓN No. 167/2002.

El señor JUAN EUFRACIO GÁMEZ motivo el inicio del expediente 129/2002, al denunciar cómo AGENTES DE TRÁNSITO, destacamentados en El Barretal, municipio de Padilla, Tamaulipas, lo detuvieron cuando conducía su vehículo arguyendo que se desplazaba en sentido contrario. El quejoso agregó que la Autoridad retuvo su vehículo durante tres horas en la Delegación de Tránsito, no obstante se les explicó que uno de los pasajeros requería atención médica. Al final, gracias a la intervención de un funcionario del gobierno municipal de Padilla, se les entregó la camioneta la cual había sido retenida a efecto de garantizar el pago de la multa.

Cabe señalar que la Autoridad la aceptó existencia del acto reclamado, a excepción del hecho en el cual se habla de una persona enferma, pues refiere en su informe que tal circunstancia es falsa.

Así quedó demostrado que los servidores públicos transgredieron lo dispuesto por los artículos 50 de la Ley de Tránsito y 200 del Reglamento respectivo:

“...ARTÍCULO 50.- Queda prohibido a las autoridades de Tránsito, con motivo de las infracciones a esta Ley o a su Reglamento, retener las placas de circulación, la licencia de conducir o el vehículo”.- “ARTICULO 200.- Para garantizar el pago de la infracción, los agentes solo podrán retener la tarjeta de circulación...”.

Visto lo anterior, se emitió la RECOMENDACIÓN que enseguida se transcribe:

“...Se recomienda al Presidente Municipal de Padilla, Tamaulipas, en su carácter de superior jerárquico ordene a quien corresponda la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias a que hubiere lugar, en contra de los Agentes de Tránsito implicados en la presente, en virtud de que su proceder fue contrario a lo establecido por la Ley y el Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado...”

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 167/2002.

A pesar de que el día 10 de diciembre, se despachó el último oficio recordatorio dirigido al Presidente Municipal de Padilla, Tamaulipas, a fin de requerirlo sobre una respuesta definitiva en cuanto a la aceptación o rechazo de esta recomendación, a la fecha carecemos de ella. Por lo que el quejoso conserva su derecho de acudir mediante el recurso de impugnación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

RECOMENDACIÓN NO. 168/2002.

Esta resolución puso fin a la integración del expediente 170/2001, instaurado con motivo de la queja formulada por los CC. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ SAUCEDA y JUAN CARLOS SAUCEDA MARTÍNEZ en contra de ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA de Victoria, Tamaulipas.

Los quejosos denunciaron, que sin existir motivo alguno, agentes de la policía preventiva los aprehendieron, relacionándolos con hechos delictivos a los cuales eran totalmente ajenos.

La Autoridad, a través del entonces Director de Seguridad Pública Municipal MATÍAS RAMÓN OCHOA DELGADO, informó a la CODHET que los agraviados fueron detenidos por infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno, además de lanzar piedras a una patrulla.

Esta Institución investigó los hechos denunciados, concluyendo que los servidores públicos transgredieron los derechos fundamentales de JUAN CARLOS SAUCEDA MARTÍNEZ y LUIS ALBERTO GONZÁLEZ SAUCEDA, pues diversos testigos declararon haber presenciado la detención, confirmando la versión de los quejosos en el sentido de que no se encontraban en flagrancia delictiva.

Se logró saber además que los policías responsables tripulaban la unidad 39 de la citada corporación, y sus nombres son RICARDO IZAGURRE RESÉNDEZ y CRISPÍN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Visto lo anterior se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICPAL de Victoria, la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en su contra.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 168/2002.

A pesar de que el día 29 de noviembre, se despachó el último oficio recordatorio dirigido al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, a fin de requerirlo sobre una respuesta definitiva en cuanto a la aceptación o rechazo de esta recomendación, a la fecha carecemos de ella. Por lo que el quejoso conserva su derecho de acudir mediante el recurso de impugnación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

RECOMENDACIÓN No. 169/2002.

A través de esta resolución se RECOMENDÓ al PRESIDENTE MUNICIPAL de VICTORIA, TAMAULIPAS, la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en contra de los policías JUAN MANUEL OSORIO MARTÍNEZ, LUIS ERNESTO LÓPEZ ALONSO y los demás que participaron en la arbitraria detención del C. PEDRO ALFONSO RODRÍGUEZ ZAPATA.

De esa manera concluyó la integración del expediente 190/2001, en donde se investigaron los hechos denunciados por la C. LIDIA ZAPATA CRUZ, madre del detenido, quien refirió a este Organismo la forma en que los citados servidores públicos se introdujeron sin autorización a su domicilio de donde sacaron a Pedro Rodríguez imputándole hechos delictivos en los cuales no tuvo participación alguna. Agregó que en el forcejeo se escuchó la detonación de un arma de fuego.

La Autoridad reconoció la detención del agraviado, mas no admitió haberse excedido en su labor, asegurando que su proceder estuvo ajustado a derecho, sin embargo, no aportó elemento de convicción alguno. Por el contrario, se recabaron probanzas suficientes para aseverar que los policías preventivos ejercieron indebidamente su función pública al allanar el domicilio de la quejosa, capturar sin razón alguna a RODRÍGUEZ ZAPATA, relacionándolo con hechos delictivos ajenos y, muy probablemente, utilizando las armas de cargo para intimidarlo.

Atendiendo a lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN en los términos arriba expuestos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 169/2002.

A pesar de que el día 29 de noviembre, se despachó el último oficio recordatorio dirigido al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, a fin de requerirlo sobre una respuesta definitiva en cuanto a la aceptación o rechazo de esta recomendación, a la fecha carecemos de ella. Por lo que el quejoso conserva su derecho de acudir mediante el recurso de impugnación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

RECOMENDACIÓN No. 170/2002.

La recomendación 170/2002, dictada el 30 de septiembre del presente año, fue dirigida al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a raíz de la queja 014/01-L, presentada por la C. MARIA LETICIA CAUDILLO RODRIGUEZ, quien denunció que el día 28 de diciembre del 2001, su menor hija BRENDA ALEJANDRA GUTIERREZ CAUDILLO, fue detenida arbitrariamente por elementos de la Policía Municipal de aquella localidad. Una vez analizadas y evaluadas las probanzas y demás actuaciones allegadas al expediente, se demostró que la autoridad señalada como responsable incurrió en violaciones a los derechos humanos de BRENDA ALEJANDRA GUTIERREZ CAUDILLO, al habérsele detenido sin que se encontrara en la comisión flagrante de algún delito o infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno; en base a ello, se recomendó al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ordenar la instauración del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos responsables.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 170/2002.

Esta recomendación fue aceptada por el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante el oficio número 2531/2002, de fecha 11 de noviembre. Así mismo, la autoridad nos informó haber turnado una copia de esta resolución a la Contraloría Municipal, a fin de iniciar el procedimiento administrativo en contra de los Agentes de la Policía Municipal JOSE ANGEL MARTINEZ GONZALEZ Y ARTURO GONZALEZ PUENTES. Por lo que solo guardamos las pruebas de su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 171/2002

La recomendación 171/2002, se dictó el día primero de octubre del 2002, y tuvo su origen en los expedientes de queja 28/01-M, 73/01-M, 120/01-M, 170/01-M, 207/01-M, 303/01-V, 424/01-V, 12/02-M, 37/02-M, 46/02-M, 51/02-M, 79/02-M, 85/02-M, 98/02-M, 115/02-M, 126/02-M, 137/02-M, 139/02-M, 157/02-M, 158/02-M, 162/02-M, 167/02-M, 177/02-M, 178/02-M, 182/02-M, 185/02-M, dentro de los cuales se denunciaron diversas anomalías que se practican al interior del Centro de Readaptación Social número Dos de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo a las investigaciones que realizara este Organismo, se comprobó que en ese Centro Penitenciario, impera el hacinamiento, toda vez que el lugar no cuenta con espacios suficientes para que duerma la población, las celdas albergan hasta a nueve internos cada una. Así también, de las evidencias que se obtuvieran, se encontró que en el propio establecimiento, se puede conseguir droga de diversa índole, y que la misma es introducida en algunos casos por los propios integrantes del personal de seguridad y custodia; otra situación irregular que se detectó fue que, a los internos no les dan facilidades para adquirir productos del exterior, que son obligados a consumir los que al interior expenden, se comprobó que en el lugar existe el autogobierno o el ejercicio de la función de autoridad por parte de internos quienes representan el control del Centro, quienes mantienen a “cuota” a la población interna, coludidos con funcionarios del lugar. Otra situación lamentable que se demostró es el hecho de que a los internos se les aplican sanciones contrarias a lo establecido por el orden penitenciario, donde incluso se les castiga sin motivo legal alguno, que las áreas de castigo no cumplen con las condiciones de habitabilidad, que el lugar no cuenta con el número adecuado de personal médico, que cuide la salud física y mental de la población, además de que en el establecimiento no se cuenta con los productos farmacéuticos necesarios para primeros auxilios; que a los internos se les traslada aun y cuando se encuentran sujetos a un proceso penal en ese lugar, donde además, no se les respeta la garantía de audiencia, se comprobó además que los internos son perjudicados en sus fuentes de empleo, al revenderles en el lugar, el producto que necesitan, a un costo muy superior al comercial, que el funcionario penitenciario ADAN ORNELAS LOPEZ, les cobra una renta mensual por el uso del suelo; que en el área de aduanas del lugar, se cometen violaciones a los derechos humanos de los visitantes, al practicar las revisiones contrarias al orden legal. Este Organismo recabó evidencia que demostró que con motivo de las revisiones o cateos que se efectúan en las celdas de ese penal, los encargados de practicarlas, roban objetos y efectivo a los internos, donde se identificó como a los principales responsables a HUMBERTO ZAVALA y CESAR NAUZ MARTINEZ. En el área de seguridad y custodia se encontraron deficiencias, al no disponer del número adecuado de custodios que vigilen el lugar, existen lugares que albergan a más de un centenar de internos, sin vigilancia alguna, y el área de celdas no es vigilado permanentemente.

Por las anteriores circunstancias, se consideró pertinente recomendar al Director de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, realizara las gestiones conducentes para evitar el hacinamiento, así como para que se dote a ese Centro de detectores de droga y metal, además de que se clasifique a los internos en grupos completamente separados de acuerdo a sus estudios de personalidad, que la alimentación que se proporciona a los internos sea la apropiada, que se evite que los internos desempeñen funciones de mando, que las sanciones de aislamiento temporal se cumplan en estancias dignas, que las sanciones disciplinarias se apliquen conforme al Reglamento Penitenciario, que se provea a ese Centro de personal Médico suficiente y se les dote de material e instrumentos médicos necesarios, que los traslados sean autorizados por el Director con la opinión del Consejo Técnico Interdisciplinario, que se establezca un programa para prevenir y abatir el consumo de droga, alcohol y solventes, que sea la administración del centro la responsable del comercio, que se suspenda el cobro por el uso del suelo, a los internos comerciantes, además de que se separe de la función comercial al C. ADAN ORNELAS LOPEZ, que el Consejo Técnico Interdisciplinario, vigile permanentemente que en el área de aduanas a las visitas se les trate con dignidad y respeto, que los cateos se realicen sin violencia y con la presencia de personal del Consejo Técnico, que se concentre personal de seguridad suficiente congruente con el número de internos, que se investigue la actuación de los funcionarios públicos involucrados y, que se les restituyan los gastos comprobables que hayan sufragado los internos con motivo de algún padecimiento durante su internamiento.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 171/2002.

El día 25 de octubre, se recibió el oficio número 16470, firmado por el M.A.E. MANUEL DEL RIEGO DE LOS SANTOS, Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, elaborado en los términos siguientes:

“...En atención al oficio número 4989/2002, de fecha 01 del presente mes y año; relativo a la Recomendación número 171/2002, recaída en los expedientes de quejas número28/01-M, 73/01-M, 120/01-M, 170/01-M, 207/01-M, 303/01-V, 424/01-V, 12/02-M, 37/02-M, 46/02-M, 51/02-M, 79/02-M, 85/02-M, 98/02-M, 115/02-M, 126/02-M, 137/02-M, 139/02-M, 157/02-M, 158/02-M, 162/02-M, 167/02-M, 177/02-M, 178/02-M, 182/02-M Y 185/02-M, dentro de las cuales se advirtieron diversas anomalías en el Centro de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas; al respecto le informo a Usted que aceptamos la recomendación de mérito y procedemos a dar cumplimiento en los siguientes términos:

PRIMERA.- Esta Dirección General a mi cargo ha pugnado desde septiembre de 2000, porque el Gobierno Federal, atienda lo dispuesto en el artículo 18 Constitucional y proceda a organizar el sistema penal en su jurisdicción y atienda a los reos del Fuero Federal que en el Centro de Santa Adelaida son 1,088 y procedemos a firmar el convenio correspondiente ya sea para que, ellos administren el Centro, nos den el financiamiento para éste, o nos propongan un tercero. El sobre hacinamiento que tenemos en ese Centro es producto de las carencias del Centro, la instancia a corregir esas carencias, es la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal.

SEGUNDA.- La solicitud de los recursos que se señalan fue hecha desde el año 2001, pero en virtud de los recortes en el ramo 33 ese equipo no pudo ser adquirido ya que las prioridades fueron el programa de salud y la contratación de personal.

TERCERA.- En relación a la clasificación adecuada carecemos del personal técnico necesario así como de la infraestructura penitenciaria adecuada para proceder como corresponda. Hemos “Separado” de la mejor manera posible sin que lleguemos, siquiera, a la separación que demanda la Constitución. Es indispensable el concurso de la Autoridad Federal para erradicar estos problemas porque no es competencia del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. No obstante, las actividades laborales que Ustedes señalan como terapias ocupacionales, se han incrementado de manera muy significativa actualmente se encuentra laborando en ese Centro 625 internos.

CUARTA.- Por lo pronto esta Recomendación, me es grato comunicarle que se encuentra en muy buenas condiciones la alimentación que se le proporciona a la población penitenciaria de ese Centro. La alimentación en nuestros Centros ha sido calificado, inclusive, por los Visitadores de la C.E.D.H., así como la Fracción Panista como posiblemente la mejor que se sirve en los Centros Penitenciarios de México.

QUINTA.- A este respecto puedo asegurarle que el día 2 de octubre del 2002, el Centro se encuentra totalmente libre de auto gobierno y mantendremos los procedimientos necesarios a fin de que se mantenga con esas características.

SEXTA.- A partir del 4 de octubre de 2002, las secciones de aislamiento fueron resanadas, pintadas y sanitisadas y nos aseguraremos que los servicios sanitario se encuentra pulcros y en buen estado. No omito manifestarle que la recomendación número 17/2002, emitida por presuntas violaciones de los derechos de los reclusos o interno, en el Centro de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas; en su segundo punto recomendatorio, que a la letra dice:

...SEGUNDA. Así mismo, al Director del referido Centro de Readaptación Social, para que se tomen las medidas inmediatas adecuadas para que los lugares de aislamiento, se encuentren acondicionados según lo establecido en el ordenamiento carcelario... al respecto en fecha 06 de septiembre de 2002, ese H. Organismo tiene por cumplida en forma total dicha recomendación.

SÉPTIMA.- El procedimiento disciplinario ha quedado debidamente ordenado a partir de octubre de 2002, para que sea supervisado por el Consejo Técnico, cursos de capacitación tendrán verificativo de manera periódica.

OCTAVA.- El programa de salud en los Centros de internamiento dio inicio en el año de 2001, con una inversión de 7 millones de pesos lo que cubre las necesidades de personal y medicamento, en este año 2002 se amplió la plantilla de personal con 14 millones de pesos; para el año 2003 esperamos erradicar la deficiencia de salud ya que ha sido autorizado un presupuesto de 30 millones de pesos lo que viene a satisfacer las necesidades en el aspecto médico.

NOVENA.- El procedimiento de los traslados quedó determinado y definido con procedimiento de verificación que tenemos no solo el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro, sino también está sancionado por esta Dirección General y la Subsecretaría General de Gobierno. No omito manifestarle que la recomendación número 129/2002, emitida por esa Comisión de Derechos Humanos en el Estado, en su primer punto recomendatorio, que a la letra dice:

...PRIMERA. Al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, en su carácter de superior Jerárquico, se le recomienda instruya a quien corresponda que a fin de evitar futuras violaciones a los derechos de los reclusos funden y motiven los traslados de los internos a su disposición... al respecto en fecha 21 de octubre de 2002, ese H. Organismo tiene por cumplida en forma total dicha recomendación.

DECIMA.- El combate al tráfico de enervantes y consumo de ellas tuvo tal éxito que el día uno de octubre del año en curso, el CERESO presentó un motín demandando y exigiendo el ingreso de estupefacientes como primer punto. Posteriormente variaron su peligro petitorio, pero seguían demandando la presencia de drogas. Nuestras negociaciones fueron determinantes y seguirá claro que en ese Centro seguiremos combatiendo de manera, es preciso recordarle a esa Honorable Comisión que es materia de la Procuraduría General de la República el asegurarse que no lleguen al Centro los narcóticos y estupefacientes que Usted nos señala. No obstante lo anterior, creemos que los cursos de motivación, derechos humanos y actualización profesional programadas para este año podremos concienciar al personal de mantenerse ajenos a participar en el ingreso de este flagelo.

ONCEAVA.- A partir de esta fecha estaremos invitando a la PROFECO a que acuda de manera regular a visitar el Centro a los establecimiento comerciales, a fin de garantizarle que los preciso de los artículos que se expenden sean igual o menor de los que existen en la vía pública. También se expedirán comprobantes de compra donde se señalen los preciso que se alegan, han sido elevados.

DOCEAVA.- Tomo nota de el cese del señor Adán Órnelas López y procedo a dar cumplimiento a la investigación íntegra y de llegar si es necesario a turnarla al Agente del Ministerio Público.

TRECEAVA.- En los siguientes días la Comisión Nacional de Derechos Humanos con cede en la Ciudad de Reynosa, estará verificando los procedimientos de revisión de las visitas y sancionará y ratificará los procedimientos como procede.

CATORCEAVA.- La noche del 3 de octubre de este año, procedimos a realizar un cateo exhaustivo del Centro en donde por aclamación general se ha alcanzado la ausencia total de drogas. Pudimos decomisar artículos de uso en actividades laborales que por estar fuera de talleres pueden ser utilizadas como armas. No obstante lo anterior, iniciaremos un programa continuo de revisión diario para verificar la presencia de narcóticos, armas o cualquier otro artículo prohibido en el interior.

QUINCEAVA.- En el programa de inversión 2003 hemos solicitado la ampliación de plantilla de personal para seguridad y custodia para ese Centro a fin de que se contraten, por lo menos 50 elementos, lo que dará respuesta a esta recomendación y aceptamos y aplaudimos que esa determinación de Usted para apoyarnos en la capacitación y sensibilización de los derechos humanos.

DIECISEISAVA.- Tomo nota de la lista de funcionarios públicos que en ese documento se mencionan y a partir de la semana entrante iniciaremos las investigaciones por los señalamientos que se hacen. Los mantendré informados de los avances que se realicen.

DIECISIETEAVA.- Conforme a su presente requerimientos de este tipo, los habremos de turnar a la Autoridad competente, a fin de que procedan a sufragar esos gastos, esta Dirección a mi cargo no cuenta con una partida presupuestal para tal efecto.

Así mismo, me permito informarle que se giraron instrucciones precisas al Director del Centro de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas, a fin de que a la brevedad posible implementara acciones tendientes a dar cumplimiento a la recomendación de referencia. Por tanto, anexo al presente remito a Usted constancias que acreditan algunas de las acciones implementadas. Oficio número 4157/2002, de fecha 21 del presente mes y año, mismo que contiene 6 fojas en forma ilustrada, oficio número 4132/2002, de fecha 21 de los cursantes, mismo que contiene 7 fojas en forma detallada de dichas acciones, signados por el Lic. Reynaldo Vázquez Barquiarena, Director del Centro de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas.

En su oportunidad informaré a Usted de la observación total de conformidad con el artículo 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas...”.

Cabe señalar que la autoridad ha enviado diversas constancias para acreditar el seguimiento brindado a nuestra resolución. El día 5 de diciembre personal de este Organismo se constituyó en aquel establecimiento penal para cerciorarse de los avances logrados, elaborando al efecto la constancia que enseguida se transcribe:

“... En relación a la Recomendación número 171/2002, en el Centro de Readaptación Social de H. Matamoros, Tamaulipas, en su fracción III se observó que se encuentran separados los internos en las áreas correspondientes; procesados, sentenciados, hombres, mujeres, violentos y adictos; en relación al punto cuarto; se estuvo presente el área de cocina donde se constató sobre el buen estado de los insumos que se utilizan para preparar los alimentos; así como la limpieza e higiene; así mismo se observa que existe un menú con lo cual se comprueba que la alimentación es adecuada y de acuerdo a lo establecido por el orden penitenciaria; se anexa a la presente copias de las fotografías que se tomaron en el área de cocina; en relación a la quinta; se constató en este punto que, en comparecencia con los internos no existe desempeño por parte de ellos en funciones de mando ni disciplina; por lo que hace al punto sexto; se les otorgará un plazo de una semana; se realizarán los arreglos necesarios al área de segregación. En relación a la octava se constató que existe material e instrumentos médicos suficientes; lo único pendiente sería lo relacionado con el personal médico y de enfermeras como establece el Reglamento; dicho punto será tratado en el próximo acuerdo con el Director General por parte del Director de este Centro de Readaptación social, en lo que respecto al número once, se constató que los precios en las tiendas son iguales a la mercancía del comercio exterior; en relación al punto doce, se constató según oficio número 4155/2002, en el cual se informa que el C. ADAN ORNELAS LOPEZ, fue retirado del cargo que ostentaba como encargado del área laboral y en su lugar quedó el C. CARLOS ALBERTO PEREZ CHAVEZ, informando la Dirección que la investigación no ha concluido y por lo tanto no se ha resuelto la situación jurídica, se dice administrativa; por no haber encontrado los elementos suficientes para deslindar alguna responsabilidad penal. Por lo que hace al punto trece: la Dirección informa que el próximo 9 de diciembre del año en curso; mediante Sesión Ordinario del Consejo Técnico Interdisciplinario, se giraron los oficios correspondientes con el fin de instruir al personal de aduanas; para que en las visitas se respete la dignidad de ellos. Por lo que hace al punto dieciséis. La Dirección informa que el C. HUMBERTO ZAVALA RAMÍREZ, dejó de laborar en esta Dirección como Coordinador de Seguridad y no tiene ninguna relación con este Centro Penitenciario; así como el C. CESAR NAUTZ MARTINEZ; ya no trabajan en este Centro Penitenciario, siendo todo lo que tenemos que manifestar...”

 

RECOMENDACION No. 172/2002.

El expediente número 129/01-M, relativo a la queja que interpusiera el ciudadano GUADALUPE GONZALEZ BENAVIDES, en contra de elementos de la Policía Municipal Preventiva de Matamoros, Tamaulipas, finalizó con la recomendación número 172/2002, dictada en fecha 2 de octubre del 2002. Según el parte de remisión elaborado por los policías responsables, al quejoso se le detuvo: “...porque se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes y estar botado en la vía pública a bordo de un vehículo...”. Sin embargo, de acuerdo con el análisis y evaluación de las probanzas que fueron recabadas en el procedimiento, se comprobó que a GUADALUPE GONZALEZ BENAVIDES, no se le sorprendió ingiriendo bebidas embriagantes, sino que éste únicamente se encontraba a bordo de un vehículo particular con las puertas abiertas, lo que a los agentes pareció sospechoso, procediendo a realizarle una revisión de rutina, para posteriormente privarlo ilegalmente de su libertad; asimismo, se demostró que tal persona, presentó lesiones en su humanidad, según dictamen médico que le fuera practicado por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que comprobó la violencia desmedida que se utilizó en el detenido por parte de sus aprehensores. Por tal cuestión, se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, aplicar las medidas correctivas y disciplinarias en contra de los agentes involucrados en los hechos, por haber actuado arbitrariamente y violado por ende, derechos humanos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 172/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada el día 16 de diciembre, atendiendo el contenido del oficio número 984/02, de fecha 12 de diciembre, firmado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con pruebas de su total cumplimiento.

RECOMENDACIÓN No. 173/2002.

La Recomendación 173/02, se originó en virtud de la queja presentada por el C. CORDELIO MARTINEZ FABIAN, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos por parte del Defensor de Oficio Adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de Reynosa, Tamaulipas, los cuales fueron calificados como Irregularidades en la Defensoría de Oficio; mismas que consistieron básicamente en que dicho servidor público nunca rindió información al quejoso respecto al estado que guardaban los autos del expediente 168/2000, que fuera radicado ante el Juzgado de su adscripción.

En tal virtud, se originó el procedimiento de queja radicado con el número 387/2001, solicitando los informes correspondientes y ordenándose las diligencias necesarias para agotar nuestra investigación, y una vez hecho lo anterior, se dictó resolución tomando como principal prueba para la acreditación de los hechos denunciados por el quejoso, la instrumental de actuaciones consistente en copias certificadas de la causa penal anteriormente citada, advirtiéndose que el Defensor de Oficio, LIC. CARLOS CENTENO PESTAÑA, se concretó a estar presente en la declaración preparatoria del presunto responsable, solicitando en ese mismo acto diligencia de careo entre el procesado y el ofendido; así mismo se desprendió la inexistencia de promoción alguna o bien diligencia en la que interviniera el citado servidor público, acreditándose con ello que incumplió con su función, al no proporcionar la adecuada defensa a CORDELIO MARTINEZ FABIAN, a quien ningún momento informó sobre su situación jurídica, desacatando la obligación que le impone la Ley de la Defensoría de Oficio en el Estado de Tamaulipas, en específico lo previsto por los artículos 2 y 12 del cuerpo normativo anteriormente citado.

Atentos a lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN dirigida al Director General de Defensorías de Oficio en el Estado, a fin de que como superior jerárquico instruya a quien corresponda la aplicación de medidas disciplinarias y correctivas a que haya lugar en contra del LIC. CARLOS CENTENO PESTAÑA.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 173/2002.

Esta recomendación fue aceptada mediante el oficio número 5576, de fecha 15 de octubre, firmado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, sin que a la fecha contemos con pruebas de su total cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 174/2002.

La recomendación número 174/2002, se emitió el día 2 de octubre del 2002, dentro de la queja 33/01-M, recabada de oficio por este Organismo, en contra de Agentes de la Policía Ministerial y Preventiva de Matamoros, Tamaulipas, al comprobar que no obstante que en la colonia Modelo de esa Ciudad, se desarrollaban actos vandálicos por parte de alrededor de mil personas inconformes por la conducción de la Junta Municipal de Reclutamiento, y de las múltiples llamadas de auxilio de las personas afectadas, los agentes municipales preventivos no brindaron la atención requerida, omitiendo custodiar, vigilar, proteger y dar seguridad a las personas. Tal omisión no es solo imputable a los agentes policíacos, sino también a los encargados de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes no hicieron nada para cerciorarse que en la zona de conflicto, se prestara la ayuda policial requerida. Lo anterior, pone en tela de duda la seguridad pública y prevención del delito, y refleja además incapacidad de esas autoridades para manejar conflictos de alta magnitud. Ante tales irregularidades, se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, implementar un curso de capacitación a los elementos de seguridad pública, tendiente a dotarlos de una preparación especializada y adecuada, en el manejo y control de grandes concentraciones humanas de una forma pacífica; así mismo, se le insto a aplicar medidas disciplinarias a los funcionarios públicos que resultasen responsables. Por último, se recomendó una investigación relacionada con las pérdidas materiales que sufrieran los afectados, para que se tomen las medidas pertinentes, procurando resarcirles lo dañado, instruyendo al Titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, para que en lo sucesivo, cuando se lleven a cabo actos masivos, éstos se realicen en áreas despobladas y en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 174/2002.

Esta recomendación se tuvo por aceptada mediante el oficio número 984/02, de fecha 12 de diciembre, firmado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con pruebas de su total cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 175/2002.

La Recomendación 175/02, se deriva del expediente de queja 039/2001-R promovido por JESÚS ALONSO ÁLVAREZ PEDROZA, a nombre propio y en representación de CARLOS DE LA CRUZ, denunciando detención arbitraria por parte de elementos de la Policía Preventiva Municipal, así como aseguramiento ilícito de bienes y ejercicio indebido de la función pública por parte del Juez Calificador, autoridades de Reynosa, Tamaulipas. Una vez que se analizaron las constancias que conforman el expediente, se determinó que en efecto los elementos de la policía preventiva incurrieron en irregularidades al privar ilegalmente de su libertad a los CC. JESÚS ALONSO ÁLVAREZ PEDROZA y CARLOS DE LA CRUZ, puesto que el hecho de que los encontraran en una “actitud sospechosa” no es motivo suficiente para proceder a su detención y revisión, ya que con ello se violenta lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, emitiéndose entonces Recomendación al Presidente Municipal de la localidad, a efecto de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra de los agentes JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CEPEDA y JUAN SÁNCHEZ.

De igual forma, durante la integración del expediente se pudo advertir que la Licenciada KARLA MARICELA ROBINSON AYALA, en su carácter de Juez Calificador, incurrió en irregularidades al ordenar un arresto por 36 horas de los detenidos, sanción excesiva, puesto que en todo caso se debió imponer una multa, toda vez que los familiares del detenido se presentaron con intención de pagarla, ello además de encontrarse irregular la actuación tanto de los policías preventivos como de la Juez Calificador, al incautar y negar la entrega de 13 botellas de tequila a la madre del quejoso, puesto que la propiedad de las mismas pudo acreditarse ante la Delegación de Seguridad Pública Municipal, pero con mayor razón por que los hechos tuvieron verificativo el 22 de febrero, y es hasta el dos de marzo del propio año en que la Juez Calificador ordenó la remisión al Agente del Ministerio Público Investigador, lo que nos llevara a emitir RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal de Reynosa, para que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra de la citada servidora pública.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 175/2002.

Esta recomendación, se tuvo por aceptada mediante proveído de fecha 20 de diciembre del 2002, dictado en atención al oficio del día 6 de diciembre, firmado por el C.P. VICTOR MANUEL OLVERA DE SANTIAGO, Contralor Municipal en Reynosa, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con pruebas de su total cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 176/2002.

Esta resolución se emitió el 25 de Octubre del presente año, con motivo de la queja 204/01-R, promovida por la C. HORTENCIA CÁRDENAS AGUIRRE, en representación de JUAN ALBERTO LEDEZMA CÁRDENAS, quien se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social número II, de Reynosa, Tamaulipas. Ello en virtud de haberse acreditado en autos, que la custodia GLORIA MORENO JUÁREZ, incurrió en violación a los derechos de los reclusos o internos, al lesionar, amenazar e intimidar a LEDEZMA CÁRDENAS, recomendándose entonces al Director de Prevención Auxilio, Medidas, Tutelares y Readaptación Social, se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias a la elemento de seguridad mencionada, y en caso de desprenderse la existencia de algún ilícito, dar vista al Agente del Ministerio Público Investigador, debiendo tomar las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad física del citado interno.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 176/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa número DC-SGG/080/2002, en contra de la C. GLORIA MORENO JUÁREZ, Custodia del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, justo en los términos que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida parcialmente mediante el proveído de fecha 16 de diciembre, por lo que su satisfacción total quedó supeditada a la información que posteriormente nos brinde la autoridad sobre el particular.

 

 

RECOMENDACIÓN No. 177/2002.

Recayó al expediente de queja 113/01-R, con motivo de la denuncia formulada por la interna MARIBEL ANDRADE MORENO, quien denunciara violación a sus derechos humanos por parte de JUANA MARIA SALAZAR GRIMALDO, custodia del Centro de Readaptación Social del Reynosa, Tamaulipas. Del estudio detenido de las constancias de autos, se llegó a la conclusión de que tal como lo manifiesta la quejosa, fue objeto de maltrato físico por parte de Salazar Grimaldo, situación de la cual tuvieran conocimiento los también custodios, FRANCISCO RÍOS DÍAZ y GLORIA MORENO JUÁREZ, y para establecer el comportamiento que la servidora pública asume en el desempeño de su labor, se corroboró con el diverso expediente de queja 13/01-R, promovido por otra interna que de igual forma denunciara maltrato físico por parte de la custodia Juana María Salazar Grimaldo, lo cual nos llevó a emitir RECOMENDACIÓN al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, para que se apliquen a la precitada servidora pública las medidas correctivas y disciplinarias procedentes.

Ahora bien, dentro del expediente de queja se pudo observar que quienes fungieron como Directores del reclusorio durante la tramitación de la queja en estudio, los CC. Licenciados DAGOBERTO MARTÍNEZ BECERRA Y ALFREDO SAUCEDO VARGAS, omitieron el primero de los nombrados rendir el informe solicitado por esta Comisión, y el segundo notificar al personal a su mando que deberían presentarse ante la Tercera Visitaduría a rendir su declaración testimonial, en contravención a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, ello no obstante la gravedad de las irregularidades denunciadas por la reclusa MARIBEL ANDRADE MORENO, lo que obstaculizara la debida integración de la queja, circunstancias que nos llevaran a emitir RECOMENDACIÓN a la misma Autoridad, a efecto de que se giren las instrucciones pertinentes, y en lo sucesivo se rindan oportunamente los informes solicitados por esta Comisión.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 177/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa número DC-SGG/075/2002, en contra de la C.JUANA MARIA SALAZAR GRIMALDO, Custodia del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, justo en los términos que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida parcialmente mediante el proveído de fecha 13 de diciembre, por lo que su satisfacción total quedó supeditada a la información que posteriormente nos brinde la autoridad sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 178/2002.

Fue emitida el día 02 de octubre del año 2002, derivada de la queja 266/2001, presentada por el C. JOSE GUADALUPE CAMPOS SIFUENTES, quien ante la Primera Visitaduría General de este Organismo, denunció allanamiento de morada, detención arbitraria e ilícitos contra el honor, cometidos en agravio de RIGOBERTO CAMPOS SIFUENTES, por parte de Agentes de la Policía Preventiva de esta Ciudad; si bien es cierto, que con los elementos de prueba allegados al sumario se acreditó la legalidad de la detención del C. RIGOBERTO CAMPOS SIFUENTES, y que respecto al allanamiento de morada, con los datos de prueba existentes en el mismo, no se acreditó que los elementos de la policía preventiva hayan incurrido en dicha irregularidad; quedó acreditado fehacientemente dentro del sumario, que el C. CAMPOS SIFUENTES fue violentado físicamente por los elementos policiales que lo detuvieron; dicha circunstancia, se probó con la propia declaración de JOSE GUADALUPE CAMPOS SIFUENTES y el directamente agraviado; así como con lo informado por las CC. JUANA MARIA SIFUENTES REYES y TANIA BERENICE GONZALEZ BOCANEGRA, y si bien, los servidores públicos implicados señalaron que no agredieron a dicha persona, expresando que ésta se golpeó en la patrulla y en la Delegación se golpeó contra la pared, dicha situación no se acreditó y en casó de que hubiese sucedido, los servidores públicos tenían la obligación de proteger su integridad física, ya que se encontraba bajo su responsabilidad y el hecho de que el C. CAMPOS SIFUENTES hubiera cometido alguna falta administrativa o realizado alguna conducta que tipificara algún ilícito, ello no autorizaba a los Agentes aprehensores a que lo capturaran mediando violencia física; lo que motivó que este Organismo formulara RECOMEDACION al C. Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, como superior jerárquico, a efecto de que se investigue y valore la conducta realizada por los elementos policiales y, en su caso, aplicar la sanción correspondiente.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 178/2002.

A pesar de que el día 29 de noviembre, se giró el último oficio recordatorio al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, requiriéndolo sobre una respuesta en cuanto a la aceptación o rechazo de nuestra recomendación, a la fecha carecemos de la misma, por lo que el quejoso conserva su derecho de acudir mediante el recurso de impugnación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

RECOMENDACIÓN No. 179/2002.

La Recomendación 179/02 tuvo su origen en el expediente 101/01-R, la cual fue motivada por el C. SEFERINO ABASOLO CATARINA, quien se doliera de detención arbitraria, ilícitos contra el honor y lesiones, por parte de elementos de la policía preventiva de Reynosa, Tamaulipas. Si bien de las constancias que obran en el expediente, se logró acreditar la legalidad de la detención, es necesario destacar que aun y cuando la privación de libertad fue motivada, entre otras infracciones, por encontrarse el quejoso en estado de embriaguez, no se le practicó el dictamen de alcoholemia necesario para acreditar tal circunstancia, lo que nos llevara a emitir RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, a efecto de que se giren instrucciones para que en lo subsecuente se ordene practicar el dictamen de alcoholemia a toda aquellas personas que sean detenidas por encontrarse en estado de embriaguez.

De igual forma al no existir en autos elementos suficientes para corroborar el dicho del quejoso se emitió ACUERDO DE NO ACREDITADOS LO HECHOS, a favor de los agentes de la Policía Preventiva de nombres ANTONIO ARMENDÁRIZ Y JAIME GARCÍA LEDESMA por las lesiones, golpes y violencias físicas simples que les imputara el quejoso SEFERINO ABASOLO CATARINA, sin perjuicio de que si con posterioridad se allegaren mayores elementos de prueba, se abra un nuevo expediente de queja.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 179/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación el día 19 de diciembre del 2002, mediante el oficio número 430/02, firmado por el C.P. VICTOR MANUEL OLVERA DE SANTIAGO, Contralor Municipal en Reynosa, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con pruebas que nos permitan tener cumplimiento total de nuestra resolución.

 

RECOMENDACION N° 180/2002.

Fue emitida el día 9 de octubre del 2002, y dirigida al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, derivada de la queja número 145/00-M, que fuera radicada de oficio en la Cuarta Visitaduría de este Organismo, en virtud de que se comprobó que el Licenciado Leocadio S. Mendoza Vallejo, Juez Calificador adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Matamoros, Tamaulipas, al tener a su disposición a un menor de edad, y de saber de su calidad de inimputable, procedió a ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador, actuando en total contravención del artículo 35 de la Ley para la Prevención de Conductas Antisociales, Medidas Tutelares y Readaptación Social, motivo por el cual se procedió a recomendar al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, instruyera por escrito al Secretario de Seguridad Pública Municipal, diera instrucciones a los Jueces Calificadores de ese Ayuntamiento, que cuando tuviese conocimiento de hechos comprendidos en el artículo 19 de la Ley que se cita, procedan de inmediato a informar y proveer en su caso, los traslados al Consejo Tutelar correspondiente.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 180/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación el día 14 de diciembre del 2002, mediante el oficio número 984/02, firmado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con pruebas que nos permitan tener cumplimiento total de nuestra resolución.

 

RECOMENDACIÓN No. 181/2002.

Dictada el 09 de octubre año en curso, esta Recomendación fue dirigida al Procurador General de Justicia en el Estado, y derivó de la queja número 085/02-L, presentada por el C. ALFREDO MEDINA ORTEGA, quien denunció que el día 10 de abril del presente año, estando detenido en la Delegación Central de la Policía Municipal, a disposición de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, se presentó un abogado particular, el cual manifestó que le habían asignado su caso, tomándole personalmente su declaración. Una vez analizadas y evaluadas las probanzas y demás actuaciones allegadas al expediente de queja, se demostró que la autoridad señalada como responsable omitió designar un defensor de oficio en los términos del artículo 20 Constitucional, violando con ello los derechos humanos del quejoso; en base a ello, se recomendó la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias, en contra de los CC. Agente del Ministerio Público Investigador y Oficial Secretario adscritos a la Agencia Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales en aquella localidad.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 181/2002.

Advirtiendo el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa número 76/2002, en contra del Agente del Ministerio Público Investigador y Oficial Secretario adscritos a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, justo en los términos de la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida parcialmente mediante el proveído de fecha 4 de diciembre, por lo que su satisfacción quedará supeditada a la información que posteriormente nos brinde la autoridad sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 182/2002.

La Recomendación 182/2002 se originó con motivo de la queja número 351/2001, presentada por los CC. ADAN Y REYES NARVAEZ LOPEZ, en contra de elementos de la policía preventiva de esta Ciudad, denunciando Detención Arbitraria e Ilícitos contra el Honor; y al analizarse las probanzas allegadas al expediente, quedó plenamente acreditada la responsabilidad de la autoridad implicada en la comisión de las lesiones causadas a ADAN NARVAEZ LOPEZ, acreditándose dicha circunstancia con la constancia elaborada por personal de este Organismo en la cual se asentó que el quejoso presentaba escoriaciones y hematomas diversos en muñeca derecha, brazo derecho e izquierdo, en el cuello, en la pierna izquierda, mejilla derecha, espalda y abdomen; así como con las declaraciones vertidas ante este Oranismo por los CC. ADAN NARVAEZ LOPEZ, MARCELO FEDERICO NARVAEZ LOPEZ, y BRISA BEATRIZ LOPEZ VICTERIO, quienes coinciden en señalar que el ahora quejoso fue agredido por elementos de la policía preventiva cuando se encontraba en las oficinas de dicha corporación, atestaciones que tienen valor probatorio preponderante en virtud de ser coincidentes entre sí y no encontrarse desvirtuadas por medio de convicción alguno que le reste eficacia probatoria, aunado a ello, la autoridad implicada fue omisa en rendir señalamiento alguno respecto a dichas agresiones, circunstancias que de conformidad con el artículo 36 de la Ley que rige a este Organismo, revisten la presunción de ser ciertos los actos denunciados por el quejoso.

Atentos a lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN dirigida al Presidente Municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a fin de que ordene la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los agentes de la policía preventiva, implicados en la presente queja.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 182/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 218/02, del 25 de octubre, firmado por el Licenciado RICARDO GAMUNDI ROSAS, Secretario del Ayuntamiento en Victoria, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con información relativa a su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 183/2002.

La RECOMENDACIÓN 183/2002, se originó con motivo de la queja presentada por el C. JESUS FRANCISCO HERNANDEZ CONTRERAS, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos, por parte de elementos de la policía preventiva de esta Ciudad, mismos que fueron calificados como Detención Arbitraria e Ilícitos contra el Honor.

En virtud de lo anterior, se originó el procedimiento de queja radicado con el número 237/2001, realizándose las diligencias necesarias para la adecuada integración del mismo y una vez agotado el procedimiento se resolvió concluyendo que de autos del expediente de queja en mención se advierte la acreditación plena de la responsabilidad de los servidores públicos implicados al haber detenido arbitrariamente a JESUS FRANCISCO HERNANDEZ CONTRERAS y a sus hermanos FRANCISCO PRISCILIANO Y MAX ERICK, lo anterior se acreditó con las declaraciones del quejoso misma que fue robustecida con las atestaciones de MAX ERICK HERNANDEZ, ANA MARIA HERNANDEZ CONTRERAS, FRANCISCO PRISCILIANO HERNANDEZ CONTRERAS y DOMINGO ISAEL LIMON HERNANDEZ, manifestaciones que en virtud a su idoneidad adquieren relevancia jurídica para la demostración fehaciente de la injustificada detención de los quejosos, aunado a ello, si bien es cierto la autoridad implicada pretendió justificar la detención de los mismos señalando que estos se encontraban consumiendo bebidas embriagantes en la vía pública, también lo es que en ningún momento aportó probanza alguna que acreditara la legalidad de su actuación, por lo que los argumentos expresados por el quejoso no fueron desvirtuados.

Así mismo, dentro de la presente queja se encontró plenamente acreditada la responsabilidad de los agentes aprehensores en la comisión de agresiones sobre la humanidad de FRANCISCO PRISCILIANO HERNANDEZ, lo anterior encontró sustento probatorio en las declaraciones del propio agraviado mismas que se encontraban adminiculadas con los testimonios de MAX ERICK HERNANDEZ CONTRERAS, ANA MARIA HERNANDEZ CONTRERAS Y DOMINGO ISAEL LIMON HERNANDEZ, medios de convicción que adquieren validez probatoria preponderante en virtud de no encontrar elementos de prueba suficientes que los desvirtúen.

Atentos a lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN dirigida al Presidente Municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a fin de que ordene la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los agentes de la policía preventiva, implicados en la presente queja.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 183/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 219/02, del 25 de octubre, firmado por el Licenciado RICARDO GAMUNDI ROSAS, Secretario del Ayuntamiento en Victoria, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con información relativa a su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 184/2002.

Emitida el día 10 de octubre del año en curso, esta recomendación pone fin a la integración del expediente 466/00-T, instaurado con motivo de la queja formulada por los CC. ROCIO HERRERA ROMERO, RUBEN MALERVA ROSALES E HILDA ROSALES MORALES, en contra de elementos de la Policía Preventiva y elementos de la Policía Ministerial del Estado, todos con residencia en Ciudad Tampico, Tamaulipas. En síntesis, los quejosos narran que el día 16 de diciembre del año dos mil, aproximadamente a las 01:30 horas, los CC. RUBEN MALERVA ROSALES y LUIS ANTONIO ROSALES MORALES, fueron detenidos por elementos de la Policía Preventiva, quienes los llevaron a la Delegación de Seguridad Pública Municipal e inmediatamente después, en una patrulla de la Policía Ministerial del Estado, trasladados a la Comandancia de dicha corporación, permaneciendo desde las 03:00 horas hasta las 18:00 horas, de ese mismo día detenidos.

Una vez que este Organismo realizó un análisis a todas y cada una de las constancias que integran el expediente, llegó a la conclusión de que en relación a las imputaciones realizadas por los quejosos en contra de los elementos de la Policía Preventiva de Tampico, las mismos han quedado sin materia, en virtud de que en autos del presente expediente obran constancias de que dichos servidores fueron sancionados administrativamente, al ser suspendidos de sus labores en virtud de los hechos denunciados, por lo que se emitió al respecto, ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO.

Por otra parte, en lo que respecta a la actuación realizada por parte de los CC. RICARDO SALINAS CASTAN Y HECTOR ELIUD CABRIALES REYES, Agentes de la Policía Ministerial del Estado, esta se deviene, fue irregular, toda vez que, en autos quedó acreditado que éstos prolongaron la detención de los CC. LUIS ANTONIO ROSALES MORALES y RUBEN MALERVA GONZÁLEZ, violando con ello los artículos 14 y 16 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; por lo cual, se recomendó al C. Procurador General de Justicia en el Estado, como superior jerárquico de los servidores públicos implicados, para el efecto de que, se inicie, trámite y resuelva el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los CC. RICARDO SALINAS CASTON y HECTOR CABRIALES REYES, Agentes de la Policía Ministerial del Estado, por la irregularidad antes descrita y, en su caso, se les apliquen las sanciones procedentes conforme a Derecho.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 184/2002.

Advirtiendo el inicio del procedimiento administrativo número 86/2002, en contra de los Agentes de la Policía Ministerial RICARDO SALINAS CASTON Y HECTOR CABRIALES REYES, justo en los términos en que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida parcialmente el día 2 de diciembre por lo que su satisfacción total quedó supeditada a la información que con posterioridad nos brinde la autoridad sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 185/2002

La recomendación 185/2002, fue dictada el día 11 de octubre del 2002, dentro del expediente de queja 192/02, el cual fue iniciado por la denuncia de la ciudadana MARIA ELIA CASTILLO MORALES, quien argumentó que a su hijo de nombre JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTILLO, quien es menor de edad, el profesor JOSE LEON SOTO UGALDE, Director de la Escuela Secundaria General número 4 “Lauro Villar Ochoa”, de Matamoros, Tamaulipas, le negó la inscripción a esa Institución Educativa. Según las investigaciones practicadas por este Organismo, el funcionario público, no le permitió la inscripción a ese plantel, porque el menor de edad provenía de otra escuela no aprobado, proceder que este Organismo consideró irregular, toda vez que no existe fundamento legal alguno, que autorice a las Escuelas Secundarias, a negar la inscripción de alumnos por esos supuestos. Por esta cuestión, se vulneró el Derecho Constitucional a la Educación que tienen todos los niños del país, motivo por el cual, se recomendó al Secretario de Educación, Cultura y Deporte, girara las instrucciones al Director responsable, para que aceptara la inscripción del alumno JOSE LUIS RODRIGUEZ CASTILLO, además de que le aplicara las medidas correctivas que fuera procedentes por las irregularidades que se le comprobaron en su ejercicio público.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 185/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número DJ290/2002, del 15 de octubre, firmado por el Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, quien a la vez informó que el asunto quedaba en manos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. Obra en autos copia del oficio número 1920, del día 5 de noviembre, firmado por el Profesor LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA, Subsecretario de Educación Básica y Normal, y dirigido al Profesor JOSE LEON SOTO UGALDE, Director de la Escuela Secundaria General Número 4 en Matamoros, Tamaulipas, instruyéndolo para que inscriba al menor JOSE LUIS RODRÍGUEZ CASTILLO, sin embargo, no contamos a la fecha con pruebas que acrediten el acatamiento de tales instrucciones.

 

RECOMENDACION No. 186/2002

La recomendación 186/2002, fue dictada el día 11 de octubre del 2002, dentro del expediente de queja 191/02, el cual fue iniciado por la denuncia de la ciudadana ARACELY GARCIA GALVAN, quien argumentó que a su hijo de nombre ERICK ALAIN CANO GARCIA, quien es menor de edad, el profesor JOSE LEON SOTO UGALDE, Director de la Escuela Secundaria General número 4 “Lauro Villar Ochoa”, de Matamoros, Tamaulipas, le negó la inscripción a esa Institución Educativa. Según las investigaciones practicadas por este Organismo, el funcionario público, no le permitió la inscripción a ese plantel, porque el menor de edad provenía de otra escuela no aprobado, proceder que este Organismo consideró irregular, toda vez que no existe fundamento legal alguno, que autorice a las Escuelas Secundarias, a negar la inscripción de alumnos por esos supuestos. Por esta cuestión, se vulneró el Derecho Constitucional a la Educación que tienen todos los niños del país, motivo por el cual, se recomendó al Secretario de Educación, Cultura y Deporte, girara las instrucciones al Director responsable, para que aceptara la inscripción del alumno ERICK ALAIN CANO GARCIA, además de que le aplicara las medidas correctivas que fuera procedentes por las irregularidades que se le comprobaron en su ejercicio público.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 186/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número DJ289/2002, del 15 de octubre, firmado por el Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, quien a la vez informó que el asunto quedaba en manos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. Obra en autos copia del oficio número 1919, del día 5 de noviembre, firmado por el Profesor LUIS HUMBERTO HINOJOSA OCHOA, Subsecretario de Educación Básica y Normal, y dirigido al Profesor JOSE LEON SOTO UGALDE, Director de la Escuela Secundaria General Número 4 en Matamoros, Tamaulipas, instruyéndolo para que inscriba al menor ERICK ALAN CANO GARCIA, sin embargo, no contamos a la fecha con pruebas que acrediten el acatamiento de tales instrucciones.

 

RECOMENDACIÓN No. 187/2002.

La Recomendación 187/02 se deriva de la queja 105/01-R, presentada por la C. ROSA MARÍA JIMÉNEZ ALMADA, quien denunciara Irregularidades en la Defensoría de Oficio por parte del Defensor adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Reynosa, Tamaulipas.

Durante la integración del procedimiento, se pudo acreditar que en efecto el servidor público implicado, CARLOS CENTENO PESTAÑA, no tuvo el cuidado necesario al desempeñar su labor, al no advertirse en la causa penal su intervención a favor de la procesada, en clara transgresión a la garantía de defensa establecida en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, específicamente en su fracción IX, circunstancia que nos llevó a emitir Recomendación al Director de las Defensorías de Oficio, a fin de que se gestione la aplicación de las medidas correctivas y disciplinarias en contra del Licenciado CARLOS CENTENO PESTAÑA, por las irregularidades en que incurriera durante la defensa de la quejosa ROSA MARÍA JIMÉNEZ ALMADA.

Independientemente de lo anterior, el defensor de oficio fue omiso en rendir el informe solicitado por este Organismo, demostrando con su conducta irregular, la nula disposición para colaborar en el esclarecimiento de lo denunciado, motivo por el cual también se emitió Recomendación, a efecto de instruirlo para que en lo subsecuente rinda los informes y proporcione la documentación que se le requiera con motivo de las quejas que se interpongan en su contra.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 187/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 5577, del 15 de octubre del 2002, firmado por el Licenciado ERNESTO MELÉNDEZ CANTU, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, sin que a la fecha contemos con pruebas sobre su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 188/2002.

La Recomendación 188/2002 se originó con motivo de la queja número 257/2001, presentada por BENITO IBARRA ZURITA, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos, en contra de agentes de la Policía Ministerial del Estado, calificados como Ejercicio Indebido o Incumplimiento de la función Pública e Ilícitos contra el Honor. Una vez agotado el procedimiento previsto en la legislación que regula la actuación de este Organismo, se acreditó plenamente la responsabilidad de los agentes de la policía ministerial, toda vez que los mismos actuaron negligentemente al detener al quejoso derivado de una orden de aprehensión que no contaba con vigencia, en virtud de que ésta se había cumplimentado con anterioridad, tal circunstancia encuentra sustento probatorio en la declaración del propio quejoso misma que se encuentra concatenada con lo expresado por los agentes aprehensores quienes señalaron que el motivo de la detención del quejoso derivó en virtud de que se encontraba una orden de reaprehensión en su contra y que solamente verificaron su cumplimiento, tal confesión adminiculada con las atestaciones de los CC. ORFELINDA BORREGO HERNANDEZ Y LUIS MEDINA HERNANDEZ, quienes señalaron que BENITO IBARRA ZURITA fue detenido y esposado por agentes de la policía ministerial. permite la acreditación fehaciente de los hechos expresados por el quejoso.

Atento a lo anterior se emitió RECOMENDACIÓN al Procurador General de Justicia del Estado, a fin de que como superior jerárquico de los servidores públicos implicados, valore la conducta desplegada por los mismos, y en su caso, aplique las medidas correctivas y disciplinarias a que hubiere lugar.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 188/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento administrativo número 77/2002, en contra de los Policías Ministeriales ENRIQUE VAZQUEZ FLORES Y EUSTACIO AGUILAR RAMÍREZ, justo en los términos en que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida parcialmente el día 16 de diciembre, por lo que su satisfacción total quedó supeditada a la información que con posterioridad nos brinde la autoridad sobre el particular.

RECOMENDACIÓN No. 189/2002

La recomendación 189/2002, se emitió el día 15 de octubre del 2002, dentro de la queja 097/02-M, recabada de oficio por este Organismo, en contra de elementos de la Policía Municipal Preventiva de Matamoros, Tamaulipas, al detectar que agentes policiales, detuvieron a MANUEL VEGA, GERARDO BENITEZ RUIZ y ADRIANA VILLALOBOS, porque se encontraban en “actitud sospechosa”, al hacerles un “chequeo de rutina”, no acreditaron su “procedencia de origen”, según dijeron los policías, por lo que los privaron de su libertad, proceder irregular y arbitrario de los servidores públicos, toda vez que por “actitud sospechosa” y por no “acreditar su procedencia”, no son situaciones que se consideren como violatorias del Bando de Policía y Buen Gobierno, cuya actuación, atenta contra los principios de seguridad jurídica y legalidad previstos en el artículo 16 Constitucional, motivo por el cual se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, aplicara las medidas correctivas, disciplinarias a los agentes aprehensores, por los actos arbitrarios que cometieron en su ejercicio público.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 189/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 984/02, de fecha 12 de diciembre, firmado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con pruebas que acrediten su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 190/2002.

La Recomendación 190/02 tuvo su origen en la queja 45/01-R, motivada por la C. DIANA SEPÚLVEDA SUSTAITA, en representación de su menor hija AHISURY MORENO SEPÚLVEDA, quien denunciara violación a los derechos del niño, amenazas e intimidación por parte del Director de la Escuela Primaria “Enrique C. Rebsamen”, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Una vez analizado el contenido de la misma, se concluyó que dicho servidor público, efectivamente incurrió en irregularidades al reprender a los alumnos que el 8 de marzo no vestían el uniforme escolar, además de exhibirlos ante sus compañeros y padres de familia que se encontraban presentes, máxime que el uniforme no es obligatorio por parte de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte y que dichas circunstancias no tienen relevancia en el desempeño escolar del alumno y en todo caso, se afecta su derecho a la educación consagrado por el articulo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo cual se consideró pertinente emitir Recomendación al Secretario de Educación Cultura y Deporte en el Estado para que se giren instrucciones al Profesor GUILLERMO GARCÍA BERROCAL, y en lo sucesivo se abstenga de exhibir públicamente y afectar a los alumnos por cuestiones ajenas al desempeño escolar, tales como exigir el uniforme escolar.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 190/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número DJ318/2002 del día 7 de noviembre del 2002, firmado por el Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, quien a la vez informó que el asunto quedaba en manos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, sin que a la fecha contemos con mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN No. 191/2002

La recomendación 191/2002, se dictó el día 16 de octubre del 2002, dirigida al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, dentro de la queja 171/01-M, relativo a los hechos denunciados por MA. GUADLAUPE RANGEL LUGO, quien manifestó que el C. JUAN MANUEL TELLO RANGEL, fue detenido arbitrariamente por elementos de la Policía Municipal Preventiva de Matamoros, Tamaulipas. Analizadas que fueron las constancias existentes, se comprobó, según parte de remisión número 16087, suscrito por los policías municipales PEDRO ZAMORANO y LUCIANO ESQUIVEL, que al hacer un rondín de vigilancia, observaron al detenido, quien es un “conocido delincuente”, y al notar la presencia policiaca, emprendió la huída, por lo que fue detenido, proceder irregular, toda vez que a TELLO RANGEL, se le detuvo por ser un “conocido delincuente”, lo que no se considera una falta flagrante, en total contravención de las garantías constitucionales. Por tal motivo, se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, aplicara las medidas correctivas y disciplinarias a los agentes responsables, por los actos arbitrarios que cometieron en el desempeño de su servicio.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 191/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 984/02, de fecha 12 de diciembre, firmado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con pruebas que acrediten su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 192/2002

La Recomendación 192/02 se emitió dentro del expediente de queja 119/01-R, motivado por el C. OSCAR IVÁN MUSIÑO VARGAS, quien denunciara detención arbitraria, intimidación, golpes, injurias y ejercicio indebido de la función pública por parte de elementos de la Policía Preventiva de Reynosa.

Del mencionado expediente se pudieron corroborar los hechos denunciados por el quejoso OSCAR IVÁN MUSIÑO VARGAS, consistentes en que el 15 de junio del 2001 fue interceptado por dos elementos de la Policía Preventiva de nombres ADOLFO RIVERA MARTÍNEZ Y FRANCISCO VERA S, bajo el mando del Jefe de Servicios, quienes sin existir causa justificada lo detuvieron y sometieron a una revisión corporal, además de maltratarlo físicamente, llevándolo sometido a su lugar de trabajo, tratando incluso de despojarlo de su dinero sin conseguirlo, lo que ocasionó que los agentes policiales, alcoholizados, lo amenazaran. Si bien la detención del quejoso no llegó al grado de trasladarlo a la Delegación de Seguridad Pública Municipal, no por ello deja de causar molestias al promovente, violentando con ello la garantía de seguridad jurídica consagrada por el artículo 16 Constitucional; en las anteriores condiciones se emitió Recomendación al Presidente Municipal para que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra de los elementos de la Policía Preventiva de nombres ADOLFO RIVERA MARTÍNEZ Y FRANCISCO VERAS, así como el Jefe de Servicios VÍCTOR MANUEL CHÁVEZ VARGAS.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 192/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 430/02, de fecha 6 de diciembre, firmado por el C.P. VICTOR MANUEL OLVERA DE SANTIAGO, Contralor Municipal en Reynosa, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con las pruebas que avalen su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 193/2002

La recomendación número 193/2002, se emitió el día 17 de Octubre del año dos mil dos, al C. Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, dentro de la queja número 144/01-M, con motivo de los hechos denunciados por la C. CLAUDIA PATRICIA VAZQUEZ SALDAÑA, mediante la cual denunció allanamiento de morada y golpes, por parte de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Matamoros, Tamaulipas. Analizadas que fueron las constancias integrantes del expediente de queja, se comprobó que los agentes policiales, se introdujeron a la vivienda de la quejosa de manera furtiva, sin permiso expreso, ingresando al mismo de manera violenta, golpeando además al detenido, circunstancias que en parte, algunos de los elementos captores aceptan, es decir, haberse introducido al domicilio para detener al C. ADRIAN MARTÍNEZ CASTILLO. Concluyendo que el día veintidós de agosto del dos mil uno, aproximadamente a las dieciocho horas, ADRIAN MARTÍNEZ CASTILLO, se encontraba en el patio del domicilio de CLAUDIA PATRICIA VAZQUEZ SALDAÑA, en compañía del esposo de ésta, MARCELINO PIZAÑA SANCHEZ, por lo que al ser observado por los agentes policiales, optó por introducirse a la vivienda, acción observada por los elementos de autoridad, quienes al tener “etiquetado” a MARTÍNEZ CASTILLO, como un delincuente reconocido, lo siguieron hasta el interior del domicilio, sin permiso expreso de sus moradores, deteniéndolo y golpeándolo a la vez. Motivo por el cual se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en contra de los elementos de la Policía Municipal que participaron en los hechos expuestos, por existir suficientes indicios de que su actuación fue contraria a derecho.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 193/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 984/02, de fecha 12 de diciembre, signado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con las pruebas que avalen su cabal cumplimiento.

RECOMENDACIÓN No. 194/2002.

Fue emitida el día 18 de octubre del año 2002, derivada de la queja 262/2001, presentada por la C. DORA MARIA LOPEZ CASTILLO, quien ante la Primera Visitaduría General de este Organismo, denunció detención arbitraria y tortura, por parte de Agentes de la Policía Ministerial del Estado, destacamentados en esta Ciudad. Una vez analizadas y valoradas las probanzas y demás actuaciones allegadas al expediente de queja, se demostró fehacientemente que el C. JAVIER NAVA LOPEZ, fue detenido arbitrariamente el día 14 de mayo del año próximo pasado, por los CC. MANUEL HERNANDEZ ROJAS, RAFAEL MENDEZ MENDOZA y ANGEL VALENCIA MARTINEZ, Agentes de la Policía Ministerial del Estado; dicha circunstancia, se acreditó con la propia manifestación de la quejosa, y lo señalado por el directamente agraviado; por otra parte, en el parte informativo signado por los servidores públicos implicados, refieren que el día 14 de mayo del año próximo pasado, aproximadamente a las 16:45 horas, al encontrarse en recorrido de vigilancia se percataron que una persona del sexo masculino se conducía en actitud sospechosa, por lo que procedieron a marcarle el alto y a hacerle una revisión corporal, encontrándole entre su vestimenta una navaja; así mismo, el C. MANUEL HERNANDEZ ROJAS, fue coincidente en manifestar tales circunstancias; dicha actuación se realizó sin que obrara de por medio algún mandato de autoridad competente en el que se ordenara la detención del quejoso, transgrediendo con su actuar lo establecido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, de igual manera, se advirtió que existían indicios serios para, por lo menos, presumir que el C. JAVIER NAVA LOPEZ, fue agredido físicamente por los elementos policiales que lo detuvieron; por lo que se procedió a formular RECOMENDACION al C. Procurador General de Justicia en el Estado, como superior jerárquico, a efecto de que se valore y, en su caso, sancione, la conducta realizada por dichos servidores públicos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 194/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento administrativo número 75/02 en contra de los Agentes de la Policía Ministerial involucrados en el presente asunto, justo en los términos en que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida parcialmente a través del proveído de fecha 29 de noviembre, por lo que su satisfacción total quedó supeditada a la información que con posterioridad nos brinde la autoridad sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 195/2002.

La Recomendación 195/02, se originó en virtud de la queja presentada por la C. ESTHELA ESQUIVEL ESPARZA, en representación de su hijo RICARDO NAVA ESQUIVEL, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos por parte de elementos de la Policía Ministerial de esta Ciudad, los cuales fueron calificados como Allanamiento de Morada, Detención Arbitraria y Tortura.

En virtud de lo anterior, se originó el procedimiento de queja radicado con el número 003/2001, solicitando los informes correspondientes y ordenándose las diligencias necesarias para agotar el procedimiento ante esta Institución, y una vez agotado el procedimiento se dictó resolución tomando como principales pruebas para la acreditación de la detención arbitraria en agravio de RICARDO NAVA ESQUIVEL, la instrumental de actuaciones consistente en copia certificada de la sentencia absolutoria emitida por el Juez Segundo de Distrito del Estado, dentro de la causa penal 141/2000, por no quedar plenamente comprobada la responsabilidad de RICARDO NAVA ESQUIVEL, en el delito de portación de arma sin licencia, advirtiéndose de tal resolución las declaraciones de ROSA MARIA REYES BAEZ, MARIA ELOISA ALBEAR IZAGUIRRE, quienes manifestaron que a la hora de la detención del agraviado en la presente, éste se encontraba en las instalaciones del Centro de Readaptación Social de esta Ciudad, manifestaciones que fueron ratificadas ante este Organismo y abundadas con lo atestado por ELOISA ALBEAR, así mismo obra en autos copia del libro de registro de visitantes en el cual se asentó que en la fecha de la detención del quejoso a la hora de entrada se estableció las 3:38 p.m., sin que apareciera en el renglón relativo a la hora de salida signo alguno en el que señale que haya salido, aunado a ello obran las declaraciones de CRUZ MARIA CHARLES Y TRINIDAD GUTIERREZ VALENZUELA, quienes señalaron que RICARDO NAVA ESQUIVEL se encontraba en el área conyugal cuando fue llamado al cuadro del reclusorio por la Coordinadora LETICIA ACEVEDO, tales manifestaciones nos llevan a establecer que el agraviado se encontraba en el interior del Centro de Readaptación Social cuando fue aprehendido, probanzas que tienden a desvirtuar el motivo de la detención del quejoso, lo anterior en virtud de que los agentes aprehensores señalaron que la detención de RICARDO NAVA ESQUIVEL, se debió a que al transitar cerca de su domicilio fue detenido toda vez que portaba dos armas prohibidas un arma de fuego y un arma blanca, sin embargo, se advierten contradicciones en cuanto a las circunstancias de la detención expresadas en el informe rendido ante este Organismo y las declaraciones de los agentes aprehensores e inclusive tales atestaciones son contradictorias entre sí, por lo que resultaron ineficaces los argumentos vertidos por la autoridad implicada para justificar la legalidad de su actuar, resultando insuficientes sus argumentos para desvirtuar los hechos denunciados por el quejoso.

Atentos a lo anterior se emitió RECOMENDACIÓN al Procurador General de Justicia del Estado, a fin de que como superior jerárquico de los servidores públicos implicados, valore la conducta desplegada por los mismos, y en su caso, aplique las medidas correctivas y disciplinarias a que hubiere lugar.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 195/2002.

Advirtiendo que se ha dado inicio al procedimiento administrativo número 87/02 en contra de los Agentes de la Policía Ministerial involucrados en el presente asunto, justo en los términos en que se emitió la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida parcialmente a través del proveído de fecha 29 de noviembre, por lo que su satisfacción total quedó supeditada a la información que con posterioridad nos brinde la autoridad sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 196/2002

La recomendación número 196/2002, se emitió el día 24 de Octubre del año dos mil dos, al C. Presidente Municipal de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, dentro de la queja número 147/01-M, con motivo de los hechos denunciados por el C. JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ, mediante la cual denunció detención arbitraria, falta de fundamentación y motivación legal, por parte de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Matamoros, Tamaulipas. Analizadas que fueron las constancias integrantes del expediente de queja, se comprobó principalmente con el parte de remisión 14167, lo irregular y arbitrario con que se condujeron los agentes policiales, documento dentro del cual no se observa ninguna conducta contraria al Bando de Policía y Buen Gobierno de Matamoros, Tamaulipas, en el mismo se limitan los agentes aprehensores a señalar datos de identificación de una parte quejosa, y como motivo de la queja, de que fue insultado sin motivo alguno, lo que denota irregularidad por parte de las autoridades, toda vez que, del mismo, no se configuró ninguna conducta violatoria al Bando de Policía. Motivo por el cual se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, aplicara las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes, a los elementos policiales JAVIER PAUL CASTRO BECK y MARTÍN H. GARZA OLIVO, por las arbitrariedades que cometieron en su ejercicio público.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 196/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 984/02, de fecha 12 de diciembre, signado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con las pruebas que avalen su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 197/2002

La recomendación número 197/2002, se emitió el día 24 de Octubre del año dos mil dos, al C. Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, dentro de la queja número 114/01-M, con motivo de los hechos denunciados por el C. ARIEL MORAN BAUTISTA, mediante la cual denunció detención arbitraria e ilícitos contra el honor, por parte de elementos de la Policía Preventiva Municipal de Matamoros, Tamaulipas. Analizadas que fueron las constancias integrantes del expediente de queja, se comprobó principalmente con el parte de remisión 8260, lo irregular y arbitrario con que se condujeron los agentes policiales, documento dentro del cual no se observa ninguna conducta contraria al Bando de Policía y Buen Gobierno de Matamoros, Tamaulipas, que motivara la detención; así mismo, la fe de lesiones practicado en la humanidad del detenido por parte de la Cuarta Visitadora General de este Organismo, la cual se le concedió pleno valor demostrativo para evidenciar las lesiones que fueron causadas a ARIEL MORAN BAUTISTA, al momento de su detención, conforme al artículo 13 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. En virtud a lo anterior, se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, ordenara la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias en contra de los elementos de la policía municipal que participaron en los hechos, por existir suficientes indicios de que su actuación fue contraria a derecho.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 197/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 984/02, de fecha 12 de diciembre, signado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con las pruebas que avalen su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 198/2002

La Recomendación 198/02, deriva de la queja 102/01-R, presentada por el C. DEMETRIO PÉREZ RODRÍGUEZ, a nombre propio y en representación de TOMAS PÉREZ RODRÍGUEZ, denunciando detención arbitraria, ilícitos contra el honor y lesiones, por parte elementos de la Delegación de Seguridad Pública Municipal de Reynosa, Tamaulipas.

Una vez integrado el expediente de queja, se concluyó que la privación de libertad fue ajustada a derecho, pues los presuntos agraviados incurrieron en faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, alterarando el orden público bajo los efectos del alcohol, motivo por el cual se emitió ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD a favor de los elementos de la Policía Municipal de nombres RAMÓN OCHOA PINEDA y GUADALUPE GONZÁLEZ GARCÍA.

Independientemente de lo anterior y tomando en cuenta que la detención del señor DEMETRIO PÉREZ RODRÍGUEZ tuvo su origen en la ingesta de alcohol, además de alterar el orden público, se advirtió que no se le practicó el dictamen de alcoholemia necesario para acreditar tal circunstancia, por lo cual se acordó hacer énfasis en nuestra RECOMENDACIÓN 179/2002, a efecto de que se giren instrucciones para que en lo subsecuente se ordene practicar el dictamen de alcoholemia a todas aquellas personas que sean detenidas por encontrarse en estado de embriaguez. De igual forma, al acreditarse en autos que el elemento de la Policía Preventiva de nombre RAMÓN OCHOA PÍNEDA incurrió en excesos durante la detención del quejoso, a quien sin causa justificada hiciera objeto de golpes, se emitió RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, instándolo a aplicar las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes a dicho elemento.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 198/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 430/02, de fecha 6 de diciembre, signado por el C.P. VICTOR MANUEL OLVERA SANTIAGO, Contralor Municipal en Reynosa, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con las pruebas que avalen su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 199/2002.

Emitida el día 24 de octubre del año 2002, se derivó de la queja 304/2001, presentada por el C. LUIS ENRIQUE RIVAS TORRES, quien ante la Primera Visitaduría General de este Organismo, denunció detención arbitraria e ilícitos contra el honor, por parte de Agentes de la Policía Preventiva de esta Ciudad. Una vez analizadas y valoradas las probanzas y demás actuaciones allegadas al expediente de queja, se demostró fehacientemente que los CC. GILBERTO BERNAL LOPEZ, MARTIN PECINA HERNANDEZ, JOSE DIONICIO LLAMAS ACUÑA, HECTOR MIGUEL SANCHEZ VERDIN, HECTOR GUADALUPE BERNAL LOPEZ y RAUL CEDEÑO REGALADO, fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Policía Preventiva, ya que no se acreditó que dichas personas se encontraran cometiendo las faltas administrativas que señalaron dichos servidores públicos, consistente en alterar el orden público e insultar con malas palabras a las personas que pasaban por el lugar donde se encontraban; así mismo, se acreditó que dichas personas fueron violentadas físicamente por los servidores públicos implicados, dado que fueron coincidentes en referir que fueron agredidos al momento de su detención, corroborándose su dicho con lo expresado por la C. LAURA ELENA ZAPATA GARCIA, quien presenció su detención, observando que dichas personas fueron aventadas a la patrulla; en virtud de lo anterior, este Organismo formuló RECOMENDACION al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, como superior jerárquico, a efecto de que ordene a quien corresponda investigar, valorar y, en su caso, sancionar la conducta realizada por los elementos de la Policía Preventiva.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 199/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 225/02, de fecha 6 de noviembre, signado por el Licenciado RICARDO GAMUNDI ROSAS, Secretario del Ayuntamiento en Victoria, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con las pruebas que avalen su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 200/2002.

La Recomendación 200/02, se originó en virtud de la queja número 305/2001, presentada por la C. SOCORRO ZAMARRIPA SIFUENTES, en representación del interno CATARINO TORRES CARRIZALES, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos por parte de la Dirección de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, los cuales fueron calificados como Violación a los Derechos de los Reclusos o Internos; una vez analizadas las actuaciones realizadas dentro del sumario de queja, se dictó resolución tomando como principal prueba para la acreditación de los hechos denunciados por la quejosa, la documental consistente en copia del acta del Consejo Técnico Interdisciplinario de fecha 30 de enero del dos mil uno, mediante la cual se determina el traslado del interno CATARINO TORRES CARRIZALES, al Centro de Readaptación Social, advirtiéndose en dicha acta la ausencia de fundamentación y motivación en virtud de no encontrarse razonamiento alguno ni constancias que acrediten las medidas de seguridad por las cuales trasladaron al interno de referencia; por lo cual, se emitió RECOMENDACIÓN dirigida a la Dirección General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación social del Estado, a fin de que emita las medidas que estime procedentes para que las resoluciones mediante las cuales se ordene el traslado de internos, se encuentren debidamente fundadas y motivadas, previa observancia de las formalidades del procedimiento legal y reglamentario aplicable al caso, así mismo se revise el expediente del agraviado, emitiéndose una nueva determinación debidamente fundada y motivada.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 200/2002.

Esta recomendación se tuvo por cumplida totalmente, mediante proveído de fecha 20 de diciembre del 2002, toda vez que la autoridad recomendada demostró haber emitido nueva resolución, ahora sí debidamente fundada y motivada, en relación al traslado del interno CATARINO TORRES CARRIZALES, del Cereso de Ciudad Victoria, a su similar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ajustando su proceder a los términos que se recomendaron.

 

RECOMENDACIÓN No. 201/2002.

La Recomendación 201/02, derivó de la queja número 469/2001, presentada por el C. PEDRO AVILES SALAZAR, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos por parte de la Directora de la Escuela Secundaria No. 1 de Tampico, Tamaulipas, los cuales fueron calificados como Violación del Derecho a la Educación; y una vez alalizadas cada una de constancias que integran el sumario, se corroboró lo expresado por el quejoso, principalmente con las declaraciones de los CC. PEDRO AVILES SALAZAR, MARTHA ISELA HUERTA UVALLE, Y ERICK VALENTIN CASTILLO RANGEL, atestaciones que concatenadas con la presunción establecida por el artículo 36 de la Ley que rige a esta Institución, hacen prueba plena de los condicionamientos requeridos para la inscripción de la menor ESTHER AVILES SEGURA, a la Escuela Secundaria No. 1 “Fernando San Pedro” de Tampico, Tamaulipas, lo anterior en virtud de que la agraviada no rendía honores a la bandera ni cantaba el himno nacional; EN tal virtud, se emitió RECOMENDACIÓN dirigida al Secretario de Educación Cultura y Deporte en el Estado, a fin de que instruyera por escrito a la PROFRA. AMINTA PEÑA RODRIGUEZ, que ajuste su conducta a los lineamientos previstos por el artículo 3º. Constitucional, atendiendo a la obligatoriedad de la educación secundaria, así mismo se le recomendó ordene las medidas conducentes a fin de regularizar el proceso educativo de la menor ESTHER AVILES SEGURA.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 201/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número DJ311/2002, de fecha 29 de octubre, firmado por el Licenciado BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, quien a la vez informó que el asunto quedaba en manos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, sin que a la fecha contemos con pruebas que avalen el cumplimiento total de nuestra resolución.

 

RECOMENDACIÓN No. 202/2002.

La Recomendación 202/02, se originó en virtud de la queja número 095/2001, presentada por el C. JORGE EDUARDO RAMIREZ CRUZ, en representación del interno JUAN MANUEL PERALES VEGA, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos por parte de la Dirección de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, los cuales fueron calificados como Violación a los Derechos de los Reclusos o Internos, y una vez agotado el procedimiento se dictó resolución tomando como principal prueba para la acreditación de los hechos denunciados por el quejoso, la documental consistente en copia del acta del Consejo Técnico Interdisciplinario de fecha 30 de enero del dos mil uno, mediante la cual se determina el traslado del interno JUAN MANUEL PERALES VEGA, al Centro de Readaptación Social, advirtiéndose en dicha acta la ausencia de fundamentación y motivación en virtud de no encontrarse razonamiento alguno ni constancias que acrediten las medidas de seguridad por las cuales trasladaron al interno de referencia. Por lo cual, se emitió RECOMENDACIÓN a la Dirección General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, a fin de que emita las medidas que estime procedentes para que las resoluciones mediante las cuales se ordene el traslado de internos, se encuentren debidamente fundadas y motivadas, previa observancia de las formalidades del procedimiento legal y reglamentario aplicable al caso, así mismo se revise el expediente del agraviado, emitiéndose una nueva determinación debidamente fundada y motivada.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 202/2002.

Esta recomendación, se tuvo por cumplida de manera total el día 23 de diciembre del 2002, toda vez que la autoridad acreditó haber emitido nueva resolución, debidamente fundada y motivada, en cuanto al traslado del interno JUAN MANUEL PERALES VEGA del Centro de Readaptación Social de Victoria, Tamaulipas, a su similar en Reynosa, Tamaulipas, justo en los términos recomendados.

 

RECOMENDACIÓN No. 203/2002.

La Recomendación 203/02, tuvo su origen en la queja 194/01-R, motivada por el C. FRANCISCO JAVIER LOYO CERDA, ante la Tercera Visitaduría General de éste Organismo, con residencia en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual denunciara violación a los derechos de los reclusos por parte del Director y personal del Centro de Readaptación Social número II de esa ciudad fronteriza. Una vez analizadas las constancias que integran el expediente de queja, se llegó a la conclusión que si bien es una facultad discrecional del Ejecutivo el efectuar los traslados de los reos sentenciados, ejercida a través de la Dirección General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, también es cierto que la misma no debe ejercerse de manera arbitraria como se hiciera con el reo FRANCISCO JAVIER LOYO CERDA, pues en todo caso, cada traslado debe encontrarse respaldado con la petición del interno, quien en el caso concreto incluso notificara por escrito a la Dirección su negativa a ser trasladado, o bien, por solicitud del Consejo Técnico Interdisciplinario, la cual debe estar robustecida mediante resolución fundada y motivada, en la cual se expresen los motivos que hagan necesario el traslado, toda vez que en contrario se violentan las garantías individuales de los reclusos, resultando pertinente emitir Recomendación al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social, a efecto de que se giren instrucciones para que en lo sucesivo, cuando se lleve a cabo el traslado de cualquier reo sentenciado, sea en base a una resolución fundada y motivada. Así mismo, al presente sumario de queja se allegaron suficientes elementos de prueba para acreditar que el Director de la Penitenciaría Licenciado ALFREDO SAUCEDO VARGAS, en complicidad con la Contadora MARÍA LUISA GARCÍA, despojaron al quejoso de los materiales con que estaba construido el restaurante de su propiedad, el cual operaba en el interior del Reclusorio, así como que le fueron decomisados los aparatos eléctricos y demás enseres propios del negocio, incurriendo en irregularidades el Director al apropiarse de los bienes que no le correspondían, ni siquiera bajo el argumento de que ello fuera para su administración, y por tales circunstancias, se remitió Recomendación al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, a efecto de que le sean devueltos en su totalidad los bienes de que se despojara al interno FRANCISCO JAVIER LOYO CERDA, o en su defecto le sea cubierto el valor correspondiente, y en caso de que resulte alguna responsabilidad por parte de la Contadora MARÍA LUISA GARCÍA y del Licenciado ALFREDO SAUCEDO VARGAS, anterior Director del Centro de Readaptación Social número II de Reynosa, Tamaulipas y quien actualmente labora con cargo similar en el establecimiento penal de Miguel Alemán, Tamaulipas, se les instaure el procedimiento de responsabilidad correspondiente.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 203/2002.

Esta recomendación se tuvo por cumplida parcialmente, mediante el proveído de fecha 7 de enero del 2003, toda vez que la autoridad acreditó haber solicitado al Titular del Órgano de Control de la Secretaría General de Gobierno, el inicio del procedimiento administrativo en contra de la C. P. MARIA LUISA GARCIA y el Licenciado ALFREDO SAUCEDO VARGAS, quien fungiera como Director del CERESO de Reynosa, Tamaulipas, en acatamiento a la parte final del resolutivo segundo de la recomendación que ahora nos ocupa. Además, se demostró que mediante las circulares 15812, 240 y 241, se ha instruido a los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los establecimientos penales en Tamaulipas, para que todos sus actos, en especial los vinculados a traslados, sean debidamente fundados y motivados.

 

 

RECOMENDACIÓN No. 204/2002.

Fue emitida el día 24 de octubre del año 2002, y derivó de la queja 226/2001, acumulada a la queja 196/2001, presentadas por los CC. ALEJANDRO SAN GERMAN RIESTRA y RAFAEL GRACIA ALVARADO, respectivamente, quienes ante la Primera Visitaduría General de este Organismo, denunciaron allanamiento de morada, detención arbitraria e ilícitos contra el honor, por parte de Agentes de la Policía Preventiva de esta Ciudad. Una vez analizadas y valoradas las probanzas y demás actuaciones allegadas al expediente de queja, se demostró fehacientemente que los elementos de la Policía Preventiva se introdujeron al domicilio del C. RAFAEL GRACIA ALVARADO, efectuando la detención de su hermano MARCO ANTONIO GRACIA ALVARADO, así como la del C. JOSE CORTEZ QUIROZ, además de agredirlos físicamente, dichas irregularidades se acreditaron con la propia declaración del agraviado RAFAEL GRACIA ALVARADO, de los CC. MARCO ANTONIO GRACIA ALVARADO, LUIS ARCEO ALVARADO y LIDIA YUSBETH GRACIA ALVARADO; aunado a ello, en los autos de dicho expediente obran los dictámenes médicos practicados en la humanidad de MARCO ANTONIO GRACIA ALVARADO y JOSE CORTEZ QUIROZ, de los que se advierten que presentaban diversas lesiones, transgrediendo los servidores públicos responsables lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual, este Organismo formuló RECOMENDACION al C. Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, como superior jerárquico, a efecto de que valorare, y en su caso sancione, las conductas ilícitas realizadas por los servidores públicos implicados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 204/2002.

A pesar de que el día 29 de noviembre, se despachó el último oficio recordatorio al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, a fin de que rindiera respuesta sobre la aceptación o rechazo de la recomendación que ahora nos ocupa, a la fecha carecemos de la misma, por lo que el quejoso conserva su derecho de acudir mediante el recurso de impugnación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

RECOMENDACIÓN No. 205/2002.

Emitida el día 28 de octubre del año 2002, fue motiva por la queja presentada por la C. MIREYA JASSO QUINTERO, quien denunció incumplimiento de la función pública, por parte de Personal del Juzgado Menor, con residencia en Hidalgo, Tamaulipas. Una vez analizadas y valoradas las probanzas y demás actuaciones allegadas al expediente de queja, se demostró fehacientemente que el Juez Menor Mixto de Hidalgo, Tamaulipas, incurrió en irregularidad al no remitir en forma oportuna las constancias que acreditaran haber diligenciado en sus términos el exhorto que le fuera girado por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que fuera notificada la parte demandada, dentro de un expediente laboral, radicado ante dicha Institución, lo que provocó que la audiencia que estaba programada para el día 11 de diciembre del año próximo pasado, no se celebrara, ya que no se tenía conocimiento si se encontraban o no notificados los demandados, transgrediéndose con dicha circunstancia lo establecido por el artículo 758 de la Ley Federal del Trabajo, así como lo establecido en el numeral 92 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, en virtud de lo anterior, y considerando que se trata de actos consumados, se RECOMENDO a la autoridad responsable dar cumplimiento oportuno a los exhortos y despachos que se le remitan, con el propósito de evitar agravios a las partes en los procedimientos jurisdiccionales. Independientemente de lo anterior, se dio vista de dicha resolución al C. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que valorara la conducta del servidor público responsable y determinara lo procedente.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 205/2002.

Se recibió el oficio número 16/2003, de fecha 6 de enero del 2003, firmado por el Licenciado ENRIQUE CARRILLO RESENDEZ, Juez Menor Mixto del Décimo Distrito Judicial en el Estado, a través del cual manifiesta a esta Comisión, que el Licenciado ALDO RENE ROCHA SÁNCHEZ, ha dejado de fungir como Titular del referido Organo Jurisdiccional, a cargo del informante, a partir del 16 de diciembre del 2002, tal y como se acredita con la copia de nombramiento respectivo. En tal virtud, y al advertirse que la autoridad responsable ha desocupado el cargo desde donde se cometió la omisión motivo de nuestra recomendación, ésta se consideró SIN MATERIA, pues en todo caso, se ha dado vista del presente asunto al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a fin de que valore la conducta del servidor público responsable y determine lo procedente.

 

RECOMENDACIÓN No. 206/2002

La recomendación 206/02 se derivó de la queja 116/01-R, iniciada por el C. MIGUEL PERALES JIMÉNEZ, ante la Tercera Visitaduría General de este Organismo, con residencia en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, mediante la cual denunciara detención arbitraria, intimidación, injurias y lesiones cometidas en su agravio por parte de elementos de la Policía Preventiva de Reynosa, Tamaulipas. Una vez analizadas las probanzas que se allegaron al expediente, se advirtió que la detención efectuada en contra del quejoso MIGUEL PERALES JIMÉNEZ, por elementos de la Policía Preventiva, fue realizada conforme a derecho, en virtud de que se le encontró en flagrante delito, emitiéndose al respecto ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD. No obstante lo anterior, a pesar de haberse citado en diversas ocasiones por conducto de su superior jerárquico a los elementos de la Policía Preventiva ROLANDO ACOSTA, JOSÉ GUADALUPE GARCÍA PACHECO, Y MIGUEL JUÁREZ, solo compareció ante la Tercera Visitaduría el primero de los nonmbrados, siendo omisos en atender los citatorios e instrucciones de sus superiores los oficiales JOSÉ GUADALUPE GARCÍA PACHECO Y MIGUEL JUÁREZ, entorpeciendo así la labor de la CODHET, por lo que resultó procedente emitir RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal de aquella localidad, a efecto de que se les apliquen las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes a los policías JOSÉ GUADALUPE GARCÍA PACHECO Y MIGUEL JUÁREZ.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 206/2002.

Esta recomendación recibió respuesta sobre su aceptación mediante el oficio 430/02, del día 6 de diciembre, firmado por el C.P. VICTOR MANUEL OLVERA DE SANTIAGO, Contralor Municipal en Reynosa, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con pruebas fehacientes de su cumplimiento total.

 

RECOMENDACIÓN No. 207/2002.

La Recomendación 207/02 tuvo su origen en la queja 110/01-R, presentada por el C. ALFONSO MEDINA RANGEL, a nombre propio y en representación de MARIA EMMA CÁRDENAS GARCÍA, denunciando ejercicio indebido de la función pública e ilícitos contra el honor (injurias), por parte de elementos de Tránsito de Río Bravo, Tamaulipas. Agotado el procedimiento de queja, se tuvieron suficientes elementos de prueba para determinar que el Agente de Transito SERGIO BARAJAS SOTELO se condujo incorrectamente al atender de manera impropia a los hoy promoventes ALFONSO MEDINA RANGEL Y MARÍA EMMA CÁRDENAS GARCÍA, con quienes terminó discutiendo a gritos; y ante tal circunstancia, se emitió RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, a efecto de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra de SERGIO BARAJAS SOTELO, servidor público encargado de cobrar las boletas de infracción en la Delegación de Tránsito de ese Municipio.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 207/2002.

A pesar de que el día 16 de diciembre, se despachó el último oficio recordatorio al Presidente Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, a fin de que rindiera respuesta sobre la aceptación o rechazo de la recomendación que ahora nos ocupa, a la fecha carecemos de la misma, por lo que el quejoso conserva su derecho de acudir mediante el recurso de impugnación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

RECOMENDACIÓN No. 208/2002.

Fue emitida el día 29 de octubre del año 2002, derivada de la queja 022/2002, presentada por el C. SERGIO ORTIZ BARRON, quien ante la Primera Visitaduría General de este Organismo, denunció violación a los derechos del niño, por parte de la Directora y Maestros de la Escuela Primaria “Jesús Ornelas Zavala”, de esta Ciudad. Una vez analizadas y valoradas las probanzas y demás actuaciones allegadas al expediente de queja, se demostró fehacientemente que los Profesores implicados en los hechos denunciados por el quejoso, incurrieron en irregularidades al maltratar y humillar a los menores BENJAMIN y OSCAR de apellidos ORTIZ GONZALEZ; en razón de lo anterior, se formuló RECOMENDACIÓN al Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, en su carácter de superior jerárquico, a efecto de que ordenara a quien correspondiera la aplicación de las medidas correctivas y disciplinarias a las Profesoras YOLANDA VAZQUEZ FLORES y FRANCISCA ARAUJO CARREON. Por otra parte, en cuanto al reclamo efectuado en contra de la Profesora NOHEMI MENDIVIL ALANIS, consistente en haber ridiculizado al menor BENJAMIN ORTIZ GONZALEZ, frente al grupo, acusándolo además de ser abusivo y mentiroso, se emitió ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO, en virtud de que dicha profesionista dejó de prestar sus servicios como servidora pública al obtener su jubilación.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 208/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación el día 19 de noviembre del 2002, mediante oficio firmado por el Licenciado BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, Secretario de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, quien a la vez informó que el asunto ha sido turnado al Órgano de Control Interno de la Dependencia que dirige, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo en contra de las Profesoras YOLANDA VAZQUEZ FLORES Y FRANCISCA ARAUJO CARREON, por lo que solo quedamos en espera de las pruebas que acrediten su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACION No. 209/2002.

La Recomendación 209/2002, se deriva de la queja 018/01-6 acumuladas 21, 22, 23 y 24/01-6, presentada por los CC. JUAN CANTU MONTOYA, IGNACIO MONTOYA RAMIREZ, BERNABE DE LA CRUZ VILLA, CARLOS MONTOYA MARTINEZ e ISIDRO REYES SILVA, quienes denunciaran Ejercicio Indebido de la Función Pública y Hostigamiento por parte del Delegado del Ejido “La Carreta II”, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Durante la integración del procedimiento se pudo acreditar la irregular actuación del C. ISMAEL CORNELIO OYOQUI, quien se desempeña como Delegado del Ejido “La Carreta II”, consistiendo ésta en Detención Injustificada, Retención Indebida de Vehículos, Multas Excesivas, así como permitir que su hermano UBALDO CORNELIO ejerza funciones que no le corresponden, lo que se demostró con las detenciones efectuadas en contra de ROLANDO MONTOYA SANDOVAL y LUIS ENRIQUE FIGUEROA, quienes según lo informado por el propio servidor público, fueron detenidos por conducir a exceso de velocidad e ingerir bebidas alcohólicas, escandalizar y poner en peligro la integridad física de las personas, faltas que no fueron acreditadas debidamente por el Delegado del Ejido “La Carreta II”, ya que únicamente allegó a los autos del expediente de queja las constancias levantadas con motivo de tales hechos, sin que las mismas fueran robustecidas con algún otro medio de prueba, aunado a que los CC. BERNABE DE LA CRUZ VILLA, JOSE TAYDE GALVAN e ISIDRO REYES JUAREZ de igual forma fueron detenidos injustificadamente.

Así mismo, se demostró que el Delegado del Ejido “La Carreta II”, impuso multas excesivas a los quejosos, a lo que se arribó con lo manifestado por éste al referir que las multas eran impuestas de acuerdo a la gravedad de la falta (la cual como ya se mencionó, no se justificó debidamente), acreditándose que indebidamente procedió a imponer multas a las personas que según su criterio cometieron una falta que atentó contra el orden; sin contar con la debida atribución para ello, aunado a que éstas fueron excesivas; realizó una acción sin contar con la facultad expresa, actuando en contravención a lo establecido por el artículo 16 Constitucional.

Se demostró igualmente que el C. UBALDO CORNELIO, hermano del Delegado ISMAEL CORNELIO ejecutaba acciones sin estar facultado para ello, lo que quedó fehacientemente acreditado con lo declarado por el propio UBALDO CORNELIO quien aceptó participar en las detenciones, con el amparo de una Constancia que le extendía el Delegado (misma que no se encontraba avalada por alguna otra autoridad para autorizar el desempeño de la función propia de un Elemento de la Policía Preventiva); aunado a lo manifestado por el C. ISMAEL CORNELIO quien en contestación de informe respecto a la queja presentada en su contra por el C. IGNACIO MONTOYA, refirió que se hacía acompañar de UBALDO CORNELIO como simple auxiliar personal, lo que deja de manifiesto que permitió que éste ejerciera funciones sin contar con el nombramiento y autorización correspondiente por parte de la autoridad competente, lo que motivó la Recomendación al Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, para que ordene el inicio, trámite y resolución al procedimiento de responsabilidades en contra de ISMAEL CORNELIO OYOQUI, Delegado Municipal del Ejido “La Carreta II”.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 209/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación el día 9 de diciembre, mediante oficio firmado por el Presidente Municipal de San Fernando, Tamaulipas, quien a la vez informó que este asunto ha quedado en manos de la Contraloría Municipal. Por lo que actualmente esta resolución se encuentra en vías de cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 210/2002.

La Recomendación 210/2002, se originó en virtud de la queja número 361/2001, presentada por el C. SALVADOR NARVAEZ RIVERA, quien denunció actos presuntamente violatorios por parte de Agentes de la Policía Rural del Estado, y elementos de Transito Municipal de Jiménez Tamaulipas, los cuales fueron calificados como Detención Arbitraria y Disparo de Arma de Fuego o Ataque Peligroso, argumentando que fue detenido por elementos de las corporaciones anteriormente citadas cuando circulaba a la altura de la plaza principal de Jiménez, Tamaulipas, y sin motivo alguno le marcaron el alto, mostrándole un arma de fuego, ordenándole descendiera de su vehículo, por lo que se retiró del lugar haciendo caso omiso de las indicaciones de los agentes en cita, lo que originó una persecución, en la cual uno de los agentes de la policía rural accionó su arma impactando dos disparos en el vehículo que tripulaba el ahora quejoso; una vez analizadas y valoradas las actuaciones realizadas en el presente sumario, se dictó resolución tomando como principal prueba para la acreditación de los hechos denunciados por el quejoso, la declaración del propio ROGELIO IRACHETA HERRERA, Agente de la Policía Rural quien ante este Organismo señaló que accionó su arma en dos ocasiones para amedrentar a los tripulantes del vehículo, probanza que aunada a las declaraciones de SALVADOR NARVAEZ RIVERA, MARCIAL OBED INFANTE NARVAEZ, JOSE ZUÑIGA CASTILLO Y SALOMON URBINA MORALES, adquiere valor probatorio pleno para la acreditación de las imputaciones vertidas en contra de la autoridad implicada, por lo que se refiere al disparo de arma de fuego, sin que tal disparo se encuentre justificado en virtud de que no existe probanza alguna de autos del expediente de queja que se instaurara que acredite que dichos disparos se realizaron a fin de repeler alguna agresión o de salvaguardar la integridad física de los agentes de referencia, o bien de alguna persona, sino que por el contrario tal conducta como lo señala el propio agente se realizó con la finalidad de intimidar a los quejosos poniendo en riesgo no sólo la integridad de los mismos sino que también la de la población que se encontrara en los alrededores del lugar en que ocurrieron los hechos. Por lo cual, se emitió RECOMENDACIÓN dirigida al Director de la Policía Rural en el Estado, a fin de que como superior jerárquico instruya a quien corresponda la aplicación de medidas disciplinarias y correctivas a que haya lugar en contra de los agentes que realizaron los disparos de arma de fuego al automóvil de SALVADOR NARVAEZ RIVERA.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 210/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 1608, de fecha 27 de noviembre, firmado por el Director de la Policía Rural del Estado, quien a la vez informó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos implicados, sin que a la fecha contemos con pruebas que acrediten tal aseveración.

 

RECOMENDACIÓN No. 211/2002.

La Recomendación 211/02, se originó en virtud de la queja número 265/2001, presentada por la C. ROSA MARIA LOPEZ MIRELES, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos, por parte de Agentes de la Policía Ministerial de esta Ciudad, en agravio de GILBERTO RODRIGUEZ CASTILLO, mismos que fueran calificados como Allanamiento de Morada, Detención Arbitraria e Ilícitos contra el Honor, los cuales consistieron en que GILBERTO RODRIGUEZ CASTILLO fue detenido por dichos elementos en el interior de su domicilio ubicado en la M-14 L-289 de la colonia Luis Echeverría de esta Ciudad, asimismo que al momento de la detención se agredió físicamente tanto a la quejosa como al detenido causándoles diversas lesiones; una vez realizado el estudio de cada una de las probanzas que integran el presente sumario, quedaron acreditadas tales cirunstancias, principalmente con las declaraciones de ROSA MARIA LOPEZ MIRELES, JOSE LOPEZ ALVARADO Y ANTONIO MIRELES GAMEZ, testimoniales que corroboran los argumentos expresados por GILBERTO RODRIGUEZ CASTILLO adquiriendo valor probatorio al encontrarse entrelazadas de manera lógica armónica y natural, amén de la existencia de los dictámenes médicos emitidos por el DR. JOSE HUMBERTO CARDENAS DE LA PLAZA, en los que se asientan la existencia de diversas lesiones en la humanidad de ROSA MARIA LOPEZ MIRELES y GILBERTO RODRIGUEZ CASTILLO, aunado a ello, en autos del presente expediente se advirtió que aún y cuando la autoridad implicada refutó las imputaciones vertidas en su contra, se pudieron advertir diversas contradicciones en su dicho por lo que carecen de eficacia probatoria para desestimar los medios de convicción a favor de los quejosos; por lo cual, se emitió RECOMENDACIÓN al Procurador General de Justicia del Estado, a fin de que como superior jerárquico instruya a quien corresponda la aplicación de medidas disciplinarias y correctivas a que haya lugar en contra de los servidores públicos implicados en el presente expediente de queja.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 211/2002.

Advirtiéndose el inicio del procedimiento administrativo número 94/2002, en contra de los Agentes de la Policía Ministerial involucrados en este asunto, justo en los términos de la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida de manera parcial, por lo que su satisfacción tal quedo supeditado a la información que nos brinde la autoridad sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 212/2002.

La Recomendación 212/02, se originó en virtud de la queja número 407/2001, presentada por la C. CAROLINA REYES HERNANDEZ, quien denunció actos presuntamente violatorios de los derechos fundamentales, por parte de Agentes de la Policía Ministerial de esta Ciudad, mismos que fueran calificados como Allanamiento de Morada, Detención Arbitraria e Ilícitos contra el Honor, los cuales consistieron en que los servidores públicos implicados en la presente irrumpieron en su domicilio con la finalidad de detener al señor JORGE REYES VELAZQUEZ, agrediendo a la propia quejosa, NOHEMI CALIXTO JUAREZ y a ERIKA MIREYA HERNANDEZ LERMA, asimismo señaló que uno de los elementos de la policía ministerial sustrajo la cantidad de $ 6,000.00.

En virtud de lo anterior, se originó el procedimiento de queja radicado con el número 407/2001, solicitando los informes correspondientes y ordenándose las diligencias necesarias para agotar el procedimiento ante esta Institución, y una vez agotado el procedimiento se dictó resolución tomando como principales pruebas para la acreditación de los hechos denunciados por la quejosa, las declaraciones de NOHEMI CALIXTO JUAREZ, JORGE REYES VELAZQUEZ, ERIKA MIREYA HERNANDEZ LERMA, ROSALBA RODRIGUEZ RODRIGUEZ y JUAN MANUEL VAZQUEZ RODRIGUEZ, testimoniales que son coincidentes entre sí adquiriendo valor probatorio pleno, en virtud de no existir medio de convicción que les reste eficacia. Además, la autoridad implicada se concretó únicamente a rendir sus declaraciones e incluso no negó las agresiones de que se duelen los quejosos, lo cual resulta insuficiente para desvirtuar los hechos denunciados por CAROLINA REYES HERNANDEZ.

Atentos a lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN al Procurador General de Justicia del Estado, a fin de que como superior jerárquico valore la conducta desplegada de los agentes implicados en la detención de JORGE REYES VELAZQUEZ, y en su caso dicte y ejecute las medidas que estime pertinentes.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 212/2002.

Advirtiéndose el inicio del procedimiento administrativo número 92/2002, en contra de los Agentes de la Policía Ministerial involucrados en este asunto, justo en los términos de la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida de manera parcial, por lo que su satisfacción tal quedo supeditado a la información que nos brinde la autoridad sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 213/2002

La Recomendación 213/02, se originó en virtud de la queja presentada por el C. CARLOS RIVERA VELAZQUEZ, quien denunció actos presuntamente violatorios por parte de Agentes de la Policía Preventiva y Policía Montada de esta Ciudad, mismos que fueran calificados como Ilícitos contra el Honor y Robo, consistentes en que los agentes implicados golpearon a CARLOS RIVERA VELAZQUEZ Y JOSE DE JESUS GONZALEZ CEPEDA, al momento de su detención.

En virtud de lo anterior, se originó el procedimiento de queja radicado con el número 425/2001, solicitando los informes correspondientes y ordenándose las diligencias necesarias para agotar el procedimiento ante esta Institución, y una vez agotado el procedimiento se dictó resolución tomando como principales pruebas para la acreditación de los hechos denunciados por el quejoso, la declaración de CARLOS RIVERA VELAZQUEZ Y JOSE DE JESUS GONZALEZ, atestos que adquieren relevancia plena en virtud de que son coincidentes entre sí y se encuentran corroboradas con los dictámenes médicos emitidos por el DR. JOSE HUMBERTO CARDENAS DE LA PLAZA, Médico Forense Adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos, en los cuales se estableció la existencia de diversas lesiones en la integridad de los agraviados, obrando además la presunción establecida por el artículo 36 de la Ley que rige a esta Institución en el sentido de tenerse por ciertos los actos que se le imputan a la autoridad implicada toda vez que esta fue omisa en la remisión del informe que le fuera solicitado por este Organismo.

Atentos a lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN dirigida al Presidente Municipal de esta Ciudad a fin de que en su carácter de superior jerárquico, instaure el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los agentes de la policía preventiva implicados en el presente asunto.

 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 213/2002.

Esta recomendación, carece de respuesta sobre su aceptación o rechazo, a pesar de que ha concluido el término establecido por Ley para ello, por lo que el quejoso conserva su derecho de acudir mediante el recurso de impugnación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

RECOMENDACIÓN No. 214/2002.

Emitida el día 13 de noviembre del año en curso, esta recomendación pone fin a la integración del expediente 136/01-T, instaurado con motivo de la queja formulada por la C. DIANA PATRICIA SALAZAR ARMENDARIZ, en contra de la Encargada y Administradora del Panteón Las Chacas, Secretario del Ayuntamiento y Presidente Municipal, todos con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas. En síntesis, la quejosa narra que, no obstante contar con título de propiedad otorgado por el Ayuntamiento de Madero, Tamaulipas, sobre la fosa número 1 Cero, Tramo 2º del Panteón Municipal, en donde fueron inhumados los restos de su hermana BLANCA ESTHELA SALAZAR ARMENDARIZ, funcionarios administradores de dicho camposanto, destinaron la misma fosa para sepultar a persona distinta sin mediar para ello su consentimiento.

El día 17 de julio del 2001, se recibió el oficio J-254/01, signado por el entonces Presidente Municipal JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CORREA, a través del cual negó tácitamente información a esta Comisión, al limitarse a manifestar que de los mismos hechos conocía la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de aquella Ciudad, a través de la averiguación previa penal 405/2001; agregando que la citada autoridad decidiría lo conducente en tales acontecimientos. Al respecto, resulta pertinente hacer notar que la existencia de una averiguación previa penal no impide en modo alguno la investigación de los mismos sucesos por parte de la CODHET, ya que a través de nuestro procedimiento se resolverá lo relativo a una probable responsabilidad administrativa y no sobre una probable responsabilidad penal, tal y como, erróneamente, concluyó en su momento la Autoridad.

Una vez agotada la etapa probatoria, y toda vez que la autoridad no rindió formalmente el informe requerido, bien se puede establecer la presunción de ser cierto el acto reclamado, conforme al párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de este Organismo.

Por otra parte la C. DIANA PATRICIA SALAZAR ARMENDARIZ, cuenta con legítimo título de propiedad sobre la fosa número 1 cero, tramo 2º del Panteón Municipal de Madero, Tamaulipas; circunstancia que se acredita con la copia que de dicho título obra en el presente expediente.

Es menester precisar que en la misma sepultura fue enterrada persona distinta sin el consentimiento de la quejosa, afectando por ende su derecho de propiedad; hecho que, con toda seguridad, debió acontecer con la acción u omisión de los servidores públicos encargados de la administración del precitado panteón, y a quienes la agraviada identifica como SANTA CRUZ CASTILLO y GLORIA RIVERA. En ese tenor podemos afirmar que se violentó lo dispuesto en los artículos 6, 11, 25 y 26 de la Ley Reglamentaria para el Establecimiento, Administración y Funcionamiento de Panteones en el Estado. En consecuencia, se procedió a emitir recomendación al Presidente Municipal de Madero, Tamaulipas, a fin de que inicie, tramite y resuelva la investigación administrativa a que haya lugar, respecto de los hechos denunciados por la C. DIANA PATRICIA SALAZAR ARMENDÁRIZ y una vez agotada la investigación, se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias conducentes a los servidores públicos responsables.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 214/2002.

Esta recomendación fue despachada el día 14 de noviembre del 2002, sin que a la fecha contemos con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 215/2002

La Recomendación 215/02, tuvo su origen en la queja 188/01-R, interpuesta por el C. JORGE ALBERTO QUINTERO ROBLEDO, quien denunciara detención arbitraria y ejercicio indebido o incumplimiento de la función pública, por parte de Agentes de Tránsito Local de Reynosa, Tamaulipas.

De la integración del expediente se pudo llegar a la conclusión de que si bien los elementos de tránsito PEDRO ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ Y EMETERIO RAMÍREZ SANTIAGO, actuaron basándose en lo dispuesto por el artículo 195 del Reglamento de Tránsito y Transporte, ello no deja de resultar violatorio de garantías en perjuicio del quejoso JORGE ALBERTO QUINTERO ROBLEDO, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tránsito, queda prohibido retener vehículos por infracciones a la citada Ley o su Reglamento, resultando predominante la aplicación de la primera, toda vez que el Reglamento de Tránsito es una norma secundaria.

En ese tenor, se emitió RECOMENDACIÓN a la Delegación de Tránsito Local de Reynosa, Tamaulipas, a efecto de que se giren instrucciones a los Agentes de esa corporación de nombres PEDRO ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ Y EMETERIO RAMÍREZ SANTIAGO, para que privilegien la aplicación del artículo 50 de la Ley de Tránsito, dada la errónea interpretación del numeral 195 del Reglamento.

De igual forma, se pudo acreditar que el promovente estuvo privado de su libertad por un lapso de 5 horas, sin que para ello mediara causa justificada, en virtud de lo cual, se emitió Recomendación al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, a fin de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias procedentes en contra del C. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ, Oficial de Guardia de la Dirección de Tránsito Local.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 215/2002.

Esta recomendación fue despachada el día 15 de noviembre del 2002, sin que a la fecha contemos con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

RECOMENDACIÓN No. 216/2002.

La recomendación número 216/2002 se emitió el día 14 de noviembre del año 2002, derivada de la queja 156/01-M, al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, motivada por los hechos denunciados por el C. GERARDO ROQUE GARCIA, en contra de elementos de la Policía Municipal Preventiva, a quienes imputó golpes y detención arbitraria. De las investigaciones realizadas por este Organismo, se comprobó que la detención de GERARDO ROQUE GARCIA se efectuó cuando los agentes policiales lo sorprendieron en la vía pública deambulando, y “...por ser de los reconocidos que constantemente causan problemas...”(sic), proceder que denota irregularidad por parte de los servidores públicos, toda vez que se le detuvo por deambular, situación que no es señalada como falta por el Bando de Policía y Buen Gobierno de Matamoros, Tamaulipas. Por tal motivo, se recomendó al Presidente Municipal, aplicara las medidas correctivas y disciplinarias conducentes a los agentes que intervinieron en los actos arbitrarios denunciados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 216/2002.

Esta recomendación, recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 984/02 de fecha 12 de diciembre, signado por el Licenciado RICARDO ESPINOZA VALERIO, Secretario del Ayuntamiento en Matamoros, Tamaulipas, sin que a la fecha contemos con pruebas fehacientes sobre su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 217/2002.

Emitida el día 14 de noviembre del año en curso, esta recomendación pone fin a la integración del expediente 198/01-T, instaurado con motivo de la queja formulada por la C. ZENAIDA DEL ÁNGEL PECERO en representación de ELIZABETH MERAZ DEL ANGEL, en contra de elementos de la Policía Ministerial del Estado destacamentados en Tampico y de la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de Madero, Tamaulipas. En síntesis, la quejosa narra que Agentes de la Policía Ministerial, al ejecutar una orden de aprehensión en contra de su hija ELIZABETH MERAZ DEL ÁNGEL, le causaron lesiones, ejerciendo violencia física innecesaria.

La autoridad por su parte alegó no haber incurrido en irregularidad alguna, pues se limitaron a cumplir con su encomienda sin excesos de ninguna índole. Sin embargo, este Organismo logró reunir evidencia suficiente para demostrar que efectivamente los Agentes aprehensores violentaron física y moralmente a la C. ELIZABETH MERAZ DEL ÁNGEL, pues una orden de aprehensión no faculta a sus ejecutores para causar perjuicios innecesarios a una persona, ya que existe evidencia del maltrato físico sufrido por MERAZ DEL ÁNGEL, y que tales lesiones no preexistían a la aprehensión, o por lo menos dicha circunstancia no es alegada, ni mucho menos probada por los responsables. Podrá argüirse también que el dictamen médico es elaborado 48 horas después de la aprehensión, más tal factor no le resta valor probatorio en virtud de que la agraviada, tras ser detenida, fue internada inmediatamente en la Delegación de Seguridad Pública Municipal. Además, las lesiones, según se advierte de su naturaleza, no pudieron ser autoinfligidas. Efectivamente, la Autoridad actuó violentando el artículo 19 Constitucional, cuarto párrafo y artículo 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.

Por otra parte, la quejosa estimó violatorio de derechos humanos, el hecho de que el Agente Primero del Ministerio Público Investigador de Madero, Tamaulipas, haya consignado la averiguación previa instruida en contra de su hija, a “unas semanas” de haberse iniciado, sin permitirle el desahogo de sus probanzas, dicha autoridad negó cualquier arbitrariedad en su actuación, agregando que en su oportunidad la indiciada se abstuvo de declarar, consignándose entonces la indagatoria al Órgano Jurisdiccional, pues a criterio del representante social se habían reunido los elementos suficientes para ello. Por último, el Agente Investigador reconoce haber recibido un escrito en donde la C. ELIZABETH MERAZ ofrecía pruebas de su intención, pero asegura que tal ocurso fue presentado en fecha posterior a la consignación. Este Organismo concluye que no existe responsabilidad imputable al Ministerio Público Investigador, como lo señala el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales, pues en dicho numeral se le faculta para realizar la consignación tan pronto como queden satisfechos los requisitos que impone el artículo 16 de nuestra Carta Magna,. Por lo que se emitió al respecto ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD.

Por lo anteriormente expuesto, se emitió recomendación al Procurador General de Justicia en el Estado, aplique las medidas correctivas y disciplinarias procedentes en contra de los agentes de la Policía Ministerial que lesionaron a la C. ELIZABETH MERAZ DEL ÁNGEL.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 217/2002.

Advirtiéndose el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa número 96/2002, en contra de los Agentes de la Policía Ministerial, involucrados en el presente asunto, justo en los términos de la recomendación que ahora nos ocupa, ésta se tuvo por cumplida de manera parcial, por lo que su satisfacción total quedó supeditada a la información que con posterioridad nos brinde la autoridad sobre el particular.

 

RECOMENDACIÓN No. 218/2002.

La Recomendación 218/02, se originó en virtud de la queja número 169/2001, presentada por la C. CITLALI ELIZABETH MASCORRO CRUZ, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos en contra de autoridades del Centro de Readaptación Social de esta Ciudad, mismos que fueran calificados como Ejercicio Indebido o Incumplimiento de la Función Pública, consistentes en que dichas autoridades le suspendieron por el término de quince días la visita al interior de dicho reclusorio para ver a su esposo; y una vez agotado el procedimiento se dictó resolución tomando como principal prueba para la acreditación de los hechos denunciados por el quejoso, el acta del Consejo Técnico Interdisciplinario de fecha 08 de marzo del año dos mil uno, en la cual se asentó que el motivo de la sanción de referencia se debió a que la C. CITLALI ELIZABETH MASCORRO CRUZ, había infringido el reglamento de control de aduanas de los Centros de Readaptación Social en el Estado, toda vez que extravió la ficha de visita, circunstancia que podría acarrear problema de seguridad, sin embargo, si bien es cierto que la quejosa realizó una conducta que pone en riesgo la seguridad de dicho centro penitenciario, también lo es que dentro de las disposiciones normativas aplicables en materia carcelaria no existe disposición alguna que prevea la sanción aplicable a dicha conducta por lo cual tal determinación carece de fundamentación legal y por ende, resulta violatoria de derechos humanos; y en tal virtud, se emitió RECOMENDACIÓN al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, a fin de que emita las medidas que estime procedentes para que las resoluciones emitidas por los Consejos Técnicos Interdisciplinarios, se encuentren debidamente fundadas y motivadas.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 218/2002.

Esta recomendación, recibió respuesta de aceptación el día 12 de diciembre del 2002, mediante el oficio número 19017, firmado por el Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, sin que a la fecha contemos con pruebas que acrediten su cabal cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 219/2002.

La Recomendación 219/02, se originó en virtud de la queja número 337/2001, presentada por la C. MARIA MAGDALENA VAZQUEZ GARCIA, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos en agravio de MARCO ANTONIO SING VAZQUEZ, por parte del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal, mismos que fueron calificados como Dilación e Irregularidades en los Procedimientos Jurisdiccionales, dentro del proceso penal número 224/2001, en específico el hecho de que durante la celebración de careos entre el ofendido MARCO ANTONIO SING VAZQUEZ y los coacusados ALBERTO GOMEZ ISASSI, GUILLERMO SUSTAITA VILLARREAL, ANTONIO NAVARRO VEGA, LUIS BARRERA LUNA, SERGIO JOSE MARIA CARRANCO Y ALEJANDRO LARA, se encontraban todos presentes en la celebración de cada careo, circunstancia que consideró intimidatoria, asimismo argumentó que se le permitió la intervención del defensor particular de uno de ellos para que se le asesorara en cuanto a los cuestionamientos que deberían serle realizados a su hijo en el momento del careo; una vez analizadas las constancias y demás elementos de prueba que se allegaron al sumario de queja, se acreditó lo expuesto por la quejosa, principalemente con la declaración informativa de MARCO ANTONIO SING VAZQUEZ, misma que se encuentra adminiculada por lo expresado por la LIC. MARTHA IDALIA MONTALVO TAPIA, Agente del Ministerio Público Adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal en la fecha en que sucedieron los hechos, y con la constancia elaborada por personal de esta Comisión con fecha 16 de octubre del dos mil dos, en la que se establece que en la foja 330 de la causa penal 224/2001, el titular del órgano jurisdiccional de referencia autorizó la intervención del defensor de JOSE ALBERTO GOMEZ ISASSI a fin de que auxiliara a su representado en la formulación de los cuestionamientos que estimara pertinentes, concesión que transgrede las reglas establecidas en los artículos 284 y 286 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Tamaulipas relativas al desarrollo de los careos; por lo cual, se emitió RECOMENDACIÓN al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a fin de que, en su carácter de superior jerárquico, valore la actitud asumida por el servidor público implicado, y en su caso emita las medidas correctivas y disciplinarias que estime procedentes.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 219/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de rechazo el día 12 de diciembre del 2002, mediante el oficio número 11043, firmado por la Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien notificó por esa vía el acuerdo recaído a nuestra recomendación, emitido en los términos siguientes:

“Visto el oficio número 6198,/2002, del Licenciado Rafael Torres Hinojosa, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, mediante el cual remite la Recomendación recaída en el expediente de queja número 337/2001, interpuesto por la C. MARIA MAGDALENA VAZQUEZ GARCIA, en contra del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta Ciudad; en los términos de lo dispuesto por el artículo 22, 111, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en vigor y 114 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, comuníquese al C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que no se admite la Recomendación de referencia, toda vez que lo relativo a las quejas administrativas, este Tribunal se rige por los dispositivos Constitucionales y Legales invocados, configurando un procedimiento autónomo, por lo que se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que los haga valer en la vía y forma que corresponda...”

Vistos los términos de la respuesta anterior, nos vimos precisados a emitir el acuerdo de fecha 20 de diciembre del 2002, cuyo texto íntegro es:

“Visto el contenido del oficio 11042, recibido el día 12 de diciembre del año en curso, y signado por la Licenciada CYNTHIA PATRICIA REYNA LÓPEZ, Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través del cual se comunica la no admisión de nuestra Recomendación 219/2002, consignando textualmente: - - -

- - - “...en los términos de lo dispuesto por el artículo 22, 111, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en vigor y 114 fracción XXII de la Constitución Política del Estado, comuníquese al C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, que no se admite la recomendación de referencia, toda vez que en lo relativo a las quejas administrativas, este tribunal se rige por los dispositivos constitucionales y legales invocados, configurando un procedimiento autónomo, por lo que se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que los haga valer en la vía y forma que corresponda...”(sic) - - - -

- - - Atentos a lo anterior, la CODHET se ve en la necesidad de realizar las siguientes precisiones:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - a) Nuestra Recomendación reza: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “... ÚNICA. Al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en su carácter de superior jerárquico, se le recomienda valorar la actitud asumida por el servidor público implicado, de conformidad con las irregularidades señaladas en el cuerpo de la presente resolución y, en su caso, aplique las medidas correctivas y disciplinarias que estime procedentes...” . - - -

- - - En ese tenor, lamentamos la respuesta de la Autoridad recomendada, pues, en primer lugar, la Comisión no formula en este asunto queja administrativa alguna, ni está legitimada para ello en los términos que lo plantea el invocado artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; la resolución rechazada, tiene la fuerza que el legislador mexicano le imprime desde el artículo 102 apartado B de la Carta Magna, como una providencia que tutela los derechos fundamentales reconocidos por nuestro orden jurídico, que, como en el caso de mérito, se ven vulnerados. Para mayor claridad acudamos a tal disposición: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -“...Artículo 102.- B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos...Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas...” . - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - Como es de verse, al emitir la Recomendación 219/2002, no se hace otra cosa que cumplir con una de las atribuciones de nuestro Organismo, justo en la esfera de su competencia. Sobra decir que dicha resolución, lleva imbíbita la proclama por hacer evidente una irregularidad administrativa dentro de un procedimiento jurisdiccional, con la consecuente lesión a los Derechos Humanos del gobernado y a sus garantías de legalidad y seguridad jurídica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) En ese contexto, parece inapropiado responder que en asuntos como éste, la Autoridad Judicial “se rige” por disposiciones de carácter “autónomo” cuando también, es obvio mencionar, que está sujeta a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c) Ahora bien, siguiendo el razonamiento del Honorable Supremo Tribunal de Justicia, se puede caer en el error de creer que la quejosa sólo puede dolerse del acto que le acarrea agravios mediante el procedimiento de queja administrativa instituido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando real y constitucionalmente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas cuenta con las atribuciones para conocer y resolver como lo hizo, a la luz no únicamente de la ley, sino también de la moral y la justicia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d) Por último, aún soslayando todo lo dicho, no existe desde el punto de vista ético y jurídico, impedimento alguno para que la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia actúe en los términos que prevé el artículo 115 de la propia Ley Orgánica en que fundamenta su negativa:- - - - - -“Artículo 115. Cuando el Presidente o el Pleno del Supremo Tribunal tenga conocimiento de hechos que puedan constituir falta administrativa, de oficio, se podrá iniciar el procedimiento previsto en el presente capítulo, con las modalidades que su trámite implique”.- - - - - - - - - - - - - - - No olvidemos que nuestra Recomendación, confiando en el buen juicio y correcto criterio de la Autoridad, se limitaba a solicitar una valoración de la conducta asumida por el servidor público responsable; sin embargo, al amparo de disposiciones no aplicables (pues en todo caso los artículos invocados fundamentarían la iniciación de un procedimiento y no su improcedencia) y sin motivación de ninguna índole, tal valoración jamás se efectuó.- - - - - - - - - - - e) Así las cosas, se debe concluir en armonía con los artículos 36 y 63 de nuestro Reglamento Interno:- - - - - - - - - - PRIMERO. Se tiene por rechazada la Recomendación 219/2002 para los efectos legales y de publicidad a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO. Infórmese a la quejosa el derecho le asiste para acudir, mediante el Recurso de Impugnación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tomando para ello en cuenta la negativa de la Autoridad recomendada...”.

 

RECOMENDACIÓN No. 220/2002.

La Recomendación 220/02, se originó en virtud de la queja número 209/2001, presentada por la C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ GOMEZ, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos, por parte de elementos de la Policía Ministerial de esta Ciudad, mismos que fueron calificados como Detención Arbitraria, argumentando que JUAN REYES GONZALEZ, fue detenido por los servidores públicos implicados sin que existiera motivo alguno; una vez realizado el estudio minucioso de todas y cada una de las probanzas que integran el presente sumario, se advierte que se encuentran acreditados los argumentos expuestos por la quejosa, principalmente tomando en cuenta la la declaración de JUAN REYES GONZALEZ, quien en los mismos términos manifestó haber sido detenido sin motivo alguno, testimonial que se encuentra corroborada con la instrumental de actuaciones consistente en la sentencia absolutoria emitida con fecha 11 de enero del dos mil dos, a favor del agraviado por el delito de portación de arma prohibida dentro de la causa penal 95/2001, radicada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, lo anterior si consideramos que los argumentos esgrimidos por la autoridad implicada a fin de justificar su actuar consistieron en haber detenido a JUAN REYES GONZALEZ, en virtud de que se conducía en “actitud sospechosa”, circunstancia que por sí misma reviste una violación a sus derechos, debido a ser un acto de molestia innecesario, por otra parte señalaron que en tal detención se le encontró una navaja al ser revisado corporalmente, sin embargo, tal manifestación carece de eficacia probatoria, toda vez que como anteriormente se señaló en relación al delito de portación de arma prohibida se emitió sentencia absolutoria, por lo cual se emitió RECOMENDACIÓN al Procurador General de Justicia en el Estado, en su carácter de superior jerárquico, a fin de que valore la conducta desplegada por los servidores públicos implicados en la detención de JUAN REYES GONZALEZ, y en su caso emita las medidas correctivas y disciplinarias que estime procedentes.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 220/2002.

Esta recomendación recibió respuesta de aceptación mediante el oficio número 3913, de fecha 4 de diciembre, firmado por el Licenciado FRANCISCO TOMAS CAYUELA VILLARREAL, sin que a la fecha contemos con mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN No. 221/2002.

La recomendación número 221/2002, fue emitida el día 28 de noviembre del presente año, al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, derivada de la queja número 098/2001-T, que fuera iniciada con motivo de los hechos denunciados ante la Segunda Visitaduría General de este Organismo, por la Ciudadana MARIA ANTONIA ROCHA SANCHEZ, en representación de su menor hija JOHANA MICHEL MARCIAL ROCHA, en contra de la Presidenta del Consejo Tutelar Distrital de Tampico, Tamaulipas, quien señaló que ante dicha funcionario se inició expediente tutelar en contra del menor SERGIO LOPEZ ZACARIAS, por el delito de impudicias, cometido en contra de su menor hija JOHANA MICHEL MARCIAL ROCHA, y que dicho procedimiento se llevó a cabo con una serie de irregularidades, como lo fue el hecho de que en el mismo se celebró una diligencia de careo, entre los menores antes referidos, y no la dejaron estar presente en el desahogo del mismo. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el sumario, se advierte que en el mismo obra copia certificada del expediente tutelar 31/2001, radicado ante el Consejo Tutelar antes referido, apreciándose que en el mismo existen una serie de irregularidades, como lo es el que la representante social, envió citatorios a los menores SERGIO LOPEZ ZACARIAS Y JOHANA MICHEL MARCIAL ROCHA, apercibiéndolos que de no comparecer ante esa Institución se agotarían las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia, advirtiéndose que dicho proceder no fue el idóneo, toda vez que dada su minoría de edad, resulta fuera de todo contexto jurídico, realizar apercibimiento alguno, dada su calidad de inimputables; así mismo, respecto a la imputación realizada por la quejosa, en el sentido de que dicha representante social le impidió estar presente en el desahogo de la diligencia de careo celebrada entre los menores; si bien, dicha circunstancia fue negada por la autoridad implicada, argumentando que la ahora quejosa si estuvo en el desahogo de dicha diligencia, del acta realizada con motivo de la diligencia multicidada se advierte que si bien, se asentó que en ese acto se encontraba la madre de la menor agraviada C. MARIA ANTONIA ROCHA SANCHEZ, en dicha acta no se aprecia la firma de la misma, por lo cual, se tiene por acreditado lo expuesto por la quejosa; aunado a ello, se observó que la representante social, al emitir su resolución dentro del expediente en cita, tal como lo manifestó en su informe justificado, refiere que en la diligencia de careo la menor JOHANA MICHEL MARCIAL ROCHA negó los hechos expuestos en contra del menor SERGIO LOPEZ ZACARIAS, sin embargo, del acta de dicha diligencia se advierte que la menor agraviada desde el inicio continúa acusando al menor LOPEZ ZACARIAS, y si bien, en el desarrollo de la diligencia refiere haber sido golpeada por su madre para que dijera la verdad, en ningún momento se advierte la retractación de su dicho, con lo cual quedó acreditado que la representante social realizó una inexacta valoración de las probanzas existentes en dicho expediente, toda vez que no otorgó valor probatorio a la declaración de la madre de la ofendida, quien refiere que presenció los hechos, declaración que fuera corroborada con la declaración de la menor agraviada vertida ante el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales, Violencia intrafamiliar y Cometidos en Contra de Incapaces y Discapacitados; por lo cual, la representante social dio una errónea interpretación y con ello una deficiente valoración del careo referido; y en tal virtud, se recomendó al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social del Estado, gestionara la aplicación de medidas correctivas y disciplinarias a que hubiese lugar, por las irregularidades procedimentales expuestas; así como para prevenir, se violenten los derechos humanos de los menores, y se ajuste la actuación de la servidora pública implicada a los lineamientos jurídicos vigentes en el Estado.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 221/2002.

Esta recomendación, se tuvo por cumplida totalmente, toda vez que la autoridad recomendada, informó que la Licenciada MARTHA GUADALUPE VAZQUEZ VAZQUEZ, ha perdido su carácter de servidor público, desvaneciéndose así la posibilidad de sancionarla administrativamente conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades vigente en el Estado, tomando en cuenta que la máxima sanción a imponer lo es la destitución del cargo.

 

RECOMENDACIÓN No. 222/2002.

La recomendación número 222/2002, fue emitida el 29 de noviembre del año en curso, y derivó del expediente número 151/01-M relativo a la queja que interpusiera el C. PABLO LOZANO DOMINGUEZ en contra de elementos de la Policía Municipal Preventiva de Matamoros, Tamaulipas, a quienes imputó golpes y detención arbitraria. De las investigaciones que practicara este Organismo, se comprobó que al quejoso lo detuvieron los agentes policiales JORGE ENRIQUE MANRIQUE CAVAZOS y GUILLERMO DE LA ROSA CADENA, cuando se encontraba acostado en la banqueta, proceder que denota irregularidad en el actuar policial, toda vez que, la conducta por la que se le detuvo, no se considera violatoria del Bando de Policía y Buen Gobierno de Matamoros, Tamaulipas; asimismo, se comprobó que con motivo de la detención de mérito, los agentes de autoridad utilizaron en el detenido una violencia desmedida, lo que se comprobó con la fe de lesiones que se le practicara en su humanidad el día de la irregular detención por un Visitador de este Organismo. Por tal motivo, se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, aplicara las medidas correctivas y disciplinarias a los agentes de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 222/2002.

Esta recomendación, despachada el 29 de noviembre, carece a la fecha de respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 223/2002.

La recomendación número 223/2002, fue emitida el 29 de noviembre del año 2002, y derivó de la queja número 43/01-M, que fuera interpuesta por la C. ERICKA VAZQUEZ JUAREZ, en contra de elementos de la Policía Municipal Preventiva de Matamoros, Tamaulipas, denunciando que los elementos policíacos llegaron hasta su negocio a bordo de la patrulla 032 exigiendo la cantidad de $4,000.00 para que no le hicieran nada. De acuerdo a las investigaciones que realizara este Organismo, se comprobó que efectivamente el acto arbitrario y de molestia denunciado se llevó a cabo por los tripulantes de la unidad policial 032 GERONIMO CORTEZ SERNA y JULIO DE LOS SANTOS VAZQUEZ; por tal motivo, se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, aplicara las medidas correctivas y disciplinarias a los agentes de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos denunciados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 223/2002.

Esta recomendación, despachada el 29 de noviembre, carece a la fecha de respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 224/2002.

La Recomendación 224/02, se originó en virtud de la queja presentada por los internos ELISEO SANCHEZ MONTOYA, PABLO RAMIREZ GARCIA y MANUEL SERAFIN MARTINEZ ORTIZ, quienes denunciaron actos presuntamente violatorios de derechos humanos, por parte de la Dirección de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, y autoridades del Centro de Readaptación Social de esta Ciudad, mismos que consistieron en las condiciones infrahumanas en que se encuentra el módulo III del Centro de Readaptación Social de esta Ciudad, así como agresiones físicas por parte de custodios de ese Centro de Readaptación en agravio de PABLO RAMIREZ GARCIA.

En virtud de lo anterior, se originaron los procedimientos de queja radicados con los números 321/01, 333/01 y 491/01, mismos que fueron acumulados en virtud de que en las mismas coincidían en señalar la existencia de condiciones insalubres e inhumanas en el módulo III, del Centro de Readaptación Social de esta Ciudad, solicitando los informes correspondientes y ordenándose las diligencias necesarias para agotar el procedimiento ante esta Institución, y una vez agotado el procedimiento se dictó resolución tomando como principales probanzas para la acreditación de los hechos denunciados, las declaraciones de los quejosos mismas que fueron corroboradas con las constancias elaboradas por personal de este Organismo con fechas 23 de octubre del presente año, así mismo, con la inspección ocular realizada en el área de referencia, donde se pudo observar las patéticas condiciones sanitarias en que se encuentran los internos asignados a dicha área, advirtiéndose la existencia de basura, gusanos, e inclusive excremento en algunas áreas de dicho módulo, así mismo la carencia de agua corriente en los sanitarios de cada una de las celdas. Por otra parte, en cuanto a las agresiones sufridas por el interno PABLO RAMIREZ GARCIA, éstas se encuentran acreditadas con el propio dicho del quejoso, el cual adquiere validez probatorio preponderante en virtud de su especial situación por pertenecer a un grupo vulnerable, amén de que los hechos denunciados por su propia naturaleza acontecen generalmente en ausencia de testigos, así mismo tal manifestación coincide circunstancialmente con lo expresado por los custodios implicados quienes señalaron que tuvieron que someter al quejoso en virtud de que se puso agresivo, no obstante el dictamen elaborado por el DR. JOSE HUMBERTO CARDENAS DE LA PLAZA, se advierten la existencia de lesiones ocasionadas en su humanidad, las cuales en ningún momento se encuentran justificadas, dado al número de elementos que participaron en el sometimiento.

Atentos a lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, a fin de que instruya a quien corresponda la implementación de las medidas necesarias para garantizar la adecuada estancia de los internos, evitando con ello tratos crueles y denigrantes en su persona. De igual forma se le recomendó promover el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de JOSE ANGEL MATA GARCIA, MIGUEL ANGEL MEDINA BORJAS, RAMON IBARRA IRACHETA, Y RICARDO GARCIA PALACIOS, por lo que respecta a las lesiones que presentó el interno PABLO RAMIREZ GARCIA

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 224/2002.

Mediante proveído de fecha 16 de diciembre, esta recomendación se tuvo por aceptada, en atención a lo informado por la autoridad y, además se tomó nota de la intención de sancionar administrativamente a los Custodios JOSE ANGEL MATA GARCIA, MIGUEL ANGEL MEDINA BORJAS, RAMON IBARRA IRACHETA Y RICARDO GARCIA PALACIOS, por lo que nuestra resolución se encuentra en vías de cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 225/2002.

Esta resolución fue emitida el día 02 de diciembre del año 2002, derivada de la queja 468/2001, presentada por el C. JUAN REYES SALAZAR, quien ante la Primera Visitaduría General de este Organismo, denunció detención arbitraria y allanamiento de morada, por parte de Agentes de la Policía Ministerial del Estado, destacamentados en esta Ciudad. Una vez analizadas y valoradas las probanzas y demás actuaciones allegadas al expediente de queja, se demostró fehacientemente que los elementos policiales que participaron en los hechos denunciados por el quejoso allanaron el domicilio en que se encontraba el C. JUAN ANTONIO REYES MARQUEZ, efectuando su detención, dichas irregularidades se acreditaron con la propia manifestación del quejoso JUAN REYES SALAZAR, aunado a lo señalado por JUAN ANTONIO REYES MARQUEZ, así como las declaraciones informativas de PATRICIA MARQUEZ BECERRA, LORENZA CASTAÑON AGUILAR y JUANA MARIA SALAZAR HERNANDEZ, testigos presenciales de los hechos. Resulta preciso decir que la detención de dicha persona se dio sin que obrara de por medio mandato judicial, portando dichos servidores públicos un oficio de investigación, girado por el Agente del Ministerio Público Investigador, el cual no los facultaba para que allanaran el domicilio del C. REYES MARQUEZ, y efectuaran la detención, aduciendo los elementos policiales que observaron al C. JUAN ANTONIO REYES MARQUEZ, en actitud sospechosa, procediendo a marcarle el alto y efectuarle una revisión corporal, actitud que transgrede lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se RECOMENDO al C. Procurador General de Justicia en el Estado, se iniciara procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos que participaron en esos hechos y en su oportunidad se emita la resolución que en derecho proceda, de conformidad con lo establecido con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 225/2002.

El día 17 de diciembre, se recibió en esta Comisión el oficio 3972, firmado por el Licenciado GILDARDO SORIANO GALINDO, Director Jurídico de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, quien solicitó copias certificadas del expediente181/01-T, de donde se derivara la resolución que ahora nos ocupa, en el entendido, de que tales documentales serían analizadas para decidir sobre la aceptación o rechazo de la recomendación. Las copias requeridas han sido oportunamente enviadas.

 

RECOMENDACIÓN No. 226/2002

La Recomendación 226/02, se derivó del expediente de queja 091/01-R, motivado por el C. CARLOS CEREZO MANZANO en representación de MIGUEL ARTURO JUÁREZ CISNEROS, quien denunciara detención arbitraria, lesiones, robo e ilícitos contra el honor (Injurias) por parte de elementos del Grupo Operativo Policiaco de Reynosa, Tamaulipas. Del análisis efectuado a las constancias existentes, se obtuvieron suficientes elementos de prueba para acreditar las injurias y detención arbitraria, principalmente con declaraciones testimoniales de quienes manifestaron haber presenciado cuando los elementos del Grupo Operativo Policiaco incurrieron en abusos al pretender obligar al agraviado a levantar basura de la calle, haciendo uso de la fuerza y privándolo de su libertad. Se consideró pertinente emitir RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas a efecto de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra de los citados servidores públicos.

 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 226/2002.

Esta recomendación, despachada el 4 de diciembre del 2002, carece hasta la fecha de respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 227/2002.

La recomendación número 227/2002, fue emitida el 3 de diciembre del año 2002, dentro del expediente número 79/01-M, que fuera iniciado con motivo de la queja que presentaran los CC. CASTULO SILVA JUAREZ y AGUSTIN SAENZ LEIJA, en contra de elementos de la Policía Ministerial del Estado con base en Matamoros, Tamaulipas, a quienes imputaron el haber sido detenidos sin que existiera orden de aprehensión en su contra. De las investigaciones que practicara este Organismo, se comprobó que las detenciones de los quejosos se llevaron a cabo sin las características de fundamentación y legalidad, al demostrarse que los quejosos fueron trasladados a las oficinas de la Policía Ministerial sin mandamiento legal alguno, y sin que se encontraran en los supuestos de flagrante delito. Lo anterior se probó con el testimonio de los denunciantes, el cual se corroboró, principalmente con el testimonio del Agente Ministerial LUIS PEDRO BOTELLO SALINAS, quien refirió que fue él quien los trasladó a las oficinas policíacas, transgrediendo con ello los servidores públicos las garantías constitucionales de libertad, legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 de la Constitución General de la República, motivo por el cual se recomendó al Procurador General de Justicia del Estado, aplicar las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 227/2002.

Mediante el oficio del día 13 de diciembre, bajo el número 3947, esta recomendación recibió respuesta sobre su aceptación por parte del Licenciado FRANCISCO TOMÁS CAYUELA VILLARREAL, Procurador General de Justicia en el Estado, sin que a la fecha contemos con mayor información al respecto.

 

RECOMENDACIÓN No. 228/2002.

La recomendación número 228/2002, fue emitida el día 3 de diciembre del presente año, al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, derivada de la queja número 194/2001-T, que fuera iniciada con motivo de los hechos denunciados ante la Segunda Visitaduría General de este Organismo, por el Ciudadano ALBERTO SANDOVAL MENCHACA, en contra de elementos de la Policía Preventiva y Juez Calificador de Tampico, Tamaulipas, quien señaló que en fecha 3 de agosto del 2001, aproximadamente a las 20:30 horas, caminaba por la zona centro de Tampico, Tamaulipas, cuando fue abordado por cinco elementos de la Policía Preventiva, quienes le dijeron que una persona del sexo masculino, la cual los acompañaba, lo acusaba de haberlo robado e intimidado con un cuchillo, por lo cual lo detuvieron y lo llevaron a un callejón, lugar donde le dieron varios golpes en la cara y en la cabeza, ocasionándole una herida en la cabeza y otra en la cara, que posteriormente lo llevaron detenido a la cárcel municipal, y al declarar ante el Agente del Ministerio Público Investigador se enteró de que tenían también a disposición del Agente la cantidad de $150.00 y un cuchillo, argumentando que él únicamente traía la cantidad de $80.00, además de que él desconocía el arma con la que le decían que había robado a una persona, por lo que consideró irregular la actuación del Juez Calificador. De las investigaciones realizadas por este Organismo, se deriva que, respecto a la detención del quejoso, ésta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que, quedó acreditado, que los agentes aprehensores atendieron a una llamada de auxilio, realizada por el C. SAUL LUNA MARTINEZ, en el sentido de que el quejoso, lo había robado, amenazándolo con un cuchillo, por lo que la detención del quejoso se encontró ajustada a derecho. Así mismo, respecto a las diversas imputaciones vertidas por el quejoso en contra del Juez Calificador, consistentes en que dicho servidor público, al ponerlo a disposición del Fiscal Investigador depositó una cantidad superior a la que él portaba, así como una arma que él desconocía; tenemos que, dicha autoridad, en su informe justificado argumentó que dicha arma le fue remitida con la cantidad de $100.00, por los agentes policiales, mismas que se encontraban en el lugar donde había sido detenido el C. SANDOVAL MENCHACA, por lo cual, procedió a ponerlo a disposición del Fiscal Investigador, circunstancias que se acreditaron con el oficio de consignación del C. SANDOVAL MENCHACA, así como con el parte informativo rendido por los agentes aprehensores, por lo cual, no se advirtió irregularidad alguna cometida por el Juez Calificador, en agravio del quejoso. Ahora bien, respecto a las lesiones que refirió el quejoso le fueron propinadas por los agentes aprehensores, la existencia de las mismas quedó acreditada con el Dictamen Médico realizado sobre la integridad física del quejoso, y si bien, los agentes policiales, tanto en su informe, como en sus declaraciones vertidas ante esta Comisión refirieron que las mismas fueron originadas tras una caída que sufriera el quejoso al momento de su detención; a dicha versión no es de otorgarle valor probatorio pleno, toda vez que, al analizar detenidamente el dictamen médico referido, se advierte que en el mismo se asienta la gravedad de dichas lesiones; aunado a que, el Perito Médico Forense Adscrito a este Organismo realizó una valoración de dicho dictamen médico, en el cual quedó asentado, que dado el número y la localización de las lesiones que presentara el quejoso, tienen una mecánica de ser producidas con las manos y objeto contuso sobre el cuerpo, refiriendo además dicho médico que las mismas no pudieron haber sido ocasionadas por una simple caída; acreditándose con ello plenamente la responsabilidad de los agentes de la Policía Preventiva en la comisión de las mismas. Violentando con su actuar lo previsto por último párrafo del artículo 19 Constitucional, artículos 35 fracción X de la Ley de Policías Preventivos y 33 fracción IX de su Reglamento; así como el artículo 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, por lo cual, se emitió recomendación al Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, a fin de que, ordenara la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los Agentes de la Policía Preventiva implicados, y aplicara las medidas disciplinarias procedentes.

 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 228/2002.

Esta recomendación, despachada el 4 de diciembre, carece a la fecha de respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 229/2002.

La recomendación número 229/2002, fue emitida el día 4 de diciembre del presente año, al Presidente Municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, derivada de la queja número 181/2001-T, que fuera iniciada con motivo de los hechos denunciados ante la Segunda Visitaduría General de este Organismo, por el Ciudadano OSCAR MORALES ESCOBEDO, en contra de elementos de la Policía Preventiva de Ciudad Madero, Tamaulipas, quien señaló que en fecha 21 de julio del 2001, aproximadamente a las 03:00 horas, iba caminando sobre la avenida Álvaro Obregón y Calle Libertad, cuando sorpresivamente fue abordado por la patrulla 036, de la cual descendieron dos elementos, mismos que se dirigieron a él y le realizaron una revisión, preguntándole si andaba tomado, y el responderles que se había tomado dos cervezas lo empezaron a golpear en diferentes partes del cuerpo, esposándolo y subieron a la camioneta, trasladándolo a la Delegación de Seguridad Pública, que en el trayecto a dicho lugar continuaron golpeándolo, además de sacarle de su cartera la cantidad de $700.00, y al dejarlo en la Delegación, en barandilla le preguntaron que si traía para la fianza, por lo que les comentó que le habían quitado el dinero, dejándolo detenido aproximadamente 30 minutos, y posteriormente acudieron los agentes aprehensores ante él diciéndole que ya habían arreglado con sus compañeros y lo dejaron salir sin pagar fianza, ni pasarlo con el Juez Calificador, sin que dichos Agentes le explicaran el motivo de su detención. De las investigaciones realizadas por este Organismo, se advierte que la autoridad implicada en su informe justificado refiere que al momento de la detención, el quejoso se encontraba caminando dificultosamente por el estado de embriaguez, y mediante el parte informativo los agentes aprehensores refirieron que el quejoso salió corriendo de una disco, por lo cual lo siguieron y media cuadra adelante lo alcanzaron, refiriendo que en ese momento ya lo tenían sometido agentes de una disco, por alterar el orden público en estado de embriaguez, advirtiéndose de ambos documentos una serie de contradicciones en cuanto a la forma en que se llevó a cabo dicha detención, aunado a que al expediente no se adjuntó por parte de la autoridad implicada documento alguno que justificara la legalidad de su proceder, dado que corresponde a ellos acreditar la constitucionalidad y legalidad de sus actos, y en virtud de que la autoridad responsable no exhibió resolución alguna emitida por el Juez Calificador, ante quien debe presentarse todo detenido para que valore la legalidad de su detención, aunado a ello, se advierte la inexistencia de medios de convicción que corroboren sus atestaciones, y por ende, son insuficientes para desvirtuar lo expresado por el quejoso. Por lo cual, se acreditó que los agentes aprehensores detuvieron arbitrariamente al C. OSCAR MORALES ESCOBEDO, violentando con su actuar lo establecido artículo 33 fracciones I y X del Reglamento de las Corporaciones Policiales Preventivas, así como el artículo 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, por lo cual, se emitió recomendación al Presidente Municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, a fin de que, ordenara el procedimiento de responsabilidad administrativa, en contra de los Agentes de la Policía Preventiva implicados, toda vez que ante esta Comisión no se justificó la detención del quejoso, y en su caso, se aplicaran las medidas disciplinarias procedentes. Así mismo, respecto a las diversas imputaciones vertidas por el quejoso, consistentes en robo y lesiones, con los elementos de prueba que se allegaron al sumario, resultaron ser insuficientes para tener por acreditada la responsabilidad de los agentes policiales en la comisión de las mismas, por lo que se emitió al respecto, ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 229/2002.

Mediante proveído de fecha 7 enero del 2003, esta recomendación se tuvo por cumplida totalmente, toda vez que la autoridad acreditó haber sancionado con una suspensión de labores por cinco días sin goce de sueldo a los oficiales MARIO ECHEVERRIA RAMIRO Y RUBEN LEIVA SNOWBALL, a raíz del procedimiento administrativo derivado de nuestra resolución.

 

RECOMENDACIÓN No. 230/2002.

La recomendación 230/02, del 5 de diciembre del presente año, fue dirigida al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, derivándose de la queja 151/01-L, presentada por el C. RAYMUNDO ARMANDO MARTINEZ ALVARADO, quien denunció que el día 11 de mayo del 2001, al ser aprehendido por elementos de la policía municipal, fue despojado de algunas pertenencias; una vez analizadas y evaluadas las probanzas y demás actuaciones allegadas al expediente, se concluyó que la Autoridad no acreditó haber devuelto oportunamente lo reclamado por el agraviado, por lo que se recomendó al Presidente Municipal, procurar el inicio de una investigación al respecto, y de no haber sido restituidos los objetos, dictar las medidas conducentes para su devolución o compensación.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 230/2002.

Esta recomendación, despachada el 5 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 231/2002.

La recomendación número 231/2002, fue emitida el día 5 de diciembre del presente año, al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, derivada de la queja número 105/2002, que fuera iniciada con motivo de los hechos denunciados, por el Ciudadano MARCO ANTONIO GUERRERO CARRIZALES, en contra del Coordinador de Tránsito Municipal, mismos que en su oportunidad fueron calificados como Cobro Indebido de Contribuciones o Impuestos y Negativa al Derecho de Petición, al manifestar que en fecha 12 de mayo del presente año, su vehículo fue remolcado por una grúa de tránsito, en virtud de que se encontraba mal estacionada, y al acudir a la Delegación de Tránsito a realizar el pago de la multa, le manifestaron que tenía que pagar la cantidad de $114.90 por infracción, $15.00 por el corralón, y $100.00 por concepto de grúa, sumando un total de $229.00, y al solicitar el 50% de descuento previsto por el artículo 209 del Reglamento de Tránsito del Estado, en caja le manifestaron que por concepto de grúa el referido descuento no operaba, circunstancia que consideró injusta, manifestando que el Cobro de la Grúa no aparecía ni en la Ley de Tránsito, ni en su Reglamento, por lo que lo convertía en un cobro indebido para el Ciudadano, violentando sus garantías individuales; sin embargo, al analizar las constancias que integran el sumario, se llegó a la conclusión de que la actuación del servidor público implicado se encuentra ajustada a derecho, toda vez que el cobro por utilización de la grúa se encuentra fundamentado en el artículo 198 del Reglamento de Transito y Transporte del Estado; ahora bien, respecto al 50% de descuento que refiere el quejoso no le fue aplicado por el concepto de grúa, el artículo 209 del Reglamento referido establece que el descuento se aplicará sobre el importe de la infracción, sin que el cobro de grúa sea considerado propiamente como una infracción, sino como un gasto derivado de la misma, por lo que se emitió al respecto ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD. Por otra parte, el quejoso expuso que en fecha 18 de marzo del 2002, interpuso ante el Delegado de Tránsito escrito de esa misma fecha, en el que manifestaba su inconformidad respecto a las anteriores consideraciones, refiriendo que hasta la fecha en que interpuso su queja ante este Organismo (24 de abril del 2002), no había recibido contestación alguna al respecto, por parte de dicho funcionario; y una vez que este Organismo solicitó informe a la autoridad implicada, este fue omiso en realizar señalamiento alguno al respecto, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley que lo rige, se estableció la presunción de ser cierta dicha imputación; por lo cual, al no obrar en el sumario prueba alguna que desvirtúe lo manifestado por el quejoso, y si por el contrario, el quejoso aportó copia fotostática del escrito de inconformidad presentado ante el Funcionario referido, de fecha 18 de mayo del 2002, mismo en el que se observó la firma de recibido de un funcionario de la Delegación de Tránsito Municipal, sin que recayera contestación alguna a dicho escrito por parte de la autoridad implicada, a pesar, de que el mismo cumplía con los requisitos de haberse realizado de manera pacífica y respetuosa, advirtiéndose que hasta el momento de emitirse la resolución habían transcurrido más de ocho meses de la interposición del mismo, transgrediendo lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional, así como lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas; y por tal motivo, se recomendó al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, instruyera por escrito al Coordinador de Tránsito Municipal de ese Ayuntamiento, a fin de que, cumpla con lo previsto por el artículo 8° Constitucional, dando respuesta al promovente de la queja a la petición efectuada; en el supuesto de que ya la hubiese efectuado, lo informara y acreditara ante este Organismo.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 231/2002.

Esta recomendación, despachada el 6 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 232/2002

La Recomendación 232/02, tuvo su origen en la queja 48/01-R, motivada por el C. MARIO ALBERTO ORTEGA ANZALDÚA, quien denunciara dilación e irregularidades administrativas en los procedimientos jurisdiccionales por parte del Juez Primero de Primera Instancia Penal de Reynosa, Tamaulipas.

En el expediente de queja se pudo acreditar que contrario a lo denunciado por el quejoso, el Juez de la causa acordó de conformidad oportunamente las pruebas ofrecidas por el inculpado MARIO ALBERTO ORTEGA ANZALDÚA, quedando a cargo de la defensa el presentar oportunamente a los testigos y si su desahogo no se realizó ello es por causas imputables a la parte oferente y no al juez de la causa, motivo por el cual se emitió ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD a favor del Juez Primero de Primera Instancia Penal de Reynosa, Tamaulipas.

No obstante lo anterior y referente a la dilación en los procedimientos jurisdiccionales de que se doliera el quejoso, se pudo acreditar que el referido Juez no ha dictado sentencia definitiva dentro del proceso penal 419/98, que por el delito de HOMICIDIO se instruye en su contra, no obstante que se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social a su disposición desde el 12 de octubre de 1998, de lo que se desprende una clara transgresión a las garantías del acusado, violentando con ello su derecho a una justicia pronta y expedita. En ese tenor, resultó procedente emitir RECOMENDACIÓN al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a efecto de que instruya al servidor público responsable y, a la brevedad posible, dicte sentencia definitiva dentro del precitado proceso penal; así como para que en caso de resultar negligencia en su actuación se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias a que haya lugar.

De igual forma se ordenó dar vista al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a efecto de que valore la conducta asumida por el Licenciado JAVIER CAVADA ROSALES, Juez Primero de Primera Instancia Penal de Reynosa, Tamaulipas, durante la integración de la queja que ahora se resuelve, ello en virtud a que el citado funcionario se negó a brindar el acceso al expediente, aduciendo que obedecía órdenes superiores, ello en contravención a lo dispuesto por el artículo 58 fracción I, materializándose la hipótesis prevista en el numeral 61, ambos de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 232/2002.

Esta recomendación, se tuvo por aceptada mediante el proveído de fecha 6 de enero del 2003, toda vez que la autoridad acreditó haber solicitado al Juez Primero de lo Penal en el Quinto Distrito Judicial, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, información sobre el estado procesal que guarda la causa 419/98.

 

RECOMENDACIÓN No. 233/2002

La Recomendación 233/02 se derivó del expediente de queja 170/01-R, presentado por el C. GERARDO PAREDES VÁZQUEZ, quien denunciara detención arbitraria y ejercicio indebido de la función pública por parte de elementos de la Policía Preventiva y demás elementos de Seguridad Pública Municipal de Reynosa, Tamaulipas.

De las probanzas que se allegaran a la integración del expediente, se contó con suficientes elementos para tener por acreditada la detención arbitraria denunciada por el quejoso, quien señalara haber sido privado de su libertad el 22 de agosto del 2001, aproximadamente entre 10:30 y 11 de la noche por elementos de la Policía Preventiva Municipal, cuando se encontraba acompañado de su novia, siendo en consecuencia procedente emitir RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, a efecto de que se realicen las investigaciones pertinentes para determinar quiénes fueron los elementos de la Policía Preventiva Municipal que violentaron los derechos fundamentales de PAREDES VÁZQUEZ, y una vez hecho lo anterior se apliquen en su contra las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes.

De igual forma se pudo acreditar el ejercicio indebido de la función pública de que se doliera GUSTAVO PAREDES, por parte de los elementos de la Policía Municipal, puesto que aunado a que la privación de la libertad efectuada por los policías fue realizada sin fundamento legal, los oficiales preventivos además incumplieron con su función al no dejar constancia de la detención, lo que nos lleva a suponer que conscientes de lo violatorio de su conducta, pretendieron que la misma no fuera conocida por sus superiores, resultando en consecuencia procedente emitir RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal, a efecto de que se identifique a los servidores públicos que incurrieron en tal falta, ello a fin de aplicar en su contra medidas correctivas y disciplinarias.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 233/2002.

Esta recomendación, despachada el 10 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su situación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 234/2002.

Emitida el día 09 de diciembre del año 2002, esta resolución derivó de la queja 284/2001, presentada por la C. MARIA CLEOTILDE TOBIAS en representación de su hijo ANGEL URIEL TOBIAS RODRIGUEZ, quien ante la Primera Visitaduría General de este Organismo, denunció detención arbitraria y tortura, por parte de Agentes de la Policía Ministerial del Estado, así como irregularidades en la procuración de justicia, por parte del Agente del Ministerio Público Investigador, ambas autoridades con residencia en Abasolo, Tamaulipas. Una vez analizadas y valoradas las probanzas y demás actuaciones allegadas al expediente de queja, se demostró fehacientemente que los CC. ALONSO MALDONADO GARCIA, FERNANDO VILLARREAL FLORES y ANDRES GUADIAN PIZAÑA, Agentes de la Policía Ministerial del Estado, incurrieron en irregularidad, al privar de la libertad a ANGEL URIEL TOBIAS RODRIGUEZ, trasladándolo a las oficinas de su corporación, cuando investigaban unos hechos presuntamente delictivos, contando con un simple oficio de investigación, girado por la Representación Social; se recabaron además las declaraciones informativas de YESSICA SARAY RODRIGUEZ GALLEGOS, secretaria de dicha corporación policial, quien refirió que los servidores públicos implicados, llegaron con dos personas a la oficina y se pusieron a dialogar con ellos sobre unos robos, así como la declaración de AURELIANO RIVAS MARIN, quien señaló que los elementos Ministeriales le dijeron a ANGEL URIEL TOBIAS RODRIGUEZ, que los acompañara, a lo cual se negó, por lo que lo subieron a la fuerza a la unidad que tripulaban, sin que obrara de por medio algún mandato judicial en el que se ordenara su detención, transgrediendo con su actuar lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; motivo por el cual, se formuló RECOMENDACION al C. Procurador General de Justicia del Estado, como superior jerárquico, a efecto de que se aplicaran las medidas correctivas y disciplinarias procedentes a los elementos de la Policía Ministerial que participaron en los hechos. Por otra parte, el C. ANGEL URIEL TOBIAS RODRIGUEZ, refirió que fue violentado físicamente por los elementos aprehensores, para que les dijera quien había participado en el robo que investigaban; sin embargo, solamente se contaba con su dicho y la negativa de la autoridad señalada como presuntamente responsable, además de un certificado médico del que se advertía que ANGEL URIEL TOBIAS no presentaba lesiones en su humanidad, por lo que se emitió ACUERDO DE NO ACREDITADOS LOS HECHOS. Así mismo, la C. MARIA CLEOTILDE TOBIAS, refirió en su comparecencia que el Agente del Ministerio Público Investigador de Abasolo, Tamaulipas, no le informaba sobre el trámite de la Indagatoria Previa Penal número 30/2000; al respecto, en autos de dicho expediente se aprecia el informe que rindió el Fiscal Investigador implicado, quien refirió que la Indagatoria Previa Penal de que se duele la quejosa es la número 84/2000, dentro de la cual compareció en dos ocasiones, realizando algunas manifestaciones y aportando algunas documentales, de las que se advierte que sí estaba enterada del trámite de la misma, por lo que se procedió a emitir ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 234/2002.

Esta recomendación recibió respuesta sobre su aceptación mediante el oficio número 3952, del 13 de diciembre, firmado por el Procurador General de Justicia en el Estado, por lo que podemos afirmar que la misma se encuentra en vía de cumplimiento.

 

RECOMENDACION No. 235/2002.

La recomendación 235/2002, se deriva de la queja 239/01-3, presentada por la C. NANCY PATRICIA CORONADO CASTILLO, quien denunciara Detención Arbitraria y Ejercicio Indebido o Incumplimiento de la Función Pública, misma que fuera emitida el día nueve de diciembre del 2002.

De la integración del procedimiento se demostró que la C. NANCY PATRICIA CORONADO CASTILLO, fue detenida justificadamente por elementos de la Policía Preventiva de Reynosa, Tamaulipas, por participar en una riña, siendo trasladada a la Delegación en donde se le impuso una multa de $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) y nueve horas de arresto; sin embargo, y aunque no se estuvo en posibilidad de demostrar que a la citada quejosa se le practicó una revisión inapropiada, de lo manifestado por la oficial DIANA CORONADO, se obtuvo que las revisiones que se practicaban y se practican en la Policía Preventiva, atentan contra la dignidad de las personas que son sometidas a las mismas, ya que se llevan a cabo de manera impropia, degradante y humillante, lo que atenta contra los derechos humanos a quienes se les practican, con independencia de que se tiene conocimiento que dichas revisiones se llevan a cabo como una medida de seguridad, así como para contribuir al combate de la delincuencia, se consideró necesario Recomendar al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, a efecto de que tome las medidas que considere conducentes, a fin que las revisiones que se practiquen por parte de los elementos de la Policía Municipal, a las personas detenidas por infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno o participar en un hecho ilícito, no atenten con la dignidad y pudor de las mismas, debiendo evitar en todo momento que éstas se lleven a cabo de manera degradante y humillante.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 235/2002.

Esta recomendación, despachada el 10 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta a su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 236/2002

La Recomendación 236/2002, se deriva de la queja 095/2000-R, presentada por el C. JUAN MANUEL CANTU ZAMBRANO, en contra del Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador y Elementos de la Policía Ministerial del Estado con Jurisdicción en Reynosa, Tamaulipas, reclamando Irregularidad en la Integración de Averiguación Previa Penal y No Ejecución de Orden de Aprehensión.

Durante la integración del procedimiento se pudo acreditar que el Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador, actuó conforme a derecho en la integración de la Averiguación Previa Penal 404/2000, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, a lo que se arribó al analizar las actuaciones practicadas dentro del citado cuaderno previo penal, desahogando todas aquellas diligencias que consideró necesarias para llegar al real esclarecimiento de los hechos donde perdiera la vida MARTIN ANGEL CANTU ZAMBRANO (hermano del quejoso), habiendo dictado a su favor Acuerdo de No Responsabilidad.

Sin embargo, de la consignación de la indagatoria antes señalada, se radicó en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, el Proceso Penal Número 211/2000, en contra de MIGUEL SANCHEZ GOMEZ (a) “EL CHILANGO” por el delito de HOMICIDIO, en agravio de quien en vida llevara por nombre MARTIN ANGEL CANTU ZAMBRANO, habiéndose librado la correspondiente Orden de Aprehensión en fecha 11 de julio del 2000, misma que no ha sido debidamente cumplimentada por los Elementos de la Policía Ministerial, lo que nos llevó a emitir Recomendación al Procurador General de Justicia en el Estado, para que instruya al Comandante de la Policía Ministerial y elementos a su mando, destacamentados en Reynosa, Tamaulipas, a efecto de que implementen las medidas necesarias tendientes a la ejecución de la orden de aprehensión señalada con antelación. Así mismo, se Recomendó ordenar una investigación para determinar las causas por las cuales no se ha ejecutado el citado mandamiento judicial, y de existir alguna responsabilidad imputable a los Agentes Policiales o cualquier otro servidor público, se resuelva lo procedente conforme a derecho.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 236/2002.

Esta recomendación recibió respuesta sobre su aceptación mediante el oficio número 3949, del 13 de diciembre, firmado por el Procurador General de Justicia en el Estado, por lo que podemos afirmar que la misma se encuentra en vía de cumplimiento.

 

RECOMENDACIÓN No. 237/2002.

La Recomendación 237/02, se originó en virtud de la queja presentada por la C. MARIA ESTHER RAMOS AGUILAR, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos, por parte de elementos de la Policía Ministerial de esta Ciudad, mismos que fueron calificados como Detención Arbitraria.

En virtud de lo anterior, se originó el procedimiento de queja radicado con el número 419/01, solicitando los informes correspondientes y ordenándose las diligencias necesarias para agotar el procedimiento ante esta Institución, y una vez agotado el procedimiento se dictó resolución tomando como principales probanzas para la acreditación de los hechos denunciados, la declaración del propio quejoso misma que es coincidente circunstancialmente con lo expresado por los elementos de la policía ministerial quienes expresaron que el motivo de la detención de JOSE JOAQUIN SANCHEZ AGUILAR, se debió a que éste se conducía en actitud sospechosa, sin embargo, no especificaron el motivo de la misma menos aún acreditaron causa justa suficiente para tal detención, realizando actos de molestia innecesarios en agravio del quejoso.

Atentos a lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN al Procurador General de Justicia en el Estado, en su carácter de superior jerárquico, a fin de que valore la conducta desplegada por los agentes implicados y en su caso emita las medidas correctivas y disciplinarias que estime procedentes.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 237/2002.

Esta recomendación, despachada el 13 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

 

RECOMENDACIÓN No. 238/2002

La Recomendación 238/02 fue emitida dentro del expediente de queja 50/01-R, motivado por la C. CECILIA VALENCIA GARCIA, a nombre propio y en representación de ALFREDO, RICARDO, RODOLFO y MARGARITA LIAHUT VALENCIA, ante la Tercera Visitaduría General de éste Organismo, con residencia en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, denunciando allanamiento de morada, ataque a la propiedad privada (daños), lesiones e ilícitos contra el honor (golpes y violencias físicas simples) detención arbitraria y ejercicio indebido de la función pública, por parte de elementos de la Policía Preventiva de Reynosa, Tamaulipas.

Ahora bien, de los medios de prueba allegados, se pudo acreditar fehacientemente que elementos de la Policía Preventiva de nombres JODVET BENÍTEZ FLORES, ADOLFO GONZÁLEZ MEDELLÍN, LORENZO SEGURA REYES, JOSÉ GUADALUPE CONCEPCIÓN ANDRADE Y DAVID HERNÁNDEZ DAMÍAN, se introdujeron dentro del domicilio de la quejosa CECILIA VALENCIA GARCIA, sin su consentimiento, utilizando la fuerza y causándole daños, privando además ilegalmente de la libertad a su hijos de nombre RICARDO y JOSE ALFREDO LIAHUT VALENCIA, detención de la cual omitieran dejar constancia, ello bajo la anuencia del comandante JOSE ALFREDO GUERRERO MONSIVAIS, además de incurrir en golpes y violencias físicas simples en perjuicio de MARGARITA y RICARDO LIAHUT VALENCIA, motivo por el cual se emitió Recomendación al Presidente Municipal de aquella localidad, para que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra de los elementos de la Policía Preventiva ya citados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 238/2002.

Esta recomendación, despachada el 13 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 239/2002

La Recomendación 239/02 se emitió dentro del expediente de queja 51/0-R, motivado por el C. MIGUEL TORRUCO RODRÍGUEZ, quien denunciara detención arbitraria, cohecho y ejercicio indebido de la función pública por parte de elementos de la Policía Preventiva Municipal y Agentes de Tránsito Local de Reynosa, Tamaulipas.

Ahora bien, de la queja en estudio se pudo acreditar que elementos preventivos que tripulaban la patrulla R-18, interceptaron al quejoso obligándolo a bajarse de su vehículo, hecho lo cual procedieron a hacerle una revisión corporal al igual que a su familia, solicitándole la cantidad de $900 para dejarlo en libertad y al decirles que no estaba dispuesto a entregarles dicho dinero, pidieron el apoyo de los agentes de tránsito, acudiendo el C. TOMAS HERNANDEZ CABRERA, quien le dijo que se tenía que “mochar” para dejarlo retirarse y al negarse lo trasladó en compañía de sus familiares a la Delegación, ante lo cual accedió a entregarle $500 al oficial de tránsito a cambio de que lo dejara retirarse, quien consciente de lo ilegal de su actuación pretendió ocultarla a sus superiores al no dejar constancia en la bitácora del día de los hechos en que interviniera, resultando procedente a emitir RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, a efecto de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra del C. TOMÁS HERNÁNDEZ CABRERA, elemento de Tránsito Local por la detención arbitraria, cohecho y ejercicio indebido de la función pública en que incurriera en agravio del quejoso MIGUEL TORRUCO RODRÍGUEZ.

Así mismo se comprobó que los policías municipales interceptaron inicialmente al quejoso el 28 de Febrero del 2001, sometiéndolo una revisión corporal sin causa justificada, con la sola intención de extorsionarlo, lo que lograron realizar en contubernio con agentes de tránsito Local, circunstancias por la cuales se emitió RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, a efecto de que se realicen las investigaciones pertinentes para determinar a los elementos de la Policía Preventivas que en esa fecha tripulaban la patrulla R-18 y que incurrieran en cohecho y ejercicio indebido de la función Pública en agravio del C. MIGUEL TORRUCO RODRÍGUEZ.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 239/2002.

Esta recomendación, despachada el 13 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 240/2002.

La recomendación número 240/2002, fue emitida el día 13 de diciembre del presente año, al Director General del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización, derivada de la queja número 016/2001-T, que fuera iniciada con motivo de los hechos denunciados ante la Segunda Visitaduría General de este Organismo, por la Ciudadana ROMANA MEJIA MARTINEZ, en contra del Delegado del SIPOBLADURT, de Ciudad Madero, Tamaulipas, quien señaló que en el mes de noviembre del 2000, acudió ante dicho funcionario a comunicarle que se iba a ausentar de su domicilio a visitar a una hija que se encontraba enferma, y posteriormente, en fecha 15 de enero del 2001, al regresar a su domicilio, ubicado en Lote 1, Manzana 36, Colonia Lucio Blanco, se encontró con que habían tumbado su casa de madera, y habían vendido su lote a otra persona, por lo que se presentó al SIPOBLADURT, y al entrevistarse con el Delegado y exponerle que ella ya había pagado su solar y escrituras, éste le respondió que hiciera lo que quisiera ya no le iban a regresar el lote, que ya estaba vendido, considerando haber sido despojada de su lote injustamente, ya que tenía más de siete años habitándolo. De las investigaciones realizadas por este Organismo, se acreditó con los recibos de pago expedidos por el SIPOBLADURT, que la quejosa tenía totalmente cubiertos los pagos del predio en mención, así mismo, con las declaraciones vertidas dentro de la Averiguación Previa Penal número 17/01, ante el Fiscal Segundo, de Madero, Tamaulipas, se acreditó que la quejosa tenía siete años habitando dicho predio, y que el mismo estaba circulado, edificado y acondicionado como vivienda, acorde a sus posibilidades económicas; y si bien, la autoridad implicada en su informe pretendió justificar su actuar invocando un contrato de compra venta celebrado entre la quejosa y ese Instituto, no aportó al sumario documento alguno que acreditara su existencia, mismo en el que se asentaran las cláusulas rescisorias, mencionadas en el oficio que determina la cancelación administrativa de los derechos del predio de la quejosa, por lo que se infiere que el contrato, de existir, carece de las formalidades esenciales; ello en virtud de que al sumario únicamente se adjuntaron recibos de pago expedidos por el SIPOBLADURT, sobre la regularización del predio, mas no sobre la transmisión de la propiedad; por lo que se acreditó que la actuación del servidor público fue contraria a derecho, toda vez que rigió su actuar basado en unos simples formatos de recibo en los que se asientan las condiciones del trámite de escrituración, sin otorgarle a la quejosa la oportunidad de demostrar su derecho y respetar su garantía de audiencia; por lo anterior, se recomendó al Director General del Instituto de Vivienda y Urbanización, ordenara lo conducente para que se proceda a la restitución del goce de los derechos adquiridos a la C. RAMONA MEJIA MARTINEZ, así mismo, ordenara a quien corresponda, analice los términos y mecanismos instrumentados por ese Instituto en la contratación de los predios, a fin de establecer y regular debidamente la ejecución de la rescisión administrativa.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 240/2002.

Esta recomendación, despachada el 13 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 241/2002.

La Recomendación 241/02, se originó en virtud de la queja presentada por el C. MATEO RAMIREZ ZUÑIGA, quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos, por parte de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, mismos que fueron calificados como Negativa, Suspensión o Prestación Ineficiente del Servicio Público, los cuales estribaron en la omisión en el registro del contrato de compraventa celebrado entre el C. MATEO RAMIREZ ZUÑIGA y JOSE CONCEPCION CARDENAS VILLANUEVA, apareciendo en dicho contrato sello de la dependencia registradora, asentándose en él los siguientes datos de identificación: Sección I, Número 20444, Legajo 409, Municipio de Victoria, de fecha 25 de julio de 1991, sin embargo en los libros de registro correspondiente no se encuentra dicha escritura, obrando con tales datos de registro, bien inmueble diverso.

En virtud de lo anterior, se originó el procedimiento de queja radicado con el número 485/2000, solicitando los informes correspondientes y ordenándose las diligencias necesarias para agotar el procedimiento ante esta Institución, y una vez agotado el procedimiento, se dictó resolución tomando como principal probanza para la acreditación de los hechos denunciados, constancia elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se estableció que los antecedentes relativos al contrato en cita fueron registrados con datos falsos en virtud de la inexistencia del número señalado en el legajo correspondiente, aunado a ello se pudo observar que en el lugar correspondiente al antecedente de referencia obraban copias simples de un contrato celebrado entre JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ Y JOSE CONCEPCION VILLANUEVA, sin que éstas pertenecieran al libro en mención, observándose además que las fojas que deberían de encontrarse en dicho libro fueron desprendidas.

Atentos a lo anterior, se emitió RECOMENDACIÓN al Director de Registro Público de la Propiedad, para que en su carácter de superior jerárquico promueva ante las instancias competentes el inicio de las investigaciones correspondientes, con el objeto de que se determine, en su caso, la responsabilidad administrativa, civil y penal en que hubieran incurrido los servidores públicos, con motivo de la alteración de los libros que obran en el Registro Público de la Propiedad.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 241/2002.

Esta recomendación, despachada el 13 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACION No. 242/2002.

La recomendación número 242/2002 se emitió el 13 de diciembre del año en curso, y se derivó de la queja número 153/02-M, iniciada con motivo de la denuncia que hiciera el C. GUADALUPE CEPEDA SANCHEZ, quien expuso que desde el año de 1994 inició un juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario del Estado, respecto de 3-09-89 hectáreas, y que dicha autoridad emitió resolución favorable a sus intereses por lo que se llevó a cabo la ejecución de sentencia otorgándosele la autorización para el deslinde del terreno, procediendo a señalarlo con postes y cables de acero. Que posterior a la ejecución de la resolución, se presentó al lugar el Licenciado RODOLFO MARTINEZ QUINTERO, Adscrito al Departamento Jurídico de la Presidencia Municipal, en compañía de elementos de la Policía Preventiva, procediendo a derribar el deslinde que había instalado con maquinaria pesada del Ayuntamiento, ordenando que esposaran a su hijo, que como consecuencia de lo anterior, se iniciaron dos averiguaciones previas, la número 1259/01 ante la Cuarta Agencia Investigadora, y la 531/02 ante la Fiscalía Tercera de la propia Ciudad sin que se les otorgue el trámite correspondiente. Este Organismo comprobó que el conflicto de límites de propiedad entre el quejoso con el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, se resolvió con la ejecutoria dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, en cumplimiento de una sentencia de amparo según consta dentro del expediente 179/94 por lo que así las cosas, este Organismo se declaró impedido para conocer esa parte de la controversia, porque se trata de la ejecución de una resolución de naturaleza jurisdiccional. En relación con la detención que dijo el quejoso sufriera su hijo MANUEL ALEJANDRO CEPEDA GALLARDO se comprobó que la misma se realizó porque dicha persona obstruyó las labores del Ayuntamiento, según lo manifestado ante este Organismo por el propio detenido, sin que se haya comprobado que con motivo de esa detención se hayan violado sus derechos humanos. Por cuanto hizo al argumento del quejoso en el sentido de que denunció los hechos ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado con lo cual se dio inicio a las averiguaciones penales citadas, este Organismo no comprobó en el proceder de las fiscalías violaciones a derechos humanos durante la etapa de investigación; asimismo, respecto a lo reclamado al Director de Planeación y Proyectos y Secretario de Desarrollo Urbano se comprobó que el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito dentro del amparo en revisión número 319/02-5° había conocido y resuelto sobre los mismos actos reclamados, por lo que, ante tal situación, este Organismo dictó un Sobreseimiento. En otro aspecto del expediente, este Organismo advirtió que la autoridad responsable Dirección de Planeación y Proyectos al emitir la orden de negación de licencia de construir al quejoso, omite fundar y motivar debidamente tal decisión, al advertirse del propio documento, que únicamente se limita a señalar que no se satisfacen los requisitos exigidos por el Reglamento de Construcciones para el Estado de Tamaulipas, pero nunca argumenta, razones o motivos, dónde y por qué de esa negación, siendo que es obligación constitucional y legal de toda autoridad, cumplir con la garantía de fundamentación y motivación al emitir un acto, pues se debe expresar los motivos en que se funda y expresar las razones en que se apoya. Por tal motivo, se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, que ordenara a la autoridad competente en materia de licencias de construcción, el cumplimiento de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, expidiendo y notificando en forma fehaciente las resoluciones debidamente fundadas y motivadas que se originen a raíz de las peticiones formuladas por el quejoso.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 242/2002.

Esta recomendación, despachada el 13 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 243/2002.

La Recomendación 243/02 derivó de la queja 171/01-R, presentada por el C. FERNANDO JUÁREZ JUÁREZ, quien denunciara detención arbitraria e ilícitos contra el honor (Injurias) por parte de elementos de la Policía Preventiva de Reynosa, Tamaulipas.

Tras el análisis de las constancias allegadas, se pudo acreditar que el quejoso FERNANDO JUÁREZ JUÁREZ fue detenido sin causa justificada aproximadamente a las 12:30 horas del día 26 de agosto del 2001, por elementos de la Policía Preventiva Municipal cuando se dirigía en compañía de su esposa e hija a una tienda de autoservicio, que los hechos fueron motivados por el agente policial de nombre CLAUDIO GONZÁLEZ ROJAS, quien le ordenara a sus compañeros que lo privaran de su libertad supuestamente por un malentendido que días antes había tenido lugar entre su concubina y el quejoso, siendo pertinente resaltar que se integró en la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de Reynosa Tamaulipas, la indagatoria penal número 1066/01 en contra del hoy quejoso, y que dentro de la mima fue ordenada su libertad bajo reserva, ello en virtud a que su detención no fue realizada en flagrancia de delito, resultando procedente emitir RECOMENDACIÓN al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, a efecto de que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias en contra del agente de la Policía Preventiva de nombre CLAUDIO GONZÁLEZ ROSAS por haber ordenado la detención del quejoso FERNANDO JUÁREZ JUÁREZ, así como de los CC. CARLOS IVÁN ALEJANDRE TORRES Y GABINO HERNÁNDEZ, elementos policiales por haber llevado a cabo la privación ilegal de la libertad.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 243/2002.

Esta recomendación, despachada el 16 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 244/2002.

La recomendación número 244/2002 se dictó el 16 de diciembre del año 2002, dentro del expediente número 132/00-M iniciada de oficio por la Cuarta Visitaduría de este Organismo en contra de personal del Consejo Tutelar Distrital de Matamoros, Tamaulipas, al comprobar que en el propio centro, cuando un menor es puesto a su disposición no se practican los estudios de personalidad, irregularidad que influyó para que una de las menores fuera violada. Asimismo, este Organismo comprobó que en el área de seguridad y custodia existen serias deficiencias al no disponer del personal suficiente, amén de que en su mayoría carecen de los conocimientos mínimos para el desarrollo de su encomienda. Por tal motivo se recomendó al Director General de Prevención y Auxilio, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado, vigilar que los menores infractores del Consejo Tutelar Distrital de Matamoros, Tamaulipas, sean ubicados en áreas diferenciadas conforme los estudios de personalidad, así como que se provea a ese Centro de personal profesionalmente capacitado para sus funciones, disponiendo que todas las áreas del lugar cuenten con vigilancia permanente.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 244/2002.

Esta recomendación, despachada el 16 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 245/2002.

La recomendación número 245/2002, se emitió el día 16 de diciembre dentro del expediente número 93/01-M, que se iniciara con motivo de la queja presentada por el C. EDGAR LOPEZ GONZALEZ, quien denunció que elementos de la Policía Municipal Preventiva de Matamoros, Tamaulipas, detuvieron a su hermano JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ en un domicilio particular, y además lo golpearon en diferentes partes del cuerpo. De las investigaciones practicadas por este Organismo, se comprobó que al C. JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ se le detuvo por “actitud sospechosa y evitar el contacto policial”, según el parte de remisión policíaco. Tal proceder denota irregularidad por parte de los servidores públicos, toda vez que el parecer sospechoso no se considera como una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno de Matamoros, Tamaulipas, es decir, este Organismo no encontró argumento alguno que acreditara que el detenido se encontrase cometiendo alguna conducta sancionable. Asimismo, se comprobó que la detención de JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ la realizaron los agentes policiales en el interior de un domicilio particular a donde se introdujeron sin permiso alguno, lo cual fue confirmado por la C. ANA LETICIA LOPEZ APARICIO, habitante del domicilio donde se practicara la detención, quien ante este Organismo dijo que no les dio permiso de entrar a su domicilio a los policías; además de lo anterior se comprobó que con motivo de la detención de LOPEZ GONZALEZ los agentes aprehensores mostraron en su agravio una violencia desmedida, así como en contra de DIANIRA LOPEZ GONZALEZ y MARIA LUISA GONZALEZ HINOJOSA, lo que se comprobó con la fe de lesiones que se le practicara a las personas citadas. Por tal motivo, se recomendó al Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, aplicara las medidas correctivas y disciplinarias a los agentes que intervinieron en los hechos denunciados.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 245/2002.

Esta recomendación, despachada el 16 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 246/2002.

La recomendación número 246/2002 se emitió el día 16 de diciembre, dentro del expediente número 145/01-M, que fuera iniciado con motivo de la queja que presentara la C. LUZ MARIA GONZALEZ ARMENTA en representación de ADOLFO LEAL RODRIGUEZ, quien señaló que denunció ante el Ministerio Público Investigador de Valle Hermoso, Tamaulipas, y Delegada Municipal de “Empalme”, que el joven NEFI LEAL TORRES sufrió un atentado por parte de ALFREDO GARCIA CEDILLO y JOSE ANGEL GARCIA CEDILLO, quienes le echaron un vehículo encima y lo balacearon sin motivo alguno sin que fuera atendida debidamente su denuncia toda vez que sus agresores continúan paseándose libres tranquilamente. De acuerdo a las investigaciones que practicara este Organismo se comprobó que dentro de la averiguación previa penal número 290/01, instruida en contra de ALFREDO GARCIA CEDILLO como probable responsable del delito de disparo de arma de fuego, golpes y violencias físicas simples y amenazas, en agravio de MARIO NEFI LEAL TORRES, ante la Agencia del Ministerio Público Investigador de Valle Hermoso, Tamaulipas, se advirtió que no se actuó con la diligencia debida para su integración, pues tal indagatoria presentó una inactividad de más de un mes sin que el Órgano Investigador practicara diligencia alguna, lo cual vulnera el principio constitucional fundamental de que la procuración de justicia debe ser pronta y expedita, transgrediéndose el principio de seguridad jurídica al asumir el Fiscal una injustificada lentitud y actitud de desinterés lo que trajo consigo a la postre el atentado de muerte que sufriera en su domicilio particular en fecha 24 de agosto del 2001 JAIME MANUEL LEAL RODRÍGUEZ, en donde perdieran la vida además GABRIEL HERNANDEZ ALEMAN y JOSE ARMANDO CHAVEZ GARCIA. Por tal motivo se recomendó al Procurador General de Justicia, valorar la conducta asumida por el Fiscal Investigador, y determinar lo procedente conforme a derecho.

 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 246/2002.

Esta recomendación, despachada el 13 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 247/2002

La recomendación 247/2002, se emitió el día 20 de diciembre del 2002, al Procurador General de Justicia del Estado, derivada de la queja 105/2000-L, interpuesta por el señor MARIO HERNANDEZ RIOS, quien hizo consistir su queja en el hecho de que el Comandante y elementos de la Policía Ministerial del Estado, así como Agentes de la Policía Municipal con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo detuvieron arbitrariamente y torturaron para que se confesara culpable de un homicidio, violándose todas sus garantías individuales, en virtud de que se le iniciaron dos procesos penales ante el Juez Primero de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, radicados con los números 92/2000 y 93/2000, el primero de ellos por el delito de homicidio y el segundo por portación de arma blanca; que a pesar de haber hecho del conocimiento del Agente del Ministerio Público Investigador, éste se concretó única y exclusivamente a consignarlo. En las anteriores condiciones se emitió RECOMENDACIÓN a la Procuraduría General de Justicia, para el efecto de que se instruyera el procedimiento de responsabilidad correspondiente en contra de los elementos de la Policía Ministerial del Estado, que intervinieron en los presentes hechos, para que se determine su responsabilidad, y sean sancionados de acuerdo a la gravedad de la falta que cometieron, valorando para ello las consideraciones esgrimidas en el capítulo de conclusiones de la propia resolución emitida.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 247/2002.

Esta recomendación, despachada el 20 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 248/2002

La Recomendación 248/02, se derivó de la queja 235/01-R, promovida por la C. DIANA ELSA GALAVIZ, quien denunciara dilación en la procuración de justicia por parte del Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador de Reynosa, Tamaulipas, la que hiciera consistir en que no obstante de tener todos los medios de prueba pertinentes no ha resuelto en definitiva la averiguación previa penal número 1280/2001, que se integrara con motivo de los hechos en que perdiera la vida su hija ROSA ESMERALDA MONSIVÁIS GALAVIZ y de los que tienen la sospecha tuviera responsabilidad su concubino de nombre JUAN FRANCISCO GARCÍA BÁEZ.

De los medios de prueba allegados al expediente de queja se pudo acreditar que en efecto al haber transcurrido más de un año desde el inicio de la indagatoria señalada sin que se emita determinación en definitiva, lo que indudablemente le causa perjuicio a los familiares de la ahora occisa, al incurrirse en dilación en la procuración de justicia, circunstancias por la cuales se emitiera Recomendación al Procurador General de Justicia en el Estado, para que se giren instrucciones al Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador de Reynosa, Tamaulipas, a fin de que a la brevedad posible ordene el desahogo de aquellas diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos motivo de la indagatoria 1280/2001 y hecho lo cual, resuelva conforme a derecho proceda.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 248/2002.

Esta recomendación, despachada el 20 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 249/2002

La recomendación número 249/2002, se dictó el día 23 de diciembre del 2002, que tuvo su origen dentro del expediente de queja 72/00-MTE, que iniciara el ciudadano FILIBERTO VILLAREAL VALDEZ, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, denunciando que compareció en el año de 1997, ante la autoridad ministerial a presentar una querella por el delito de DESPOJO, sin que se haya ejercitado acción penal en contra de persona alguna. Habiéndose acreditado en autos que, en efecto, se incurrió en dilación en la procuración de justicia en agravio del quejoso, puesto que no obstante de que interpuso una querella penal en Junio de 1997, la cual fuera radicada bajo el número de averiguación previa penal 47/97, en la Dirección de Averiguaciones Previas Penales del Estado, misma que fuera remitida en fecha 10 de diciembre de 1998, a la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador del Mante, Tamaulipas, donde fue registrada bajo el número 48/99, dentro de la cual, con fecha 29 de septiembre del 2000, se dictó un Acuerdo de Reserva, mismo que fuera revocado el 3 de diciembre del 2000, donde se le ordenó al fiscal de la indagatoria, practicara diversas diligencia, sin que hasta la fecha de esta recomendación, se haya dado cumplimiento, toda vez que, según lo informara el Fiscal Investigador del Mante, Tamaulipas, no recibió la citada indagatoria, encontrándose buscando el sumario previo penal. En virtud de lo anterior, se recomendó al Procurador General de Justicia en el Estado, valorara la conducta que asumieran los Fiscales que conocieron de los hechos denunciados por el quejoso, para que determinara lo procedente conforme a derecho, a fin de que se restituyeran al gobernado sus garantías de seguridad jurídica.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 249/2002.

Esta recomendación, despachada el 20 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 250/2002.

La Recomendación 250/02, tuvo su origen en el expediente 62/01-R, con motivo de la queja presentada por la C. MANUELA GUADALUPE SOTO LÓPEZ, en representación de su menor hijo FÉLIX RODOLFO REYNA SOTO, quien denunciara lesiones, detención arbitraria y disparo de arma de fuego o ataque peligroso, por parte de un elemento de la Policía Preventiva de Reynosa, Tamaulipas.

Del análisis del expediente se pudo llegar a la conclusión que en efecto tal y como lo denunciara la madre del directamente agraviado FÉLIX RODOLFO REYNA SOTO, su menor hijo fue privado ilegalmente de su libertad por parte del agente de la Policía Municipal de nombre DOMINGO ELIZONDO MARTÍNEZ, el pasado 29 de marzo del 2001, afuera de la Escuela ETI 44 de la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, aproximadamente a las 19:25 horas, pudiendo constatar además que si bien el detenido REYNA SOTO fue puesto a disposición del Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador de Reynosa, Tamaulipas, que se encontraba en turno al momento en que sucedieron los hechos, por portación de una navaja, dándose inicio a la indagatoria 336/2001 el 30 de marzo del 2001, dentro de la misma fue ordenada la inmediata libertad por detención injustificada del detenido, hoy agraviado, al no reunirse los extremos exigidos por el artículo 108 del Código de Procedimientos Penales, siendo pertinente resaltar además que el servidor público implicado DOMINGO ELIZONDO MARTÍNEZ, pretendiendo sorprender la buena fe de este Organismo manifestó tanto al comparecer a rendir su declaración como en el informe que rindiera sus superiores que el día de los hechos se encontraba en servicio, cuando de las constancias de autos se comprobara que en realidad se encontraba de descanso.

De igual forma se obtuvieron suficientes elementos para tener por comprobadas las irregularidades en que incurriera el C. DOMINGO ELIZONDO MARTÍNEZ consistentes en lesiones y disparo de arma de fuego, en perjuicio de FÉLIX RODOLFO REYNA SOTO, circunstancias por las cuales se emitió Recomendación al Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, para que se apliquen las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes en contra del elemento de la Policía Preventiva DOMINGO ELIZONDO MARTÍNEZ, por la detención arbitraria, lesiones y disparo de arma de fuego cometidos en perjuicio de FÉLIX RODOLFO REYNA SOTO, cuando se encontraba fuera de servicio.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 250/2002.

Esta recomendación, despachada el 20 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 251/2002.

La Recomendación número 251/2002, derivó de la queja presentada por el señor RENÉ GUTIÉRREZ JIMENEZ, quien denunció actos presuntamente violatorios de Derechos Humanos, en contra de elementos de la Policía Estatal Preventiva, mismos que fueron calificados como ROBO y EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, los cuales consistieron en que los servidores públicos implicados realizaron un cateo en el interior del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, la madrugada del día 27 de septiembre del año 2000 y que en dicho acto trataron a los internos de manera prepotente y agresiva, sustrayéndoles algunas de sus pertenencias.

Derivado de lo anterior, se radicó ante la Tercera Visitaduría de este Organismo el expediente de queja número 133/00-R, solicitándole el informe a la autoridad presuntamente responsable y una vez agotado el procedimiento de queja se emitió resolución en la que se determinó haberse acreditado las violaciones a Derechos Humanos denunciadas por el quejoso, tomándose como prueba de su intención informe rendido por el Licenciado RONNALDO RIVAS CARREÑO, Director del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, en el cual señala que los elementos de la Policía Estatal Preventiva, realizaron actos de rapiña, abuso de autoridad y falta de ética policial al apoderarse de dinero, alhajas, diversos objetos y pertenencias de internos ubicados en el módulo oriente del Centro Penitenciario en cita; documental que adquiere valor probatorio preponderante al encontrarse robustecida con la declaración del propio quejoso, misma que cobra relevancia por tratarse de actos que acontecieron en agravio de personas consideradas como un grupo vulnerable. En atención a lo anterior se emitió Recomendación al Director Estatal de Seguridad Pública en su carácter de superior jerárquico, instruya a quien corresponda de inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad en contra de los servidores públicos implicados en la presente queja de conformidad con la consideración expuesta en el capítulo de conclusiones.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 251/2002.

Esta recomendación, despachada el 20 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo.

 

RECOMENDACIÓN No. 252/2002

La recomendación número 252/2002 fue emitida el día 23 de diciembre del 2002, derivada de la queja número 202/2000, iniciado con motivo de los hechos denunciados por la C. MARÍA SOLEDAD VALADEZ HERNÁNDEZ, consistentes en detención arbitraria, allanamiento de morada y lesiones, por parte de elementos de la Policía Ministerial del Estado destacamentados en esta Ciudad; una vez que se agotó la integración de dicho expediente, se procedió a emitir la determinación correspondiente, y del estudio realizado a todas y cada una de las constancias que la integran, se llegó a la conclusión que los servidores públicos implicados incurrieron en las irregularidades denunciadas por la quejosa, deteniendo arbitrariamente al C. JOSÉ SANTOS SALAZAR RODRÍGUEZ, violentándolo físicamente y allanando el domicilio de la C. VALADEZ HERNÁNDEZ, dichas circunstancias se acreditaron con las diversas declaraciones testimoniales que constan en el mencionado sumario, así como el Dictamen Médico practicado en la humanidad del C. SALAZAR RODRÍGUEZ, transgrediendo dichos agentes policiales con su actuación lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3, 9 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Por lo anterior, se recomendó al Procurador General de Justicia en el Estado, como superior jerárquico, a efecto de que aplique las medidas correctivas y disciplinarias procedentes a los Agentes de la Policía Ministerial del Estado, que participaron en los hechos antes descritos, de conformidad con la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 252/2002.

Esta recomendación, despachada el 20 de diciembre, no cuenta a la fecha con respuesta sobre su aceptación o rechazo